Número 6

12 ral de los llamados “gobiernos del cambio” de Vicen- te Fox y Felipe Calderón. El jueves 27 de abril del 2006, por ejemplo, se aprobó un paquete de dictámenes que inician el pro - ceso para modificar varios artículos de la Constitu - ción Mexicana, de los cuales dos de ellos afectan de manera directa la Ley Federal sobre Monumentos y zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Las reformas constitucionales eliminaron de la fracción XXV del articulo 73 constitucional, la facul - tad exclusiva del Congreso de la Unión de legislar so - bre “ vestigios y restos fósiles y sobre monumentos ar - queológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional” y otorgaron a las legislaturas de los estados dicha facultad; asimismo, al modificar el artículo 124 de la Constitución, extendieron a los gobiernos de los estados y los municipios el ejercicio concurrente, junto con el gobierno federal, en mate - ria de conservación e investigación de los monumen - tos arqueológicos, artísticos e históricos. La exposición de motivos de esa reforma justi - ficó la necesidad de fortalecer el federalismo como “columna vertebral en la construcción de la Repúbli - ca”, argumento que en una real transición democrá - tica tendría razón de ser y motivo de apoyo. Sin embargo, no fueron el federalismo democrá - tico-participativo y la búsqueda de una mayor equi - dad en las competencias entre federación, estados y municipios los motivos de los legisladores de los par - tidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Na - cional (PAN) que votaron en favor de esta reforma, con la complicidad de las demás bancadas que no se movilizaron para detenerla ni alertaron, al menos, a la opinión pública y a la comunidad de trabajadores de la cultura. Paradójicamente, fue Manuel Bartlett, operador del fraude electoral cibernético de 1988 que posibilitó la usurpación de la presidencia de la República por Carlos Salinas, quien manifestó su preocupación por la reforma sin reflexión alguna y sin medir las repercusiones que esta tendría, mien - tras los senadores de la izquierda institucionalizada mostraban una irresponsable indiferencia. Las reformas obedecieron a intereses de los grandes grupos de poder político y económico, tras - nacionales, nacionales y regionales y a los poderes fácticos que desde hace décadas acechan el patri - monio arqueológico, histórico y artístico de la nación para usufructuarlo y enajenarlo para su beneficio y para, por esa vía, dar entrada a su privatización y mercantilización. Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de la cultura alertaron inmediatamente sobre la amenaza que estas reformas representaban y ana - lizaron las implicaciones que las mismas tendrían en la rectoría nacional de las políticas de conservación e investigación, y en la integridad de los institutos y las instituciones respectivas. Detrás del argumento de un supuesto fortaleci - miento del federalismo, la realidad era otra: la de los gobernadores, presidentes municipales, desarrolla- dores, empresarios, coleccionistas y corredores de piezas arqueológicas, corporaciones que pretenden tener las manos libres para el manejo discrecional del patrimonio cultural, de las zonas arqueológicas y los monumentos históricos, contrarios a la participa - ción de las comunidades, la sociedad civil y los pue - blos indígenas, y colaboradores-socios de las grandes empresas de turismo, inmobiliarias y de comercio. El INAH en la mira El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en particular, forma parte de los bienes públi - cos que los neoliberales desearían ver sometidos a la lógica de ese proceso de ocupación integral trasna-