Número 34

68 responsabilidad por la violación de los de- rechos recogidos en el propio texto de la Constitución Mexicana. Tiene responsa- bilidad por desvío de poder (tal como fue definido por la Comisión Interamericana de derechos humanos en el caso Gallardo , Informe 43/96), materializado en desam - paro institucional, delegación irresponsa- ble de funciones esenciales, privatización de espacios y servicios públicos con gra- ves consecuencias para la salud o integri- dad (como mostró el caso de la guardería ABC), abandono del rol de protección de derechos económicos, sociales y cultura- les, degradados a mera función de benefi - cencia o menospreciados, uso excesivo de la fuerza pública para reprimir manifes- taciones sociales (grupos de choques, des - plazamientos forzados), y aquiescencia y complicidad con el accionar delictivo de las empresas transnacionales condenadas en esta sentencia, entre otras. El Estado mexicano, finalmente, tiene en sus tres niveles responsabilidad especí- fica por su acción e inacción en materia de derecho al medio ambiente sano, que han dado lugar a una situación de catástrofe ambiental. El Estado actuó como fiador de la impunidad ambiental, debido a una po- lítica de doble discurso de defensa de los derechos humanos y dictado simultáneo de leyes que los vulneran al punto que las instituciones ambientales se han conver- tido en meras procesadoras de trámites y autorizaciones de impacto ambiental a negocios privados. Dado que las acusaciones presenta - das ante este Tribunal involucran nume- rosos períodos de gobierno, la sentencia ha buscado sistematizar los delitos más graves por período de gobierno siendo que condena: 1) A los responsables del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1/12/1988 al 30/11/1994) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exter- minio) y por delitos contra el derecho a la alimentación. 2) A los responsables del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1/12/1994 al 30/11/2000) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exterminio), 3) A los responsables del gobierno de Vicente Fox Quesada (1/12/2000 al 30/11/2006) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de exter- minio, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fun- dada en motivos politicos, desaparicio- nes forzadas de personas y privaciones de la libertad). 4) A los responsables del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (1/12/2006 al 30/11/2012) por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesi- nato, extermino, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos politicos y res- ponsabilidades individuales por crímenes internacionales); por delitos contra el de- recho a la alimentación y la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.