No. 57, Abril-Junio

La nueva regulación de las drogas en México: un logro social antiprohibicionista que generará retos a la atención de las adicciones

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En el presente artículo se reflexiona sobre algunos aspectos del prohibicionismo, la historia del narcotráfico y la atención a la salud mental ante la nueva regulación de las drogas en México, señalando, consecuentemente, algunos retos para la atención a las adicciones en el sector salud y otras áreas para el nuevo gobierno.

En este sentido, se puede mencionar que recientemente han surgido estudios que dan cuenta de la historia social y cultural de las drogas en México. A través de estos se señala que las drogas a lo largo del tiempo han sido rechazadas, perseguidas, reprobadas, estigmatizadas, criminalizadas, etc. y que de esta manera han alimentado una concepción prohibicionista de las drogas en la sociedad al menos desde 1840 hasta 1940, periodo donde se ha estudiado a las drogas dentro del binomio tolerancia-prohibición. Precisamente el historiador Ricardo Pérez Montfort estudió este periodo y da cuenta que fue en el régimen de Antonio López de Santa Ana y de guerra con Estados Unidos cuando empezaron a aparecer las primeras preocupaciones sociales por estos “venenos” que rápidamente fueron considerados por las élites como “sustancias nocivas para la salud”. Durante la República Restaurada y el Porfiriato el asunto pasó del mundo de las boticas y los médicos al ámbito periodístico y criminal; en los ambientes populares su consumo no parecía tener más restricciones que la limitada capacidad económica de sus miembros.

La Revolución de 1910-1920 le imprimió un sesgo particular al vínculo entre determinados sectores sociales y ciertas drogas: los ambientes militares y carcelarios se asociaron con la mariguana, mientras que el mundo de los chinos y el de las élites bohemias se asociaron al consumo de opio y sus derivados. A partir de la década de los años veinte la campaña de criminalización empezó a ganar fuerza por influencia directa de los Estados Unidos y algunas voces de médicos insistieron en discutir su penalización. Durante los años treinta finalmente se establecieron los criterios prohibicionistas, quedando el asunto de las drogas bajo la jurisdicción de jueces, policías, ministerios y mundos penitenciarios.[2]

Así, la historia señala a los chinos quienes trajeron la amapola para su cultivo, producción, comercialización y consumo en la última década del siglo XIX y primera década del siglo XX en tierras de Sinaloa.

Respecto a la tolerancia (de la Cannabis), llama la atención que de febrero a junio de 1940 hubo una aprobación para su consumo regulado por parte de Lázaro Cárdenas, quien reformó el Reglamento Federal de Toxicomanías (y luego lo suspendió ante las presiones de Estados Unidos). Se puede decir que fueron solo cuatro meses de dicho año donde una droga (la mariguana) fue tolerada por el Estado. También  es notorio que en esta década de los cuarenta la producción de opio se incrementó en México ante la demanda de drogas durante la Segunda Guerra Mundial.[3]

En la década de 1950 la Procuraduría General de la República asumió plenamente la persecución de los delitos contra la salud que el código penal ya tipificaba como delito, es decir, la producción, distribución, posesión y consumo no prescrito de drogas principalmente la amapola, mariguana y cocaína. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial se hicieron presentes en el sentido de las repercusiones que la droga consumida generó en los excombatientes en Estados Unidos que la requerían para manejar su síndrome de abstinencia. Prácticamente es en esta década donde Culiacán, Sinaloa, se convierte en gran productor y nace el llamado Cártel de Sinaloa, del que en años posteriores surgirán otros carteles en otros puntos del país. Así, durante las siguientes décadas de 1960, 1970 y 1980 los gobiernos siguientes (todos del PRI) mantuvieron controlados a los grupos de criminales a base de corrupción donde tanto criminales como funcionarios públicos (incluidos desde luego los judiciales) resultaban beneficiados pues el gobierno solo mantenía el orden combatiendo los puntos donde los criminales violaban los acuerdos pactados (no escritos). Se puede decir que de 1940 hasta fines del año de 1980 fue de auge y consolidación monopólica de los cárteles de la droga. [4]

