Número 6

11 lando con ello las leyes vigentes sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y las orgánicas del INAH y el INBA. CONACULTA intenta transformarse ya no de fac- to sino por ley en un supra organismo fiscalizador, obviando su trayectoria probada de ineficiencia, co - rrupción, dilapidación presupuestal, manejo discre - cional de recursos e intrusiones fuera de la ley, que lo han caracterizado en estos años. En el ámbito de las ciencias sociales, la inicia - tiva provocó un repudio que, siendo generalizado, no se consideró unánime. Nestor García Cancli - ni manifestó su apoyo a la iniciativa y consideró a quienes se oponen a la misma como una “izquierda anclada en el pasado”, aferrada a un marco jurídico “anterior al video, a Internet y a las formas recien - tes de globalización del turismo y de las inversio - nes trasnacionales en cultura”; “una izquierda que no se ha percatado de que México y el mundo han cambiado”. Paradójicamente, después de que la discusión sobre legislación y políticas culturales llevaba más de 10 años desarrollándose dentro y fuera del INAH, en múltiples coloquios, mesas re - dondas, congresos y publicaciones, García Canclini declaró el debate inexistente, lo consideró un “no- debate” señalando que “en los últimos años se ha desvanecido la discusión sobre qué políticas cultu - rales necesitamos en México”. Tal vez García Canclini no se percató de la ex - traordinaria discusión pública que se dio hace po - cos años, con motivo de la presentación en 1999 de la iniciativa del senador Mauricio Fernández Garza para reformar la fracción XXV, del artículo 73 de la Constitución Política, misma que violentaba el espíritu y la letra de la Carta Magna, promovía la privatización del patrimonio cultural, proyectaba una concepción de patrimonio cultural limitada y elitista, había sido elaborada sin tomar en cuenta a la comunidad científica, desmantelaba al INAH y al INBA y creaba incertidumbre laboral en estos or - ganismos, promoviendo una reforma constitucional superficial, ociosa e intrascendente. Gracias a la movilización de los gremialistas tras- nochados , la reforma fue derrotada con argumentos y discusiones que trascendieron a los ámbitos legis - lativos. A Canclini le pareció un no-espacio el Parla - mento Alternativo, al grado de entrecomillarlo. Si hu - biera leído las ponencias presentadas en este “foro de la izquierda” y las que en un número superior a la centena se presentaron en el IV Congreso de Inves - tigadores del INAH de septiembre del 2005(muchas de ellas sobre los temas que, según él, “la izquierda” desconoce o pasa por alto) se hubiera dado cuenta que el debate estaba vivo y las críticas a una inicia - tiva en particular, --la de Sara Bermúdez--, la de la burocracia buscando legitimarse y legalizarse, la que pretende posesionarse de la política cultural del país para beneficio de los industriosos empresarios-- , es- tán basadas en evidencias que deben rebatirse no con disquisiciones generales y descalificaciones a modo sino mediante un análisis riguroso de las ca - racterísticas de las iniciativa de ley y del sector de clase que las sustenta. Los proyectos de ley son particularmente peli - grosos en lo que refiere a las “industrias culturales”, ya que benefician principalmente a las grandes em - presas del mundo globalizado, al otorgar apoyo gu - bernamental amplio, abierto y casi irrestricto a em - presas privadas consideradas “culturales”, actuando el presidente de CONACULTA como el facilitador y gran concesionario de esos fondos. Detrás de estas propuestas de ley están las tras - nacionales del turismo mercancía (con todos los sub - terfugios y las variedades seudo ecológicas) y los in - tereses empresariales de sus socios locales cercanos al grupo gobernante. Centralización, poder absoluto sobre la política cultural y privatización del patrimo - nio del país son los fundamentos de la política cultu -