Número 34

32 berales secuestraron la vida pública del país, asaltaron sus instancias decisorias y, sirviéndose de los vicios y prácticas autoritarias propios del régimen pre- sidencial mexicano, llevaron adelante una transformación jurídica sin prece- dentes, que apuntó a la destrucción del proyecto soberano de Nación heredado por la revolución social de principios del siglo XX y a la consiguiente reconfi - guración desviada del Estado, todo ello con el objetivo de favorecer y garanti- zar jurídicamente la satisfacción de los privilegios e intereses privados de unas cuantas empresas trasnacionales en contra de las necesidades y aspiraciones históricas del pueblo mexicano. Hasta la fecha se han emitido 220 de- cretos de reformas a la Constitución, 122 de los cuales, el 55.45%, han tenido lugar bajo la égida del capitalismo neoliberal, lo que ha implicado 238 modificaciones sobre diversos artículos, particularmen- te el 3, el 27 y el 123, pero también mu- chos otros referentes a las estructuras y ámbitos competenciales de los órganos públicos, la distribución territorial de atribuciones, los alcances y contenidos de la autonomía municipal, los proce- sos electorales y el sistema de partidos, la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas, la transparencia y rendición de cuentas, los derechos hu- manos, el control de la constitucionali- dad, la seguridad nacional y pública, la política criminológica, la procuración e impartición de justicia, entre otras cues- tiones medulares para el desarrollo in- tegral de la Nación, la independencia y democratización de la sociedad mexica- na, la vigencia del estado de Derecho y el ejercicio pleno de la libertad y la digni- dad de las personas. A partir de este desvío de poder, la función prioritaria del Estado se ha refor- mulado para convertirlo en organizador y/o ejecutor de los despojos y expropiacio - nes, de la transformación y destrucción de la estructura productiva y de la imple- mentación de las masacres, represiones y numerosas violaciones de derechos nece- sarios para el quiebre de los lazos sociales en México. Si bien este proceso, en distintos gra- dos, es común a numerosos Estados mo- dernos en un contexto neoliberal, el caso de México destaca sin duda alguna por el nivel que alcanza este desvío de poder, por el grado de vaciamiento de las funciones representativas o sociales del Estado co- rrelativa con una simulación de la conti- nuidad de su funcionamiento, a diferencia de los regímenes dictatoriales en donde dicha renuncia se hace explícita. Es ello, entre otros elementos, lo que ha llevado a la invisibilización de la gravedad de los hechos ocurridos en México. Infinidad de movimientos sociales mexicanos han sido quienes han cargado sobre sus espaldas no sólo los numerosos sufrimientos descriptos en las actuaciones del Tribunal sino la difícil tarea de desve- lar el manto de silencio y olvido que rodea la presente situación, de documentar, cla- sificar, analizar y también comprender la vastedad, complejidad y gravedad de los crímenes de Estado desarrollados en Mé- xico en el período 1982-2014, así como su genealogía en masacres y procesos repre- sivos previos como los de 1968 o 1971. Esta tarea titánica, desarrollada mu- chas veces en soledad, enfrentando el silencio y la indiferencia de las institu- ciones internacionales, de la mayoría de los gobiernos, de la gran mayoría de los medios de comunicación internacionales y nacionales e incluso de la mayoría de las organizaciones sociales de otros países, se transformó sin embargo en un espacio enriquecedor en su capacidad de articu - lación de movimientos sociales. Vale citar como ejemplo de ello la frase de cabece- ra del capítulo México del Tribunal Per- manente de los Pueblos. “Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. El Tribunal constituyó un espacio de encuentro, de diálogo, de enriquecimien - to mutuo y de construcción de un acervo de información y documentación enor-