El rumbo de Morena en 2018: alianzas y estrategia

Número 52

 

  1. Introducción

Este artículo pretende analizar las condiciones  en las que se encuentra -de cara al proceso electoral de 2018- la izquierda que durante años ha buscado una transformación política y social en México  a través de las elecciones. Se parte de la premisa de que la lucha electoral en México es un escenario sumamente adverso en México, debido a las habilidades que ha desarrollado el grupo hegemónico en el gobierno del Estado para escamotear la voluntad popular a través del fraude. También por la enorme cantidad de dinero que puede movilizar para comprar el voto y finalmente, por el  apoyo que ha tenido por parte de los medios de comunicación para poder satanizar al personaje, candidato o fuerza política de turno que considera como el enemigo principal. Solamente desde una visión procedimentalista  puede argüirse que México ha completado su transición democrática. Se ignora que en 2006 cuando por primera vez se veía la posibilidad de una real alternancia, lo que se observó fue un fraude. En las elecciones de 2000, en las cuales el Partido Revolucionario Institucional (PRI), perdió por primera vez la Presidencia de la República, se arguyó que México estaba observando una transición de terciopelo. Olvidaba dicha aseveración que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se había cristalizado la derecha neoliberal como un monstruo bicéfalo. Que la alternancia del PRI al Partido de Acción Nacional (PAN) no era sino un movimiento de partidos en el gobierno, que dejaba incólume el proyecto neoliberal empezado a instaurar desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988).  Desde esa época resultó claro que la derecha neoliberal no iba a dejar arrebatarse el poder ejecutivo, lo cual se vería confirmado con los fraudes electorales de 1988 y los de 2006 y 2012.

En las elecciones de 2018, Morena enfrenta como su principal desafío el neutralizar el fraude. Éste no es sino  es la culminación de una campaña de propaganda negra que busca desprestigiar ante millones de votantes, al candidato que resulta amenazante a los intereses del establishment neoliberal. Lo que puede observarse en los últimos años es que el partido-movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene como herramienta principal para hacerle frente al fraude, la organización territorial en cada una de las más de 68 mil secciones electorales del país a través de lo que se han llamado los comités seccionales y del reclutamiento de los llamados “convencidos del cambio verdadero”. Posteriormente se ha agregado una nueva herramienta para neutralizar el fraude y esta ha sido la política de alianzas de Morena. Esta política ha implicado el esfuerzo por ganarse en el ámbito político  a los sectores que van del centro a la derecha moderada y  en el social, a los que se encuentran en las clases medias acomodadas, así como a importantes sectores del empresariado medio e incluso alto. El Proyecto Alternativo de Nación, ahora llamado Proyecto de Nación 2018-2024 revela entonces un proyecto de cambio que busca desmantelar las políticas neoliberales más agresivas así como sus consecuencias y al mismo tiempo, tender un puente hacia al menos a una parte de  los sectores sociales que en los procesos electorales de 206 y 2012 fueron  adversarios de Andrés Manuel López Obrador, el movimiento lopezobradorista y sus aliados Éstos se encuentran ahora organizados en un nuevo partido, Morena. Se sostiene en este trabajo que en la conciencia de los amplios sectores sociales que se encuentran agraviados por los males del neoliberalismo, dichos agravios se condensan en el que provoca la corrupción.  Las líneas que a continuación siguen, pretenden ser una explicación y una argumentación de todo lo que de manera sucinta se acaba de expresar.


Fuente Internet


Plantón sobre el paseo de la reforma. Fuente: Grupo Milenio 2018.

 

  1. Lucha electoral en un país sin democracia

La teoría de la democracia liberal y representativa que ha tenido un auge significativo en las últimas décadas y en América latina particularmente en las últimas dos, nos indican que la democracia es un conjunto de reglas, procedimientos y valores para elegir gobernantes. Un rasgo fundamental de la democracia es que los gobernantes, es decir los funcionarios que toman las decisiones fundamentales en la gestión gubernamental, sean aquellos que fueron electos. Y para que las elecciones  no sean espurias, tienen que cumplir mínimamente los requisitos de ser libres y limpias. Por lo primero se entiende que los contendientes tienen que tener en sus manos, el conjunto de libertades negativas expresadas en los derechos civiles y políticos para poder ejercer sin restricciones su derecho a ser votado. Por lo segundo, se entiende básicamente que los resultados electorales no pueden ser adulterados y que los votantes no deben ser coaccionados. La teoría dominante de la democracia -es decir la que se inspira en el clásico libro de Joseph Schumpeter (1983) y que al decir de Samuel Huntington (1994) es la que finalmente triunfó-, la concibe como la mejor forma de gobierno posible, el cual es el resultado procedimientos libres y limpios. Entre ellos el ámbito electoral es el decisivo, y aunque no se acepte de manera explícita (salvo el caso de Schumpeter), es el gobierno de gobernantes generalmente procedentes de las élites[1].

Desde MachPherson (1994) y en sus libros publicados en 1962 y 1977,  y aun antes de él, sabemos que esta visión elitista y procedimental de la democracia es profundamente limitada. Se convirtió con el auge de la aceptación de la democracia liberal y representativa como sinónimo de buen gobierno. Es hoy una suerte de parámetro para distinguir democracias de dictaduras, con el consiguiente resultado de darle aceptación o anatema a los gobiernos que no cumplen con los requisitos establecidos por esta concepción de la democracia. En La democracia liberal y su época (1977/1994), MacPherson postuló  la idea de una democracia participativa, que saliera de la idea reduccionista schumpeteriana de participación ciudadana solamente en el momento electoral.  En el contexto del auge de los llamados gobiernos progresistas, esta ha sido la diferencia entre la izquierda y la derecha en lo que se refiere a la manera de concebir a la democracia. No se trata de hacer a un lado la democracia liberal y representativa, como solía hacer antaño la izquierda al hacer la contraposición entre democracia burguesa y democracia popular o proletaria. Se trata de concebir a la democracia liberal y representativa (derechos civiles y políticos, elecciones libres y limpias, pluralismo político e ideológico) como el sustrato para profundizarla a través de la democracia participativa y protagónica.


Morena, el partido que reparte y comparte. Fuente: el Big Data.

Tal ha sido el planteamiento que ha guiado a Venezuela con la constitución de los consejos comunales expresión de un poder constituyente que se articula al poder constituido (Azzelini, 2015) y esta es la concepción de democracia que el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera ha postulado (2015, 2016), cuando se refirió a las democracias en los países en los cuales gobierna la derecha neoliberal como “democracias fósiles” y postuló una “democracia plebeya”, una democracia de la calle, de la acción colectiva del pueblo, de la participación de la gente en la vida pública, en los asuntos cotidianos porque “la democracia no es un método sino es el escenario del propio proceso revolucionario”. En Venezuela, Ecuador y Bolivia, “la democracia  no es una etapa temporal, sino un puente que conduce necesariamente hacia una nueva sociedad… no es una concepción de la democracia como modo de elección de gobernantes…Lo que hemos aprendido  es que cualquier método de lucha ha de ser revolucionario si tiene la participación de la gente… sin eso cualquier acción parlamentaria o armada es reformista u oportunista” (García Linera, 2016). He aquí la visión de una democracia radical que sustenta su esencia en la participación popular, de los de abajo, independientemente de que considere al parlamento, a las elecciones y a las otras instituciones de la democracia liberal y representativa necesarias aunque insuficientes.

En Morena existe un discurso similar el cual ha sido expresado en sus documentos esenciales  entre los cuales podríamos mencionar al  Nuevo Proyecto de Nación. Por el renacimiento de México (Ramírez et al, 2011), La declaración de principios de Morena (Morena, 2014a), El Programa de Morena (2014b) y el Estatuto de Morena (Morena, 2014c), planteamientos programáticos a los cuales se podría agregar el Proyecto de Nación 2018-2024 (Morena 2017). En síntesis la postura de Morena y su dirigencia es la que reivindica la democracia liberal y representativa, como algo necesario pero insuficiente para lograr la democracia más auténtica para el país. Para que esto se logre, ésta debe complementarse y profundizarse con la democracia participativa. La idea de Morena acerca de la democracia tiene su fundamento esencial en el postulado de que  el poder político se asienta en la soberanía popular y es en la participación ciudadana diaria, activa, permanente, organizativa y fiscalizadora de las acciones de los gobernantes, el ámbito en el cual el poder político tiene su legitimación primordial. Por ello la participación ciudadana permanente debe tener procedimientos con efectos vinculantes como son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato. El poder político debe articularse con el poder social el cual se yergue en una sociedad civil que es concebida como controladora del poder económico y político. Para Morena ha sido una práctica nociva, colocar los derechos individuales por encima de los colectivos (los socioecónomicos y culturales)  mientras que expresa que los derechos civiles no pueden estar por encima de los derechos de todos a tener una vida digna. La nueva democracia requiere de un régimen de autonomía que permita a los pueblos indígenas autodeterminarse política y culturalmente: “la autonomía es una pieza maestra de la democracia que nos proponemos”.


Andres Manuel López Obrador

Reiteramos lo que ya hemos expresado en otros lugares: la gran paradoja de las luchas antineoliberales en el mundo y particularmente en México ha sido que  el convencimiento de la necesidad de la democracia participativa se ha visto acompañado por  el esfuerzo por hacer realidad la democracia liberal y representativa y los derechos civiles y políticos (el estado de derecho) que le acompañan (Figueroa y Moreno, 2008). En el caso del movimiento lopezobradorista, las grandes movilizaciones que ha hecho desde 2004 y durante 2005 -cuando cientos de miles de personas se movilizaron en contra del desafuero-, fue porque en México se hiciera efectiva una de las premisas de la democracia liberal y representativa que ya se han mencionado líneas atrás: elecciones libres y limpias. Estas movilizaciones continuaron en los años siguientes al fraude electoral de  2006 con la constitución del Gobierno Legítimo, la organización de la Convención Nacional Democrática y el plantón  en la ciudad de México en 2006; con las luchas  en las calles contra la privatización del petróleo en 2008 (Figueroa y Sosa, 2010),  la lucha contra el fraude electoral de 2012 y toda la movilización social ( masivas asambleas “informativas”, asambleas distritales, asambleas constitutivas, afiliaciones a través del trabajo de “casa por casa” etc., ) que implicó el tránsito del movimiento lopezobradorista hacia el partido Morena entre 2012 y 2015. Además de ello es necesario  recordar la labor a la cual se dedicó el naciente partido para poder recopilar las más de 2 millones 800 mil firmas, que solicitaron una consulta popular que sometiera a la consideración ciudadana el aceptar o desechar la reforma privatizadora del petróleo  de diciembre de 2013.[2]

Contrariamente a lo que los analistas vinculados al establishment neoliberal pregonan, en Morena  es un consenso pensar que lo que se vive en México es un autoritarismo  escondido en una fachada procedimental que encubre el hecho de que el Estado -particularmente el gobierno- está secuestrado por una suerte de oligarquía (“la mafia del poder”) (López Obrador, 2007 y López Obrador, 2010). La derecha neoliberal se expresa en una suerte de monstruo bicéfalo constituido por el  Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) los cuales orquestaron desde el año 2000 una faramalla de “alternancia” en la que los partidos pueden ser distintos (PAN 2000-2012/PRI 2012-2018) pero el proyecto político y económico es el mismo, es decir el neoliberal. Peor aún, para darle continuidad a ese autoritarismo disfrazado de democracia electoral, PRI y PAN  han tenido que orquestar los fraudes electorales de 2006 y 2012, en los que cada una de las dos cabezas del monstruo bicéfalo se ponen de acuerdo en apoyar  a aquella que tenga las mayores posibilidades de derrotar al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Es esto lo que se ha llamado “el amasiato” entre el PRI y el PAN (Delgado, 2016). La llamada transición democrática en México, que fuera tan celebrada con el triunfo de Vicente Fox (2000-2006) no resulta más que un “mito”  como lo ha señalado John Ackerman (2015) cuando expresa que “la alternancia” no fue sino el camino   hacia la infiltración de la lógica príista  en todas las fuerzas políticas incluyendo a las de la oposición. El “retorno del dinosaurio” no solamente se observa con el nuevo arribo del PRI a la presidencia de la república en 2012, sino con la adopción del PAN  y del antaño izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la cultura política del clientelismo, el acarreo, la compra de votos, los fraudes electorales y el lavado de cerebro neoliberal  que se hace fundamentalmente  a través de los medios electrónicos de comunicación. El que el PRI haya dejado de ser el partido hegemónico, el que ya no sea consustancial al gobierno, el que ahora haya partidos de oposición que logran triunfos electorales, no quiere decir que en México haya democracia. En realidad, la supuesta democracia en México esconde un régimen autoritario que protege al narcotráfico, impulsa el pensamiento único neoliberal, reprime ferozmente a los movimientos sociales, criminaliza la protesta, judicializa la represión, recicla a los partidos que han abandonado la defensa de la soberanía y ha institucionalizado el fraude electoral. Hay alternancia solamente entre los partidos neoliberales y para que eso suceda el fraude se ha institucionalizado. Los argumentos de Ackerman sintetizan  en lo esencial lo planteado por los documentos fundamentales de Morena, lo aseverado por López Obrador en sus distintos discursos y el sentir de la dirigencia y militancia de Morena.


Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador. Info 7

Desde 1988 cuando la izquierda ganó las elecciones con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el fraude se ha ejercido de manera sistemática cada vez que la izquierda ha triunfado en las votaciones. Hay que matizar esta afirmación diciendo que  aun cuando el PRI fuera una fuerza avasalladora hasta antes de 1988, el fraude siempre fue usado para adulterar los resultados electorales en aquellos lugares y momentos en los cuales por alguna circunstancia perdía las elecciones. Otro matiz necesario es que a partir de la reforma electoral de 1977, se consideró imprescindible cederle algunos espacios secundarios a la izquierda a través de las diputaciones plurinominales federales y  locales y en las presidencias municipales. Pero el poder político nacional fue ferozmente escamoteado en 1988, en 2006 y en 2012. En 2006, Felipe Calderón fue impuesto en la presidencia a través de la eliminación  o adulteración de votantes del padrón electoral en distritos o secciones electorales en donde se presumía que ganaría López Obrador, robo de boletas electorales, introducción de las mismas marcadas a favor  del candidato oficial,  manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), anulación de votos a favor de López Obrador, adulteración de las actas electorales etc., (Figueroa y Sosa, 2010: 80-81). En el proceso electoral de 2012, además de las anteriores artimañas, un procedimiento esencial fue la compra del voto. Siendo  el tope de gastos de campaña, 360 millones de pesos (equivalente en aquel momento a  26 millones de dólares), Peña Nieto  pudo haber gastado más de 13 veces esa cantidad (357 millones de dólares), si fuera cierta la afirmación de López Obrador -y de una parte de la Comisión Legislativa que investigó los monederos electrónicos que el PRI repartió a cambio del voto-,  de que los gastos de campaña del priísta ascendieron a  más de 4,500 millones de pesos (Lízarraga, 2014). Desde un año antes, 1,800 millones de pesos (más de 128 millones de dólares) se habrían gastado en comprar el voto en el estado de México, entidad crucial para ganar una elección presidencial (Ramírez, 2011).  Tragicómicamente, el lunes 2 de julio de 2012 las tiendas Soriana se abarrotaron de personas  de humilde condición,  haciendo compras de pánico pues se corrió el rumor de que los monederos electrónicos que les había dado el PRI dejarían de funcionar. En las filas  en las cajas, la gente comentaba que les habían dado entre  100 y 500 pesos por el voto (7 y 35 dólares). Hay informes que la compra de votos no solo se dio en las periferias urbanas sino también en las regiones rurales empobrecidas.