Pero a partir del inicio de la década de los 80’s vino una fragmentación y ruptura de dicha consolidación monopólica. Y a mediados de ésta década, el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena generó una mayor presión de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano y este emprende campañas cada vez más agresivas en contra del narcotráfico. Pese a ello algunos grupos de criminales se mantienen y sobreviven e incluso hasta mediados de la década del 2000 logran una captura parcial de Estado.

Para el 2006 con el inicio del sexenio de Felipe Calderón este emprende la llamada Guerra contra las drogas que, sin embargo, paradójicamente contribuye a generar un mayor narcotráfico, violencia e inseguridad, así como una expansión de los mercados de drogas y una exacerbación de la lucha entre criminales por el control de dichos mercados. Lo que ha generado un impacto negativo en la sociedad pues la violencia se hace cada vez más despiadada extendiéndose además a otras actividades criminales como la extorsión, secuestros, torturas, asesinatos, violación de derechos humanos, cobros de derecho de piso, etc.  En este sentido, se ha señalado al Cártel del Golfo-Tamaulipas-Zetas como el grupo criminal que extendió los ataques a civiles en las diversas actividades mencionadas caracterizándose además por decapitaciones, matanzas masivas, colocación de mantas difundiendo el terror, etc. entre la sociedad civil. Los “Zetas” fueron una organización paramilitar dentro del Cartel del Golfo. Sus elementos eran exmilitares desertores de élite cooptados por el crimen organizado, con alto poder de fuego y ataque, quienes extendieron su mercado (territorio) a Michoacán. Así, los “Zetas” se asientan y extienden su poder en este Estado, pero más tarde son expulsados por criminales nativos lo que da lugar a la “familia Michoacana” quienes emplean los mismos métodos cruentos de los “Zetas” tanto a enemigos como a la propia sociedad civil. Pero además construyen una base social de apoyo entre esta misma sociedad civil para lo cual se inmiscuyen en procesos electorales ya sea para respaldar u hostigar a candidatos según les convenga. Así, una vez terminados los procesos electorales colocan en puestos gubernamentales a su gente (en obras públicas, desarrollo social, seguridad pública, etc.). Por lo tanto, en Michoacán, la familia michoacana no resuelve el problema de la criminalidad generada por el tráfico de drogas, sino que la agrava, razón por la cual, la sociedad civil se organiza en autodefensas lo que se constituirá en un elemento fundamental para disminuir los índices de delincuencia y violencia. [5]

Por su parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto recibirá en el 2012 el anterior estado de cuentas. Pero premeditadamente seguirá combatiendo al narcotráfico sin mucho efecto mediático y se dirigirá a capturar a varias de las cabezas para extraditarlos a Estados Unidos. Sin embargo, estos esfuerzos se nulifican pues surgen nuevos cabecillas que los sustituyen y con ello se diversificarán las bandas de criminales en el país y los índices de criminalidad no bajan ni tampoco el número de muertos. Además, hay daños colaterales en la lucha contra el narcotráfico, tales como violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias e injustas, abusos por parte de miembros del ejército y la policía federal, etc. Ante esto, nuevamente elementos de la sociedad civil se organizan y un grupo de activistas, con el apoyo de académicos (CIDE, UNAM, COLMEX), presenta una solicitud de amparo ante la SCJN para el cultivo y autoconsumo de mariguana. La SCJN dicta un fallo favorable y esto genera la apertura de un debate por la despenalización de la Cannabis en el Congreso lo que genera finalmente un antecedente de sentimiento de logro de los esfuerzos antiprohibicionistas de las drogas pues dicho Congreso aprueba una Ley sobre el consumo de mariguana con fines medicinales y de investigación en el 2016. [6] La premisa de los antiprohibicionistas es la siguiente: quitar el mercado de drogas a los criminales, legislando y tolerando las sustancias para disminuir los índices de delincuencia y violencia en México.

