Número 30

42 mos de acuerdo con la quema de maquinaria sea ésta de propiedad privada o pública, ni con la agresión a trabajadores de empresa alguna, tal y como fue informado sucedió en este caso aún cuando no ha sido confirmado, ni el momento, ni los responsables de estos hechos, consideramos que esto de ninguna manera es justificación para la detención vio - lenta de los habitantes de Amilcingo. Insistimos que los actos de resistencia no pueden ser usados como pretexto para la represión a las comunidades y, tampoco la participación de personas ajenas al estado. Mantener detenido a Aarón Aguilar, por haber sido quien ha dado alojamiento a la gente de Puebla, no está justificado, toda vez que no ha sido comprobada su participación en la quema de la maquinaria o agresión a los trabajadores. Por lo que se debe hacer una investigación objetiva de su participación y en caso de limitarse a lo ya dicho, el aloja- miento, debe ser liberado de manera inmediata. Exigimos a todos los niveles de gobierno el alto a la violencia de estado contra las comunidades que defienden su derecho a la autodeterminación sobre su territorio, el respeto a sus tierras, aguas y aire, así como de la salud de los habitantes. La única manera de restituir el tejido social es a través del diálogo para solucionar el conflicto, el gobierno tiene los elementos y está obligado a conocer y seguir el camino para lograrlo. La decisión del pueblo de Amilcingo, que ha dicho no a la construcción del gasoducto en sus tierras, debe ser respetada. Sabemos que este es un proyecto federal, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad pero, el gobierno de Morelos tiene la obligación de velar por los intereses de los habitantes del estado y servir de puente en la distensión de los conflictos que provocan los proyectos federales que intentan ser impuestos a todo lo largo de nuestro país. Solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos haga su trabajo y designe a un visitador para los operativos de la magnitud del realizado el día de ayer y donde participe la policía del mando único, con el propósito de verificar que se rea - licen con total respeto a los Derechos Humanos. Además, para este caso, debe designar un visitador que verifique el estado jurídico y de salud de Aarón Aguilar, aún detenido. El papel de la CDHEM es ese y debe realizarlo. En un estado donde el ejecutivo ha mostrado su interés por las víctimas del delitos, no puede, ni debe, este mismo poder, atentar contra los Derechos Humanos. Estamos en contra de la violencia institucional y el excesivo uso de la fuerza pública contra la población. ¡Diálogo ya! ¡No a la violencia, venga de donde venga! Red por la Paz y la Justicia-Morelos. Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional-Morelos Cuernavaca, Morelo a 14 de abril del 2014.

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