Número 34

51 namiento a las tesis de la policía o de los aparatos represivos. Cuando las víctimas comparecían ante la justicia y reclama- ban por la investigación y sanción por la violación de derechos humanos, tampoco se respetó el debido proceso, no fueron es- cuchadas, no hubo respuesta judicial, no se practicaban pruebas y finalmente no había sentencia condenatoria. Es decir, tanto como procesados o como víctimas que reclamaban justicia, el debido proceso no se aplicó. Las dificultades en el acceso a la justi - cia se han documentado por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Luz y Fuer- za del Centro o el de los familiares de los mineros accidentados en la mina de Pasta de Conchos. 7.3. Derechos económicos, sociales y culturales El impacto de las políticas neoliberales de las últimas décadas ha sido devastador para la calidad de vida y la dignidad de la mayoría de la población de México. Según CONEVAL había 53,3 millones de pobres en México en 2012 de los que casi la mitad son mujeres. El salario actual equivale a una cuarta parte del que era en 1975 y se registra hasta un 60% de infor- malidad en el empleo. En este contexto no ha de extrañar que en el conjunto de las audiencias se haya mostrado una serie de violaciones de los derechos económicos, sociales y cultura- les, como son las siguientes: 7.3.1. Derechos laborales y sindicales El TPP a través de las audiencias realiza- das y de los testimonios recibidos constata la vulneración generalizada de los dere- chos laborales y sindicales reconocidos en el artículo 123 de la Constitución de Mé- xico y en los Artículos 6 a 9 del Protocolo adicional a la convencion americana sobre derechos humanos en materia de derechos economicos, sociales y culturales “Protoco- lo de San Salvador”, de 1988. Igualmente lo están en numerosas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como en los