Número 57

36 do). En los Estados de la república se han creado leyes que dan soporte jurídico a los CECAS y a los Institutos Contra las Adicciones que se han fundado, lo cual permite dar soporte financiero a las actividades realizadas en los Estados. En el caso de la Ciudad de México, se creó en el 2011 una Ley de Atención a las Adicciones y el Insti- tuto de Atención y Prevención a las Adicciones (IAPA) el cual está sustentado por un programa general de trabajo. Igualmente se crearon los Consejos en las Delegaciones políticas (hoy Al- caldías) con sus programas de trabajo. La creación del IAPA fue un logro obtenido de toda la comunidad profesional y no profesio- nal que trabaja en el campo de las adicciones en la Ciudad de México, pues ha servido de mode- lo a otras entidades federativas y con ello se han creado instrumentos jurídicos que dan soporte fi- nanciero a los Institutos creados en los Estados, sin embargo siguen habiendo carencias como: la casi inexistencia de diagnósticos epidemioló- gicos por Delegación (o Alcaldía), falta de tera- peutas, falta de evaluación de programas, falta de sincronía entre las campañas preventivas que lleva a cabo la Secretaría de Salud Federal con las que se llevan a cabo en cada Alcaldía, falta de centros de internamiento para adictos cróni- cos y reincidentes (modalidad residencial), etc. Al menos desde el gobierno de Ernesto Zedillo a la fecha, se ha mencionado que los recursos in- cautados al narcotráfico (bienes raíces y dinero) gran parte de ello se va a fortalecer a los programas contra las adicciones; pero poco se sabe de ello, incluso no hay transparencia sobre el destino de los impuestos gravados al alcohol y al tabaco. Sin embargo, existe una excepción: en 2007 se inició la construcción en todos los estados de la repúbli- ca los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS) “Nueva Vida” (en el 2010 ya se tenía un total de 320). En la Ciudad de México se crearon 32 de ellos. Los recursos para su construcción pro- vinieron de la incautación hecha a Zhenli Ye Gon, un empresario mexicano, de origen chino, acusado de comercializar ilícitamente con acetato de pseu- doefedrina, para la fabricación de metanfetaminas. En fin, en la actualidad la mayoría de los recur- sos financieros (muchas veces insuficientes) para operar los programas contra las adicciones han sido obtenidos de los gobiernos estatales donde cada gobernador muestra distinto interés por apo- yar con recursos diversos. Es de esperar que con la aprobación de la Ley General para la Regula- ción y Control de la Cannabis (2018) se genere una mayor disponibilidad de mariguana y por lo tanto haya un mayor consumo de la sustancia, lo cual generará nuevos retos al sector salud. Sin embargo, la mayor carencia es la de los Cen- tros de Internamiento (modalidad residencial), es necesario insistir en ello, los cuales han sido creados por los grupos de autoayuda (alguien tiene que hacerlo) y no por el gobierno. El nuevo gobierno si bien es cierto crea y busca promulgar una Ley para la regulación y control de la Cannabis, adoptando un esquema antiprohibicionista, que dará sustento legal a un Instituto para el Control de la Cannabis , coor- dinado por la Secretaría de Salud, también será necesario que reforme el Código Penal Federal para llevar a cabo las políticas de amnistía en- marcadas dentro del esquema jurídico de justi- cia transicional 13 , así como fortalecer financie- 13 La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judi- ciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos». ​De esta forma, se busca confrontar los abusos a los derechos humanos de sociedades fracturadas como componente estra- tégico de una política de transformación para la restauración de la justi- cia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz. Igualmente, la justicia transicional se refiere a aquellos procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz , en los que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y las exigen-