Número 20
26 Mina Carrizalillo ca, Guerrero y Chiapas. Ya son decenas de organiza - ciones sociales y pueblos enteros los que se han or - ganizado para denunciar la depredación que sufren sus comunidades y el medio ambiente a raíz de estos megaproyectos. Y, a finales de 2012, en este muni - cipio de Frontera Comalapa se realizó el Encuentro Chiapaneco en Unidad contra el Modelo extractivo Minero con la conciencia de que entre más recursos naturales se extraen de sus territorios, mayor pobre - za se genera en la población. La protesta no está de más. Entre 2000 y 2012, sólo en Chiapas, el gobierno federal otorgó 120 con - cesiones a empresas extranjeras para explotar minas en 40 de los 122 municipios de la entidad, lo que sig - nifica que el 15 por ciento del territorio estatal está en manos de transnacionales que tienen autorización para extraer metales y minerales durante 50 años. Se calcula que, a través de ese número de per - misos, se han entregado más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y co - munidades donde se pretenden ubicar o dse ubi- can las minas. Las concesiones en Chiapas son para extraer oro, plata, cobre, fierro, zinc, magnetita, barita, plomo, ti - tanio, antimonio, molibdeno, woltramco y hasta gra - va y arena. Lo que más explotación tiene aquí es la barita, mineral que es utilizado por empresas como Petróleos Mexicanos. Pero también se extrae oro y para la obtención de este metal, las empresas usan cianuro, plomo, cadmio, cobre y arsénico, junto con
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