Número 65

140 141 como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua- dor, Guatemala, Honduras, México, Perú y Vene- zuela. Si bien el interés del trabajo periodístico no es hacer un registro exhaustivo de las pro- blemáticas socioambientales, si tiene el objetivo de difundir la tendencia represiva, amenazante y violenta que se despliega por los territorios de pueblos y comunidades que defienden su dere- cho a existir ante los embates de la especulación y el despojo de sus medios de vida. El trabajo realizado entre 2018 y 2019 pro- dujo 29 reportajes a profundidad y una base de datos que registra 2 mil 327 hechos violentos contra defensores ambientales en el período 2009-2019; sin embargo, la información se ac- tualiza periódicamente. Asesinatos, atentados, ataques directos, desplazamiento forzado, des- apariciones, violencia sexual y acoso judicial son las herramientas comunes de empresas y gobiernos para desarrollar emprendimientos agroindustriales, explotación petrolera, mine- ría, hidroeléctricas y carreteras, así como nar- cotráfico y comercio ilegal de madera. Un elemento que enfatiza la investigación donde se registra el impacto a 124 pueblos indí- genas, es que dichas comunidades, así como la población afrodescendiente son las más vulne- rables y atacadas. Colombia y Ecuador sobresa- len con la mayoría de los casos documentados, además la región amazónica destaca como un espacio que cuenta con una profunda conflicti- vidad ya que hay casos de invasión de tierras comunales por parte de colonos, contaminación de cuerpos de agua debido a las actividades pe- troleras y mineras, guardaparques asesinados, tala ilegal, tráfico de tierras y ampliación de la frontera agrícola, narcotráfico y expansión del cultivo de coca que convierten la zona en un amplio entramado de actores e intereses que operan impunemente. También se recuperan ca- sos de otros países como Guatemala, Honduras y México en donde igualmente, actividades ex- tractivas se colocan como las principales ame- nazas sobre las que se montan los negocios con graves impactos a la vida comunitaria. Otro punto importante tiene que ver con el nivel de impunidad en el que operan actores cri- minales y estatales, ya que, incluso llevando las demandas a instituciones judiciales y de dere- chos humanos, no se garantiza la obtención de justicia ni la llegada a buen puerto de medidas cautelares. Por ejemplo, el ejercicio periodísti- co documenta que sólo en 289 casos judiciales se obtuvieron sentencias ya sea condenatorias o absolutorias; y en varias ocasiones se va contra autores materiales, pero no intelectuales por lo que no se profundiza en la investigación, en este sentido, refieren como casos emblemáticos el de Berta Cáceres en Honduras e Isidro Baldenegro en México. Los procesos judiciales accidentados con una actuación estatal deficiente incentivan la exigencia de justicia por parte de familiares y comunidades acompañadas por organizaciones civiles en las que también sus integrantes han sido blanco de amenazas y asesinatos. El 12 de marzo del 2021 se obtuvo una senten- cia condenatoria por el asesinato de Julián Ca- rrillo Fuentes y Víctor Carrillo Carrillo quienes, al igual que Baldenegro defendían los bosques y fueron asesinados en Coloradas de la Virgen, poblado ubicado en la sierra del estado de Chi- huahua acechada por caciques, tala ilegal, pro- yectos mineros, turísticos, gasoductos y crimen organizado. Dicha sentencia es el resultado de investigaciones ampliadas que exigió el pueblo rarámuri colocando a la comunidad como agra- viada en su lucha por la defensa de la tierra ape- lando al derecho colectivo de las comunidades a su territorio ancestral. Sin embargo, la amenaza es constante y la disputa entre diversos proyec- tos territoriales no da tregua a pueblos y comu- nidades en desigualdad de condiciones. En el caso de Berta Cáceres Flores asesinada en el año 2016 por su férrea lucha contra el pro- yecto hidroeléctrico de la familia Atala Zablah en territorio del pueblo lenca , la exigencia de justicia continúa ya que los autores intelectua- les del crimen siguen impunes. La agilización y transparencia del proceso judicial contra los cómplices que desemboque en un efectivo ejer- cicio de justicia parece cada vez más lejano ya que el Estado a través de instancias de procu- ración de justicia ha obstaculizado y negado el acceso a la misma. Incluso en recientes fechas el juicio contra David Castillo coautor del crimen y capturado en el año 2018, ha mostrado cómo los intereses de actores poderosos predominan y las irregularidades y dilaciones en el proceso ju- dicial se sobreponen a las exigencias de pueblos, organizaciones y familiares; así como al derecho de las víctimas a una justicia integral. La búsque- da por la definición penal de feminicidio para el asesinato de Berta Cáceres también forma par- te de la necesidad de articular las imbricaciones de las relaciones de subordinación, explotación y dominio que sostienen los embates del capital. Este caso se desarrolla en un contexto en el que Honduras se encuentra entre los países más Portada: Tierra de Resistentes. Fuente: tierraderesistentes.com Los resistentes en datos. Fuente: tierraderesistentes.com