Andrés Manuel López Obrador retoma esta premisa antiprohibicionista quien desde su campaña viene anunciando un proceso de amnistía para ciertas personas involucradas en actos delictivos por el tráfico de drogas. Asimismo, en el nuevo Congreso de la Unión se lanza la iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis (2018), misma que tiene grandes probabilidades de ser aprobada por tener MORENA mayoría de legisladores. Así, es casi un hecho la toma del control del mercado de drogas por parte del Estado mexicano como un intento de frenar la violencia e inseguridad. Pero con ello es muy probable que circulará más oferta de droga (disponibilidad) entre la población lo cual ocasionará mayor demanda de ellas. Hasta el momento este aspecto ha sido poco considerado por el nuevo gobierno pues el sector salud deberá estar preparado ante tales eventualidades. [7]

Por otra parte, habrá que señalar que el Estado mexicano ha dado más prioridad de combate al narcotráfico que al fortalecimiento de las instituciones que combaten a las adicciones. Por eso se ha dicho que hace falta un enfoque de política pública que sea más de salud que de seguridad pública. Esto porque el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) apenas fue creado en el año 1986 con pobre respaldo político y financiero. Precisamente es en este año donde apenas inicia una política de atención a las adicciones. (el CONADIC años más adelante, en el 2011, se transformará en Comisión Nacional Contra las Adicciones, buscando su fortalecimiento institucional).

De esta manera, históricamente se ve la creación tardía de instituciones de salud que combaten el consumo de drogas. Si bien es cierto que las drogas en México, según el gobierno mexicano,  hasta fines de la década de los ochenta “era un fenómeno de paso”, posteriormente ha aumentado su uso, principalmente de cocaína entre la población, pues gran parte de esa droga que “era de tránsito” se queda en el país. Así, hasta la fecha hay un déficit en la atención de usuarios de drogas principalmente crónicos, ya que el Estado ha sido omiso en la creación de centros de tratamiento de modalidad residencial lo cual ha sido llenado este vacío por instituciones de la sociedad civil, como grupos de ayuda mutua (AA, DA. etc.) y por particulares. [8]

El sector salud en México se ha caracterizado por estar fragmentado en subsectores (IMSS, ISSSTE, SSA, SEDENA, PEMEX, PRIVADO) y por seguir teniendo problemas de lograr el acceso a la salud de calidad de todos los mexicanos pese a que el Estado empezó a construir una infraestructura pública desde el Porfiriato (con notorios avances y que pusieron las bases respaldados principalmente por la medicina francesa de la época) y que su punto máximo lo alcanzó con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1960. Al paso del tiempo este sector ha ido combatiendo de manera paulatina diversos problemas de salubridad y el control de las enfermedades infecciosas, extendiendo además la cobertura de atención, pero en la actualidad, con los adelantos médicos y con el incremento de la esperanza de vida de la población se observa un incremento de las enfermedades crónicas y el despunte de los trastornos mentales propios de la modernidad y la globalización. Entre éstas se encuentran: la depresión (cuya letalidad mayor puede ser el suicidio), la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención y psicosis por consumo de drogas (sin contar otros trastornos físicos como los cardiacos y cirrosis hepática que aquejan a los alcohólicos), entre otras.