En el contexto de la campaña presidencial de 2018, las experiencias de 2006 y 2012, marcan de manera decisiva el imaginario de la dirigencia, militancia, afiliados y simpatizantes del lopezobradorismo hoy convertido en Morena. En 2018 vivimos ya un panorama parecido al de 2006 aunque atenuado: encuestas que favorecen a López Obrador; un embate  del gran empresariado hoy matizado por el apoyo que una parte de este sector le está dando al candidato de Morena; una campaña negativa en los medios de comunicación que hoy se combina con un reconocimiento de que éste  muestra “mayor madurez”. Finalmente,  los preparativos de las maquinarias electorales del PRI y del PAN para intentar repetir lo que sucedió en las dos últimas elecciones presidenciales: frenar la candidatura de Lopez Obrador a través de la guerra sucia y del fraude electoral.


Fuente: tamaulipasenlared.com

 

  1. La propaganda negra contra Andrés Manuel López Obrador

El fraude electoral del 2006, también el de 2012, fueron antecedidos de  una campaña mediática en contra de López Orador que fue calificada como “propaganda negra”  o “guerra sucia”. En el caso de 2006, la satanización del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se convirtió una imperiosa necesidad en tanto que  después de ganar apretadamente las elecciones de 2006, rápidamente su figura creció exponencialmente en popularidad. El motivo radicó en los trece programas sociales incluidos en el Programa Integrado Territorial (de pensión universal para adultos mayores; atención a personas con discapacidad; apoyo a madres solteras; crédito a la producción agraria; crédito para la ampliación de vivienda; construcción de vivienda nueva para personas con escasos recursos; crédito para la pequeña empresa; atención médica y medicamentos gratuitos para la población excluida de la seguridad social; desayunos y uniformes escolares; apoyo al empleo; reconstrucción de unidades habitacionales; ). Estos programas no sólo beneficiaron a grandes sectores de la población capitalina sino estuvieron articulados a formas de participación ciudadana (Gobierno del Distrito Federal, 2006; Secretaría de Desarrollo Social, 2006; Ortiz Pinchetti, 2006).

Era necesaria pues, una vigorosa campaña de desprestigio  para acabar con la figura de López Obrador.  Esta comenzó con una  primera ofensiva mediática a propósito de un fallo emitido por un juez de distrito.  Éste condenó al Gobierno del Distrito Federal el 6 de octubre de 2003, a pagar en el lapso de 24 horas  mil 800 millones  de pesos  como indemnización al supuesto propietario de un predio de 280 hectáreas conocido como el Paraje de San Juan. La indemnización era el resarcimiento a una supuesta expropiación irregular del citado predio. De haberse pagado hubiera mermado notablemente las finanzas del gobierno del Distrito Federal.  El proceso judicial, que culminó con el encarcelamiento del supuesto propietario después de haberse constatado falsificaciones para acreditar ser el dueño, fue una suerte de ensayo general con respecto al proceso de desafuero  que López Obrador sufrió en 2005. La resistencia de éste a pagar la multa sirvió para que una juez le extendiera en octubre de 2003 una demanda de abuso de autoridad y desacato a una orden judicial. Finalmente el proceso terminó  cuando la Secretaría  de la Reforma Agraria determinó que el Paraje de San Juan era propiedad de la nación (Ramírez, 2003; Enciso, 2004). El incidente del Paraje de San Juan, evidenció no solo los dos grandes argumentos (autoritarismo y venalidad) para el descrédito de López Obrador, sino también  lo que en el futuro sería el arma fundamental para su eliminación: el desafuero, como antecedente de su inhabilitación política.


Fuente: revistarepublica.com.mx

En marzo de 2004, se difundieron por el duopolio televisivo imágenes del entonces Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal haciendo apuestas y gozando de un entretenimiento opulento en alguno de los casinos de Las Vegas (Grajeda, 2004). Acto seguido, las televisoras difundieron  otros videos en los cuales aparecían dirigentes del PRD, reputados como cercanos a López Obrador, recibiendo millonarias sumas de dinero en efectivo por parte del empresario Carlos Ahumada Kurtz (El Universal, 2004; Bolaños, 2004). Como se confirmó posteriormente, el escándalo de los videos era producto de una confabulación en la que habrían participado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari,  el prominente dirigente del PAN Diego Fernández de Cevallos, funcionarios del Centro de Investigaciones de la Seguridad Nacional (CISEN) (Bolaños, 2004; Torres Flores, Otero, Medellín y Sánchez, 2004). Pese a los esfuerzos realizados por desacreditar al gobierno de López Obrador, una y otra vez las encuestas de opinión revelaban que la popularidad del gobernante capitalino llegaba hasta el 85%. En el contexto de la campaña por desaforar a López Obrador para someterlo a un juicio por el caso del Predio de El Encino, se desató  una segunda oleada de desprestigio mediático en abril de 2005. En estos días se difundieron mensajes televisivos por parte de un grupo civil sin registro oficial llamado “México en Paz”, en donde se incriminaba la lucha de López Obrador ante el desafuero como “temor ante la ley”: “Sólo un gobernante culpable le tiene miedo al desafuero”. Un ejemplo más de esta campaña mediática fue un video dado a conocer por el noticiero de CNI Canal 40, que estaba siendo impartido dentro de dependencias del gobierno federal y municipios panistas, en el que se caracterizaba al candidato de la izquierda como un “criminal” y se instaba a los funcionarios públicos a evitar por cualquier medio su posible llegada a la Presidencia de la República (Bolaños, Romero y Llanos, 2005).  Una vez fracasada la estrategia del desafuero, había entrado en escena  una multimillonaria campaña de terrorismo mediático, nutrida fundamentalmente por la proliferación de spots televisivos en los que abiertamente se le definía como “un peligro para México”. El terrorismo mediático se orientó a hacer blanco sobre los latentes miedos ciudadanos de devaluación económica, endeudamiento público e inestabilidad política, además de mostrar al futuro candidato como autoritario y proclive al enfrentamiento armado. [3]

Nos hemos detenido en la guerra mediática de 2003-2006 hecha por el gran empresariado y los grandes medios de comunicación, porque en esos años se sentaron las grandes ideas que han tenido una enorme continuidad a lo largo de los últimos 15 años en la sostenida guerra mediática del establishment neoliberal contra Andrés Manuel López Obrador.   En ésta campaña han participado desde periodiquillos emparentados con libelos hasta los grandes medios de comunicación impresos y electrónicos, desde periodistas de poca monta hasta los intelectuales que el sistema ha convertido en figuras mediáticas. Se trata  de articular una imagen  de López Obrador que comienza con el retratarlo como una figura autoritaria y mesiánica, como reza el mote que le puso Enrique Krauze en vísperas de las elecciones de 2006 (Krauze, 2006). El apodo  era congruente con la visión de bajo vuelo analítico que dicho autor ha pregonado con respecto a lo que él considera populismo (Krauze, 2005): un modelo económico y político que se sustenta en un líder carismático y con imagen  providencial, que halaga al pueblo haciéndole promesas demagógicas  sustentadas en un gasto irresponsable del erario público y que termina  destruyendo las instituciones de la democracia liberal. La propaganda negra contra López Obrador se sustentó en esta resignificación reaccionaria de la categoría de populismo que en síntesis, sea de manera académica o vulgar, termina identificado como populismo a todo lo que no sea neoliberalismo.[4] La propaganda negra contra López Obrador ha tenido constantes que es necesario destacar. En primer lugar se le pinta como un hombre autoritario que pondría en peligro la democracia  en México (hemos visto ya lo discutible que es ésta), en seguida se le retrata como  un hombre que pondría en peligro la estabilidad económica de México (otra discutible realidad) con una política populista irresponsable que derrocharía el erario público en programas sociales populistas.  Serían estos dos rasgos los que sintetizarían  la caracterización de su figura como “un peligro para México”. A estos infundios se agrega el hecho de que su imagen de honestidad es una farsa, pues se ha rodeado de corruptos como lo evidenciaron los ya remotos videoescándalos que se siguen arguyendo a falta de argumentos más recientes. Además se pone en duda la procedencia de sus ingresos, se le vincula al narcotráfico o se le acusa de que ha vivido a costa del erario público sin trabajar (Avilés, 2018). Hasta se ha llegado a decir que ha recibido dinero de Javier Duarte, el tipo ideal del gobernador corrupto (Expansión, 2018).

