Número 6

10 con los inmuebles históricos y se manifiestan en contra de su uso discrecional por parte de las auto- ridades ( La Jornada , México, 2 de julio de 2008); en septiembre, más de 100 integrantes de la Asamblea Nacional de Arquitectura y Restauración denun - ciaron a la empresa canadiense Minera San Javier S. A., de provocar daños irreparables al patrimonio de este pueblo, en el estado de San Luis Potosí ( La Jornada , México, 11 de septiembre de 2008); en di - ciembre todos los sindicatos del INAH se movilizan para detener el proyecto Resplandor Teotihuacano ( La Jornada , México, 21 de diciembre) La burocracia de CONACULTA, por su parte, ha estado insistiendo en proyectos de ley privatizadores y en la búsqueda de su legitimación como institución centralizadora. Mientras el Instituto Nacional de An - tropología e Historia (1939) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (1946) tienen una larga trayectoria desde su respectiva creación por el Congreso de la Unión, el CONACULTA surgió por decreto presidencial de Carlos Salinas en 1988, quien encargó a este organismo ta - reas de coordinación de los Institutos que en los he - chos devino, principalmente en el sexenio foxista, en una elite dispendiosa y sin conciencia social e histórica que en violación del marco jurídico existente ha ido asumiendo un estatus de superioridad sobre estas de- pendencias, apropiándose ilegalmente de algunas de sus funciones y trabajos en su beneficio. Mientras los presupuestos del INAH e INBA no han crecido en estos años, el CONACULTA ha dedica - do enormes sumas de dinero a proyectos no priori - tarios, como es el caso de una macro biblioteca en el Distrito Federal, inaugurada apresuradamente en el 2006, para ser cerrada en marzo de 2007 con graves anomalías financieras y de construcción. En contras - te, en mayo del 2008 se dio a conocer un diagnósti - co del propio Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el que reconoció que los “tesoros del país” estaban resguardados en recintos obsoletos y sin re - cursos ( La Jornada , México, 18 de mayo de 2008). Las reformas legislativas Asimismo, los sindicatos del INAH y el INBA han ex - puesto ante la opinión pública en estos años las ra- zones de su rechazo a los proyectos legislativos que corresponden a las modificaciones impuestas por la globalización neoliberal de los sistemas jurídicos internos en cada Estado con el propósito de cubrir la transnacionalización de sus intervenciones. Esto ocurre principalmente a partir de la iniciativa de “Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación” presentada por el senador del PAN Mauricio Fer - nández Garza, el 28 de abril de 1999 10 , y de la ini - ciativa de “Ley de Fomento y Difusión de la Cultura” presentada en septiembre de 2005, iniciativas que con múltiples variantes se han intentado imponer en el Congreso desde entonces. Los proyectos de ley que recurrentemente se han presentado en materia cultural sostienen una concepción de cultura que se equipara con la del co - nocimiento y disfrute de la hegemónica occidental, reflejando en consecuencia el menosprecio por la di - versidad y civilizatoria de los distintos pueblos indios, exhibido por los gobiernos de la derecha mexicana. En estos proyectos se asignan facultades al CO - NACULTA similares a las de una Secretaría de Esta - do, con funciones de superior jerárquico respecto de los demás órganos del sector cultura, centrali - zando en su titular decisiones que por ley compe - ten exclusivamente al INAH y al INBA. Acorde con estas propuestas, el titular de CONACULTA dirigiría, supervisaría y coordinaría las actividades de los ins - titutos, propondría el nombramiento y remoción de sus respectivos Directores y acordaría con ellos asuntos de competencia de esas instituciones, vio - 10 Grupos parlamentarios del PRD en las Cámaras de Dipu- tados y Senadores. En defensa del patrimonio cultural de la nación. Posición en torno a la Iniciativa de Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. México: 57 Legislaturas del Congreso de la Unión, 1999.