Los especialistas que trabajan en este campo se quejan de la falta de presupuesto para llevar adelante sus programas, de la escasa concientización del afectado y la sociedad misma sobre la importancia de tratamiento psicológico (a veces por prejuicio), la saturación en los servicios, la escasez de psiquiatras y psicólogos en instituciones públicas. A esto se agrega que para brindar psicoterapia se requiere al menos 50 minutos por sesión que los 15 minutos que emplea un médico para atender trastornos médicos físicos. Es decir, la psicoterapia es más costosa y requiere de mayor tiempo para brindar la atención. [9]

Cabe señalar que la visibilización de los enfermos mentales es cada vez mayor y esto se ha dado incluso desde tiempos del virreinato pues debido a ello se creó el Hospital de San Hipólito por parte de Fray Bernardino Álvarez en 1566. Sin embargo, la atención profesional de éstos con los métodos terapéuticos modernos de la época se dio en el Porfiriato, con la creación del Manicomio General de la Castañeda en 1910. Más de medio siglo después, con el paso del tiempo, la atención de la salud mental fue insuficiente y durante el periodo 1964-1970 (conocido como Operación Castañeda) fue necesario crear centros campestres de atención a la salud mental y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (mayo 1967) para sustituir a dicho Manicomio. Igualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Famila (DIF) crearon centros de consulta externa de atención a la salud mental. [10]

A fines de 1960 con los movimientos sociales, juveniles-estudiantiles, que se dieron en esos años en Estados Unidos y algunas partes de Europa (movimiento hippie, protestas contra la guerra de Viet Nam, liberación femenina, aparición de los anticonceptivos, amplia difusión del rock and rol, etc.) llegan a México movimientos de lucha por mayores libertades de los jóvenes y se observa un boom por el consumo de drogas, en especial de la mariguana. Precisamente en  el año de 1969 surge Centros de Integración Juvenil, A.C. quien pese a ser una institución privada, a los pocos años recibe apoyo financiero permanente gubernamental desde entonces debido al incremento del consumo de drogas.[11]  Luego, en 1975 surgirá el Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF) quien en 1979 se transformará en el Instituto Mexicano de Psiquiatría y posteriormente en Instituto Nacional de Psiquiatría (2001)

Pero la historia de la construcción de instituciones no solamente está ligada a aspectos culturales y políticos sino también a la dinámica del desarrollo del narcotráfico en México, pues en 1985, como ya se señaló, el cártel de Sinaloa (también conocido en ese entonces como Cártel de Guadalajara, por tener en esta ciudad su centro de operaciones), asesina al agente de la DEA, Enrique Camarena, por haber descubierto un enorme plantío de mariguana propiedad de Rafael Caro Quintero. Consecuentemente las presiones de Estados Unidos se dieron con mayor intensidad y el gobierno mexicano tuvo que implementar un conjunto de acciones de combate al narcotráfico y, además un hecho que llama la atención, es que la PGR crea (enero 1986) un Programa de Atención a la Farmacodependencia (ADEFAR) a nivel nacional, creando además Comités ADEFAR en cada estado de la República y en el D.F. Ante ello la Secretaría de Salud reclama sus atribuciones y en julio de este mismo año también crea el Consejo Nacional Contra las Adicciones (julio 1986), iniciando inmediatamente  la creación de los Consejos Estatales Contra las Adicciones (CECAS).[12] El modelo organizacional de “Consejos” tiene la finalidad de coordinar o articular por parte del gobierno, las actividades de combate a las adicciones que realizan las instituciones públicas, privadas y sociales en el país.

Desde entonces el CONADIC ha venido operando así en toda la República. Actualmente ha buscado su fortalecimiento creando un Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones y, como ya se mencionó, cambió su nombre de Consejo a Comisión (con rango de Subsecretaría de Estado). En los Estados de la república se han creado leyes que dan soporte jurídico a los CECAS y a los Institutos Contra las Adicciones que se han fundado, lo cual permite dar soporte financiero a las actividades realizadas en los Estados. En el caso de la Ciudad de México, se creó en el 2011 una Ley de Atención a las Adicciones y el Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones (IAPA) el cual está sustentado por un programa general de trabajo. Igualmente se crearon los Consejos en las Delegaciones políticas (hoy Alcaldías) con sus programas de trabajo.

