Número 56

36 E l sentido del Instituto Nacional de An- tropología e Historia surge en su es- tado más puro en la época cardenista, en 1939. Los principales objetivos se dirigían a la conservación/ restaura- ción del patrimonio nacional, la investigación de las comunidades, sus prácticas y la difusión de las dos anteriores; 1 de ello se desprende como la tarea más importante implícita a cumplir, la de la reci- procidad y vinculación adecuada con las poblacio- nes con quienes se trabaja. De tal forma que desde aquel lejano 1939 han pasado ochenta años, du- rante los cuales el INAH ha tenido un papel deter- minante en la construcción identitaria de México. El contexto actual de la modernidad desbor- dada, a nivel teórico y como hecho observable a través de prácticas culturales y medios de comu- 1 Ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia , Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939 (Última reforma publicada DOF 17-12-2015). El INAH en el escenario actual La destrucción del sitio arqueológico de Tlaltizapán, Morelos ¿Conservar, investigar, difundir o atropellar? Raúl García Jatziry Velázquez nicación (Appadurai, 2001), implica la obligación de interpelar los procesos que han transformado nuestras dinámicas sociales en un escenario de largo alcance, donde la modernización atiende, como afirma Trouillot (2011:84) las característi- cas materiales y organizacionales del capitalismo mundial y los aspectos del desarrollo del capita- lismo que reorganizan el espacio con explícitos propósitos económicos y políticos. En ese sen- tido, consideramos necesario repensar cómo se posiciona el Instituto Nacional de Antropología e Historia frente a los conflictos socioambientales y territoriales 2 y frente al modelo actual de de- sarrollo que tiende a mercantilizar, desproteger y despojar el territorio y, por tanto, a deslegitimar e ignorar la participación social de las comunidades que dan sentido al trabajo de este Instituto. 2 Durante el 2014 fueron registrados 300 “conflictos socioambientales”. Sin embargo, para el 2018 la cifra se elevó a 560 (Víctor Toledo, 2018)