Número 56

116 Se trata de una historia de los últimos 80 años que, sin duda, no ha estado exenta de contradicciones y confrontaciones, sobre todo con quienes han detentado los poderes públi- cos, debido a que el neoliberalismo intensificó la guerra de despojo y las pretensiones de ani- quilación intelectual y material de los pueblos originarios, sus tierras, territorios, saberes tra- dicionales y hasta de los vestigios del pasado que, no está por demás recordar, son bienes nacionales de uso común y dominio público, imprescriptibles, inalienables e inembargables por ser instrumentos de conocimiento. Esos bienes nacionales , a través de procesos de investigación, conservación y difusión se convierten en referentes de valores cívico-his- tóricos locales, regionales, nacionales y hasta universales. Por esa razón, deberían de formar parte del sistema educativo nacional, como lo fue por décadas, permitiendo construir desde las aulas una cohesión social fundada en prác- ticas y valores cívico-ético históricos, que ha caracterizado a los mexicanos a nivel mundial. Así , la gestión de usted ha recibido una ins- titución esencial para el país, por la transdis- ciplinariedad de sus objetos de estudio, por la interdisciplinariedad de sus prácticas de inves- tigación y por la multiprofesionalidad de sus equipos de trabajo. Por ello, la mejor manera de celebrar hoy su ochenta aniversario, la manera más digna de honrarlo, es asegurando su futuro y no evadiendo sus problemas y retos actuales. Cabe mencionar que durante los últimos 40 años hemos denunciado ante el Ministerio Pú- blico un buen número de afectaciones en zo- nas de monumentos históricos y arqueológicas, pues no se han conservado como marca la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológi- cos, Artísticas e Históricas. Esas denuncias se han realizado porque Teotihuacan, El Tajín, Cui- cuilco, Chichen Itzá, Monte Albán, Tulum, Edz- ná, Uxmal, el Castillo de Chapultepec y muchos otros sitios no se han librado de los circuitos co- merciales ni se les ha protegido a suficiencia, lo que obstaculiza las condiciones para su mejor investigación y protección. La mercantilización de esos espacios y su instrumentación como simples escenografías de artistas y políticos in- terfiere la posibilidad de un mayor disfrute so- cial informado y científicamente establecido. Además , hacemos de su conocimiento que en los periodos sexenales precedentes a su ges- tión, y hasta el día de hoy, se ha impulsado e incrementado a nivel federal la entrega de con- cesiones del subsuelo nacional a favor de em- presas extranjeras y nacionales dedicadas a la extracción de nuestros recursos, sin consulta alguna a las poblaciones afectables, y ni siquie- ra a las dependencias de gobierno federal cuya función es también impactada en la diversidad biocultural, en la economía de los pueblos, en la producción agrícola, en la salud pública, en el turismo. Estas concesiones se otorgan arbi- trariamente en el subsuelo de regiones de alta conservación biológica, de asentamientos hu- manos, de territorios de los pueblos y comuni- dades, de áreas de reserva ecológica y de zo- nas arqueológicas, pero también en áreas que no han sido siquiera estudiadas por los inves- tigadores del INAH y de otras dependencias. En los hechos, las dependencias de gobierno y en particular la Secretaría de Economía, han sido así concesionadas a los diversos megapro- yectos extractivistas o ligados al mismo, que se caracterizan no sólo por el alto monto de sus inversiones, sino porque se generan fuera de las comunidades y se imponen mediante la desinformación, la promoción de conflictos in- tracomunitarios, la represión, el apoyo de legis- ladores y de grupos criminales y la aplicación de consultas sesgadas y el desprecio respecto a cuáles son los proyectos y perspectivas pro- pias de las comunidades. Se ha llegado a pre- sionar desde las mismas instancias de gobierno al INAH para desvirtuar y modificar peritajes antropológicos a favor de los megaproyectos.