La  creación del IAPA fue un logro obtenido de  toda la comunidad profesional y no profesional que trabaja en el campo de las adicciones en la Ciudad de México, pues ha servido de modelo a otras entidades federativas y con ello se han creado instrumentos jurídicos que dan soporte financiero a los Institutos creados en los Estados, sin embargo siguen habiendo carencias como: la casi inexistencia de diagnósticos epidemiológicos por Delegación (o Alcaldía), falta de terapeutas, falta de evaluación de programas, falta de sincronía entre las campañas preventivas que lleva a cabo la Secretaría de Salud Federal con las que se llevan a cabo en cada Alcaldía, falta de centros de internamiento para adictos crónicos y reincidentes (modalidad residencial), etc.

Al menos desde el gobierno de Ernesto Zedillo a la fecha, se ha mencionado que los recursos incautados al narcotráfico (bienes raíces y dinero) gran parte de ello se va a fortalecer a los programas contra las adicciones; pero poco se sabe de ello, incluso no hay transparencia sobre el destino de los impuestos gravados al alcohol y al tabaco. Sin embargo, existe una excepción: en 2007 se inició la construcción en todos los estados de la república los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS) “Nueva Vida” (en el 2010 ya se tenía un total de 320). En la Ciudad de México se crearon 32 de ellos. Los recursos para su construcción provinieron de la incautación hecha a Zhenli Ye Gon, un empresario mexicano, de origen chino, acusado de comercializar ilícitamente con acetato de pseudoefedrina, para la fabricación de metanfetaminas.

En fin, en la actualidad la mayoría de los recursos financieros (muchas veces insuficientes) para operar los programas contra las adicciones han sido obtenidos de los gobiernos estatales donde cada gobernador muestra distinto interés por apoyar con recursos diversos. Es de esperar que con la aprobación de la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis (2018) se genere una mayor disponibilidad de mariguana y por lo tanto haya un mayor consumo de la sustancia, lo cual generará nuevos retos al sector salud. Sin embargo, la mayor carencia es la de los Centros de Internamiento (modalidad residencial), es necesario insistir en ello, los cuales han sido creados por los grupos de autoayuda (alguien tiene que hacerlo) y no por el gobierno.

El nuevo gobierno si bien es cierto  crea y busca promulgar una Ley para la regulación y control de la Cannabis, adoptando un esquema antiprohibicionista, que dará sustento legal a un Instituto para el Control de la Cannabis, coordinado  por la Secretaría de Salud, también será necesario que reforme el Código Penal Federal para llevar a cabo las políticas de amnistía enmarcadas dentro del esquema jurídico de justicia transicional[13], así como fortalecer financieramente al sector salud ante el incremento de la demanda por atención a adicciones y salud mental, sin olvidar desde luego, la creación de más empleos y educación para los jóvenes, apoyo a campesinos que cultivan droga, combatir la corrupción, al alcoholismo y el tabaquismo y a la delincuencia organizada.

Estos últimos puntos son importantes de considerar para frenar al menos, por no decir disminuir significativamente, los índices de criminalidad y violencia,  ante la  promulgación de la Ley citada, lo cual quiere decir que la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), PGR, Policía Federal, SEGOB, y otras, deberán tener programas enfocados al logro de las metas, de manera integral y coordinada.

En fin, algunos de estos retos son:

¿Hasta qué punto el nuevo gobierno será capaz de apoyar financieramente de manera significativa al sector salud para reforzar la atención a la salud mental y a las adicciones en el marco de su política de austeridad?

¿Será capaz de controlar el consumo de mariguana sin que suceda lo que ha pasado con el consumo de alcohol? (problema que ha aumentado y que es número uno de adicciones, pero en especial la venta a menores de edad).

¿Hasta qué punto las autoridades sanitarias apoyarán, supervisarán, capacitarán, certificarán o limitarán (en su caso) a las instituciones de la sociedad civil, principalmente a los grupos de ayuda mutua, que atienden a adictos en la modalidad residencial (internamiento)?

