Número 34

27 Tamaulipas hasta Michoacán. En muchos de estos lugares ni siquiera el trabajo de los medios de comunicación se puede lle- var a cabo y los periodistas viven bajo la misma mordaza de la amenaza de muer- te. Este nivel de terror y silenciamiento supone no solo una violación masiva a la libertad de expresión e información, sino un nivel de control de la información que obedece a razones políticas. El oligopolio de los medios y la fuerte concentración de los televisivos en dos corporaciones supone una enorme capacidad de contro- lar la información pública que está reñida con la democracia. j. Rol del Estado y desmantelamiento de derechos En las políticas neoliberales, el tiempo de las comunidades e individuos es con- siderado como parte de la mercancía. En México, donde las condiciones de rique - za de recursos naturales, de corrupción sistémica, de grave desigualdad social y pobreza, y redes de criminalidad basadas en el narcotráfico, el Estado ha ido per - diendo su rol regulador y de protección de los derechos de las grandes mayorías y suprimiendo progresivamente sus garan- tías. Basándose en la fuerte evidencia que de forma reiterada ha sido presentada en las distintas audiencias, el TPP constata la responsabilidad de las autoridades de di- ferentes gobiernos en el desmantelamien- to de las garantías legales, especialmente con sucesivas y continuas reformas cons- titucionales, que han ido implicando una pérdida de los derechos de la población mientras aumentaban las garantías para las empresas transnacionales o las élites económicas. Las decisiones políticas que comprometen el futuro son tomadas por autoridades elegidas, pero muchas veces corruptas, o que obedecen a criterios e in - tereses de su propio beneficio o son parte de las políticas de empresas transnacio- nales que buscan maximizar sus benefi - cios a costa de las nuevas generaciones. Especialmente relevante es la reforma del artículo 27 constitucional de la propiedad de la tierra ejidal y comunal, que supuso una expropiación de derechos y garantías sobre el uso y pertenencia de la tierra y sus recursos. Estas políticas y prácticas