En el contexto  por el cual pasó la revolución bolivariana  entre  abril y julio de 2017, se ha usado la imagen caótica de Venezuela para  advertirle a la ciudadanía lo que le esperaría si López Obrador  ganara las elecciones presidenciales de 2018. Nuevamente, la bestia negra en la que  fue convertido Hugo Chávez por los pulpos mediáticos desde los primeros años del siglo XXI, ha sido usada para hacer una equiparación. Encontramos una figura política que tiene una credibilidad discutible -el presidente del PRI Enrique Ochoa Reza-, aseverando que “El PRI no permitirá que México se convierta en otra Venezuela… el populismo autoritario genera más violencia, genera más desempleo, genera menos paz social; es una corrupción terrible la que se vive en Venezuela, y eso es lo que quieren Morena y López Obrador” (Xantomila, 2017). Y recién observado el triunfo de Donald Trump en noviembre de 2016, Jorge Castañeda Gutman, uno de los intelectuales mediáticos construidos por el establishment neoliberal, se atrevió a decir en una entrevista radial que López Obrador era el “Trump mexicano”. Se busca asociarlo a cualquier imagen negativa que esté consolidada: Chávez, Trump y también Putin, ahora que estamos viviendo una suerte de  renacimiento de la guerra fría con el regreso de Rusia al escenario de las potencias mundiales de primer orden. Así las cosas, la guerra sucia tuvo también un episodio significativo a fines de enero de 2018 cuando en el estado de Puebla se desencadenó una masiva campaña de llamadas telefónicas con una grabación que comenzaba con una  supuesta voz de Andrés Manuel López Obrador  diciendo “¡Los rusos me están apoyando!” (Guarneros, 2018). Acto seguido otra voz relataba que los rusos estaban apoyando a López Obrador para que ganara las elecciones presidenciales a efecto de que éste, como lo ha anunciado, derogara la reforma energética que privatizó al petróleo mexicano. Según la grabación, el propósito de la derogación de la llamada “reforma energética” no era otro que entregar el petróleo mexicano a los rusos. La pregunta es inevitable: ¿Estando Rusia entre los 10 países con mayores reservas petroleras del mundo, necesita al petróleo mexicano?

Los dos hechos analizados en las líneas precedentes, el fraude electoral y la guerra mediática que ha satanizado a Andrés Manuel López Obrador,  son las referencias en el imaginario del lopezobradorismo y sus aliados, ahora también en Morena, para explicar el por qué en 2006 no se pudo llegar a la presidencia de la república. Esta explicación es diferente a la que la derecha neoliberal (PRI, PAN) ha ensayado: “López Obrador mismo es su peor enemigo, han sido sus deslices verbales, sus accesos de enojo, los que lo hicieron perder habiendo comenzado como ganador en 2006 y 2012”.  En los seguidores de Morena, ni siquiera están presentes los efectos que pudo haber tenido el que el principal vocero del zapatismo, el entonces Subcomandante Marcos, haya atacado a López Obrador en el contexto de la inminente campaña presidencial de 2006 (“La imagen de Salinas es en realidad un espejo de AMLO”) (Martin, 2015).

Resulta de cardinal importancia hacer esta aseveración, porque son precisamente estos saldos negativos de las anteriores campañas electorales presidenciales, los que parecen estar guiando la estrategia electoral de Morena en 2018.

 

  1. La estrategia electoral de Morena para el 2018: la búsqueda de los antídotos

El 20 y 21 de noviembre de 2015, Morena realizó su Congreso Nacional y eligió a los 300 integrantes del Consejo Nacional y a los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Además de eso, el Congreso aprobó lo que podría llamarse la estrategia  para enfrentar el proceso electoral de 2018.  La estrategia electoral de Morena puede resumirse en una suerte de búsqueda de los antídotos para contrarrestar  el fraude. Resulta revelador para lo que estamos sosteniendo en este trabajo que en su discurso al Congreso  López Obrador dijera: “No podemos confiarnos, 2018 no va a ser un día de campo… En especial debemos cuidarnos del manejo tendencioso de los medios de comunicación y de la compra del voto” (Muñoz, 2015 a y b). En otras palabras, de la propaganda negra y del fraude electoral. Y en ese Congreso se aprobó  lo que ya  era una práctica habitual entre la militancia de Morena, algo sobre lo cual López Obrador venía insistiendo desde la campaña electoral de 2006: la necesidad de hacer trabajo “a ras de tierra”,  de ir “casa por casa, puerta por puerta” para convencer a la población de  la necesidad de un cambio de régimen. En esta ocasión la campaña de “casa por casa, puerta por puerta” tenía un objetivo adicional: la organización de comités seccionales en cada una de las más de 68 mil secciones electorales  que constituyen a los 300 distritos electorales en las cinco circunscripciones nacionales. En su discurso López Obrador, planteó la meta aprobada por los congresistas, de contar con una estructura de comités seccionales que cubriera al 100% de las secciones  para noviembre de 2016.

La organización de los comités seccionales tiene un valor estratégico para contrarrestar al fraude. Como se dijo líneas atrás, una parte importante del mismo se observa en las casillas electorales  a través de la adulteración de las actas electorales, de convertir votos favorables a Morena en votos nulos, de contar indebidamente los votos, el acarreo de votantes, la inducción del voto en las afueras de los centros de votación y otras prácticas indebidas. Los comités seccionales tendrían la función de organizar la promoción del voto para Morena en cada una de las secciones electorales, de movilizar a votantes a través de la exhortativa de que salir a votar el día de las elecciones (uno de los elementos del fraude es la promoción del abstencionismo). Lo más importante: la organización de la estructura de la defensa del voto con representantes  de Morena en las casillas electorales. En los procesos electorales observados en 2006 y después de ese año, la oposición de izquierda mostró una falencia importante en lo que se refiere a la presencia de sus representantes de casilla en los lugares de votación. Todavía en fechas tan recientes como  la del 4 de junio de 2017 en el estado de México, Morena mostro deficiencias importantes en el cubrimiento de las casillas electorales. El autor de este trabajo no ha podido tener información fidedigna sobre el porcentaje de casillas cubiertas en dicha elección, pero dirigentes y activistas de Morena le han dado testimonio de que se habrían dejado de cubrir al menos el 40% de las casillas. Esto  resultó crucial para el triunfo de la coalición encabezada por el PRI por apenas 2.78% de diferencia. Con un padrón electoral nacional de aproximadamente 86 millones de votantes, los poco más de 11 millones  (más del 11% del referido padrón) en dicho estado lo convierten en uno de los escenarios cruciales para ganar una elección (INE, 2017).

En el Congreso Nacional de noviembre de 2015, fue aprobado también algo que ya estaba siendo constituido desde meses atrás a instancias del propio López Obrador: “la estructura nacional de enlaces”. Ésta es constituida por 300 enlaces distritales (uno por cada distrito electoral) y 32 enlaces estatales (uno por cada entidad federativa). La estructura de enlaces coordinaría el trabajo territorial a efecto de cumplir la meta de lograr constituir comités seccionales en cada una de las 68 mil secciones electorales. Es este el contexto en el que la estructura organizativa formal de Morena (comités ejecutivo nacional y comités ejecutivos estatales) se vio acompañada de una estructura paralela que no era resultado de un proceso electivo interno sino por designación.

