2020

La diversidad biocultural en riesgo y las competencias del INAH en juego por el Tren Maya

DEAS-INAH

 

Con la finalidad de pensar el papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia a 81 años de su fundación en el contexto del nuevo gobierno se plantea la presente reflexión tomando como base la continuidad de los megaproyectos y del extractivismo. En específico, se centra en el mal llamado Tren Maya como caso paradigmático para interrogarse sobre las facultades y tareas del Instituto comprometidas por este proyecto prioritario del gobierno federal. Derivado de un estudio colectivo sobre sus impactos sociales y territoriales y con base en una investigación en curso acerca de nociones sobre cuerpo, persona y territorio entre los mayas peninsulares, interesa aquí delimitar un doble riesgo: impacto del reordenamiento territorial en las comunidades y su relación ancestral con el territorio junto con la mercantilización y cosificación de la cultura de los pueblos originarios.[1]

Por las condiciones dadas y la manera en que se está encaminando, cabe cuestionarse sobre la viabilidad de este proyecto; si en efecto, como sostienen sus promotores, estará basado en un modelo distinto al neoliberal y se concretará en un desarrollo socioeconómico de la región y de las comunidades locales basado en un nuevo ordenamiento territorial y paradigma de turismo sostenible e incluyente.  Al respecto uno se pregunta: ¿frente a la presunción del aprovechamiento del potencial turístico y de la conformación de polos de desarrollo asociados al corredor ferroviario, las diversas instancias involucradas garantizarán la preservación del patrimonio cultural? Tal cual declaró Diego Prieto, director del INAH ¿“el proyecto será una gran oportunidad para el país y para la institución”, y se conseguirá, “la protección del patrimonio arqueológico que se vaya encontrando sobre la ruta del tren, es decir, las tareas de salvamento; el mejoramiento de la infraestructura de las zonas arqueológicas y sitios históricos que se ubican en el área de influencia del ferroviario, y el trabajo de vinculación con las comunidades indígenas y mestizas de la región”? (Nolasco, De Anda, 2019)[2]

Estas interrogantes son parte de una preocupación colectiva expresada en dos foros sobre Megaproyectos (Incluido el Tren Maya) llevados a cabo en 2019 organizados por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación, Científica y Docencia del INAH y tienen como antecedente los resolutivos de su II Congreso en Trinidad, Tlaxcala. Ahí se planteó una posición crítica ante los megaproyectos y se formularon principios para la defensa de los territorios y la diversidad biocultural desde nuestra Institución y práctica laboral.


Reunión de FONATUR y ONU-Hábitat con ejidatarios y organizaciones del municipio de Calakmul, Campeche. Foto: Eliana Acosta, 14 de julio de 2019

En este congreso se demarcó una posición que contrasta con las disposiciones de las autoridades y la postura de otros colegas del Instituto que en el caso del Tren Maya se expresa con particular polarización. Si, por una parte, se contempla la colaboración con las instancias gubernamentales y desde el INAH se busca mitigar daños, potenciar ventajas y encauzar el proyecto a buen término, por otra parte, trabajadores académicos advierten los riesgos inminentes para la diversidad biocultural y reivindican la posibilidad de generar conocimiento para la defensa de las comunidades y sus territorios frente a las irregularidades del Estado y los intereses privados implicados en su ejecución

 

El INAH en la coyuntura histórica actual y en el proceso de ejecución del Tren Maya

El Instituto Nacional de Antropología e Historia fue creado en 1939 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas con una visión amplia e integral, lo cual se especifica en su Ley Orgánica a partir de sus objetivos generales: por una parte, se establece la tarea de “investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico”; por otra parte, “la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto”. Desde una perspectiva antropológica cabe destacar una función central: 1) “efectuar investigaciones de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo” (Ley Orgánica del INAH, 2015:1- 2).

Desde el México posrevolucionario hasta la fecha el INAH ha coadyuvado en la conformación de la nación a través de sus labores sustantivas, investigando, recuperando, restaurando, conservando, educando y difundiendo el legado histórico y diversidad cultural del país. Hasta 2015 formó parte de la Secretaría de Educación, año en el cual se reubicó a la Secretaría de Cultura; cinco años de difícil acomodo para el despliegue de las facultades y competencias del Instituto en una cabeza de sector que desde su instauración ha privilegiado la creación y promoción cultural. Desde entonces, se ha desplazado el binomio educación-cultura, referente histórico fundamental del Instituto, por el binomio turismo-cultura, lo cual ha generado resistencias y contradicciones al interior de difícil resolución.

Tensiones que se han sumado a una inercia institucional y ciertos manejos que fueron evidenciados en los resolutivos del II Congreso del Sindicato en Tlaxcala y en su tercera edición en Morelos: la sistemática toma de decisiones discrecionales, la prolongada permanencia de funcionarios en puestos clave, carencia de una política de investigación bien definida y apegada a las prioridades del INAH, la nula convocatoria a la comunidad académica a participar en procesos compartidos de reflexión sobre el sentido, el rumbo, los programas de trabajo y las políticas relativas al Instituto  Si con el cambio de gobierno actual en otras instancias gubernamentales se han desmarcado y develado la corrupción e irregularidades de anteriores administraciones, en el INAH es patente la opacidad, falta de renovación y coherencia con sus principios rectores (Hersch, et al, 2019).

Además de una dirección incierta sin un programa de trabajo acorde a la trayectoria histórica, misión y competencias propias del Instituto, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia Covid-19 ha impuesto condiciones desfavorables. El recorte presupuestal del 75% ordenado por decreto presidencial -el cual no se ha logrado revertir aun con las movilizaciones de sus trabajadores con el apoyo y solidaridad de múltiples sectores de la población al interior y fuera del país-, no sólo obstaculiza las labores sustantivas de lo que resta del año 2020, sino también crea un precedente negativo al no haberse llevado a cabo las gestiones necesarias para equiparar al Instituto a otros centros, los cuales sí fueron exentos del recorte y reivindicadas sus aportaciones al país en el campo de la ciencia e investigación. Aun cuando Diego Prieto ha declarado que además de conseguir los “apoyos suficientes” ante la Secretaría de Hacienda, “no será despedido ningún trabajador” y no se afectará la tarea sustantiva del Instituto especialmente los programas prioritarios del gobierno, está por verse que -tal cual se comprometió con la comunidad- se harán las acciones para revertir el próximo año la reducción presupuestal y, en efecto, el recorte programado hasta el 31 de diciembre del presente año no se prolongue el siguiente y lo que resta del sexenio actual, y hacer de la anomalía una condición de la llamada “nueva normalidad” (Prieto, 2020).


