Número 23

29 Cabe destacar que la empresa refiere haber he - cho un pago por impuestos, para el año 2011, de 360,074 pesos, lo que equivale a unos 30,000 dólares para el total de las siete concesiones, lo que corres - ponde aproximadamente el pago anual de dos dó - lares por hectárea. Si comparamos esta cifra con la plusvalía que la empresa pretende generar, se puede comprender el carácter irrisorio y meramente sim - bólico de sus montos fiscales de pago. La empresa calcula un flujo neto de ingresos a conseguir en tres años y medio de explotación, de cerca de 185 millo - nes de dólares, calculando la onza de oro en 1,150 dólares y la de plata en 21 (Turner y cols., 2012:ES2). A su vez, las siete concesiones otorgadas afec - tarían directamente los núcleos urbanos de Tlajotla, Palpan, Palo Grande y El Rodeo del municipio de Mia - catlán, a las colonias de Palo Bolero, La Calera, Loma Bonita, Las Flores, Francisco Villa, Santa Cruz Milpillas y Las Palmas de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, además de encontrarse en colindancia con Tetlama y la Unidad José María Morelos del municipio de Te - mixco (Mapa 4). Afectarían también a los núcleos agrarios de los bienes comunales de Tetlama, Cuen - tepec, Miacatlán y Alpuyeca, y los ejidos de Tetlama, Palpan, Tlajotla, Palo Grande, Miacatlán, Coatetelco y Xochitepec, los cuales, de ser sometidos a relacio - nes contractuales con la empresa a cuyo modelo de acuerdo se alude más adelante, significa en los he - chos la concreción de un despojo territorial. 3 Este es muy en breve el escenario del caso que nos ocupa, similar a otros en el país y en América La - tina (Delgado-Ramos, 2010): un elevado, casi incon - mensurable flujo de capital externo , asociado a una práctica ausencia del Estado como garante del Bien Común, manifiesto ello en la naturaleza entreguista de la actual Ley Minera. A lo anterior se suma la con- dición de abandono en que se encuentra buena par - 3  Resumen Ejecutivo presentado por el Movimiento More- lense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, Cuernavaca, 22 de junio de 2013. te de nuestras comunidades campesinas e indígenas, además del clima de violencia e impunidad 4 por el cual atravesamos actualmente, y la falta de instan- cias ciudadanas y de gobierno con la suficiente ma - durez para enfrentar la problemática que emana de este contrastante encuentro, no sólo de economías, sino de referentes culturales e identitarios. El extractivismo externo de recursos, radical y desequilibrado, no es un fenómeno sociocultural nuevo en México: ha marcado buena parte de la historia patria. A diferencia de la expoliación inicial centrada en productos naturales como la vainilla, el cacao, el lináloe o el henequén, todos ejemplos de especies de origen nacional que fueron luego lleva - das a cultivo fuera del país, ni los recursos energéti - cos fósiles como el petróleo, el carbón o el gas ni los recursos minerales son por supuesto susceptibles de cultivo. De ahí la relevancia de la modernización tec - nológica en este rubro industrial; por ello, lo nuevo es el alcance tecnológico que se ha logrado desarrollar en el campo de la minería, pero también, de mane- ra complementaria, el nivel de desarrollo mismo del aparato legal y político subordinado al interés de las empresas, al grado de que, en términos de una pers - pectiva global y para fines operativos, las concesio - nes no corresponden a las extensiones del subsuelo con que ya cuentan las empresas: son instancias del propio aparato de Estado las que se encuentran en los hechos concesionadas , aplicando puntualmente, como agentes expeditos de las compañías mineras, su misma lógica empresarial. El cabildeo intensivo entre legisladores y funcio - narios, la desinformación sistemática, la ingeniería de conflictos emergen como simples recursos opera - 4  Sin tomar en cuenta el fenómeno del subregistro, de ene- ro de 2012 a abril del 2013, el estado de Morelos ocupó ya el primer lugar en la tasa de secuestros y de robo con violencia en el país, habiendo ocupado el primer lugar en 2010 y 2011 por extorsión (Secretaría de Gobernación , Incidencia delicti - va, Tasas por cada 100,000 habitantes, Sistema Nacional de Seguridad Pública (sic), México, 2013.