Número 34

46 nidad cometidos después de esa fecha en México o por nacionales mexicanos. La Fiscalía de la Corte puede poner en marcha una investigación sobre Mé- xico por iniciativa de un Estado parte en el Estatuto, por iniciativa del Consejo de seguridad de la ONU o por la propia ini- ciativa de la Fiscal, previa autorización de la Sala de cuestiones preliminares. En este sentido, un grupo de ciudadanos ya entregó a la fiscalía una comunicación el 25 de noviembre de 2011, con el apoyo de más de 20.000 firmas individuales, en la que se solicitaba la apertura de una inves - tigación en la que se pueda determinar si se cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como la posible responsabilidad de Felipe Calderón Hino- josa, Presidente de México del 1 de diciem- bre de 2006 al 30 de noviembre de 2012; sus secretarios de Seguridad pública, Defensa y Marina, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván y Francisco Sáynez Men- doza, respectivamente, así como la de Joa- quín Guzmán Loera, a quien se atribuye el liderazgo del cártel de Sinaloa. Más recientemente, el 12 de septiem- bre de 2014, un grupo de organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Interna- cional (CPI) un informe sobre torturas, graves privaciones a la libertad y desa- parición forzada cometidas en Baja Ca- lifornia entre los años 2006 y 2012 por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado. La comunicación fundamenta el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes, que respondían a una po - lítica gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmen- te, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de pre - sentar “avances y logros” en la lucha con - tra el crimen organizado. Es la segunda comunicación que presenta la Federación Internacional de Deechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Pro- moción de los Derechos Humanos ante la Fiscalía de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetra- dos en México en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y viene a completar una primera comunicación presentada en octubre de 2012. A pesar de que las informaciones dis - ponibles muestran la comisión de numero- sos crímenes que serían de la competencia material de la Corte antes de la entrada en vigor de su Estatuto para México, tales hechos también se han producido durante el período posterior al 1 de enero de 2006. 7.2. Derechos Civiles y Políticos En el conjunto de las audiencias han que - dado probadas una serie de violaciones de los derechos civiles y políticos, como son las siguientes: