Número 42
42 Tegucigalpa, 21 de marzo de 2016 El 21 de marzo culminó su visita a Honduras la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”, que ha desarrollado sus actividades en el país centroamericano entre el 17 y el 21 de marzo, contando con la participa - ción de 14 representantes parlamentarios, expertos/ as y activistas provenientes de 9 países de América Latina y Europa . Entre los/as integrantes se encontra- ban: una representante de las Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora, diputado/as de los Congre- sos español y mexicano y del Parlamento Europeo , una ex - Magistrada de la Corte Suprema de El Salva - dor, representantes de importantes sindicatos como son el estadounidense AFL/CIO-CSA , y la Unión Nacional de Trabajadores de México ( UNT-CSA ), así como integran - tes de organizaciones de alcance regional tales como Ju- bileo Sur , Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), y de redes globales como la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacio- nales y poner fin a la Impunidad , entre otro/as. La Misión fue desplegada en aras de entrevistarse con instancias y funcionarios/as gubernamentales, judiciales y parlamentarios/as, así como representantes de los movi - mientos sociales hondureños, representantes de las Nacio - nes Unidas, y de la Embajada de los Estados Unidos y de la Representación diplomática de la Unión Europea en este país. Todo ello con el objetivo de contribuir al es - clarecimiento del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres a inicios del mes de marzo de este año y de sostener la urgencia de la liberación inmediata del integrante de MAPDER y coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro Soto , así como la garantía de su integridad perso - nal y de su retorno a México. La fatal agresión que acabó con la vida de la ganadora del Premio Goldman 2015 e hirió al reconocido activista mexicano ha sido analizada por la Misión no como un hecho puntual, sino en el marco de la represión continua y sistemática de las y los defensores de los Derechos Hu - manos y del medio ambiente en Honduras. En este país se proyectan e implementan, de forma violenta en los territorios de comunidades indígenas y campesinas, un gran número de megaproyectos de infraestructuras, tal como el Proyecto “Agua Zarca”, contra el cual luchaban Berta Cáceres y la organización que coordinaba, el Con - sejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH). Por regla general, estos megaproyectos son llevados a cabo sin respetar el derecho a la Consulta previa e in - formada de las comunidades. En particular en el ámbito de los recursos hídricos, tras el Golpe de Estado de 2009, se aprobó una Ley General de Aguas y de Minería que ha provocado que se adjudicaran sin las evaluaciones ambientales pertinentes, ni el respeto del Derecho a la consulta previa e informada, un gran número de con - cesiones y proyectos mineros. Estos megaproyectos se encuentran facilitados y promovidos por los Tratados de Libre Comercio tal como aquel firmado entre Estados Unidos y Centroamérica o los Acuerdos de Asociación y de protección de las inversiones como aquel firmado con la Unión Europea. Estos tratados aseguran los inte - reses de las empresas transnacionales, pero no disponen de ninguna norma vinculante que sancione el respeto de los derechos humanos. Ante esta situación, organiza- ciones de comunidades afectadas como COPINH se encuentran en la línea de mira de la represión . Al respecto, el Diputado español e integrante de la Misión, Pedro Arrojo destacó que “ hemos recogido testimonios de un gran número de amenazas que han recibido tanto Berta Cáceres como su familia y otros integrantes de COPINH desde 2013 hasta el día de hoy ”. Los resultados preliminares de la Misión han sido pre - sentados el día de hoy en el marco de una rueda de prensa, que ha contado con una importante cobertura mediática y que ha sido retransmitida en directo a nivel internacional. Entre sus primeras conclusiones, la Misión remarcó la gra- vedad de la falta de garantías en Honduras en términos de los principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos. En ese sentido, recordó que lo/as jueces suelen ser el objeto de actos de intimidación, lo que conlleva una notable falta de independencia en el sistema judicial frente al Gobierno. Asimismo, la Misión constató la flagrante transgresión del Derecho Internacional en la implementación de los megaproyectos y de aquel de “Agua Zarca” en particular, en razón de las acciones y omisiones COMUNICADO DE PRENSA Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres” arroja preocupantes conclusiones preliminares
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