26, Octubre de 2013

La escena internacional muestra signos alarmantes de lo que representa la llamada “seguridad hemisférica”, asociada de muchas maneras a la lógica depredadora del extractivismo minero y petrolero en México y el continente. Ahora se confirma que el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sobre México, no puede ser disociado de la autorización en paquete otorgada por Felipe Calderón bajo su mandato presidencial, a favor de las diversas entidades de la inteligencia, aunque éste pretenda auto-encubrirse con una frase de protesta twittera. La respuesta de la Cancillería mexicana y del presidente Peña Nieto ante el espionaje de dicha agencia ha sido débil, por no decir obsecuente, muy de circunstancias, mediante teatralizadas réplicas, tan anémicas como las expresadas por los portavoces de las bancadas parlamentarias.  Una vez más, los intereses de la Nación han sido atropellados por los intereses de su clase política y de su gobierno.  

Los medios televisivos y los gobiernos asociados en tareas de inteligencia -  Estados Unidos, Inglaterra y Canadá- han querido banalizar el asunto del espionaje estratégico y sus reales móviles e impactos. Si todos los países se espían mutuamente desde todos los tiempos, ¿a qué viene el escándalo?. Banalizar y “normalizar” el espionaje debe ser visto como el pan de cada día, aceptable, necesario y digerible.

Sin embargo los pueblos, incluyendo el estadounidense, agraviados por la acción orwelliana de Estados Unidos, no comparten tal punto de vista. Tampoco algunos gobiernos. La respuesta de Dilma Rousseff ha sido digna, enérgica, legítima en el tema del espionaje de este país y Canadá, lo cual contrita a los mexicanos al compararla con la emanada de nuestro propio gobierno. La denuncia del Brasil se ha hecho formalmente ante la Asamblea General de la ONU, por representar un  "quiebre del derecho internacional y afrenta" (Cable AFP, 7 de octubre de 2013).

Tenemos claridad de que el gobierno de Obama viene enturbiando de muchas maneras las relaciones bilaterales con México y otros países del mundo. Fue Obama quién vetó por razones de “seguridad nacional” en el Congreso de su país llegar al trasfondo de la operación Rápido y furioso llevada a cabo en México por el gobierno de ese país.Se encarpetaba así el asunto porque mediante dicha operación el gobierno estadounidense, a través de uno de sus departamentos y agencias, favoreció con el trasiego de armas de alto poder al Cártel criminal liderado por el Chapo Guzmán, además de atizar una guerra infame. 

Dilma Roussef ha denunciado a la Agencia Canadiense de Seguridad en las Comunicaciones (CSEC, por sus siglas en inglés) por realizar espionaje sostenido sobre las comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, incluido el fisgoneo de llamadas telefónicas, correos electrónicos y navegación en internet,  y documentos reservados, incluyendo bases previas para las licitaciones y concesiones en materia minera y de energía.

El espionaje abarcó por extensión los flujos de información compartidos con los altos funcionarios  de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) con sede en la ciudad de Quito, Ecuador, así como con la Embajada del Brasil en el Perú, considerando la relevancia de agendas estratégicas en riesgo sobre los corredores bioceánicos, energía e integración. No es extraño que John Forster, el director de la agencia de espionaje, haya declinado responder. Sin embargo, el periódico británico The Guardian indica que dicha entidad canadiense se reúne de forma periódica y en secreto con empresas de dicho país encuadradas en el sector minero y energético para proporcionarles información sobre sus operaciones y proyectos de inversión en curso en América Latina y el mundo.

En el Brasil operan 55 compañías canadienses dedicadas a la explotación, 45 de equipamiento y 20 de servicios relacionados con minas y energía.[1] En México, las inversiones mineras canadienses no son de poca monta e impacto en la vida, la salud, la calidad del aire y de las aguas, y en general sobre el entorno natural. Stephen Harper, el  primer ministro conservador de Canadá, representa los intereses del capital minero transnacional de su país, pero también los de una de las redes de la derecha más recalcitrante en el continente. Fue electo en el Congreso en el clímax de la marejada de la crisis de 2008, para luego arremeter contra la vida democrática de su país y contra algunos gobiernos latinoamericanos.   No fue casual que sus declaraciones injerencistas con motivo del deceso de Chávez,  motivasen el más enérgico rechazo de  la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Con anterioridad, con motivo de la V Cumbre de las Américas arremetió contra el régimen cubano. (Cable EFE, 19 de abril de 2009). En 2011, Harper fue repudiado en Honduras  por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) como representante del capital depredador canadiense:  

