Número 34

22 nios de los albergues de migrantes, sacer- dotes y personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas. Mientras el Estado dice no saber, o atri- buir la responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han documentado de forma muy clara y a veces dramática su situación. Si hay un territorio en el que los derechos hayan sido abolidos en México, ese es el territorio de las rutas de migra- ción que atraviesan el país de Sur a Norte. El Estado no ha escuchado siquiera a es - tas víctimas y testigos, ni mucho menos ha puesto en marcha políticas de preven- ción de la tortura, de atención a los mi- grantes o de protección de los territorios, ni parece haber escuchado las propuestas y demandas de quienes conocen de cerca dicha problemática. d. Entender la dinámica de la violencia Entender la práctica y la dimensión de la violencia contra la población civil en México es, a la vez que una necesidad, un enorme desafío. Mientras la lógica de la violencia política de los años 70, especial - mente a partir de la matanza de estudian- tes de Tlatelolco, intentó acabar con la oposición política, más adelante la lógica contrainsurgente llevó en algunas zonas del país, especialmente en Chiapas con el alzamiento zapatista y también en Gue- rrero, a una política de control del tejido social como una nueva forma de hacer la guerra, con la creación de grupos parami- litares y el estímulo de la división y el en- frentamiento comunitario, una práctica estatal conocida en diferentes países que han vivido conflictos armados o guerras: la lógica de control de la población y del territorio. En la última década, las histo- rias y casos escuchados por este Tribunal muestran que las versiones siempre gene - ralizadas sobre oscuras redes de crimina- lidad ligadas al narcotráfico ocultan tam - bién la responsabilidad o la ausencia de respuestas del Estado como condiciones necesarias para ese horror a gran escala. México se ha convertido en un gran te- rreno de frontera no solo geográfica, sino económica y política con Estados Unidos y la relación de subordinación tradicional, que es a la vez la frontera Norte/Sur. En esa gran frontera, que empieza en Chiapas y termina en Baja California, una buena parte del territorio nacional se ha conver- tido en corredores controlados o Estados fallidos en los que la implicación del Es - tado federal es evidente. Sin embargo, la descripción de la violencia y su impacto se convierte en algo coloquial donde incluso el lenguaje se ha convertido en una forma de minimización. El secuestro se llama levantón. La desaparición se convierte en extravío. El asesinato es parte de la cróni- ca roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos, con toda una parafernalia del ho- rror. El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre, no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha meca- nismos eficaces de investigación y reco - nocimiento de la problemática que vive el país. Sin un lenguaje que les reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia, y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción. Los casos que hemos escu - chado en este tribunal son una llamada a la conciencia de la humanidad, pero solo en algunos casos han generado una mo- vilización social en sectores sociales que muchas veces han visto esos problemas como cosas ajenas. e. Feminicidio y condiciones de vida de las mujeres La relación entre la situación de desigual- dad, precariedad de derechos y la violen- cia directa se manifiesta de forma clara en el caso de Ciudad Juárez y Chihuahua. Mientras a los lados de la frontera, el de- sarrollo de la industria de quita y pon supuso una estrategia para maximizar el beneficio precarizando a mansalva las condiciones de vida de las trabajadoras, las mercancías y la gente se fueron convir- tiendo en parte de lo mismo. El tráfico de