Número 49

dalidades, desde el sistema de subsidio a los productores (como el Progra- ma Nacional de Alimentación [Pronal] y el Sistema Alimentario Mexicano [SAM]), hasta sistemas de subsidio a consumidores (los programas de de - sayunos escolares y Conasupo, por ejemplo); sin embargo, estos programas favorecieron en mayor medida a la población de zonas urbanas, mientras que beneficiaron sólo marginalmente a la población rural. Estas experiencias permitieron al Estado mexicano observar que las políticas relacionadas con el consumo de alimentos, como el subsidio al precio de la tortilla, la distribución de leche a familias de escasos recursos y los desayunos escolares, tenían un efecto directo sobre el estado nutri- cional de la población y sobre sus pautas de consumo; es decir, estos pro- gramas lograron la implementación modelos alimentarios (Barquera, Ri- vera-Donmarco y Gasca-García, 2001). A este respecto, Juan Pío Martínez (2013) señala que, en México, las ideas sobre nutrición han servido como instrumento de control social, vinculadas al cientificismo como argumen- to de verdad y pretendidamente desligadas de la ideología, pues han esta- do orientadas al control de las formas de alimentación para hacerlas más acordes con el proyecto económico y social de las clases gobernantes. De acuerdo con él, la nutriología sirvió para establecer una relación entre nutrición, agricultura, economía y salud pública; fue la manera más sen- cilla de calificar de inferiores las tradiciones culinarias indígenas y, de paso, de justificar su occidentalización. En dichos programas se ha observado un “tendencia positiva en el es- tado nutricional” de la población atendida (Barquera, Rivera-Donmarco y Gasca-García, 2001: 475) pero han carecido de la participación de los benefi - ciarios en su diseño e implementación 2 . Esto puede interpretarse como una imposición de un modelo de bienestar, salud y nutrición desde la política pública. En este sentido, es que resulta imprescindible la aproximación antro- pológica a la cuestión de las políticas alimentarias, donde se consideren los esquemas o lógicas culturales específicas, las nociones locales de bienestar y alimentación, así como el entrecruce con la cuestión de la identidad. El presente trabajo tiene como propósito destacar dos ejes para el estu- dio de las políticas públicas alimentarias desde la antropología. El primero de ellos, las cocinas de la pobreza 3 , busca enlazar la transformación de las prácticas alimentarias como consecuencia de la escasez, con las políticas públicas del Estado que, de manera encubierta, buscan homogenizar las pautas alimentarias al distribuir y volver accesibles productos alimentarios específicos distintos a los de uso cotidiano por parte de las comunidades be- neficiadas . El segundo eje busca poner en la mesa de discusión los derechos culturales; es decir, la necesidad de la incorporación de la interculturalidad en las políticas públicas. En ambos casos, la política tomada como referente para la propuesta es la Cruzada Nacional contra el Hambre y algunos de 2 En épocas recientes, los beneficiarios, pero sobre todo las beneficiarias, han participado en el monitoreo y evaluación de algunos de estos programas; sin embargo, esto ha detonado nuevas problemáticas al interior de las comunidades (cf. Vizcarra Bordi, 2009). 3 El nombre cocinas de la pobreza fue propuesto por la Dra. Rosa María Garza Marcué, quien, dentro del Programa Nacional las Cocinas en México en la línea “Cocinas, identidad, patrimonio biocultural y procesos de patrimonialización”, exploró, junto con su equipo de colaboradores, la cuestión de la alimentación y la pobreza. 34