«Denunciamos que empresas canadienses como Life Vision Properties de Randy Jorgensen y Canadian Shield Fund, entre otros, (las cuales) están impulsando un etnocidio contra el pueblo Garífuna por parte de megaproyectos de turismo que pretenden aniquilar casi la mitad de los comunidades Garífunas existentes. Empresas e inversionistas canadienses, quienes pretenden privatizar los bosques, ríos y tierras indígenas, como Minerco con la represa Chiligatoro en Intibucá, aunque otras sin duda ya están presentes bajo la sombra de testaferros nacionales, cuentan con fuertes intereses en la minería, en la generación de energía hidroeléctrica y eólica  y en la industria forestal».[2]

El relevo de la Esperanza Silver por la empresa Álamo – ambas canadienses-agrava el panorama ligado a futuro con la minería a tajo abierto en el Estado de Morelos y en México. Con diversos matices, el Gobierno Federal y el Estatal conceden y negocian, esa es su lógica, mientras las corporaciones canadienses son cuidadas y apoyadas celosamente por el gobierno neoconservador de Canadá y su agencia de espionaje, y  también por sus embajadas. La ONG Mining Watch ha reportado que en doce ocasiones las embajadas canadienses “han defendido incondicionalmente los intereses de compañías mineras que encaran oposición de las comunidades y decisiones de administraciones públicas que no les gustan”.  [3]

No es posible pasar por alto esta situación y sí muy necesario, ante ella, organizar una respuesta sólida y digna por parte de la ciudadanía. Así, mientras los empresarios mineros protestan y expresan amenazas ante un eventual e insuficiente incremento a las ridículas cuotas fiscales exigidas por el gobierno a sus explotaciones, se ha generado ya una propuesta ciudadana de ley minera dirigida a controlar dicha amenaza e impedir que los efectos de este tipo de actividad integralmente depredadora se extienda impunemente por el territorio patrio. Es por ello que conminamos a nuestros lectores a estudiar dicha iniciativa, la cual se encuentra disponible en www.leymineraxpueblosaguayvida.mx,así como a suscribir la extensa relación de firmas que acompaña a través de una iniciativa ciudadana dicha propuesta de ley, y cuyo formato se anexa al pie de esta editorial para su reproducción y acopio de firmas. De otra manera, la figura del súbdito nacional, atenido y expectador, en su inercia siempre instrumentable, seguirá adornando el camino, tan ominoso como clásico, del despojo.

Este número presenta a los lectores  una reseña de Ezequiel Maldonado sobre el libro de Christine Hüttinger “chiapas. señales”, dedicado a revelar la perspectiva de mujeres y niños de un pueblo Tsotsil de Chiapas, subrayando una narrativa que logra transmitir con eficacia su sensibilidad particular a los lectores. A su vez, Guillermo Delahanty nos ofrece una pertinente y detallada semblanza de Erich Fromm, abordando varios pasajes significativos de su existencia y teniendo para ello como referente en su texto la estancia del agudo humanista en Cuernavaca. En otro texto sugerente, la colega Aida Hernández comparte una breve pero sentida evocación de la antropóloga Marinella Miano Borruso, recientemente desaparecida, a partir del conocimiento de su obra académica pero también de la vivencia de su relación personal con ella, haciendo énfasis en varios de los rasgos, como el de su solidaridad, que pudo conocer de primera mano.  Este número cierra con el artículo de Ricardo Melgar Bao, quien destaca en su artículo el drama del impacto ganadero y de la industria petrolera en la región del Istmo Veracruzano a propósito de la afectación que impacta sobre el patrimonio biocultural y nos advierte sobre lo que se anuncia para el Estado de Morelos, donde a pesar del revés dado a la minera “Esperanza Silver”, aparece el ya referido relevo de ésta por la empresa Álamo, otra firma canadiense que retoma ahora dicho proyecto de extracción de metales preciosos con las consabidas afectaciones múltiples, inherentes al carácter depredador esencial de la megaminería tóxica.