Número 21

23 la empresa, no se sabe por qué razón fue otorga - da la autorización de cambio de uso del suelo, si es que acaso esta autorización existe. 6. El ejido deseaba instalar un relleno sanitario para resolver el creciente problema de la basu - ra, sobre tres de las miles de hectáreas que la empresa ha impactado con la actividad minera. La SEMARNAT negó el permiso, argumentando que “esos terrenos no tenían condiciones ade - cuadas para el relleno”. Sin embargo, la empresa le solicitó al ejido, en contubernio también con la SEMARNAT, de 3 a 5 hectáreas de un área con bosque con el propósito de desmontarlo, hacer el relleno sanitario, lo que implicaba que ahí si la SEMARNAT estaba dispuesta a otorgar el permi - so correspondiente. 7. En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dicha institución pública no fue capaz de detener el proceso minero de tajo abier - to, a pesar de que uno de los tajos literalmente se localizaba precisamente en el subsuelo de una zona arqueológica perteneciente a la cultura Balsas-Mezcala. Lo único que realizó fue el “rescate” de qui - zás una cuarta parte de la zona arqueológica, pues el resto ya había sido dinamitado por la empresa sin ning ú n tipo de in - tervención por parte del INAH. 8. La policía estatal, enviada por el presidente municipal en tur- no del ayuntamiento Eduardo Neri, realizó la detención con violencia de aproximadamen - te 80 compañeros que duran- te el año 2007 estuvieron en plantón y quienes cerraron la empresa por más 80 días. Esta acción incrementó el descon- tento social a tal grado que la empresa se vi ó obligada a iniciar un proceso de diálogo y negociación que finalmente derivó en la nuli - dad del contrato fraudulento que la minera ha - bía realizado al “comprar” tierra de uso común, prohibida por la ley agraria 9. La Procuraduría de Protección al Ambiente (PRO - FEPA), quien tiene que dar seguimiento al cum - plimiento a las medidas de “mitigación” y daños al ambiente previstos en la MIA, ha procedido, por decir lo menos, como una tapadera legal de las ilegalidades de la empresa, incluyendo la bur - la de entregar certificados de “industria limpia”. 10. Además de estar coludidas con la empresa, las entidades públicas del Estado y los funcionarios del gobierno federal, responsables del segui - miento y control, no supervisan las actividades que se encuentran al margen de las disposicio - nes legales vigentes, pero el asunto resulta aún peor, cuando nos percatamos que dichas instan- cias carecen de capacidad para fiscalizar o con - trolar dichas actividades. 11. El derecho al agua ha sido flagrantemente vio - lentado por parte de la empresa, a pesar de que