Plantación de monocultivos y deforestación de la selva en el Poniente de Bacalar, Quintana Roo. Foto: Eliana Acosta, 25 de abril de 2019

No extraña que las autoridades del Instituto deban atender de manera preferencial los programas prioritarios del gobierno federal, conforme a la Ley Orgánica del INAH y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; históricamente el Instituto ha tenido que hacer salvamentos, peritajes, registros, declaratorias, entre otras acciones, ante el despliegue de obra pública y proyectos de infraestructura del gobierno y empresas privadas. Lo que es cuestionable y susceptible a debate es la posición institucional sin generar diálogo, contrapesos y perspectivas críticas frente a los requerimientos del gobierno federal de acuerdo a la normatividad y competencias del Instituto en aras de la protección del patrimonio cultural y legado histórico del país.

El Tren Maya es especialmente demostrativo de ese proceder, al respecto arqueólogos de los Centros INAH de los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas y el secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia en representación de los firmantes, dan cuenta de faltas e irregularidades en una carta con fecha de 24 de abril del año en curso dirigida a Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaría de Cultura, y a Rogelio Jiménez Pons, director del FONATUR: 1) negación de información ante las reiteradas solicitudes sobre el estado de los trámites sobre el trazo de las vías férreas, instalaciones, áreas urbanas de nueva creación y obras conexas del megaproyecto Tren Maya; 2) la falta de  convocatoria para que arqueólogos y conocedores de la región participarán en la elaboración del proyecto de salvamento denominado U LU’UMIL MAAYA WÍNIKO’OB: UN ANÁLISIS REGIONAL DEL SURESTE MESOAMERICANO PROYECTO MARCO DEL SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO “TREN MAYA” y desconocimiento del autor o responsable de la ejecución del proyecto; 3) autorización de proyectos sin consultar a los especialistas, y luego la invitación a colaborar para legitimar una actuación irregular; 4) ante la envergadura que implica la construcción del Tren Maya, además de la evaluación del proyecto y de las adecuaciones necesarias, se requiere de un enfoque integral e interdisciplinario y, por tanto, se advierte la ausencia del enfoque antropológico en el proyecto de salvamento y del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios (Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, 2020).

Es de notar que aun cuando el Instituto está conformado por especialistas de diversas disciplinas, estos nos sean convocados y, sobre todo, articulados sus conocimientos y coordinadas sus prácticas en proyectos que involucran el patrimonio cultural tangible e intangible. Justamente, como lo advierten los arqueólogos de la Península, en proyectos como el Tren Maya, las labores de salvamento deberían de estar integradas al trabajo de campo en las comunidades y reivindicados sus derechos como pueblos originarios. Más aún, la viabilidad misma de los proyectos tendría que estar evaluada por un protocolo integral con base en el principio precautorio abarcando las diversas dimensiones de su posible afectación. Por eso la necesidad de la puesta en práctica de protocolos integrales de protección biocultural, tal cual se determinó en los resolutivos de los Congresos del Sindicato en 2018 y 2020.

Sobre este proyecto y el vínculo con las comunidades, las autoridades nombraron una comisión antropológica de la cual se tiene conocimiento por intervenciones públicas, escritos en prensa y diagnósticos encabezados por la profesora-investigadora de la ENAH, Paloma Escalante Gonzalbo.[3] Recientemente se desató una polémica entre la comunidad del Instituto por un artículo suyo publicado en el periódico La Jornada el pasado 18 de junio titulado “¿Nos robará el tren el paraíso?”, el cual además de suscitar opiniones y perspectivas encontradas, avivó la discusión sobre el papel del Instituto y de sus investigadores frente al Tren Maya y otros megaproyectos. Dado el encargo que tiene como parte de la comisión y de su propia convicción –expresada públicamente, “que este gobierno no es el mismo de antes” o que el Tren Maya “no es un proyecto neoliberal”-, no sorprende el diálogo y colaboración que mantiene con otras instancias de gobierno y, en particular, la asesoría que brinda a FONATUR, pero si llama la atención el uso de ciertos recursos, presuposiciones y afirmaciones de su discurso académico, que no distan de los promotores del proyecto y sus ejecutores (Escalante, 2020).


Mural de la comunidad de Blanca Flor en el Poniente de Bacalar, Quintana Roo. Foto: Eliana Acosta, 26 de abril de 2019

Llama la atención especialmente el uso de un recurso que se observa en estudios de impacto ambiental y social favorables a los megaproyectos: justificar su entrada a partir de la base de que el territorio ya está trastocado y los pueblos no son lo que solían ser. Aspecto que se evidencia en las afirmaciones que hiciera en el artículo referido de que “el paraíso hace demasiados años que no existe” o que “los territorios ancestrales se perdieron hace siglos”, presuposiciones que refiere no sólo en relación con los cambios de la Península sino también a la “oportuna” intervención del gobierno federal; punto de partida por demás cuestionable desde la crítica antropológica que ha debatido precisamente las perspectivas “esencialistas”. En todo caso, los pueblos originarios y su vínculo con el territorio habría que verse como un proceso histórico constituido por continuidades y discontinuidades, de manera que a la vez que se transforman y adaptan a los nuevos tiempos actualizan sus concepciones, prácticas y relaciones ancestrales no sin oponer límites y resistencia. No podrá existir más el paraíso, sin embargo, la Península de Yucatán si se distingue por ser uno de los núcleos de mayor diversidad biocultural del país y del mundo, y no podrá negar esta antropóloga que aun cuenta con “frondosas selvas llenas de animales libres entre la exuberante vegetación” y “pueblos mayas trabajando sus milpas”. Diversidad ahora amenazada, sostenemos varios, por el reordenamiento territorial que implica el Tren Maya que desde luego es más que un corredor ferroviario.

