Número 34

42 casos de proyectos mineros aprobados sin consulta previa, o en los casos denuncia- dos por la UPREZ, incluida la apropiación de terrenos que habían sido comprados al Estado, en el Estado de México, o por la comunidad de San Antonio de Ebulá, Campeche, o la de Bacalar, Quintana Roo. e) Encarcelamiento u otra privación gra- ve de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho inter- nacional La judicialización mediante acusaciones falsas de la comisión de delitos diversos ha sido una práctica constante en el Es- tado de México para obstaculizar y tratar de desactivar a las y los líderes comuni- tarios y a las y los defensores de derechos humanos, como en los casos del Consejo de ejidos y comunidades opositores a la presa de la Parota, Guerrero, o de la Co- munidad indígena Nahua de San Pedro Tlanixco, México. En estos casos las ga- rantías judiciales se han mostrado clara- mente inefectivas. Un caso ejemplar pero a la vez repre- sentativo de numerosos casos de encar- celamiento sin garantías legales es el de Alberto Patishtán Gómez, maestro perte- neciente al grupo indígena tzotzil, en la comunidad El Bosque, Chiapas. Fue con - denado a 60 años de prisión, acusado de ser el autor de la masacre de 7 policías, en un proceso tan irregular que no contó con la asistencia de traductores, a pesar de que el acusado no habla el idioma español. Alberto Patishtán permaneció en prisión durante 13 años y su caso fue silenciado por los medios de comunicación. Tal era la evidencia de la injusticia que fue final - mente indultado por el poder ejecutivo, no aceptando tal beneficio que suponía acep - tar la culpabilidad. Por esto, el Congreso acabó dictando una ley especial para libe-