Número 34

61 Las denuncias presentadas en las pre-audiencias y la audiencia comple- mentaria sobre devastación ambiental describen problemas socio-ambientales en 433 municipios de 21 entidades federa- tivas del país, en los que habitan unos 40 millones de personas, esto es, una tercera parte de la población de México. México vive una crisis ambiental de enormes pro- porciones: el 70% de los ríos del país están gravemente contaminados; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos so- breexplotados; el país ocupa uno de los primeros lugares en pérdida de diversidad biológica y bosques; más del 80% de los re - siduos industriales peligrosos no reciben tratamiento adecuado y solamente un 15% de los confinamientos de residuos urba - nos cumplen parcialmente con la norma ambiental. Se constata pues una violación masiva y sistemática del derecho a un am- biente sano, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución de México, desarrolla- do por “Ley general del equilibrio ecoló - gico y la protección al ambiente” de 1988. Según datos de PROFEPA, en los 632 días transcurridos entre el 1 de diciem- bre de 2012 (en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia del país) y el 25 de agosto de 2014, se registraron mil 124 emergencias ambientales, de las cuales, 45% fueron atribuibles a Petróleos Mexi- canos y el resto a empresas privadas, principalmente químicas, petroquímicas y mineras, con mayor incidencia en los estados de Veracruz, Guanajuato, Tamau- lipas, Puebla y Tabasco. De especial gravedad es la situación del agua, a lo largo y ancho del territorio mexicano, como se denunció en distintos casos como el de la Cuenca de la Indepen- dencia, Guanajuato. No se prioriza el con- sumo humano, la soberanía alimentaria y el caudal ecológico, en un esquema de uso equitativo y sustentable establecido por la Constitución de México (art. 4), sino que