Número 28

32 sistema legal, el conocimiento tradicional continuará en riesgo de perderse. “Mientras en México no exista una verdadera política de fomento y protec - ción que vaya más allá de sólo estimular la compra-venta de productos, los artesa- nos continuarán sobreviviendo. Por eso, quienes puedan, alentarán a sus hijos a estudiar una carrera para no continuar con una labor que ya no da para vivir”, concluye. En tanto, Eurídice Sosa Peinado, in - vestigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, apoya el análisis de Sosa Ruiz y añade que si las políticas con respecto al fomento artesanal están dadas a partir de concebir un trato individual a los produc- tores, entonces todas las comunidades de- dicadas a esta actividad no tienen forma de acceder a la mayoría de los programas. Explica que, por ejemplo, en varias ocasiones el Fonart ha lanzado programas de capacitación para mejorar las técnicas en determinados productos, pero que “a los cursos no asiste nadie”, debido a que los funcionarios olvidan que muchas de las comunidades son campesinas y no hay forma de conciliar horarios. Para manejar proyectos como esos, primero, se debe re- conocer toda la complejidad y la rutina de vida de los pueblos porque, además, se les convoca a los talleres de manera indivi- dual y la mayoría de las políticas para los artesanos, así se planean. “En la década de los setenta -recuer- da-, hubo una intensa promoción del te - jido de palma en la región de Guerrero. Para ello, se estableció hasta un fideico - miso y a las comunidades se les propuso que se volvieran exclusivamente artesa - nas. Se generó un auge del tejido de pal - ma. Pero, a la larga, la palma desapareció como planta y ellos se quedaron sin tra- bajo. Ahora, quienes tejen, lo hacen tra - yendo palma de otros lugares. Hay que considerar estas experiencias, ya que no por ser artesanos se dedican exclusiva - mente a eso, ellos lo combinan con el campo, la pesca o el comercio”. Sosa Peinado expresa que si el aspecto jurídico plantea la discusión de las artesa - nías en torno a la salvaguarda del objeto, no hay protección a la práctica artesanal: “Por eso -asegura- hay que moverse en ese sentido para saber qué aspecto ju- rídico puede proteger la práctica. Lo que estamos viendo son pueblos enteros de artesanos, donde esa producción es una de las actividades que estructuran su vida comunitaria. No podemos pretender que determinadas comunidades abandonen el resto de sus labores para dedicarse, en exclusiva, a las artesanías. Pero tampoco podemos seguir dejando que les paguen tres pesos por ese trabajo”. En suma, los indígenas deben ser su- jetos de derecho para que puedan actuar en torno a la solución de sus problemas no sólo de carácter económico -como ocurre con las artesanías-, sino social y cultural. Sobre todo porque mientras las dependencias federales continúen apoyando proyectos y leyes creadas por éstas mismas, sin la participación de los artesanos, continuarán generando pro- gramas asistencialistas de beneficio tem - poral para sólo un reducido número de pobladores. En tanto, el conocimiento tradicional que se transmite de padres a hijos perderá su ciclo natural.