Número 67

152 A esta situación de la Institución se suma hoy una crisis laboral generada por sus autoridades, que incapaces de gestionar los recursos necesarios para la legal y correcta conducción de la misma, pretenden ahora, de manera explícita, en los hechos, rebajar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores que se desempeñan en la Institución, argumentando que es debido a nuestros derechos y prestaciones, que el Instituto se halla en crisis financiera que mantiene en permanente caos presupuestal al INAH. Nuestras condiciones generales de trabajo no son más que las de otros colegas de instituciones de educación superior con los que nos hallamos equiparados (IPN y UNAM), y no es reduciendo condiciones laborales como se resolverá la terrible situación en la que el Estado Mexicano ha puesto a una de las Instituciones de mayor trayectoria y reconocimiento nacional e internacional en el tema del patrimonio cultural. Ya la totalidad de los sindicatos del Instituto, en un acto de unidad, rechazaron las pretensiones del Director General de abrir las negociaciones para modificar las Condiciones Generales de Trabajo; sin embargo, las autoridades de la Institución han venido violentando sistemáticamente diversos Reglamentos pactados entre los trabajadores y el Instituto y regulados desde 1981. Es por ello, que hacemos del conocimiento del Gobierno de México, de las autoridades del INAH y del pueblo mexicano a quien nos debemos y servimos, de los agravios que lastiman nuestros derechos laborales y humanos y por los que reclamamos y pedimos sean subsanados para preservarlos y con ello, contribuir a fortalecer el cuerpo académico y la materia de trabajo que da sentido a una de las actividades sustantivas de la Institución: la investigación. AGRAVIOS Enunciamos las violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo que en los hechos realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia en agravio de sus profesores de investigación científica y docencia. 1.- CONTRATACIÓN ILEGAL VÍA CAPITULO 3000 Desde la creación de la Secretaría de Cultura, la situación ha ido empeorando para los investigadores contratados, sin prestaciones ni seguridad social, llegando al absurdo de considerarlos como prestadores de servicios, negándoles su derecho constitucional de ejercer la profesión en antropología, arqueología e historia, teniendo incluso que pagar una fianza para poder laborar, así como estar obligados a la presentación de una simulación de