Entre ese recurso y presuposición, salta a la vista la omisión que hace Escalante y otros defensores del proyecto sobre los polos de desarrollo y los centros urbanos que se proyectan, el propio Jiménez Pons, director de FONATUR, ha destacado los “frutos” esperados del proyecto:  además de los destinos turísticos y del tren de carga, se encuentran las granjas avícolas y porcinas, producción de sorgo y caña de azúcar, palma de aceite y soya, las cuencas lecheras o los parques agroindustriales. Sobre el ordenamiento territorial que se prevé se observa con extrañeza que, siendo esta antropóloga una estudiosa por años en la región del turismo y su vínculo con la violencia, tanto en este artículo como en otros trabajos, no ofrezca datos o reflexiones sobre los posibles impactos de esta industria en las comunidades.[4]

Contrasta especialmente la perspectiva de esta antropóloga y colaboradoras con otros diagnósticos también de carácter institucional, impulsados por otras instancias del gobierno federal y enfocados precisamente en la población originaria con el fin de generar igualmente colaboraciones entre la comunidad científica, gobierno y sociedad para la resolución de problemas nacionales. Es el caso del documento titulado Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, elaborado por el Grupo constituido por CONACYT para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya (2019), desde múltiples ejes y enfoques disciplinarios, se evidencian diversos riesgos y dimensiones asociados a la construcción del corredor ferroviario.

Partiendo del principio del reordenamiento territorial y de la reconfiguración regional que conlleva este proyecto en el marco de la geopolítica global y el mercado mundial, se expone que además de impactar los macizos de selva más grandes y en mejor estado de conservación de México y Mesoamérica, áreas con manglar y otros humedales, afectarán a las Áreas Naturales Protegidas y traerá efectos negativos en las áreas más importantes de recarga del manto freático de la Península de Yucatán y anillo de cenotes. En cuanto a la historia, identidad y cultura se prevé la destrucción de posibles vestigios culturales, daño físico y uso turístico excesivo junto con la mercantilización de la cultura, así como la folklorización y el vaciamiento de significados y saberes tradicionales, prácticas rituales, arte, memoria histórica y sitios sagrados. Se advierte la amenaza para la propiedad social y las tierras ejidales por la introducción de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS), los cuales favorecen el reconocimiento de dominio pleno o individualización de la propiedad.  Si bien se conserva la propiedad de la tierra, se pierde la capacidad de decisión y uso sobre ella y al ser entregada como soporte material y financiero en el mercado especulativo, no hay garantía de contar con un rendimiento garantizado. Otras amenazas se vinculan con la migración y los desplazamientos, se proyectan empleos precarios y temporales para la población originaria y para migrantes nacionales y extranjeros, pero también un aumento de todo tipo de circulación, incluyendo tráfico de personas y drogas. De especial atención es el abandono de la tierra y el proceso de urbanización, la pérdida de la identidad maya y el cultivo de la milpa, lo cual se suma a conflictos asociados, entre otros, al despojo de tierras, deforestación, contaminación de mantos acuíferos, monocultivos, presencia de megaproyectos generadores de energía y mega-granjas porcinas.

De estos riesgos los promotores del Tren Maya no informan a la población, ya sean funcionarios, investigadores o comunicadores, y justo esa es una de las razones por las que se ha impugnado la consulta a los pueblos originarios organizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas: ocultar las implicaciones del ordenamiento territorial y, en particular, de los polos de desarrollo. Conforme ha avanzado su ejecución, cada vez es más evidente que además de implicar la deforestación de la selva, la venta de tierras, el cambio de uso de suelo y la especulación inmobiliaria, este proyecto conlleva la penetración de una lógica de mercado que privatiza la tierra y la vida, afectando así las propias formas de valoración de los pueblos indígenas y originarios, los cuales con sus saberes y prácticas ancestrales han sabido cuidar y conservar, y hacer del Sureste una de las regiones con mayor riqueza y diversidad biológica y cultural del país.


Meliponicultura junto con tierras de cultivo y crianza de animales en el solar de una vivienda en La Lucha, Campeche. Foto: Eliana Acosta, 16 de abril de 2019

 

Impacto del reordenamiento territorial en las comunidades mayas y su relación ancestral con el territorio

Desde la perspectiva gubernamental el Tren Maya se concretará en un desarrollo socioeconómico de la región y de las comunidades locales basado en un nuevo ordenamiento territorial y paradigma de turismo sostenible e incluyente.[5] Presumiblemente el aprovechamiento del potencial turístico y de la integración regional traerá una derrama económica, creación de empleos, distribución de la riqueza y crecimiento de infraestructura de servicios para los habitantes de la región.

Al respecto, se destacan varios ejes constitutivos del proyecto, en cuanto al corredor ferroviario y la economía, además de subrayar que su construcción se hará en un 95% por vías existentes y constituir un medio de transporte menos contaminante, sobresale el uso mixto al dar servicio tanto de pasajeros y turismo como de carga.  Con el Tren Maya, la interconexión entre las comunidades y el impulso al turismo y a las actividades económicas “se pagará una deuda histórica” y se abatirá la pobreza que distingue a la región sur-sureste -se afirma en el proyecto oficial- especialmente, con el “efecto multiplicador” basado en la inversión pública, la generación de empleos, así como la promoción al turismo y a la construcción. Como fundamento de este supuesto se encuentra el ordenamiento territorial, el cual girará en torno de las estaciones del tren que se edificarán a lo largo de  los 1,500 km de las vías férreas que se proyectan en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas; éstas, que se han calculado entre 15 y 19 en el transcurso de la actual administración, conformarán centros urbanos y núcleos de actividad turística, comercial y económica generando polos de desarrollo y áreas de influencia que junto con una disposición urbana apropiada y la dotación de servicios públicos, se integrará económicamente a la región aprovechando de manera sustentable los recursos naturales y bioculturales e impulsando la diversificación productiva y las capacidades locales de las comunidades.

