Número 24

9 rechos humanos recibe atención pública principal- mente cuando estos son violados. Es el caso de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, así como en México. De allí que las organizaciones y los movimientos indígenas enfocan sus luchas y de - mandas en la consecución de sus derechos huma- nos, sin los cuales no se pueden alcanzar políticas públicas eficaces. En estos días, numerosas organizaciones de la sociedad civil (OSC) reclaman el cumplimiento de es - tos derechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala reiteradamente el aumento de vio - laciones de derechos humanos de los indígenas. Y es que existe una creciente brecha entre las leyes y su implementación, brecha que se ha llenado de viola - ciones acumuladas de los derechos indígenas. La legislación internacional y nacional reconoce la existencia de derechos individuales y colectivos: los de los individuos indígenas, los conocidos dere - chos civiles y políticos; y los de las colectividades, comunidades y pueblos indígenas que abarcan tam - bién a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los indígenas en México han sido y siguen siendo víctimas de la violación de ambas ca - tegorías de derechos: individuales y colectivos. Los individuales se concentran en abusos de las fuerzas del orden, la corrupción en la administración de jus- ticia, la ineficiencia de los servicios públicos (como en educación, salud, vivienda, servicios urbanos), y las actitudes racistas y discriminatorias de otros sec - tores de la población en contra de especialmente las mujeres y los niños y niñas indígenas. Numerosas denuncias sobre estos abusos han sido canalizadas en años recientes a las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, y tam- bién de manera creciente al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, del cual es miembro México. Aún más preocupante es que las violaciones a los derechos individuales están imbri - cadas en las violaciones a los derechos colectivos de pueblos y comunidades. En consecuencia de la inserción de México en los procesos de globalización, el país ha sido inva - dido por empresas extranjeras que se han volcado como un tsunami sobre la extracción de recursos naturales y materias primas que se encuentran principalmente en las regiones indígenas. En estas zonas se han podido apoderar, con el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales, de tie - rras, aguas, bosques, costas, espacios poblados y despoblados, áreas desérticas y selváticas (de las cuales quedan muy pocas….), con efectos conside - rables sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones locales. Gracias a la contrarreforma agraria de 1992 y la creciente privatización de la propiedad agraria, nu - merosos territorios indígenas (principalmente bajo la forma de propiedades ejidales y comunales) se han desintegrado y han perdido su capacidad de soste- ner las actividades que los pueblos indígenas nece - sitan para su sobrevivencia. Situación que se agravó durante décadas por la falta de políticas públicas de apoyo a la economía campesina. Esta situación ha conducido a numerosos focos de conflictos sociales y políticos en el país, protagonizados por comunidades indígenas en defensa de sus territorios y recursos ante lo que es de hecho una forma de neocoloniza - ción del México indígena. Como ejemplo podemos citar el impacto de la actividad extractivista minera que creció conside - rablemente durante la década pasada, debido a la generosa distribución de miles de hectáreas de con - cesiones a docenas de poderosas empresas mineras que así se han apoderado efectivamente de buena parte de la superficie y del subsuelo del país. Sus actividades están amparadas en una ley minera de 1992 que les otorga privilegios en contra de los de - rechos de los campesinos. La efímera burbuja eco - nómica que pueden producir estas actividades es en todo caso mínima frente al impacto ambiental, so- cial y cultural negativo que una explotación de diez a quince años deja a largo plazo. Múltiples asociaciones indígenas y de derechos humanos se han movilizado en años recientes para