Número 40

47 Sin embargo, autoridades y empresas son ética y jurídicamente res- ponsables por el daño o riesgo de daño ambiental y de salud que su actuar provoque. Por todo lo anterior: Exigimos al Estado mexicano cumplir con la normatividad am - biental que sistemáticamente ha omitido durante el proceso de transición a la TDT, así como con sus obligaciones y deberes en materia de derechos humanos con el propósito de que la pobla - ción afectada o en riesgo de afectación sea informada del problema, participe en la conducción de la política pública respectiva y goce efectivamente de sus derechos a un medio ambiente sano y a la protección de la salud. Exigimos que el Estado mexicano, con la participación de orga - nizaciones de la sociedad civil, elabore un plan integral de manejo de los televisores analógicos que serán desechados por la pobla - ción, el cual debe incluir, entre otros aspectos, la remediación de los impactos ya ocasionados por la ausencia de dicho plan. Asimismo, reclamamos del Estado mexicano el ejercicio de sus atri - buciones legales para obligar a que las empresas involucradas en el proceso respeten los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Apoyamos la petición que diversas organizaciones de la socie - dad civil, académicos, científicos y ciudadanos han hecho ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Li - bre Comercio de América del Norte (TLCAN) denunciando las vio - laciones a los tratados internacionales y a la legislación ambiental mexicana en relación con la gestión de los televisores analógicos desechados por la transición a la televisión digital terrestre. Finalmente, exhortamos a la población a que levante quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al localizar cemente - rios de televisiones analógicas en la vía pública, baldíos, basureros, terrenos, o en cualquier lugar en el que puedan causar daños al ambiente y a la salud al quedar expuestos sus materiales tóxicos, llamando sin costo al teléfono 01 800 715 2000. De igual manera se puede presentar una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llamando al 01 800 770 33 72. Atentamente, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales