Número 24

8 sobre todo en el ya desgarrado campo mexicano en donde radican precisamente los pueblos originarios que según el artículo 2º constitucional constituyen la base de nuestra nacionalidad. Quienes son históricamente responsables de es- tas decisiones no previeron la creciente desigualdad y polarización social que hoy caracteriza al país (aun - que era perfectamente previsible); no pensaron en la destrucción del campo sino solamente en las ga- nancias obtenidas de las actividades agrocomercia - les que benefician principalmente a algunos estratos privilegiados; no tomaron en consideración la desin - tegración de la vida comunitaria que había dado for - taleza a lo largo de nuestra historia precisamente a los pueblos originarios. Según datos oficiales (INEGI, CDI, Banco de Méxi - co, Banco Mundial, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD, y un sinfín de estudios académicos e informes de las organizaciones de la sociedad ci - vil (OSC), casi la mitad de la población nacional sufre hambre cotidiana; la mayoría de los pobres es gente del campo; la pobreza extrema se concentra entre la población indígena, la que también acusa los más bajos índices de bienestar social, niveles de vida, ni - veles educativos. Agréguese a estos datos la creciente criminali- dad y violencia que sufre la población nacional; que es precisamente la consecuencia (sin duda inespera - da pero ineluctable) de la desintegración social a la que acabo de hacer referencia. Si hace un momento hablaba yo de bajos indi - cadores de seguridad alimentaria y bienestar econó- mico entre la población indígena y rural campesina (sin precisar la condición étnica como un factor rí - gido, que complicaría innecesariamente el análisis), ahora agregamos el nivel decreciente de seguridad humana (que incluye todos los factores anteriores) al cual estamos expuestos todos los mexicanos, inde- pendientemente de que seamos indígenas, mestizos o criollos (tres categorías étnicas que aún guardan su valor sociológico en este país plural). Por todo lo anterior cobra importancia prestar debida atención al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no meramente para celebrar la diversi - dad cultural (como prefieren algunos), o recordar la raíz profunda de nuestra identidad nacional (como quisieran otros), sino para ponderar serena y objeti - vamente las disyuntivas que se presentan en el año del Pacto por México a la nación plural que somos y que quisiéramos mantener sin exclusiones ni dis - criminaciones. Porque a lo largo de estas últimas décadas de debates, discusiones y proyectos, ha quedado evi - dente que la incidencia sobre la vida nacional de lo que en alguna época se llamaba, con el característi - co sesgo racista prevaleciente entonces, “el proble - ma indígena,” ha configurado el discurso público de múltiples maneras. Es notable, por ejemplo, que en las campañas electorales del año pasado se habló poco de esta “cuestión indígena” y menos aún de visiones alter - nativas de nación. Cuando toda la problemática ex - puesta anteriormente no se puede entender sin una visión clara de la Nación a futuro. Desde otra perspectiva, la problemática con - tenida en el concepto de “cuestión nacional” (para usar otro término que aparece con frecuencia en la literatura), se encuentra hoy en día englobada en un discurso más amplio que rebasa temas constitucio - nales, legislativos o de políticas públicas. Me refiero al tema universal de los derechos humanos. Ustedes, legisladores, lo han reconocido cuan - do establecieron los derechos humanos como artí - culo 1º de la CPEUM y los derechos indígenas como artículo 2º. Con estos dos artículos se abre la lec - tura de nuestra Constitución, y si yo fuera maestro de escuela, comenzaría por allí mi clase de civismo (Sólo que el civismo parece haber desaparecido del curriculum oficial..) La ONU enfoca sus actividades en pro de los pueblos indígenas en sus derechos humanos. Este es el sentido profundo de la Declaración de 2007. Y lo es también, simbólicamente, del Día Interna - cional que ahora se celebra. La temática de los de -