Es curioso cómo han cambiado las prioridades en unas cuantas semanas. El domingo 26 de enero de este año, llegué a Madrid para cumplir con compromisos académicos y hacer algunas visitas familiares. Al día siguiente, me enteré que el Magistrado capitalino Francisco Huber Olea Contró había aceptado la petición de los abogados de Humberto Moreira y, para garantizar el pago por 10 millones de pesos, me iban a embargar. Siguieron dos semanas frenéticas de llamadas a los abogados y de gestiones ante diferentes funcionarios. También fueron días en los que recibí oleadas de solidaridad.
Un mes después regresé a un México preparándose para la invasión del coronavirus. En la cuarentena voluntaria-obligatoria he tenido tiempo de sistematizar los casi cuatro años de litigios en distintos tribunales capitalinos y federales. Comparto significado, lecciones y tareas.
La demanda de Humberto Moreira en mi contra, por 10 millones de pesos, nunca buscó restañar su honor; para mí, ha sido un ejercicio de intimidación y desgaste que ha pretendido arruinarme por investigar la manera como los Zeta se apoderaron de varias regiones de Coahuila, cuando él era gobernador de esa entidad. Es de elemental justicia añadir que, otro gobernador Moreira –Rubén– fue protagonista de la “reconquista” de esa entidad.
Durante todo este tiempo he deambulado al interior de un triángulo con tres vértices: 1) la angustia y zozobra ante la posibilidad de una derrota, factible por la parcialidad de un poder judicial capitalino inclinado a favor de Moreira –salvo excepciones como las del juez Francisco Castillo– 2) la esperanza de que algún día mi caso llegaría a una justicia federal bastante más confiable; y, 3) la necesidad de olvidar el litigio, para evitar la contaminación de las investigaciones que realizo sobre Coahuila. Pese a los altibajos de la demanda, en mayo presentaremos un tercer estudio: en esta ocasión sobre la derrota Zeta en La Laguna.
Por el momento, el litigio se paralizó con buenos auspicios. Poco antes de suspender actividades, la Suprema Corte anunció que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondría la atracción del asunto. Otra buena noticia es que el Consejo de la Judicatura de la ciudad de México aceptó mi queja contra el magistrado Olea Contró, el abanderado de la ofensiva judicial en mi contra. La solidaridad recibida durante esta nueva etapa la considero un referéndum a voz alzada por la libertad de expresión. Con eso en mente, enumero las principales lecciones y tareas.
Primera. Es indispensable mejorar las leyes federales; tienen vacíos jurídicos como el que ahora permite el florecimiento de un método inventado en Singapur: presentar costosas demandas judiciales para arruinar y silenciar a periodistas independientes. Está a punto, me dicen, una propuesta elaborada por Artículo 19, Fundar y otras organizaciones que están recogiendo apoyos entre un buen número de legisladores. Debemos apoyarlos para lograr su aprobación.
Segunda. Otorgar muchísima más atención al funcionamiento de los sistemas judiciales de las 32 entidades. Algunos son reductos del pasado que pervierten y lastran una democracia en construcción. El caso del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX llama la atención, porque resultan inconcebibles los testimonios sobre el tráfico de influencias y la corrupción, en una entidad gobernada por la izquierda desde 1997. Morena tiene la fortaleza en la capital para limpiar ese foco de infección; una tarea indispensable en el combate a la inseguridad.
Tercera. Se reconfirma el vigor e influencia del periodismo independiente. Resulta urgente fortalecer las organizaciones de (y para) periodistas existentes, para mejorar la defensa de un gremio y una libertad de expresión bajo asedio. Las prioridades serían la protección de colegas trabajando en las regiones más conflictivas, el monitoreo del Mecanismo de protección creado por la secretaría de Gobernación y la capacitación intensiva sobre formas exitosas ensayadas en otros países, para informar sobre las actividades del crimen organizado.
Me resulta imposible anticipar la evolución de mi caso en los tribunales de la capital y, tal vez, la Suprema Corte. En el mejor de los casos, al juicio le restan entre seis meses y un año. Inicio esta espera, argumentado que el himno a favor de la libertad de expresión nos ha dejado tres tareas: reformar la legislación federal, vigilar los poderes judiciales de los estados y mejorar los sistemas de protección y capacitación del gremio. Son exigencias mínimas, si se recuerda que México es uno de los países más riesgosos para el ejercicio de un periodismo independiente y crítico.
En todo caso, estas batallas tendrán que librarse cuando pase la emergencia sanitaria. Por ahora, están en reposo.
@sergioaguayo
Colaboró: Zyanya Valeria Hernández Almaguer