Siguiendo con el enfoque oficial, en relación con el eje ambiental se afirma que se controlará el efecto de mitigación de las obras de infraestructura y se favorecerá la conservación y rehabilitación de los ecosistemas. Entre las medidas que se tomarán está la restauración de la conectividad biológica, el uso menos intensivo del suelo, la reducción de la tala ilegal, el fomento de la producción agrícola y ganadera sustentable, manejo y disposición de residuos sólidos. Destaca la educación ambiental orientada a las comunidades locales con el fin de aprovechar de manera sustentable sus recursos, alcanzar la diversificación productiva y mejoramiento de las capacidades locales. Junto con el ordenamiento territorial, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, se contempla el impulso al patrimonio cultural a partir de la salvaguarda, conservación y mejoramiento de las zonas arqueológicas abiertas al público y la promoción turística del legado histórico, identidad y tradiciones de los pueblos originarios de la región.

En contraste, diversas organizaciones, estudiosos y medios de comunicación independientes han advertido desde que se dio a conocer el proyecto hasta la fecha de los múltiples impactos, riesgos e implicaciones del mismo, de los cuales las autoridades han dado información exigua o han omitido en sus documentos oficiales y actos de autoridad, incluida la Consulta a los pueblos indígenas y la Manifestación de Impacto Ambiental. Varios aspectos habría que subrayar, para empezar el vínculo del Tren Maya con megaproyectos previos y la relación que guarda con otros proyectos prioritarios del gobierno federal.  Sobre el primer punto, el Tribunal Permanente de los Pueblos desde 2013 denunció el acaparamiento de tierras, apropiación de bienes comunes y deforestación de la selva por la introducción de monocultivos y la mecanización de los sistemas agrícolas; afectación que se agudizó con el cultivo de soya transgénica y el uso de agrotóxicos, así como por la multiplicación de granjas porcícolas y la entrada de parques solares y energía eólica (GRAIN, 2020; Flores, et al, 2019). Como antecedente destaca el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), proyecto cancelado por la lucha legal emprendida por comunidades mayas que, bajo la apariencia del impulso de una economía verde, se pretendía extender el monocultivo de soya, palma africana o maíz hibrido, además del desarrollo inmobiliario, turístico, de la maquila y la agroindustria.

Así como el ASPY, el Tren Maya integra múltiples emprendimientos turísticos, agrícolas, industriales, energéticos, inmobiliarios que desde un enfoque geopolítico más que la Península de Yucatán, abarca la región Sur-Sureste, el Caribe y el Pacífico. Por tal razón se ha planteado que se debe de hablar de los megaproyectos del Sureste, y sumar a este proyecto, el Corredor Interoceánico como actualización del Proyecto Mesoamérica o el Plan Puebla Panamá en el marco de la expansión del capital transnacional y la integración del hemisferio norte favorecida por la ratificación del T-MEC (Ceceña, Veiga, 2019; Sandoval, Orozco, 2020; Sandoval, 2020).

La concreción de la integración regional en el marco del mercado global está representada por el traslado de mercancías a través del tren de carga, reduciendo costos y conectando centros industriales y puertos, pero especialmente por el impulso de los polos de desarrollo y el plan agroalimentario incluidos en el Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya. Desde una perspectiva crítica las estaciones y los polos de desarrollo como parte del reordenamiento territorial implican el predominio del mercado y la extensión de las relaciones capitalistas. A diferencia del corredor ferroviario, los polos de desarrollo serán financiados por el sector privado y estarán conformados por centros urbanos volcados al desarrollo turístico. Además de la urbanización, acelerarán la especulación inmobiliaria y la proletarización de una región con un alto porcentaje de régimen de propiedad social de la tierra y predominio de población campesina y comunidades indígenas (Núñez, 2020).

En efecto, el plan agroalimentario es parte sustancial del ordenamiento territorial y del área de influencia del corredor ferroviario con sus estaciones y polos de desarrollo, ya que se proyecta impulsar la producción de insumos para abastecer los centros de consumo turístico y desplegar el mercado regional. Al respecto, el mismo Jiménez Pons declaró en un Foro organizado por la Cámara de Diputados denominado “Iniciativas de Articulación Productiva del Sector Agroalimentario en torno al Tren Maya”, que el diseño y ejecución del proyecto habría que visualizarlo a corto y largo plazo:[6] por una parte, está la conexión del transporte ferroviario, la creación de empleos y el impulso al turismo y sector terciario y, por otra parte, el desarrollo del sector primario y la producción agroalimentaria. Sobre esta visión a largo plazo en ese mismo foro, Olga Vázquez, titular del programa agroalimentario del Tren Maya, abundó: con el proyecto, se tiene el fin de potenciar la vocación agroalimentaria de la región, crear infraestructura para favorecer la producción y la comercialización de materias primas, agregarles valor y facilitar la conectividad al exterior, específicamente a Norteamérica. Es así que, entre enclaves turísticos, ciudades, centros de abastos e hidrocarburos, ductos de fibra óptica, los funcionarios de FONATUR, proyectan parques industriales cárnicos, forestales y frutales, cuencas lecheras, granjas avícolas y porcinas, producción de sorgo y caña de azúcar, palma de aceite y soya.

Dada la magnitud y múltiples dimensiones que abarca este proyecto prioritario del gobierno federal se han subrayado los posibles impactos al ambiente y, más aún, a la diversidad biocultural que distingue a la región. Referente a este punto crítico, destacan las observaciones de estudiosos de distintas disciplinas sobre la Manifestación de Impacto Ambiental. Tren Maya Fase 1 Palenque Izamal realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.[7] Varios aspectos habría que destacar del documento generado por este grupo de investigadores, para empezar el hecho de que el Sistema Ambiental Regional demarcado por la MIA está mal definido por haberlo constreñido a fronteras estrechas y  fragmentarlo; en general, se considera que las obras y el desarrollo previsto en este proyecto además de que intensifica “la dinámica predatoria” no contempla con claridad las medidas de solución al daño ambiental. Por ejemplo, se subraya que los pasos de fauna- los cuales se han presentado como emblema de la protección al ambiente por FONATUR- carecen de sustento en cuanto al número, tipo y ubicación y lo que se abarca al respecto está desprovisto técnica y científicamente. Otro caso significativo es la falta de un estudio exhaustivo sobre el aumento de la población y demanda de los recursos hídricos, sobre todo considerando tanto el tipo de suelo kárstico de la región como el anillo de cenotes y el acuífero subterráneo en relación con el déficit del líquido vital, la creciente contaminación y agotamiento de los cuerpos de agua significativamente deteriorados por las actividades turísticas y el agronegocio.


