Número 34

30 por los frecuentes episodios de violencia que se muestran en los medios de comu - nicación internacionales, normalmen- te asociada de una manera genérica a la pugna por el mercado entre los diversos actores del narcotráfico y por los datos sobre la pobreza y la corrupción, aunque ciertamente su voz en los grandes debates internacionales ha perdido su autonomía. Lo que efectivamente no se percibe en el exterior es la amplitud y la gravedad con que, desde hace tanto tiempo, el siste - ma político utiliza un esquema de violen - cia institucional para imponer políticas económicas que responden al interés de una minoría y que atacan, en sus distin - tos aspectos, los derechos y los intereses de grandes sectores de su población. Lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apro- piación de tierras y desplazamientos for- zados golpean a quienes tratan de defen - der sus derechos y a quienes lideran las resistencias. Y que, más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotrá- fico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano, en todos sus niveles, el que, por acción o por omisión, planifica, impulsa y contribuye a mantener este pa- trón de conducta. Que el mundo sepa que el gobierno de México es candil de la ca- lle y oscuridad de su casa, porque de ello depende que haya un decidido apoyo a la necesaria transformación. En la situación mexicana se observa una llamativa falta de proporción entre la gravedad de estos crímenes de Estado, del ataque sistemático a los derechos de los pueblos denunciadas a lo largo de los años de trabajo de este Tribunal y la ima - gen que se tiene de dicha situación en ins - tituciones internacionales y regionales, en los gobiernos de América Latina y del resto del mundo, en los medios de comu- nicación internacionales e incluso en los