Durante 2016 y 2017 la principal tarea organizativa de Morena ha sido precisamente el trabajo territorial. Tan importante  ha sido este trabajo que en la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional celebrado en la primera semana de diciembre de 2015, López Obrador en su calidad de Presidente de dicho Comité, expresó que los integrantes de ese órgano de dirección partidaria tendría que avocarse sobre todo a las tareas territoriales dejando en un lugar secundario las llamadas “tareas sectoriales”.  Por tales se entendía las que estaban relacionadas con la naturaleza de los encargos  de las diversas secretarías (derechos humanos, mujeres, diversidad sexual, lucha contra la corrupción, trabajo, campesinos e indígenas etc.,). Esta concepción fue refrenda en la sesión de dicho órgano de dirección del 23 de junio  de 2016, cuando se tomó la decisión de que cada uno de los 20 integrantes del mismo se avocara a un trabajo en un distrito electoral determinado. Por lo demás el trabajo del propio López Obrador, recorriendo incansablemente los distintos estados y municipios en las llamadas “asambleas informativas” ha tenido el propósito de contribuir a ese ánimo organizativo territorial además de hacer labor de propaganda sobre Morena y su proyecto de nación. En noviembre de 2016, en el contexto del II Congreso Nacional de Morena,  Gabriel García, Secretario de Organización, rindió un informe que revelaba que pocos estados habían cumplido la meta del 100% de organización de comités seccionales por lo que se acordó el reforzamiento del trabajo territorial a través de la aportación que hicieran al mismo los diferentes comités ejecutivos estatales. En el III Congreso Nacional Extraordinario del 11 de  junio de 2017, Gabriel García anunció que Morena contaba con el 100% de comités seccionales en todo el país. Como se ha visto en la práctica, buena parte de los comités seccionales registrados en el SIRENA (Sistema Electrónico de Registro Nacional de Afiliados de Morena), son nominales. Los comités seccionales están constituidos por al menos 8 personas que han aceptado afiliarse y constituirse en uno de ellos en el contexto de la labor de reclutamiento y organización hecho por las brigadas que hacen el trabajo de “casa por casa, puerta por puerta”. El que un comité seccional aparezca en el SIRENA  dista mucho de que sea  un comité activo, por lo que ese tránsito de la formalidad a la realidad, es uno de los retos organizativos a lograr en los próximos meses.


Fuente: luznoticias.mx

La distancia entre formalidad y realidad nos lleva al segundo elemento  de la estrategia electoral de Morena para el 2018, cual es la política de alianzas. En el Congreso Extraordinario de junio de 2017, López Obrador  propuso los tres ejes de la política de alianzas del partido, las cuales fueron aprobadas no sin trabajos por los congresistas. Esta política de alianzas se había venido llevando a la práctica con la firma de los Acuerdos de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de la Nación en las 32 entidades del país. La firma de tales acuerdos llevó a los templetes de los mítines de Morena  a personajes hasta hacía poco tiempo impensables al lado de Andrés Manuel López Obrador. Morena definió en ese congreso que las alianzas de Morena comprenderían la alianza con un partido político, el Partido del Trabajo (PT). En el contexto del proceso electoral del estado de México, López Obrador  respondió a los llamados del  PRD a hacer una coalición electoral en las elecciones de 2018,  instando al PT y al propio PRD a que declinaran sus candidaturas a la gubernatura de dicho estado para poder considerar tal alianza. Como es sabido, el candidato del PT Oscar González Yáñez declinó mientras que el del PRD, Juan Zepeda Hernández, no lo hizo. Estos hechos definieron el que a diferencia de 2006 y 2012, no se efectuara la alianza del lopezobradorismo con el PRD y tampoco con Movimiento Ciudadano (MC).  Por ello pese a la oposición de una parte importante del congreso, la cual motivó que López Obrador hiciera una intervención adicional, los congresistas por mayoría terminaron aprobando este primer eje de la política de alianzas. En el Consejo Nacional del 9 de julio de 2017, fue aprobada una moción presentada por Bertha Luján (Presidenta del Consejo) en el sentido de otorgarle facultades al Comité Ejecutivo Nacional para vislumbrar alianzas con otros institutos políticos. Con esa facultad, Morena logró llegar a una alianza electoral con un naciente partido de protestantes conservadores, el Partido de Encuentro Social (PES) el cual en 2015 obtuvo 1.319,203 votos (3.32%). EL PES viene de una historia de alianzas con el PRI y de posiciones conservadoras en relación al matrimonio igualitario y el derecho de la mujer a decidir (Plumas Atómicas, 2017). Se declaran juaristas y partidarios de la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual es explicable porque fue el presidente Benito Juárez quien con la Ley de Libertad de Cultos (1860)  permitió la entrada  al protestantismo a México. No obstante ello, el ingreso del PES a la coalición Juntos Haremos Historia, generó indignación en los sectores de izquierda de Morena y particularmente en la comunidad LGBTIA de dentro y fuera del partido (Rodríguez, 2017). 

El segundo eje de la política de alianzas fue el de aquellas con todos los sectores de base de los distintos partidos políticos del país. Con ello se le daba legitimación a lo que ya se estaba observando en todo el país: la traslación de sectores importantes del PRI,  PRD, PAN y de otros partidos hacia las filas de Morena. Esta traslación  no solamente ha incluido a los militantes, afiliados o simpatizantes de base sino también a dirigentes medios y altos,  algunos de gran relevancia, de dichos partidos. Figuras antaño antagonistas de Morena o distanciados de Morena como los senadores del PRD  Luis Miguel Barbosa, Dolores Padierna y Alejandro Encinas (que permanece como independiente),  la senadora del PAN Gabriela Cuevas,  la ex diputada del PAN Violeta Lagunes, diputados priístas como Alejandro Armenta,   los dirigentes del PRD Pablo Gómez y René Bejarano,  la antigua panista Tatiana Clouthier (hija del candidato panista en 1988 Manuel J. Clouthier), René Fujiwara (nieto de la antaño líder de los maestros Elba Esther Gordillo), Alfonso Durazo[5], el ex presidente del PAN Manuel Espino,   son solamente algunas de las personalidades que ahora forman parte del activo de Morena como militantes o como aliados. Al senador Barbosa se le imputa no solamente su traslado hacia Morena, sino el de una decena de senadores más. En abril de 2017, merced a ese transfuguismo parlamentario, la bancada PT-Morena sumaba ya 16 senadores y era la tercera más numerosa de dicha cámara (Villamil, 2017). Tatiana Clouthier fue nombrada el 15 de enero de 2017, jefa de campaña de la candidatura de López Obrador para las elecciones de 2018 (El Financiero, 2018).

En medio de grandes descontentos en las bases y aun dirigencias de Morena, en todos los estados de la república durante 2017 y 2018 han aparecido políticos profesionales de alto y mediano calibre que súbitamente han comprendido que “habían estado equivocados” o que “las condiciones han cambiado”  y en el contexto de las encuestas electorales favorables a López Obrador (Camacho, 2018) han migrado a Morena y rápidamente han ocupado candidaturas a puestos de elección popular. Estos personajes llegan a Morena con diversas experiencias en el manejo de estructuras de organización y movilización del voto, con capital  económico, social y simbólico.  Por ello han resultado fácilmente ganadores en las encuestas, método definido por el partido para tomar decisiones sobre candidaturas a puestos de elección popular. A los políticos profesionales procedentes de otros partidos hay que agregar figuras famosas en el mundo artístico o deportivo: el ex futbolista Cuauhtémoc Sánchez y los ex campeones mundiales de boxeo Erick “El Terrible” Morales y Orlando “Siri” Salido, actores como Sergio Mayer y Ausencio Cruz y la cantante Susana Harp. En pocas palabras, estos nuevos aliados están pensados para sumar votos por su fama, popularidad o por el manejo de estructuras organizativas. Éstas últimas resultan decisivas para acumular votos y garantizar  con representantes una cobertura total en las casillas electorales.  