Calakmul: Patrimonio Mixto de la Humanidad. Foto: Eliana Acosta, 15 de julio de 2019

Igualmente advierten la omisión en la MIA de los polos de desarrollo y sus impactos ambientales y en la población, en específico, la deforestación de selvas y bosques, afectación de los ecosistemas y asentamientos humanos no únicamente por la construcción del corredor ferroviario, sino también por el proceso de urbanización y el modelo de desarrollo proyectado. Aspecto que nos conduce al problema que interesa focalizar aquí: el impacto del reordenamiento territorial –incluidos los polos desarrollo y el plan agroalimentario- en las comunidades mayas y la relación ancestral con su territorio.

Hay dos ejes centrales para apuntalar la discusión: la significativa presencia de comunidades conformadas por pueblos originarios y la prevalencia de la propiedad social sobre la tierra. Se calcula que el área de influencia del Tren Maya abarca cerca de 1,500 comunidades indígenas y en los estados por donde cruzará y se edificarán las estaciones y los polos de desarrollo arriba del 50% de las poblaciones mantienen la propiedad ejidal o comunal (Sandoval, 2020). Estas comunidades, tanto las constituidas por asentamientos históricos anteriores al proceso de Conquista y las de reciente fundación derivadas de movimientos migratorios, mantienen una relación ancestral con la tierra y prevalecen formas de organización comunitaria.

Mientras que el plan agroalimentario del Tren Maya busca potenciar los capitales agroindustriales y articularlos con los desarrollos turísticos e inmobiliarios de la región, las comunidades han defendido su tierra y manera de vivir,  incluso entre conflictos y contradicciones al interior han cuidado las semillas nativas ante los transgénicos, procurando el “corazón y don del maíz”, “hacen milpa” frente a los monocultivos y defienden este legado ante el “maíz-producto”, siguen la agricultura itinerante  ante el sistema mecanizado y cuidan de las abejas y de la selva con su práctica también ancestral de la apicultura frente a los agrotóxicos que envenenan la tierra y desintegran la vida.[8]

Los pueblos tienen la tierra y las semillas, y su gestión comunitaria es parte de un legado histórico y cultural que prepondera un valor de uso territorial no subsumido al capital (Sandoval, 2020); si bien los pueblos originarios están integrados a la dinámica capitalista a través del trabajo o el consumo, aún sus territorios se encuentran al margen al mantener tanto un uso de los bienes desde una lógica comunitaria como al producir sus propios alimentos.

Bajo esta perspectiva, cabe cuestionar si el proyecto Tren Maya en su integridad, concebido como corredor ferroviario, ordenamiento territorial, polos de desarrollo y plan agroalimentario no pondrá en riego la estrategia de uso múltiple de los pueblos mayas que ha hecho posible tanto la conservación de su entorno como de su cultura y ha configurado a la Península como una de los lugares de mayor riqueza biocultural. Al respecto, Víctor Toledo, Narciso Bassols y otros investigadores afirman: “la estrategia campesina del uso múltiple constituye pieza clave para el diseño de cualquier iniciativa o política dirigida a lograr un desarrollo local, comunitario o regional sustentable” (Toledo, et al, 2008).

La estrategia de uso múltiple implica la biodiversidad útil de la milpa y otras prácticas agrícolas conjuntadas con los huertos familiares, la apicultura y meliponicultura, la extracción y recolección de recursos forestales, la caza y la pesca. Esta estrategia, declaran los autores, ha hecho posible que justamente las áreas conservadas de la selva y los enclaves bioculturales correspondan con el territorio de las comunidades mayas. Contrastando así, el centro con la periferia, esto es, el espacio que concentra la población originaria del polo modernizador donde se encuentra el desarrollo turístico, comercial e inmobiliario.

Al respecto, estos estudiosos centrados en los pueblos de la Península, han subrayado dos rasgos de la cultura maya: “i) su conceptualización sagrada de la salud, de balance o equilibrio precario, aplicado de manera transescalar desde el propio cuerpo humano, la casa, el huerto y la parcela, hasta la comunidad y el mundo entero o universo; ii) su estrategia de uso múltiple de la naturaleza que privilegia, a escala de la unidad doméstica, el aprovechamiento de toda una variedad de recursos naturales, tanto para fines de subsistencia como para su intercambio económico local y regional (Ibid). 

Los actuales mayas son depositarios de un conjunto de saberes y prácticas configurados históricamente que han hecho posible no sólo la continuidad de su cultura, sino también de la cadena de la vida.  Estrecho vínculo entre la biodiversidad de la región con el cuidado del territorio y las propias formas de valoración de las comunidades que se constatan en las concepciones y las relaciones que establecen en torno de la milpa, las semillas, el monte y los cuerpos de agua, y se despliega en su patrón de asentamiento y formas de vivienda, integrando la casa (con técnicas de construcción antiguas) con el solar, y el manejo de la tierra a través de la agricultura itinerante, la apicultura y el cuidado de la selva.

Justamente, la noción ancestral del cosmos maya se expresa en las formas en que las comunidades construyen y significan los distintos espacios a través de su vida cotidiana y ritual. Refiere al respecto la antropóloga Ella Fany junto con otros investigadores: “todo lugar es sagrado, todo lugar tiene su dueño, pero más los cenotes, las cuevas, los múules (cerros), ‘las ruinas’ los caminos viejos, los beel moson (caminos o rumbos de los remolinos), el monte y todo lugar donde esté vivo, tiene su dueño” (Fany, et al, 2003:284).  Estos dueños o señores son nombrados en maya yumitsilo’ob, guardianes que cuidan y protegen estos sitios y con los cuales se establecen complejas relaciones e intercambios rituales.

