Al Pueblo de México
A la Presidencia de la República
A la Secretaría de Educación Pública
Al Poder Legislativo
A La Suprema Corte de Justicia
A la Auditoría Superior de la Federación
Los antropólogos (etnólogos, etnohistoriadores, lingüistas, arqueólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales) e historiadores reunidos en el VI Congreso Nacional de Profesores-Investigadores del INAH en Oaxtepec, Morelos, ratificamos nuestro compromiso con el Sistema Educativo Nacional Integral indispensable y necesario para consolidar y enriquecer los referentes cívico-históricos de identidad local, regional y nacional que dan cohesión social, a través de la investigación y el estudio participativo de las fuentes históricas del conocimiento: Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos; acervos documentales y orales, bibliográficos, fotográficos, de usos y costumbres comunitarias de los pueblos originarios, de barrios, grupos sociales, estamentos, movimientos sociales, etcétera.
Ante esa ratificación y compromiso, exigimos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que actúen apegados a derechos y observen el espíritu y letra de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de la Ley Orgánica del INAH. Eviten buscar rendijas o confeccionar leyes y reglamentos que pongan en contradicción o haga nugatorio lo que establecen las normas que le dan sentido y orientación a nuestro Instituto de investigación y docencia para intentar convertirlo, ahora, en un órgano normativo orientado hacia el turismo y la administración de lo arqueológico e histórico con el fin de ponerlos a la explotación comercial del mejor postor o el lucro político.
Esa es la vertiente que se refleja en la propuesta de Reglamento al Artículo 9º transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales, elaborada por la Presidencia de la República y a la cual sólo le falta ordenar la colocación de letreros en las áreas que estarán en renta dentro de las zonas arqueológicas y de los monumentos históricos para todos aquellos que quieran hacer negocios con ellos, como ya lo practican entre otras tantas zonas arqueológica o museos nacionales en Chichén-Itzá, El Tajín, el Fuerte de San Juan de Ulúa, el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología con conciertos de Elton John, Sarah Brightman, Plácido Domingo, Andrea Bocelli… bajo el subterfugio de tratarse de “eventos culturales” que, más bien, les ha dejado millonarias ganancias a esos artistas, a las empresas OCESA-Televisa y Ticketmaster e inclusive a la propia Presidencia de la República como fue el caso de la cena-show de Elton John en el Castillo de Chapultepec, con el que Marta Sahagún de Fox se embolsó 100 millones de pesos.
Por otra parte, exigimos que la Ley de Servicio Civil de Carrera contenga un adenda donde se deje excluido al INAH de participar en dicho ordenamiento dado que su aplicación en nuestra institución ha resultado totalmente lesiva a las funciones sustantivas del INAH, ya que le abrió la puerta a personas totalmente ajenas a los quehaceres antropológicos e históricos y que, por lo mismo, han afectado las materias sustantivas del Instituto desde los denominados centros regionales y museos hasta los mandos medios y superiores de la administración central. Ese personal ha usurpado funciones y atribuciones en claro y obvio detrimento de los bienes nacionales arqueológicos e históricos, así como de las demás funciones sustantivas que le han sido encomendadas a nuestra institución.
Por otra parte denunciamos los innumerables intentos de la Dirección General del INAH y de los mandos medios para desconocer y minusvalorar los proyectos de investigación y protección efectiva de las zonas arqueológicas e históricas y de las investigaciones antropológicas o históricas, a través del regateo de los presupuestos y apoyos jurídicos para lograr su cabal cumplimiento, lo cual pasa por la integración de “consejos” formados exclusivamente por la Dirección General del INAH, donde los profesores-investigadores de base son excluidos de cualquier tipo de toma de decisiones.
La imposición de dichos “consejos” se orienta al establecimiento de criterios discrecionales de la Dirección General alejados de las funciones sustantivas del INAH; a romper la bilateralidad reconocida en nuestras Condiciones Generales de Trabajo y en la propia Ley Orgánica del INAH y en el intento de desnaturalizar las observaciones y acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública del 2006 (Resultado Núm. 25 Observación 1; acción emitida 06-0-11D00-07-074-07-013 y 06-0-11D00-07-074-07-016)
Por lo anterior y otras muchas acciones ilegales e ilegitimas que ha emprendido la Dirección General del INAH en contra del espíritu y letra de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente y la Ley Orgánica del INAH, que va en claro y obvio detrimento de lo antropológico e histórico encomendado al INAH, solicitamos a la Auditoria Superior de la Federación una auditoria integral tanto del marco normativo que afecta o incide sobre las leyes que le dan sustento y proyección social a nuestra institución, así como del manejo y operación de los recursos que ha tenido esta administración.
Atentamente por el Comité Ejecutivo de la Delegación Sindical de Profesores Investigadores del INAH DII-IA-1 del SNTE. Secretario General Historiador Felipe I. Echenique March.