Número 66

5 Ese blindaje a iniciativas que generan una resistencia fundada, esa que no nace de ca- marillas políticas ni económi- cas apegadas a privilegios que no terminan, sino de la misma voluntad de transformación expresada en el 2018, podría ser la explicación de una for- ma de gobierno fincada en de- cretos y acuerdos que rompen el orden constitucional, con tal de allanar el camino para la consecución de los objetivos presidenciales, en especial sus inconsultos megaproyectos. En este marco, otro recur- so de control es el disciplina- miento social puesto en mar- cha desde el inicio del sexenio, como lo sugiere el título del texto de David Huerta, el in- terlocutor abdicante : por una parte, el no-diálogo como go- bernanza, como política de in- visibilización y descrédito de quienes emiten mensajes no sintonizados con la frecuencia monológica del presidente, una de cuyas divisas pareciera ser la del servilismo abyecto; por la otra, una versión de Neo- lengua orwelliana, diseminada por el Gran Hermano en sus emisiones matutinas y repli- cada machaconamente por los medios gubernamentales, por sus aliados mediáticos, sus re- des de bots, su partido y su feli- gresía, Neolengua que designa y perfila a los enemigos (in- cluido en este cajón cualquiera que ose formular principios o análisis divergentes de la línea marcada, a pesar de su funda- mento) endilgándoles motes y propósitos aviesos, estereoti- pos fácilmente comprensibles para el pueblo bueno … El disciplinamiento, o la búsqueda de éste, es también el propósito de los códigos de conducta, cartillas morales, reglamentos con los que se pretende modelar la opinión y conducta de la población o de grupos muy definidos, como es el caso de quienes trabajan en el área académica y de in- vestigación del INAH; en este caso, adicional a pretender que dichos grupos hagan su- yas regulaciones o normas, se les disciplina de forma menos abstracta, mediante la paupe- rización de sus condiciones laborales y contractuales, o no menos importante, a tra- vés de la vulneración de las funciones sustantivas de la institución. La obediencia a un código de ética debiera de ser exigida, en primer lugar, a quien exige esa obediencia, y a las instituciones mismas que apremian a firmarlo, pues ¿con qué cara exigen apego a un código de ética quienes lo violentan de manera co- tidiana en su relación con la institución que tienen la en- comienda de conducir, aque- llos que, sumisos, operan su desmantelamiento mismo? En términos generales, reflexio- nes como la que presenta Gra- ce Salamanca en este número abordan este fenómeno. No es exagerado, por ello, constatar un aire de obedien- cia servil, de códigos de ética sacados de un agujero, de so-