Además de esta concepción del territorio es fundamental la valoración sobre el maíz y particularmente de la práctica de hacer milpa. Por una parte, está el conocimiento sobre el maíz, nombrado Ixi’ im en maya - “seno de mujer” en su traducción-, en particular, acerca del ciclo, tipos, colores, tiempo y maduración del maíz, el cual a la vez que constituye la base de la alimentación, genera identidad y comunidad. Sobre la tierra, explica Alfredo Tum Cuxim, campesino y apicultor de Bacalar: “nuestros abuelos nos enseñaron que la tierra hay que cuidarla, hay que respetarla, porque de ahí viene nuestros alimentos ¿no? y nosotros respetamos la tierra como nuestra madre, porque una madre es la que, cuando nace, el hijo es el que le da el pecho, el que le alimenta, todo. Entonces mejor para nosotros vivir en nuestras tierras, nuestra madre, le cultivamos, nos da de comer, le ponemos semilla y nos regresa en abundancia ¿no? Y en el final de los tiempos del paso aquí en la tierra ¿Dónde vamos a dejar el cuerpo? La tierra nos cobija otra vez”.[9]

La mayor expresión de la lucha y resistencia de los pueblos originarios se encuentra precisamente en la reproducción de estos saberes y prácticas, concepciones y relaciones con una matriz cultural milenaria. Una manera de vida que se distingue por el vínculo que mantienen las comunidades con el territorio, la conexión con los antepasados que legaron la tierra y las costumbres, así como por la preservación de instituciones y tradiciones que conforman una identidad singular. Legado histórico que constituye especialmente una relación ancestral con el territorio que sustenta a la vez la supervivencia material y la integridad cultural.[10]

Este enfoque no sólo se deriva de la antropología, la historia o la ecología, sino también del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio. [11] Al respecto destaca Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales (2009), instrumento legal emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual además de establecer las medidas de protección y derechos, se demarca conceptualmente la relación ancestral con el territorio. Al respecto se precisa: “Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual. Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas; puede incluir el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena o tribal”. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras” (CIDH, 2010:1).

 

La diversidad biocultural y el legado histórico en riesgo

En el marco del reconocimiento de esta relación singular que los pueblos indígenas mantienen con su territorio y, en específico, de la obligatoriedad del Estado de adoptar medidas especiales de protección que garanticen su continuidad en conformidad con sus tradiciones y costumbres, llaman la atención dos acciones por parte de los promotores y ejecutores del proyecto Tren Maya: por una parte, la declaración de la no existencia de territorios ancestrales, o bien, la afirmación de que los pueblos indígenas ya no son lo que solían ser o de que la selva está ya devastada o de que ya no hay tal  y, por otra parte, la aplicación de un modelo de desarrollo no sólo ajeno al modo de vida de los pueblos, sino también, violatorio a su derecho sobre el territorio.

Se justifica la intervención y la puesta en práctica de un reordenamiento territorial por el trastrocamiento del territorio o de las comunidades originarias y dadas las condiciones de pobreza y marginación de la región; y a la vez que se busca legitimar el modelo de desarrollo emanado del gobierno federal -y de un proyecto diseñado desde un escritorio con intereses cada vez más evidentes, como el agroalimentario-, se niegan las propias alternativas originadas desde los pueblos y, sobre todo, su modo de vida y relación histórica con su hábitat.

Preponderar un etnodesarrollo, con buenas o veladas intenciones, cómo sea, en efecto, puede desembocar en un etnocidio por el hecho de negar la diferencia en nombre del bienestar y de la implantación de mejores condiciones de vida, o bien, de la prevalencia del interés público y nacional en soslayo del derecho comunitario.[12] Crítica situación para los pueblos originarios es también la pretensión, expresada en la versión pública del proyecto o en palabras del mismo ejecutivo, de la coexistencia armónica entre el modo de vida campesino e indígena con el agronegocio y sus monocultivos entre enclaves turísticos y la industria inmobiliaria.

Se busca configurar un nuevo ordenamiento territorial en el que lo pueblos estén volcados al turismo y provean con su fuerza de trabajo las nuevas ciudades, entregando su tierra como socios o cambiando su relación ancestral con la tierra y sus formas de organización comunitaria favoreciendo la agroindustria. Se fincarán empresas responsables del capital, intereses y mantenimiento de las nuevas ciudades, que como dicta su razón de ser, procurarán la mayor ganancia. Empresas que buscan negocios rentables a través de un turismo que por muy “sustentable y ecológico” se sustenta en el mismo principio: apropiación del territorio para la especulación inmobiliaria, la construcción de hoteles y espacios recreativos; explotación de los mantos acuíferos, introducción de monocultivos y generación de energía para sustentar los nuevos polos de desarrollo y el agronegocio.

Entre los objetivos principales del proyecto está la promoción cultural vinculada precisamente a la industria turística, Se pretende generar un desarrollo socioeconómico y turismo sostenible e incluyente, concibiendo así la cultura como un medio para la obtención de recursos económicos que se traduzcan en prosperidad para la región y las comunidades. En específico, sobre la cultura, se ha declarado la posibilidad “resguardar las culturas indígenas locales” y “promover el talento local y regional”.

Una cosa es que el turismo sea un medio de subsistencia entre otros como parte de la estrategia de uso múltiple de los pueblos y otra es que la apuesta de un desarrollo regional y un ordenamiento territorial giren en torno a él. En el tránsito de una cultura que es vivida como parte del conocimiento, creación y sensibilidad de un pueblo al ser consumida como un producto más entre tantos, no sólo se corre el riesgo de patrimonializar y folklorizar, sino también de mercantilizar y cosificar, vaciándola de su contenido y dinámica propias y reducir su valor a la capacidad de venta y generar ganancia. Muestra significativa de esta tendencia es el mismo término de Tren Maya como parte de una supuesta identidad regional, no sólo simplificando “lo maya” frente a la diversidad de los pueblos, sus culturas y sus identidades que se encuentran en los cinco estados del país por donde pasará este corredor, sino también por constituir su propia denominación una marca para la venta, un simple remedo para “experiencias auténticas de viaje” (De la Rosa, 2019). [13]  

Sobre esta visión mercantil de la cultura y, más aún, de la diversidad biocultural de la región, se declara en la página oficial del proyecto: “El sureste mexicano es un mosaico de maravillas naturales y culturales por explorar. La identidad de la región es producto de una ubicación privilegiada donde abundan cenotes, playas, selvas y una biodiversidad de riqueza innumerable. El cielo estrellado y las aguas cristalinas que por siglos han inspirado a la observación y el descubrimiento son los mismos que hoy despiertan la curiosidad e invitan a la aventura a los millones de viajeros del mundo entero que anualmente visitan este territorio.”

