Dando continuidad a una aproximación previa a la lucha de Pueblos Unidos (véase En el Volcán Insurgente, Acosta, 2021), en el presente artículo se ahonda en las implicaciones del cierre y la toma de la planta de Bonafont, la fundación del Altepemelcalli y la intervención de la Guardia Nacional. Interés central de esta contribución es advertir la respuesta comunitaria frente a la apropiación del agua e identificar las tensiones, las divergencias y las contradicciones entre las comunidades, el gobierno municipal y estatal, diversos organismos del gobierno federal y la empresa, en torno de la valoración, gestión y uso del agua al concebirla como legado común, bien público o recurso mercantilizado, en un contexto de crisis hidroecológica en la región de los Cholultecas y los Volcanes del estado de Puebla.
A partir del cierre y toma de la planta de la empresa de Bonafont, embotelladora de agua filial de la corporación francesa Danone, se entrevé la lucha histórica por el territorio en la región frente a la urbanización, industrialización y privatización del líquido vital y se da cuenta de las estrategias y aprendizajes orientados al fortalecimiento de las comunidades y la restauración socioambiental, en el marco de la lucha por la autonomía y la soberanía territorial.
Los Cholultecas y los Volcanes
La región donde se encuentran las comunidades que conforman Pueblos Unidos, se conoce históricamente como Valle poblano-tlaxcalteca, ubicado en el Altiplano Central de México y parte del Eje Neovolcánico donde circundan el volcán de la Malinche y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl con una altitud que alcanza hasta los 5, 200 metros sobre el nivel del mar, los cuales comprenden la segunda y la tercera elevación más alta del país. Esta región es parte de la Cuenca del Río Alto Atoyac que se forma en la Sierra Volcánica y sigue su curso por los Valles de Puebla-Tlaxcala, Atlixco y Matamoros y se almacena en la presa del Valsequillo, conocida formalmente como Presa Manuel Ávila Camacho (INEGI, 2019).
En esta región que se distingue por sus fuentes hidrológicas y por la presencia de diversos pisos ecológicos, entre sierras, lomeríos, mesetas y llanuras, se encuentra una actividad económica y productiva históricamente diversificada. En el Valle poblano-tlaxcalteca se ha asentado la mayor parte de la población, se han desarrollado las actividades industriales y comerciales más importantes del estado de Puebla y actualmente constituye la cuarta zona metropolitana más grande del país, después del Valle de México, Monterrey y Guadalajara.
Por su ubicación, esta área desde la época prehispánica ha sido un punto estratégico y de conexión entre el centro, el golfo y sureste de México donde se asentaron desde entonces centros religiosos, políticos y comerciales, entre los cuales destaca Cholula o Tlachihualtépetl, que se constituyó como centro marcroregional y el cual desde el periodo clásico se le identificó por el culto al agua (Masferrer, Mondragón & Mences 2010:121; Ashwell, 2004). En particular, destaca la preponderancia en la región de dos deidades: Quetzalcóatl, “Serpiente emplumada”, dios dual que entre sus múltiples advocaciones se encuentra la del viento y su función de limpiar los caminos para la lluvia, y Chalchiuhtlicue, “La de la falda de jade”, identificada con el agua terrestre y los mantenimientos, representada por sus faldas de chalchihuites (piedras azules), sus líneas ondulantes y un yelmo de serpiente.
Manta con Pueblos Unidos, sus topónimos prehispánicos y otros elementos identitarios. Foto: Eliana Acosta
En la actualidad, los pueblos de la región de los Cholultecas y los Volcanes rinden culto a una pareja, dos potencias identificadas con los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, nombradas como Don Goyo y Doña Rosita. Esta pareja de volcanes en donde “nace el agua”, como destacaría la población originaria, se distingue por el deshielo de sus glaciares, su alta precipitación pluvial, ser fuente de recarga, filtración que alimenta las aguas subterráneas y en el temporal nutre las corrientes superficiales. Estas fuentes hidrológicas proveen del líquido vital a núcleos de población no sólo del Valle de Puebla-Tlaxcala, sino también de la Ciudad de México, del Valle de Chalco y del Valle Cuautla-Cuernavaca y han sido aprovechadas por los parques industriales asentados a su alrededor (Meza, 2011).