¿El nuevo gobierno actuará de manera independiente en materia de política de drogas, respecto de los dictados de Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas?

¿Será capaz de diseñar una campaña permanente de propaganda (pro salud mental, prevención y atención de adicciones) y seguir manteniendo el control de la publicidad en materia tabaco y alcohol que se articule con las acciones de prevención que realizan varios sectores de la sociedad civil y gubernamentales?

Basten señalar estos retos (preguntas) de los muchos que se podrían mencionar, pero el financiero es el primero de ellos.

Para concluir, la prohibición de las drogas (prohibicionismo) en cuanto a actitudes y opiniones de la sociedad y rasgos de la cultura que se ha logrado indagar viene desde la época de Antonio López de Santana, y su criminalización en cuanto a sanciones penales plasmadas en las leyes, data de los años treinta del siglo pasado. Han tenido que pasar cerca de noventa años para que, en el caso de la mariguana, sea despenalizada. Los altos índices de criminalidad e inseguridad durante los últimos lustros en nuestro país han llevado al nuevo gobierno a dar fin al régimen de prohibición de la Cannabis, esto avalado por los otros poderes y presionado por voces de activistas de la sociedad civil y de académicos previa discusiones y debates así como la despenalización en otros países. Ante esto, el sector salud deberá estar preparado pues el control epidemiológico estará a cargo de la Secretaría de salud si bien es cierto que aún hay pendientes de este sector como son proporcionar una cobertura y atención de calidad y alcanzar su unificación.

Es decir, el objetivo es frenar y disminuir la criminalidad e inseguridad, y otras dependencias y poderes tendrán que colaborar. Asimismo, la Secretaría de Salud como instancia rectora en cuanto a regulación y bajo un enfoque de salud pública requerirá amplio apoyo financiero para llevar a cabo sus fines, sobre todo para reforzar el servicio de la atención a la salud mental y de adicciones. México se suma a los países que hay optado por regular las drogas iniciando la cancelación de la prohibición de la Cannabis. Esperemos que sea alcanzado el objetivo y superados los retos.

 

[1]    Sociólogo, especialista en adicciones.

[2]    Véase. Pérez Montfort Ricardo.  Tolerancia y Prohibición. Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940. Págs.. 15 y 16. Penguin Random House Grupo Editorial. México. 2016. También, Enciso Froylán. Nuestra Historia Narcótica: pasajes para (re)legalizar las drogas en México. Penguin Random House Grupo Editorial. México. 2015. Y otro aunque no muy reciente: Astorga Luis. El siglo de las drogas: el narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio. Plaza Janés. México. 2005.

[3]    Pérez Montfort R.   ibid.  Pp. 229-264.

[4]    Valdés Castellanos Guillermo. Historia del Narcotráfico en México. Apuntes para entender al crimen organizado y la violencia.  Ed. Aguilar. México.  2013. Es interesante la periodización y explicación que hace este autor respecto al tema.

[5]    Valdés Castellanos G.  Ibid. Págs. 29-221.

[6]      El grupo se hizo llamar SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante); sus miembros pertenecen a “México Unido Contra la Delincuencia”.

[7]      La iniciativa la presentó Olga Sánchez Cordero, en calidad de Senadora de la República.

Por otra parte, no se sabe cuánto se espera el incremento del consumo de mariguana si se aprueba la Ley. Pero se supone que subiría. Centros de Integración Juvenil ha hecho estudios al respecto sobre las experiencias de países que han legalizado. En el caso de Holanda así se ha visto, además de que se generó una especie de “turismo narcótico” de parte de jóvenes de países cercanos; un incremento en la concentración de THC; incremento del riesgo de pasar a consumir drogas “duras”; disminución en la edad de inicio en el consumo de drogas; disminución de la percepción del riesgo del peligro de usar drogas, etc. En el caso de Uruguay hay indicios de incremento de consumo hasta el momento, pero no son datos concluyentes porque es relativamente reciente la legalización. Véase, Moreno, Kena (Coordinadora), La evidencia en contra de la legalización de la mariguana. Centros de Integración Juvenil A.C. 2014. En especial el capítulo 8, “Argumentos a favor y en contra de la legislación de la mariguana en México”. Págs. 203-235.