Finalmente, el tercer eje de alianzas aprobado en el congreso de junio de 2017 fue el de las que se realizarían con “todos los sectores sociales”. Con ello se formalizaba en un acuerdo de congreso la búsqueda de una alianza con  un sector importante del empresariado y la búsqueda del apoyo de las clases medias. En general puede decirse que en 2017, Morena ya había terminado de cooptar todo el espacio de la izquierda y centro izquierda propiamente política. La debacle del PRD a nivel nacional, la traslación de bases del PT y del Movimiento Ciudadano (MC) así como el de buena parte de los activistas de base  de los movimientos sociales, revelaban que esa parte de la acumulación de fuerzas  ya se había cumplido. Era necesario también conseguir apoyo del centro hacia la derecha del espectro político. En el plano de los partidos políticos, esto se logró con la realización del segundo eje de alianzas que hemos mencionado líneas atrás. En la esfera social, la alianza con el centro y parte de la derecha implicó el acuerdo con sectores empresariales. Evidenciaron ese puente hacia un sector del capital del país, no solamente la presencia del prominente empresario regiomontano Alfonso Romo y de Esteban Moctezuma Barragán en la coordinación del programa de gobierno para el 2018-2024. También lo hizo la misma composición del gabinete que acompañaría a López Obrador en la eventualidad de que ganara las elecciones de julio de 2018. En el posible gabinete presentado por el líder de Morena el 13 de diciembre de 2017,  solamente 4 integrantes del mismo podían pensarse como de trayectoria de izquierda: María Luisa Albores, Luisa María Alcalde, Irma Eréndira Sandoval y Rocío Nahle. Entre casi todos los demás integrantes encontramos a personas que difícilmente podemos colocar en la izquierda. Veamos a algunos de ellos: la Dra. Olga Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia y posteriormente funcionaria bancaria; el Dr. Víctor Villalobos, reputado partidario de los transgénicos; Esteban Moctezuma Barragán, largamente vinculado al duopolio televisivo a través de TVAzteca; Josefa González Blanco-Ortiz Mena, hija del exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Blanco y descendiente del connotado secretario de Hacienda de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, don Antonio Ortíz Mena; Miguel Torruco Marqués, empresario hotelero y turístico y consuegro de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim Helú. A todos ellos habría que agregar al integrante de un eventual Consejo Asesor de Seguridad, Marcos Fastlich Sackler, quien es empresario inmobiliario y suegro del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean (Muñoz, 2017; Animal Político, 2018). No cabe duda que el posible gabinete de gobierno de López Obrador proviene de las entrañas del establishment neoliberal de México.


Fuente: debate.com.mx

La estrategia de trabajo territorial  y la política de alianzas de Morena, están blindando al partido y a su candidato de acusaciones que siempre han sido disparatadas pero que han sido eficaces como propaganda negra.  La campaña mediática que lo retrata como una personalidad atrabiliaria, intolerante, mesiánica y autoritaria no ha cesado pero cada vez resulta más ineficaz. Resulta significativo que hasta  Antonio Solá,  el publicista español y creador del slogan de 2006 “López Obrador es un peligro para México”,  haya declarado que ya no lo es y que seguramente ganará las elecciones presidenciales de 2018. Según Solá, esto acontece porque es el aspirante que mejor ha sabido capitalizar el hartazgo y la ira de millones de ciudadanos ante el muy  desgastado gobierno de Enrique Peña Nieto (Camacho, 2018). Las acusaciones hechas por la derecha neoliberal de que México será otra Venezuela, imagen caótica creada por la derecha internacional, resultan absurdas. Empresarios, tecnócratas, líderes sociales y académicos, tales son los integrantes del eventual gobierno del probable presidente López Obrador. Un gobierno con estas características, difícilmente emularía un proyecto como el que hemos observado en Venezuela en los años pasados. Necesitado de una gestión estatal que propicie una ruptura posneoliberal, la crisis y descomposición de México es tan grande, que hoy  lo que parece urgir es un gobierno de salvación nacional.

Finalmente hay un tercer elemento en la estrategia electoral de Morena para el 2018,  es el uso intensivo y masivo de las redes sociales por su equipo de campaña, pero sobre todo por los seguidores de López Obrador.  Si la estructura territorial y la política de alianzas  fueron pensadas para contrarrestar el fraude electoral, la política de alianzas y las redes sociales lo fueron para neutralizar la propaganda negra y el linchamiento mediático al que ha estado sometido López Obrador. El propio López Obrador se ha referido a la utilidad que han tenido el Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube en alguno de los videos que por dichos medios se reproducen  millones de veces. Ha dicho “¡benditas redes sociales!” y las ha valorado por desactivar la feroz propaganda de la derecha neoliberal en su contra (Mejía, 2017). Y el conductor de noticiero Joaquín López Dóriga, en alguna entrevista que le hizo a López Obrador, le dijo “Es usted el rey de las redes sociales”, afirmación que comparten no pocos de los que se dedican a dichas redes. Contrariamente a lo que se ha dicho, el uso de redes sociales es algo que ya no solamente compete a las clases y capas más altas de la sociedad mexicana. Una firma de análisis revelaba que durante el segundo semestre de 2016, el número de usuarios había crecido en un 18.9% respecto al mismo período en 2015. Esto implicaba que los usuarios de las distintas plataformas  ascendían en ese momento a 64.5 millones de internautas (López, 2016). Otro estudio hecho en 2017 por una asociación llamada Asociación de Internet Mx (antes llamada Amipici), elevaba el número de usuarios de internet en México a 70 millones de personas (57% de la población total). El estudio también afirmaba  que 9 de cada 10 internautas mexicanos estaban interesados en la evolución de los procesos electorales de 2017 y 2018. Además,  6 de cada 10 consideraban que internet los acercaba a los procesos democráticos y decían que se informarían  a través de las redes sociales y portales de noticias, de las propuestas de campaña, actores políticos, casos de corrupción y transparencia de los candidatos. Un dato muy importante de este estudio es que afirmaba que en 2006, el año en el cual la derecha  declaró que vivíamos en peligro a causa de López Obrador, el número de usuarios de internet era de 20 millones (18% de la población total), es decir 50 millones menos de lo que en la actualidad sucede. Además, el 90% de los usuarios accedían a las redes a través del teléfono celular, por lo que la información cualquiera que esta sea, corría rápidamente y sin obstáculos mayúsculos (Rebolledo, 2017).

Con una población de usuarios de internet y redes sociales que pasó del 18% en 2006 a 57% en 2017, no cabe duda que el uso de redes fue una sabia decisión de los estrategas electorales de López Obrador y reiteramos, de los millones de sus simpatizantes. En este proceso electoral de 2018,  las redes sociales son ya  un notable campo de batalla. [6]

 

  1. El programa de gobierno para 2018-2024

El programa de una transformación social de gran envergadura,  sea a través de la reforma o de la revolución, es muy importante.  Pero más importantes son las fuerzas políticas y sociales que se encargan de hacerlo realidad. Esto lo percibió agudamente Lenin al plantearse el problema del Estado, cuando en alguno de sus escritos dijo que el problema fundamental de una revolución era quién tenía el poder (Lenin, 2017). En el caso del programa que Morena ha establecido para hacer lo que López Obrador ha llamado la “cuarta gran transformación de México”, obviamente no se trata de un programa revolucionario de corte anticapitalista. El programa de Morena es uno que tiene una voluntad posneoliberal y que ha ido construyéndose y modificándose en los últimos doce años. Pero lo que ha sido una constante que ha sido recogida en los programas de 2006 y 2012 -ahora  repetida incansablemente por López Obrador- es que “el gobierno de México es un comité al servicio de la mafia del poder” (Aristegui Noticias, 2018). En otras declaraciones, López Obrador ha hablado de un grupo reducido que ha “secuestrado a las instituciones del gobierno”  e incluso se ha referido a ese grupo reducido como “oligarquía” (Revista Proceso, 2009).[7]  El análisis de las fuentes teóricas e ideológicas del pensamiento político de López Obrador será hecho en otro lugar,  pero puede decirse que su concepción de oligarquía no tiene la matriz marxista o la acuñada por la sociología latinoamericana, sino más bien remite a la acepción griega clásica (“gobierno de pocos”). La  mafia del poder es retratada como un grupo muy reducido de grandes empresarios,  altos dirigentes políticos y tecnócratas, que controlan al gobierno independientemente de que el presidente en turno sea del PRI o del PAN (López Obrador 2007, 2010). El “cambio de régimen”  comenzaría por  desplazar del gobierno del Estado a este grupo y sustituirlo por un “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Con ello se instauraría un “Estado Democrático y Social de Derecho” (Sánchez, 2018). Continuaría con la erradicación total de la corrupción  -empezando desde arriba hasta abajo “como se limpian las escaleras”-, a lo que seguiría el establecimiento de la “austeridad republicana” que reduciría drásticamente los salarios y prerrogativas de los altos funcionarios.