La riqueza hidrológica de estos volcanes que conforman el Área Natural Protegida conocida como “Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl”, enclavada en la Sierra Nevada, ha dado también lugar a la apropiación del líquido vital por parte de las corporaciones que han desplegado el hidronegocio por todo el planeta y en México particularmente, donde se encuentra uno de los mayores mercados del agua embotellada y de bebidas azucaradas acaparados por cuatro compañías: Coca-Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé. Mientras a las comunidades de la región se les ha restringido el acceso a los mantos acuíferos y han padecido la reducción de sus pozos artesanales, las empresas trasnacionales, Nestlé y Danone a través de sus filiales Santa María y Bonafont, con sus estrategias comerciales de un “vida saludable” y “cuidado del ambiente”, obtienen ganancias extraordinarias por la venta de agua embotellada, que hace de este negocio uno de los más provechosos dentro de la industria alimentaria.
La extracción de los mantos acuíferos, su acaparamiento, mercantilización y uso industrial ha derivado en un estrés hídrico creciente, correlacionada a su vez con una crisis hidroecológica que tiene tres expresiones fundamentales: la disminución de los niveles del agua subterránea, el descenso, contaminación y muerte de los ríos y el deshielo de los glaciares de los volcanes. No sólo se ha alterado el ciclo del agua y la capacidad de recarga de la cuenca, del “cajete” que comprende la región: también se ha visto trastocada la tradición de las comunidades de “cosecha del agua” en sus pozos artesanales. Sobre ello, Pueblos Unidos ha denunciado que el agua de sus pozos ha descendido alrededor de 5 a 10 metros y lo vinculan precisamente a la sobre explotación de líquido vital por las empresas y las industrias, lo cual ha generado además “huecos y vacíos en las venas de la tierra” (Comunicación personal, 14 de junio de 2021).
En ese contexto no extraña entonces que justo el 22 de marzo de 2021, Día Mundial del Agua, comunidades de la región se agruparan como Pueblos Unidos y tomaron la determinación de cerrar la planta de Bonafont que se localiza en la localidad de Cuanalá en el municipio de Juan C. Bonilla, ubicado justo entre la región de los Cholultecas y los Volcanes.
Con la creciente escasez de agua y la merma de la disponibilidad del líquido vital, Miguel López, constructor de pozos artesanales y recolector de chapulines, también fundador de la Radio Comunitaria de Zacatepec y guardián del Río Metlapanapa, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala y Concejal del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, declara que se empezaron a informar sobre las concesiones y el acaparamiento del agua, leyeron al respecto y participaron en foros, pero sobre todo llegaron a acuerdos en asambleas, e indignados por la intención por parte de la empresa de explotar un pozo más de manera irregular, el 22 de marzo unas 800 personas con estandartes, rezos y cantos, cerraron la planta de Bonafont e instalaron el plantón de diversas pueblos originarios, entre ellos Santa María Zacatepec, San Juan Tlautla, San Gabriel Ometoxtla, San Mateo Cuanalá, San Lucas Nextetelco, Colonia José Ángeles, San Diego Cuachayotla, San Lucas Atzala, Santa María Coronango, Santa Bárbara Almoloya, San Sebsastián Tepalcatepec, San Miguel Xoxtla, San Juan Cuatlancingo, San Martín Texmelucan, San Martín Zoquiapan, San Francisco Ocotlán, Santa María Acuexcomac, San Buenaventuara Nealtican, San Francisco Cuapan, y San Andrés Cholula.
Así como lo hicieran en 2021, mujeres y hombres de diferentes edades, familias y comunidades se articularón contra el acaparamiento del agua y el hidronegocio, organizándose en 2019 en defensa del Río Metlapanapa para evitar que las empresas del Parque Industrial de Huejotzingo descargaran sus desechos tóxicos y convirtieran este río en otro drenaje a cielo abierto. Esta confluencia organizativa dio lugar a la instauración de un gobierno por usos y costumbres en la alcaldía de Santa María Zacatepec. Pero también, la lucha contra Bonafont y la defensa del Río Metlapanapa, aunada a la resistencia en la organización de Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA) y como Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), son parte de la defensa de un territorio que logra un alcance histórico y regional amplio, al oponerse al proceso de descampesinización asociado a la industrialización y urbanización de esta zona estratégica por su cercanía con el área metropolitana de Puebla y Tlaxcala y por el despojo de sus fuentes hidrológicas nacidas en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
Para aproximarse a la lucha por el agua y la defensa del territorio y al despojo progresivo y la crisis hidroecólógica asociada, se debe considerar el impacto de las reformas impulsadas durante el salinismo. En efecto, aun cuando el agua es propiedad originaria de la Nación, disposición derivada de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte en 1992 se reformó la constitución y se estableció un sistema de concesiones en la Ley de Aguas Nacionales que favoreció la apropiación y mercantilización del líquido vital y su transfiguración de un bien público a una mercancía (López, 2017: 15). Este cambio se encuentra estrechamente vinculado a la reforma del artículo 27, la cual abrió la posibilidad de que los ejidos, procedentes de la restitución y dotación de tierras durante la posrevolución, dejaran de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables y pudieran establecer contratos de arrendamiento, aparcería, asociación y uso de las tierras por terceros (Guerrero, 2012: 86).
