Número 37

23 tración de ineptitud, colusión e inoperan- cia gubernamental ha ido en aumento. Ninguna autoridad ha sido capaz de dar una explicación sólida y creíble sobre las razones de esos asesinatos ni de las desa- pariciones forzadas, ni se ha emprendido ninguna acción verosímil para encontrar a los 43 normalistas que siguen despare- cidos y procurar justicia para las víctimas y sus familiares. Al momento de escribir estos párrafos, están ya los resolutivos del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CD-ONU), organismo que puso en duda la “certeza jurídica” y la “verdad histórica” del pro- curador Jesús Murillo Karam. Explica el Comité que el caso “ilustra los serios de- safíos que enfrenta el Estado (mexicano) en materia de prevención, investigación, y sanción de las desapariciones forzadas”, afirmando que la desaparición forzada es delito “generalizado” en gran parte del país y que sus perpetradores gozan en su inmensa mayoría de total impunidad. El señalamiento no es menor, dado que en el derecho internacional humanitario, como lo que señala el Tribunal Penal Interna- cional (Roma, 1998 ) la desaparición for - zada practicada de forma generalizada o sistemática, incluso en tiempos de guerra,