Número 27

10 derechos de los pueblos indígenas, especial- mente en materia de territorio y recursos naturales y consulta. La primera etapa de la revolución de los ricos Las reformas introducidas al artículo 27 de la Constitución Federal, representaban la culmi- nación de un proyecto ampliamente acaricia- do por la burguesía mexicana, que hasta los años setentas se había conformado con apo- yar a los industriales agrícolas del norte del país. Pero en esa década comenzaron a impul- sar una agresiva política que las reformas que culminarían en 1992. Desde febrero de 1971 la diputación panista de la XLII Legislatura propuso transformar el ejido en propiedad limitada, permitir la asociación de pequeños propietarios con capitalistas privados, decla- rar el fin del reparto agrario y crear tribunales que finiquitaran el reparto agrario. En aquel tiempo dichas propuestas merecieron el re- chazo priísta y hasta un ataque del ala de la Confederación Nacional Campesina contra algunos diputados panistas que las impulsa- ban, entre ellos los hermanos Álvaro y Diego Fernández de Ceballos. 2 La iniciativa panista no tuvo éxito pero no por eso la demanda empresarial dejó de impulsar la reforma … desde el gobierno priista. En el año de 1979 el Presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento Agropecua- rio, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1980. En ella, por primera vez en la historia del siglo XX, se admitió la firma de contratos entre propietarios capitalistas y ejidos, lo que permitía a los primeros el aprovechamiento de las tierras de los segundos. La reforma era un avance pero no satisfizo a los empresarios que iniciaron una embestida para conseguir sus propósitos. Auspiciada por el Consejo Coordinador Empresarial, en 1984 durante el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, crearon el Consejo Nacional Agropecuario, aglutinando a las asociaciones agrícolas, agroindustriales y ganaderas. 3 Fue en ese 2 Gerardo Galarza, “Hace veinte años …”, Proceso, 11 de no- viembre de 1991, p. 10. 3 Elvira Concheiro Bórquez, El gran acuerdo, Universidad Na- cional Autónoma de México-Ediciones Era, México, 1996, p. 109. mismo sexenio cuando mas certificados de inafectabilidad se entregaron a los empresa- rios agropecuarios. Hasta antes de ese sexe- nio se habían extendido 193 097 certificados de diversa índole, pero en ese sexenio se en- tregaron 293 884, de ellos 80 000 en el año 1987, un año antes del relevo presidencial. 4 El Consejo Nacional Agropecuario se encargó también de apuntalar las demandas de sus miembros. En 1988, cuando iniciaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, sos- tenían que la modernización del campo re- quería dar por terminado el reparto agrario, rediseñar el ejido para permitir su capitali- zación y combatir el minifundio con los mis- mos fines. Para 1990 recomendaban eliminar del cuerpo de la ley los apartados que ha- bían fundamentado jurídicamente el reparto agrario, flexibilizar el sistema ejidal con una clara y sostenida tendencia a la privatización y reconocer el derecho del ejidatario a arren- dar su tierra. 5 Cuando Carlos Salinas de Gor- tari presentó su iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional recogió sustan- cialmente los mismos argumentos: terminar con el reparto agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, permitir el arrenda- miento y venta de la tierra para capitalizarla. De esa manera se preparaba el despojo a los ejidos y para convertir su patrimonio, hasta entonces colectivo, en propiedad privada. Además, en ese inter se negoció, aprobó y entró en vigencia el Tratado de Libre Co- mercio entre México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que cerró el círcu- lo que se estaba trazando sobre los recursos naturales de México. Si bien la reforma a la Constitución Federal y a diversas leyes re- glamentarias ya permitían la intervención del capital extranjero y establecían las con- diciones necesarias para que las empresas transnacionales se apropiaran de la riqueza natural del país sin tener casi ningún proble- ma, el Tratado de Libre Comercio les permi- tió eludir los aspectos derivados de la sobe- ranía nacional, al tiempo que permitía que 4 Estela Martínez y Luciano Concheiro, et. al., “Reorganización del capital: Estado y Campesinos en México, en: Arturo Anguiano (coordinador), La modernización de México, Universidad Autóno- ma Metropolitana-Unidad Xochimilco, México, 1990, p. 36. 5 Guillermo Correa, “El ejido sobrevive de nombre”, Proceso, núm. 783, 4 de noviembre de 1991 pp. 13-15.