Estamos en contra de cualquier tipo de violencia, por eso denunciamos y reprobamos tanto las muertes que hay en el estado por la guerra contra el narco, como la violencia ejercida por las autoridades para reprimir pueblos y, la ejercida por el gobierno y empresas para desplazar a las comunidades de su territorio.
En Morelos, los pueblos del Oriente, han sido violentados al imponérseles, sin explicar las razones que hay para ello, un proyecto conocido como Proyecto Integral Morelos, que consta, entre otros, de la instalación de una termoeléctrica en la comunidad de Huexca y un gasoducto que pasará por pueblos como Amilcingo, Jantetelco, Huexca y que ocupará el agua de la comunidad de Ayala. Ahora, nuevamente, los han violentado criminalizando su derecho a defender su territorio y a la autodeterminación, deteniendo, de manera violenta, a cinco habitantes de Amilcingo.
El día de ayer, 13 de abril, alrededor de las 13:00 horas, habitantes de la comunidad ya mencionada, realizaban una manifestación y un boteo en apoyo a la liberación de Juan Carlos Flores y de Enedina Rosas Veles, del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla, Tlaxcala, presos en Puebla, cuando arribaron al lugar elementos de la Policía Estatal de Morelos, tratando de impedir la manifestación y agrediendo con gas lacrimógeno a quienes ahí se encontraban, llevándose detenidos a Juvenal Barrera, Adán Rosales, Victorina Ramírez, Yazmín Velázquez y, al ayudante municipal Aarón Aguilar, a quien reportan además, como lesionado.
Es vital investigar a fondo y de manera transparente si se utilizaron o no armas de fuego contra la población, toda vez que el día de ayer se informó Julio Solís fue herido por a rma de fuego en una pierna, sin poderse confirmar hasta el momento; en caso de ser así, debe iniciarse un procedimiento penal contra los funcionarios policíacos responsables pues no se justifica de manera alguna el uso excesivo de fuerza empleado contra la población.
Desde la Secretaría de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén justificó, ayer domingo, la detención al denominar lo sucedido como “actos vandálicos”, donde personas originarias de Puebla fueron “las que azuzaron a algunos pobladores para iniciar los actos de violencia, ante su oposición a la construcción del gasoducto”.
Para esta tarde de lunes, han sido liberados los habitantes de Amilcingo, con excepción de Aarón Aguilar quien, de acuerdo al comunicado de prensa oficial COM. No. 004, se sabe ”dio alojamiento a los líderes y activistas de Puebla, de los cuales un grupo presuntamente prendió fuego a maquinaria pesada, mientras otros 40 se manifestaban en el lugar de los hechos.”
En la Red por la Paz y la Justicia. estamos en contra de la violencia y si bien no estamos de acuerdo con la quema de maquinaria sea ésta de propiedad privada o pública, ni con la agresión a trabajadores de empresa alguna, tal y como fue informado sucedió en este caso aún cuando no ha sido confirmado, ni el momento, ni los responsables de estos hechos, consideramos que esto de ninguna manera es justificación para la detención violenta de los habitantes de Amilcingo.
Insistimos que los actos de resistencia no pueden ser usados como pretexto para la represión a las comunidades y, tampoco la participación de personas ajenas al estado.
Mantener detenido a Aarón Aguilar, por haber sido quien ha dado alojamiento a la gente de Puebla, no está justificado, toda vez que no ha sido comprobada su participación en la quema de la maquinaria o agresión a los trabajadores. Por lo que se debe hacer una investigación objetiva de su participación y en caso de limitarse a lo ya dicho, el alojamiento, debe ser liberado de manera inmediata.
Exigimos a todos los niveles de gobierno el alto a la violencia de estado contra las comunidades que defienden su derecho a la autodeterminación sobre su territorio, el respeto a sus tierras, aguas y aire, así como de la salud de los habitantes. La única manera de restituir el tejido social es a través del diálogo para solucionar el conflicto, el gobierno tiene los elementos y está obligado a conocer y seguir el camino para lograrlo.
La decisión del pueblo de Amilcingo, que ha dicho no a la construcción del gasoducto en sus tierras, debe ser respetada. Sabemos que este es un proyecto federal, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad pero, el gobierno de Morelos tiene la obligación de velar por los intereses de los habitantes del estado y servir de puente en la distensión de los conflictos que provocan los proyectos federales que intentan ser impuestos a todo lo largo de nuestro país.
Solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos haga su trabajo y designe a un visitador para los operativos de la magnitud del realizado el día de ayer y donde participe la policía del mando único, con el propósito de verificar que se realicen con total respeto a los Derechos Humanos. Además, para este caso, debe designar un visitador que verifique el estado jurídico y de salud de Aarón Aguilar, aún detenido. El papel de la CDHEM es ese y debe realizarlo.
En un estado donde el ejecutivo ha mostrado su interés por las víctimas del delitos, no puede, ni debe, este mismo poder, atentar contra los Derechos Humanos. Estamos en contra de la violencia institucional y el excesivo uso de la fuerza pública contra la población.
¡Diálogo ya!
¡No a la violencia, venga de donde venga!
Red por la Paz y la Justicia-Morelos. Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional-Morelos
Cuernavaca, Morelo a 14 de abril del 2014.