Es importante distinguir el pensamiento de López Obrador, expresado cotidianamente en sus libros, entrevistas, declaraciones, videos y el resultado final de una elaboración hecha por 200 especialistas coordinados por Alfonso Romo, Esteban Moctezuma, Claudia Sheinbaum, Adrián Rodríguez Macedo y Laura Esquivel.  Por muy importante que sea el planteamiento personal de Andrés Manuel López Obrador y la poderosa influencia que él ejerce como todo líder carismático, el documento oficial  es el aprobado  por el Congreso Nacional de Morena del 19-20 de noviembre de 2017.   Se trata de  un documento de 566 páginas,  que lleva el título de Proyecto de Nación 2018-2024 y puede ser consultado en la página web proyecto18.mx.[8] Los ejes principales del Proyecto de Nación son Desarrollo Social, Política y Gobierno, Economía y Desarrollo y finalmente  Educación Ciencia, Valores y Cultura. Es el programa de gobierno de Morena  un planteamiento realista, sin extremismos y producto del consenso con diversos sectores sociales entre ellos de manera importante el empresariado.

En  relación al Desarrollo Social el planteamiento es que en México existen 6 grandes deudas: con los pobres (entre ellos las comunidades indígenas), con las mujeres, con los jóvenes, con los adultos mayores, con la salud y con la cultura física. El nuevo gobierno partirá de la concepción de que la mejor política de desarrollo es incluir a todos en sus beneficios;  prioridad en la política hacia los más pobres serán las comunidades indígenas. En relación a dichas comunidades, se partirá de un desarrollo sostenible para ellas en el marco del respeto a su autonomía (Morena, 2017: 10). El Nuevo Gobierno Democrático cumplirá con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y se incorporaran a la Constitución Federal y legislaciones locales los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas (Morena, 2017: 320).  Se propugnará la igualdad de género y se buscará que los hombres participen en las tareas del hogar y el cuidado a los niños. Un elemento fundamental es la política hacia los jóvenes con la creación de un estimado conservador de 350 mil empleos (Morena, 2017: 210); se buscará en corto plazo atender a 2.6 millones de jóvenes con programas de empleo, con una beca de medio salario mínimo a todos los estudiantes de educación media superior y  con la supresión de los exámenes de admisión para las preparatorias y universidades públicas (Morena, 2017: 496).  Los adultos mayores serán atendidos con un aumento al apoyo económico de las pensiones en todo el país. Se fortalecerá el sistema público de salud para garantizar el derecho universal a la salud y se impondrá la honestidad en las compras de medicamentos  y equipo médico. Se propiciara atención primaria para lograr tratamientos y diagnósticos tempranos y atención a dolencias menores. Finalmente además del deporte de alto rendimiento se impulsará la cultura física para todos.

En lo que se refiere a Política y Gobierno, el planteamiento inicial es el ya mencionado anteriormente: el Estado mexicano está secuestrado por una minoría corrupta que atenta contra la democracia, el respeto a los derechos humanos y la paz social en un contexto en el que existe una enorme desigualdad social, en el Proyecto se considera a este hecho “la causa principal del desastre de la nación” (Morena, 2017: 26).  El rescate del Estado es un elemento fundamental en el Proyecto en lo que se refiere al eje de Política y Gobierno. Este rescate implicaría el desplazamiento de la minoría corrupta que lo tiene secuestrado y un frontal combate a la corrupción “causa principal de la desigualdad social” (Morena, 2017: 30); el respeto a las libertades ciudadanas; la planeación y rectoría de la economía; cero tolerancia a la corrupción; coordinación de seguridad entre Fuerzas Armadas, Fiscalía General y Gobernación bajo el mando del Presidente; uso preventivo más que reactivo de la Policía; retiro paulatino del Ejército y la Marina de las labores de seguridad pública; desarrollo de zonas expulsoras de migrantes y protección de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; profesionalización del Ministerio Publico; respeto a la autonomía del Poder Judicial; política exterior sustentada en la no intervención, autodeterminación, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos y diversificación de las relaciones económicas y diplomáticas con todas las regiones del mundo.

En el eje  de Economía y Desarrollo el Proyecto contempla mantener la autonomía del Banco de México y ejercer el gasto público sin elevar impuestos o crear nuevos. Para ello es suficiente con la erradicación total de la corrupción que asciende según  el Banco Mundial, el Banco de México, Forbes y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) a 9-10% del Producto Interno Bruto (Morena, 2017: 15). La austeridad republicana aportará  ahorros por 412, 716 millones de pesos que se invertirán en proyectos productivos y en gasto social; se aplicará una política de fomento industrial y desarrollo tecnológico; incremento y diversificación de las exportaciones; centros productivos en zonas urbanas marginadas. La inversión en infraestructura (reconstrucción de los daños del sismo, Sistema Aeroportuario del Valle de México, Corredor Trans-Ístmico en Tehuantepec, Tren Turístico Transpeninsular etc.,) será  palanca del desarrollo nacional, creación de empleos y efectos multiplicadores en diversas ramas productivas. Se rescatará el sector energético particularmente PEMEX y CFE saneando sus finanzas y revirtiendo su privatización, extranjerización y dependencia y se construirán dos refinerías con las cuales, además de las ya existentes, se dejará de comprar gasolina al extranjero (Morena, 2017: 182-190). El campo será rescatado y la agricultura será motor del crecimiento económico y fuente de bienestar para la población rural; se revertirá la importación de arroz, maíz y frijol y se buscará la soberanía alimentaria (Morena, 2017: 303). Se revertirá el hecho de que solamente el 1% de los trabajadores ganan más de 10 salarios mínimos,  que 62 millones de mexicanos  tengan ingresos menores a 2,900 pesos mensuales y que 21.4 millones vivan con menos 1,484 pesos mensuales. El Nuevo Gobierno Democrático recuperará el salario mínimo. El turismo será una palanca estratégica de desarrollo y se evitará la concentración en 5 destinos del 80% de la afluencia turística. El Proyecto considera esencial la conservación del medio ambiente, tanto que  lo advierte como un tema transversal que atraviesa la vida económica, social y cultural de la nación (Morena, 2017: 319). Se buscará la preservación de los recursos naturales, los ecosistemas y la diversidad biocultural en el marco del respeto del derecho de los pueblos indígenas.

Finalmente en lo que se refiere al eje Educación, Ciencia y Cultura se parte del fundamento de que educación y cultura caminan de la mano y de que es necesaria una auténtica revolución educativa  que implica la preservación de la educación nacional,  laica y gratuita; becas para todos los estudiantes del nivel medio superior (Morena, 2017: 496); eliminación de los exámenes de admisión y erradicación del analfabetismo en el país. El programa cultural del Nuevo Gobierno Democrático será plural, incluyente, pluricultural. Estará sustentado en nuestra herencia cultural y será protector de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. Esto incluye la preservación de nuestra diversidad biológica y la prohibición de la introducción de semillas transgénicas (Morena, 2017: 495).


