Número 37

4 Sigue los malos pasos del exguerrillero sal- vadoreño Villalobos, quien regaló su arma a Salinas, y se puso al servicio del gobierno de Calderón Hinojosa en su devastadora cam- paña de guerra sin cuartel contra el crimen organizado, que dejó un saldo de miles de víctimas civiles. Rigoberta nos recuerda a su vez la defección moral y política en suelo mexicano del líder sandinista nicaragüense, Tomás Borge quien, también por unos dóla- res, vendió su pluma para florear con des - mesura y sin vergüenza la imagen de Carlos Salinas de Gortari. Recuperamos el sentido de la lucha de los jornaleros de San Quintín como una muestra de la cara mediáticamente oculta del pueblo mexicano. A contracorriente, y por medio de la organización, movilización y reclamo para dignificar su trabajo, hasta el momento ellos han alcanzado trece acuer- dos, incluido el aumento salarial «lo más cercano posible a los doscientos pesos». En la algarabía del festín de la demo- cracia, también quedó al margen la noticia de que Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, finalmente fue trasladada al penal de Te - pepan. La valerosa mujer tuvo que iniciar desde el cinco de mayo pasado una huelga de hambre para presionar por su liberación. Nestora, como miles de luchadores sociales, es presa política en un país que usa la ley como parte de su política de terrorismo de Estado. Incluso, los delitos que le imputaron han sido desechados por el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, por lo que lleva 21 meses injustamente encarcelada, y como una peligrosa criminal, se le recluyó primero en el penal de Alta Seguridad de Tepic, Na- yarit, en condiciones severas de aislamiento que han mermado su salud. La exigencia de la Corriente Crítica de Trabajadores de la Cultura es sólo una: su libertad inmediata. Y ¿por qué incomoda tanto su figura al gra - do de suscitar tal atropello? Porque resulta ejemplar al encarnar la voluntad popular de resistencia y de organización autonómica. Además de constituir una respuesta local y regional a las condiciones de inse- guridad, impunidad y abandono que pri- van en diversas regiones del país, la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá se fundamenta por la ley 701 del propio estado de Guerrero, aprobada en 2011, en un dis-