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia han advertido los riesgos de esta visión mercantil de la cultura y de las afectaciones al patrimonio cultural por la construcción del corredor ferroviario, la generación de polos de desarrollo y, en general, del reordenamiento territorial involucrado en el Tren Maya. Al respecto, se hizo una Denuncia de Hechos ante la Fiscalía General de la República; con base en la Ley Orgánica del INAH, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Paleontológicos (LFMZAAH), su Reglamento (RLFMZAAH), La Ley General de Bienes Nacionales y las de Condiciones Generales de Trabajo (CGT) se denunció la falta por parte de las autoridades del INAH, de la Secretaría de Cultura y de la Presidencia de la República, de acciones que garanticen la conservación de los monumentos arqueológicos existentes descubiertos y por descubrir, en específico, de una “comprobación fehaciente de que se hayan ordenado, propuesto, coordinado o impulsado, con el debido tiempo y oportunidad, los trabajos necesarios e indispensable para salvaguardar ese reconocido mundialmente como inagotado universo de monumentos arqueológicos existentes en el sur-sureste de la actual República Mexicana” (Echenique, et al, 2020) .

Por parte del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia se ha denunciado la falta de transparencia e información sobre el proyecto al interior del Instituto y se ha demandado la necesidad de instaurar un protocolo integral de evaluación con base en el principio precautorio, no solo para el Tren Maya, sino para todos los megaproyectos, desde una perspectiva transdisciplinaria fundamentado en una genuina participación social. Se ha exigido una política coherente con los principios rectores del INAH orientados a la protección del patrimonio cultural en el marco de la defensa de la integridad biocultural del país (Hersch, et al, 2019).

Se precisa efectuar investigaciones orientadas a la solución de los problemas de la población del país haciendo uso de nuestras herramientas, en particular, desde la antropología y la etnografía, es necesario no sólo dar cuenta de la parte política y económica sino también de la dimensión simbólica y mostrar que al despojar del territorio y de los bienes comunes se sustraen saberes y se amenazan otras formas de concebir el entorno y la relación con el mundo que implican otras formas de organización, lenguas, narrativas, rituales y cosmologías, las cuales desde los orígenes han hecho diversa a la humanidad.

Frente a la diversidad biocultural en riesgo, además de restituir la integridad propia de lo que está sucediendo en el país, a través de la etnografía -su método por excelencia- se hace perentorio entrever las contradicciones y la multidimensionalidad de la realidad social y avanzar en un conocimiento co-construido con la participación de los actores. Especialmente, hacer valer una de las atribuciones del Instituto y efectuar nuestra tarea como trabajadores académicos del Instituto tal cual se establece en nuestra Ley Orgánica: “Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país”. Legado ancestral de los pueblos que hoy evidentemente se encuentran en riesgo a causa de la entrega por décadas del país a las empresas extractivas y actualmente amenazado por megaproyectos como el Tren Maya.

 

Bibliografía

  • Ceceña, Ana Esther, Josué G. Veiga (2019), Avances de investigación. Tren Maya, OLAG-IIE-UNAM, México.
  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos.
  • Echenique, Felipe, et al, Denuncia de Hechos ante la presunta destrucción de monumentos arqueológicos que propiciará el mal llamado Tren Maya y el del Istmo de Tehuantepec, 15 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.snp-inahinvestigadores.org/wp-content/uploads/2020/08/DENUNCIA-CON-MAPAS-MAYO-2020-4.pdf.
  • Flores Adrián, Deniau Yannick y Sergio Prieto (2019), El Tren Maya. Un nuevo proyecto de articulación territorial en la Península de Yucatán. México: GeoComunes / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Disponible en: http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya.pdf.
  • Grupo constituido por CONACYT para el análisis de riesgos en los territorios en los que está proyectado el Tren Maya (GC-TTM), Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles, CONACYT, 2019.
  • Fany, Ella, et. al. (2003), ULU’UMIL MAAYA WÍNIKO’OB: LA TIERRA DE LOS MAYAS”, Diálogo con el territorio. Simbolización sobre el espacio en las culturas indígenas de México, Alicia Barabas (coord..), México, INAH, Tomo I, pp.273-360 (Etnografía de los Pueblos Indígenas de México).
  • Hersch, Paul, Rosa María Garza, Eliana Acosta, Joel Santos, “Los Resolutivos del II Congreso de nuestro Sindicato: un proceso diagnóstico y propositivo, necesario y vigente, requerido de actualización y seguimiento”, III Congreso Nacional de Profesores y Profesoras de Investigación Científica y Docencia del INAH, Cuernavaca, Morelos, 17 de febrero 2020.
  • Prieto, Diego, Comunicado III, Dirección General, INAH, 26 de mayo de 2020.
  • Rosado, Samuel, Ramón Vera-Herrera, “¿Tren Maya? Auge de proyectos acaparadores, desprecio por la gente”, Ojarasca 264, abril de 2019.
  • Sandoval Vázquez, Daniel (2020), Tren Maya, Sembrando vida y Corredor Transístmico (Impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas), CECCAM-Brot für die Welt-, CS Fund-Warsh Mott Legacy- Misereor, México.
  • Sandoval Palacios, Juan Manuel, Marcela de Lourdes Orozco (2020), Cuadernos de Trabajo. Análisis de coyuntura sobre la crisis económica y las medidas gubernamentales de contingencia frente al COVID-19 en México, Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
  • Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, Oficio No. SI/109/2020 dirigido a la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro y al Director de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, 24 de abril de 2020.
  • Toledo, Víctor, et. al., “Uso múltiple y biodiversidad entre los Mayas Yucatecos (México)” Interciencia, Asociación Interciencia, Caracas, Venezuela, vol. 33, núm. 5, mayo, 2008, pp. 345-352
  • Varios autores (2019), Impactos Sociales y Territoriales del Tren Maya. Miradas Multidisciplinarias, DEAS-INAH, UAM-X, Altepetl Desarrollo Comunitario Productivo y Ambiental A.C.
  • Varios autores, Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R). Tren Maya Fase 1 Palenque-Izamal. Disponible en: http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2020-07/Observaciones%20MIA-R%20para%20SEMARNAT%20_0.pdf.

