Número 57

75 Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México, Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400 www.cndh.mx la necesidad de que también se realicen, de conformidad con las disposiciones aplicables, los ejercicios específicos de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada con los pueblos y comunidades interesados. Este Cuerpo Colegiado hace un llamado para que las instituciones responsables de los proyectos de desarrollo implementen, de manera inmediata, un Programa de Promoción sobre el Derecho de Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, dirigido en lo general a la población indígena y afromexicana del país; y, en lo particular, a los pueblos y comunidades que habitan en los territorios considerados para la ejecución de las obras referidas. Asimismo, considera relevante destacar que, aun sin iniciarse, en algunos casos, la fase constructiva de los proyectos, la CNDH ha recibido recursos de queja contra esos proyectos, además de solicitar Medidas Cautelares a diversas instituciones federales por hechos vinculados con el desarrollo de la consulta pública (23-24 febrero de 2019), para determinar el consentimiento y operación de la Planta Termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos, así como de las consultas comunitarias (30-31 marzo de 2019) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Los proyectos de desarrollo anunciados son identificados como: la Refinería Dos Bocas, (estado de Tabasco); Tren Maya (en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), el Aeropuerto Internacional Mixto de Santa Lucía (Estado de México); la Planta Termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos, (Morelos), y el Plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec (en los estados de Oaxaca y Veracruz). El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su respeto a la decisión del Ejecutivo Federal para llevar a cabo proyectos que permiten impulsar el desarrollo de México, y exhorta a que cualquier actividad estatal de desarrollo garantice los derechos humanos de las personas y colectivos que puedan resultar impactados por esos proyectos.