2020

¡Por la libertad de opinar!

 

Dos aportes en el tema de la libertad de expresión a propósito de la defensa del periodista Sergio Aguayo contra la demanda del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira:

 

Nota: ¿Por qué escribir un artículo sobre la libertad de expresión? Primero, porque recibí la invitación para hacerlo y luego, porque el tema lo ameritaba, ya que el caso relacionado afecta a una persona a quien conozco y con quien tengo una excelente relación de amistad de hace muchos años.

Es además, una de tantas injusticias que transitan por la vida, pues el hecho de que una persona sin escrúpulos como Humberto Moreira, que en ese momento se encontraba encarcelado en España por actos ilícitos, se manifieste ofendido en su honor y demande por difamación a un académico y periodista, que analiza con fundamento las omisiones en que incurrió el quejoso cuando era gobernador del estado de Coahuila, tal y como el propio columnista lo explica en el texto adjunto intitulado “La demanda de Moreira”.

 

Es muy triste constatar que en México la justicia esté en favor de quienes pueden atropellar a los ciudadanos y a sus instituciones aprovechándose de su poder, ya sea económico y/o político y que incluso puedan comprar las voluntades de los encargados de impartir justicia mientras pretenden mantener amedrentados, a quienes, en su labor periodística, se atreven a desvelar omisiones en su responsabilidad, frente a hechos comprobables y sustentados, con todo rigor, en documentación fidedigna.

Llevamos varios lustros preguntándonos ¿hasta cuándo se recuperará la libertad de opinar con respecto a los temas de interés nacional? y que un grupo de profesionales, a través de su pluma, nos permitan ir conociendo los distintos enfoques de un mismo asunto, para que los lectores podamos tener un juicio de valor en cuanto al tema del que se trate. En ocasiones podremos estar en desacuerdo o tomar como buena la opinión que se nos ofrece, pero lo que no puede ni debe aceptarse, es que una persona que, después de un concienzudo estudio e investigación del tema, pueda ser objeto de persecución o intimidación, estar en riesgo de perder su patrimonio familiar, o incluso la vida, por externar tal o cual opinión y más aún, cuando los hechos son evidentes.

A pesar de que el derecho a la libertad de expresión se remonta al siglo VI en Roma, tal como lo refiere en su artículo José María Díaz de Valdés,[1] como concepto, existe desde los años de la Ilustración -a finales del siglo XVII- en que filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu sostenían que: en un mundo lleno de hombres libres, tendría como resultado un avance significativo, tanto en las artes como en las ciencias y obviamente, en la política, pero fue precisamente en la Asamblea General de la Naciones Unidas, celebrada en París en diciembre de 1948, donde se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su Artículo 19 establece que:

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de expresión.

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su página electrónica,[2] nos ofrece la siguiente definición con respecto a la “Libertad de expresión”:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.

No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Entonces, no entendemos porque desde hace tanto tiempo no se respeta este derecho.

Hace ya varios años supimos de la demanda que recayó en el académico y periodista Sergio Aguayo y estábamos contentísimos porque finalmente se había hecho justicia y había quedado exonerado, pero, ahí está que no, que otro juez -de una sala diferente- decidió revocar la sentencia y reabrir el caso y exigirle al demandado pagar una cantidad demencial de dinero y, la semana pasada incluso, se le amenazó con embargar su patrimonio familiar, por lo que tuvo que hacer uso del recurso de amparo. Por fortuna y, como bien lo explicara el propio demandado, en su artículo del 5 de febrero en el diario Reforma, parece que la Suprema Corte de Justicia ha decidido intervenir para destrabar el asunto.

Confiemos en que así sea y que se desestimen los despropósitos a los que ha estado sometido el doctor Aguayo, por el simple hecho de expresar su opinión en cuanto a la omisión en que incurrió el “supuesto” ofendido -en el cumplimiento de actos de gobierno- y que sin duda era de su responsabilidad como funcionario estatal y, curiosamente en ese caso, nadie le pide cuentas.

 

[1]    Diaz de Valdes, José Manuel, 2009, Libertad de expresión en Roma, Revista de estudios histórico-jurídicos, número 31, pp. 125-139. ISSN 07165455, http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552009000100004.

[2]    Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, http://www.cndh.org.mx