Es necesario agregar que no se trata del simple hecho de que haya más disponibilidad de droga y en automático haya más usuarios de droga y se incremente el número de “víctimas”. No es así, pues la historia está llena de casos donde existen individuos con alta resiliencia (fortaleza interna para afrontar las adversidades y superarlas), caso Rigoberta Menchú, ciertos discapacitados, migrantes, individuos que sobreviven en pobreza extrema, etc. salen adelante. Hay muchos casos.

[8]    De los casi 2000 centros de este tipo que hay en todo el país, el 90 por ciento lo cubren los grupos de ayuda mutua (AA, Narcóticos Anónimos, etc.) y el otro 10% es atendido por OSC, organizaciones privadas y un escasísimo número (21), que son del gobierno.  “Centros de Integración Juvenil” cuenta con solo dos de estos últimos modelos. Véase Senado de la República. Audiencias públicas para las alternativas de regulación de la mariguana 2016.  Mesa 7: Regulación del consumo en relación con el tratamiento de adicciones.

[9]      Alguno de estos puntos se pueden ver en: Padecimientos, clínicas y presupuesto: 5  datos sobre la atención a la salud mental de los mexicanos, https://www.animalpolitico.com/2018/10/datos-salud-mental-mexicanos/ . (Octubre 10, 2018)

[10]  Secretaría de Salud. Programa de Acción: salud mental. Secretaría de Salud. 2001.

[11]  Es pertinente aclarar que Centros de Integración Juvenil, originalmente no surge como centros de atención de adicciones, sino como centros juveniles de capacitación para el trabajo, en la calle de Dakota, colonia Nápoles, D.F., a iniciativa de un grupo de mujeres publicistas.

[12]  El Procurador fue Sergio García Ramírez, en el gobierno de Miguel de la Madrid y el Programa ADEFAR operó políticamente en la Dirección General de Participación Social de la PGR pero ésta se vio obligada a que la Dirección General de Gobierno del DDF se hiciera cargo operativamente del Programa y, de esta manera aterrizaran las actividades en las 16 Delegaciones políticas con personal adscrito a estas Delegaciones y no de la PGR. Así, dicho Programa tuvo más apoyo político gubernamental que el CONADIC, de enero de 1986 hasta diciembre de 1987 (fin del sexenio). Llama la atención que la PGR se hiciera cargo de combatir no solamente la producción, distribución y comercialización de drogas sino (incongruentemente) también de la prevención del consumo. El gobierno mexicano tenía que hacer notar a los EU que se estaba enfrentando las drogas en todos sus frentes; fue una respuesta política coyuntural. Fue, se dijo así, “la respuesta de México”.

[13]  La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos». ​ De esta forma, se busca confrontar los abusos a los derechos humanos de sociedades fracturadas como componente estratégico de una política de transformación para la restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz. Igualmente, la justicia transicional se refiere a aquellos procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y las exigencias políticas (la necesidad de paz) que requieren dichas transiciones. Los procesos de justicia transicional se caracterizan por una combinación de estrategias judiciales y no judiciales, tales como la persecución de criminales, la creación de comisiones llamadas de la verdad y otras formas de investigación del pasado violento, la reparación a las víctimas de los daños causados, la preservación de la memoria de las víctimas y la reforma de instituciones tales como las dedicadas al servicio secreto, la policía y el ejército, con el firme propósito de prevenir futuras violaciones o abusos. Este enfoque surgió a finales de los años 80 y principios de los 90, principalmente como respuesta a cambios políticos y demandas de justicia en América Latina y en Europa oriental. Véase Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_transicional.  (recuperado el 30 de marzo de 2019).