Número 34

14 humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de pro- tección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TL - CAN y las otras instituciones neolibera- les no están diseñadas para promover el bien social. El TLCAN, en particular, no es un acuerdo entre la gente de los tres países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función a sus ventajas comparativas. Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes in- versionistas y, simultáneamente, vincu- lan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el com - promiso y las opciones de los Estados na- cionales para proteger a la ciudadanía. Un propósito central de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pue- blos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brin - darles la soberanía nacional y la existen- cia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características que son trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace muchos años y se ha reali - zado a través de diversos mecanismos. En ocasiones ha sido simplemente median- te la renuncia a asumirla, por ejemplo el abandono de la conducción de la econo- mía; otras ha sido por cesión, como sería el caso de los recursos del subsuelo y la generación de energía; y otras más elimi- nando la capacidad gubernamental para ejercerla, como ha sido la pérdida de con- trol territorial ante el incontenible avance del narcotráfico. El vaciamiento del Esta - do está siendo llevado hasta el límite por el gobierno de Peña Nieto que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos. Analizar los devastadores efectos que ha tenido este primer experimento carga- do sobre las espaldas de los mexicanos, es por consiguiente de enorme interés para el mundo entero. Es aquí donde por pri - mera vez se ha procedido a realizar una adecuación total de la legislación y de las políticas económicas nacionales a los imperativos del Tratado. De esta manera, se elimina todo poder de decisión de las