 

Otras fuentes consultadas

  • De la Rosa, Alejandro, “Cambio de ruta en Tren Maya fue el más grande dentro del proyecto”, El Economista, 19 de junio de 2019, en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cambio-de-ruta-en-Tren-Maya-fue-el-mas-grande-dentro-del-proyecto-20190619-0010.html.
  • Escalante Gonzalbo, Paloma, “¿Nos robará el tren el paraíso?”, La Jornada, 18 de junio de 2020, en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/18/nos-robara-el-tren-el-paraiso-paloma-escalante-gonzalbo-3727.html.
  • FONATUR, Tren Maya, en https://www.trenmaya.gob.mx.
  • GRAIN, “El mal llamado Tren Maya: Acaparamiento multimodal de territorios”, 28 de febrero de 2020, en https://www.grain.org/es/article/6416-el-mal-llamado-tren-maya-acaparamiento-multimodal-de-territorios.
  • Nolasco, Samantha, J. Francisco De Anda, “El INAH es la gallina de los huevos de jade”, El Economista, 10 de junio de 2019, en https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-INAH-es-la-gallina-de-los-huevos-de-jade-Diego-Prieto-20190610-0148.html.
  • Nuñez, Violeta, “Los misteriosos polos de desarrollo del Tren Maya,” Rompeviento, 2 de agosto de 2020, en https://www.rompeviento.tv/los-misteriosos-polos-de-desarrollo-del-tren-maya/.
  • Ribeiro, Silvia, “¿Quién gana cuando comemos veneno?”, La Jornada, 15 de agosto de 2020, en https://www.jornada.com.mx/2020/08/15/opinion/023a1eco.
  • Foro: “Iniciativas de Articulación Productiva del Sector Agroalimentario en torno al Tren Maya” llevado a cabo el 9 de julio de 2020. Disponible en: https://ne-np.facebook.com/camaradediputados/videos/foro-iniciativas-de-articulaci%C3%B3n-productiva-del-sector-agroalimentario-en-torno-/278673713410329/.

 

[1]    Derivado del trabajo colectivo se elaboró de manera conjunta el informe Impactos Sociales y Territoriales del Tren Maya. Miradas Multidisciplinarias y una versión sintética en formato de folleto con el título, ¿Sabías que el tren maya…? Actualmente se continúa personalmente con la investigación centrada en los mayas peninsulares y su relación ancestral con el territorio.

[2]    En esa misma entrevista refiere a la contribución del INAH a la economía nacional a través de la difusión y el turismo, aludiendo al Instituto como “la gallina de los huevos de jade”.

[3]    Sin convocar a otros antropólogos que tienen como línea de investigación la Península de Yucatán y el Tren Maya en particular.

[4]    De manera adicional, uno se pregunta por qué Escalante lanza una serie de acusaciones a organizaciones opositoras del proyecto, atribuyéndoles falta de legitimidad y afirmando que son apenas un puñado de activistas. ¿Con qué fin hacer esa clase de acusaciones, justo de organizaciones que están emprendiendo luchas legales en contra del Tren y que tienen una trayectoria destacada en defensa de sus territorios frente a los megaproyectos y han mantenido alianzas con múltiples pueblos, organizaciones y académicos del país? ¿Por qué centrar la acusación en la falta de representación del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil precisamente en Calakmul? Dada la línea de interpretación, uno no espera una referencia sobre los usos de los programas sociales para favorecer la aceptación del proyecto o del trabajo que estos defensores llevan a cabo en múltiples comunidades y cómo se articulan con otras organizaciones locales, pero lo que si extraña es que no haya hecho mención de la solicitud que la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger al sistema de cenotes como parte integral del territorio de distintas poblaciones indígenas, amenazado por la construcción del llamado “Tren Maya”.

[5]    Parte de la perspectiva gubernamental y la versión oficial del proyecto se encuentra en la página de internet del Tren Maya: https://www.trenmaya.gob.mx/

[6]    Foro: “Iniciativas de Articulación Productiva del Sector Agroalimentario en torno al Tren Maya” llevado a cabo el 9 de julio de 2020.

[7]    Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R). Tren Maya Fase 1 Palenque-Izamal.

[8]    Autonomía alimentaria que se opone a los intereses del agronegocio, al respecto Silvia Ribiero (2020) ha planteado la existencia de dos modelos de agrolimentación contrapuestos: “sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente”.

[9]    Entrevista a Alfredo Tum Cuxim, Blanca Flor, Poniente de Bacalar, Quintana Roo, 26 de abril de 2019

[10]  Bajo esta perspectiva, habrá que decir que la relación ancestral con el territorio entre los mayas peninsulares tiene múltiples expresiones, entre las cuales se encuentran: 1) la concepción de señores guardianes del territorio; 2) la noción de cuerpo y persona maya en contigüidad con el territorio; 3) el cuidado de la salud del territorio, 4) el legado de los ancestros y el saber de los especialistas rituales; 5) conocimiento y uso del hábitat; 6) ciclo agrícola y complejo ritual; 7) concepción de la tierra, el maíz y las semillas;8) la milpa y el solar; 9) la apicultura y el cuidado de la selva; 10) patrón de asentamiento y vivienda. Estas expresiones de la relación ancestral de los mayas peninsulares con el territorio se desarrollan en un capítulo del libro colectivo Impactos sociales y territoriales del Tren Maya.

[11]                     Al respecto se encuentra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ha servido como fuente de derecho y marco jurídico de los derechos territoriales. Otros instrumentos han sido La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCP]40; por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009:2-7)

[12]  “El etnodesarrollo puede tener un giro positivo” se afirmaba en la MIA, expresión que después de desmintió, sin embargo, aun siendo una equivocación son evidentes las implicaciones del carácter etnocida en su idea de desarrollo.

[13]  En ese sentido y en relación con el vagón cultural para los turistas, declaró Rogelio Jiménez Pons, titular de FONATUR: “El gobierno federal busca que viajar en el Tren Maya sea una experiencia inolvidable.  Los turistas, nacionales e internacionales, que lo aborden iniciarán en uno de sus vagones el mágico recorrido. Música, proyecciones, fotografías, réplicas de la cultura local e información en varios idiomas son algunas de las cosas que ahí se verán”.