Redes Sociales, Freepik.com 

 

  1. Palabras finales sobre un proceso inconcluso

En el momento de escribir este trabajo, Morena se perfila como una opción real en la querella  con la derecha neoliberal por el  gobierno del Estado. Sin embargo,  pese a que dista muy poco tiempo para las elecciones presidenciales de 2018, todavía le queda al partido  un largo y espinoso trecho que recorrer. Las experiencias de los fraudes de 2006 y 2012 advierten que los recursos  del grupo en el poder son cuantiosos y variados. Se piensa al proceso electoral como parte de la lucha en el seno del Estado y en el de la sociedad civil, porque se concibe a ambos ámbitos como territorios en disputa. Morena ha logrado trascender la marginalidad que ha caracterizado a la izquierda: ha convocado a manifestaciones multitudinarias en las calles; ha logrado afiliar a aproximadamente 2.5 millones de personas; ha logrado impulsar campañas de firmas que han conseguido también millones de adhesiones;  se encuentra presente en todo el territorio nacional y rápidamente se ha perfilado como la primera fuerza política a nivel nacional y en buena parte de las entidades federativas de la  república. No es Morena un partido que busque hacer del proceso electoral de 2018 un mero recurso testimonial. Piensa la lucha política como una lucha por el poder del Estado porque, sin desestimar lo que ha llamado el poder social, considera que el poder político encarnado en el Estado es decisivo para lograr lo que llama el cambio de régimen.

Morena también ha aprendido que la lucha electoral es la lucha por lograr una nueva mayoría y ello implica el hacer uso de habilidades y recursos que van mucho más allá de la lucha testimonial. Implica la creación de una estructura organizativa y un trabajo militante a ras de tierra, casa por casa y puerta por puerta,  que logre convencer a millones de personas de que es necesario salir del escepticismo (“todos los partidos son iguales”) y del fatalismo (“para qué luchar si todo va a seguir igual”). Involucra el conseguir recursos económicos para hacer frente a una lucha que resulta costosa en dinero. Por ello mismo requiere de una mística que resuelva dificultades en medio de una precariedad financiera. Entraña también un programa realista, viable y responsable de transformación que combine la resolución de las necesidades prácticas sin  el abandono de los principios. Una lucha electoral victoriosa comprende todos estos hechos y además la necesidad de hacer alianzas.

Quien haga política y considere a las alianzas como una traición a los ideales propios, simplemente no sabe hacer política. Y se reitera que eso es válido para una lucha que busca implantar reformas (cuando éstas resultan peligrosas para los grupos dominantes) o para lograr cambios revolucionarios. La experiencia de los triunfos revolucionarios o en general las grandes transformaciones, enseñan que éstas solamente han sido posibles cuando han podido concretarse amplias alianzas. En política ni los enemigos ni los amigos son para siempre. Y las fobias y filias personales no son las que importan.  Las alianzas pueden ser para metas concretas y de corto plazo, pero también pueden ser de mediano y largo plazo. Al inicio de su proceso de formación, hace ya más de 15 años, el movimiento lopezobradorista fue construyendo un imaginario posneoliberal y ese imaginario se plasmó en el programa de 2006. En los últimos doce años, México profundizó el proceso de descomposición a que lo han llevado las políticas neoliberales, la corrupción y el narcotráfico. La articulación de estos tres hechos, han convertido al país casi en un Estado fallido.  Lo han sumido en una espiral de violencia que se resumen en la cifra de 235 mil ejecuciones extrajudiciales entre 2006 y 2017 y en aproximadamente 30 mil desaparecidos en los últimos cuatro o cinco años.


Fuente: http://namtar.ru

Esto ha matizado el programa posneoliberal de Morena  y ha puesto a la corrupción en el centro de sus preocupaciones. Por lo demás todo aquel que tenga oportunidad de hablar con la gente en campos y ciudades, podrá advertir que los agravios provocados por el neoliberalismo, el pueblo los sintetiza en la rabia que provoca la corrupción y particularmente la de los funcionarios del Estado. Desempleo, pobreza, violencia, bajos salarios, inseguridad, son atribuidos al robo que hacen dichos funcionarios rodeados de lujos y gastos insultantes. La ira contra la corrupción esconde los ultrajes que provoca el fracaso neoliberal.[9]

La crisis de México se ha profundizado tanto que para resolverla  es una tentación decir que necesitamos un gobierno de salvación nacional. Y un gobierno de dichas características, necesita de la convergencia a largo plazo de los más diversos sectores políticos, ideológicos y sociales. La maquinaria del fraude es tan eficaz,  que es necesario hacer estas alianzas para lograr una mayoría contundente que  la neutralice. Pero ante esta necesidad, Morena tiene un enorme reto: que los aliados se sumen al programa y  a los principios que le dan identidad y que no suceda lo contrario. Lo contrario es que los aliados terminen imponiendo la cultura política y procedimientos que han desprestigiado profundamente a los partidos políticos. Clientelismo y mediaciones prebendales, caciquismo, acarreo, redes de parentesco, compadrazgo, corporativismo, tráfico de influencias, afán personal de poder, autoritarismo, oportunismo, uso del poder social del dinero, compra de voluntades, todos éstos  son algunos de los elementos de la cultura política que instauró el príato en México. Esta cultura política está profundamente arraigada en el país. Forma parte de la mística de la militancia de Morena el hacer de ésta, una organización que se aleje de todos los vicios mencionados.

Solamente el tiempo nos dirá si lo podremos lograr.

 

Bibliografía

 

[1] Schumpeter (1983), Cerroni (s/f), Dahl (1993), Huntington (1994), Macpherson (1994), Sartori (1991), O’Donnell, Schmitter y Whitehead (1994).

[2] Como es sabido por mayoría aplastante la Suprema Corte de Justicia desechó esta solicitud alegando que era un tema de ingresos y gastos del Estado los cuales  no pueden ser sometidos  a consultas populares  por precepto constitucional (Torres, 2014).

[3] En un principio CNI Canal 40 buscó ser una emisora independiente. Después de ser boicoteada por la derecha empresarial, agobiada por las deudas y litigios judiciales, CNI Canal 40 terminó siendo apropiada por TV AZTECA, uno de los dos integrantes del duopolio televisivo mexicano. Un análisis de la guerra mediática contra López Obrador  a propósito del Paraje de San Juan, el Predio de El Encino, los videoescándalos y el posterior proceso de desafuero puede leerse en el trabajo de Raquel Sosa Elízaga y el autor publicado en 2010. Esta parte de este trabajo está basado en  Figueroa y Sosa, 2010.

[4] He pretendido criticar esta noción reaccionaria de populismo en Figueroa, 2009 y en colaboración con Octavio Moreno Velador  en Moreno y Figueroa, 2008, 2014, 2015 y 2016.

[5] Alfonso Durazo fue un hombre de confianza de Donaldo Colosio, el malogrado candidato presidencial del PRI quien fuera asesinado en 1994. También fue  vocero del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y secretario particular del presidente Vicente Fox (2000-2006).

[6] Que las redes sociales son un importante campo de batalla lo revela el que en febrero de 2017 haya surgido un anónimo sitio en la red llamado pejeleaks.org. El cometido de este sitio era difundir infundios que minaran la popularidad de López Obrador.

[7] El calificativo de oligarquía al grupo que debe ser desplazado del gobierno de México puede encontrarse también en  videos difundidos por Youtube el 3 de junio 2010 y recientemente el 3 de enero  2018. Véase “El video de AMLO que la oligarquía no quiere que veas”. https://www.youtube.com/watch?v=3f4IJVPvdQs

[8] Una brevísima síntesis puede ser consultada en el periódico Regeneración de diciembre de 2017 (Regeneración, 2017)

[9] Esta es la conclusión a la que ha llegado el autor  quien además de académico es integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En su calidad de tal y a lo largo de 14 años de participación en el movimiento lopezobradorista, dicha conclusión es el resultado de su participación en brigadas en el estado de México, Colima y principalmente en Puebla.