Estas reformas son parte del proceso de “neoliberalización del territorio y del agua” (Ávila-García, 2015: 26) y, en específico, de los cambios estructurales que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado se impusieron a través del Estado al favorecer de manera simultánea la reorganización del territorio para su apropiación y la instrumentación de un marco legal para facilitar el despojo y la acumulación del capital. La privatización y el extractivismo van aparejados de la desregulación económica y ambiental y, con la apertura comercial y la disposición de normas ambientales laxas, se han devastado territorios y a su paso se han multiplicado los conflictos socioambientales. Es así que actualmente en México bajo el régimen de concesiones se ha incrementado en las últimas décadas la gestión privada sobre la gestión pública y social (López, 2021: 7) y se ha privilegiado el interés privado sobre el interés común, lo cual ha provocado que el 70% del agua esté concentrada en unos cuantos “millonarios del agua” y que también el 70% del agua dulce se encuentre contaminada a causa de la descarga de químicos y de aguas residuales (Gómez & Moctezuma, 2020; Román, 2018; Lira, 2018).
Tal panorama nacional se exterioriza de manera notable en la región de los Cholultecas y los Volcanes. Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la explotación de los mantos acuíferos y el despojo del agua de los pueblos originarios se ha incrementado al parejo de la urbanización y al desarrollo de la industrialización y del establecimiento en la región de parques industriales donde se han asentado, entre otras múltiples compañías, Vokswagen, Hylsa-Ternium, PepsiCo, Big Cola, Bonafont, El Calvario, Industria Mexicana de Alimentos, Skytex México, Unidad Tecno Textiles. No es casual entonces que en el Valle poblano-tlaxcalteca, la Cuenca del Río Alto Atoyac que forma parte de la región hidrológica del Rio Balsas sea el segundo río más contaminado del país y sea causa de diversas enfermedades asociadas al alto grado de polución y toxicidad, diversos tipos de cáncer, abortos, malformaciones congénitas, enfermedades gastrointestinales, intoxicaciones (CNDH, 2017). Condición impuesta que se correlaciona con la desregulación ambiental y el acaparamiento de agua, que no sólo a nivel del gobierno federal se favoreció, sino también a nivel estatal, desde donde se concretó en 2013 una reforma a la Constitución de Puebla que abrió la posibilidad de que la administración del agua del estado pasara a manos de particulares.
Divergencias en el uso y valoración del agua
Bajo estas condiciones y circunstancias, las comunidades de la región han luchado por su territorio y por mantener la gestión comunitaria del agua. Razón por la cual resulta por demás significativo que aproximadamente dos meses después del cierre de la planta de Bonafont, el 29 de mayo de 2021, Santa María Zacatepec fuera noticia nacional e internacional por la formación de un socavón en tierras de cultivo cercanas a las plantas industriales y que llegara a alcanzar más de 100 metros diámetro.
Posicionamiento de Pueblos Unidos ante al socavón fuera del plantón. Foto: Eliana Acosta
A partir de este evento no sólo se dejaron ver las distintas posiciones, incluso divergencias entre distintas instancias y niveles de gobierno: también se expusieron las irregularidades de la empresa Bonafont y del estado que guardan las concesiones de agua en el municipio de Juan C. Bonilla, donde se localiza la comunidad de Santa María Zacatepec.
Por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se entregó al gobierno del estado de Puebla un informe en que se declara oficialmente que el socavón se debió a un proceso natural derivado de la disolución de las rocas calcáreas y de que no hay evidencias de abatimiento y de sobreexplotación del acuífero (CONAGUA, 2021). En respuesta a este informe, el entonces gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, no sólo expresó su desacuerdo sino también responsabilizó a este organismo por los permisos otorgados y de las irregularidades: “Ellos (Conagua) deberán de decir que nada tiene que ver (el socavón) con la extracción de agua, porque todos los permisos que están ahí siendo explotados, las extracciones que no tienen ningún permiso, ellos saben de qué se trata. O ellos otorgaron el permiso o ellos también permiten que esa extracción sea sin documentos” (Bretón, 2021). Posteriormente, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Puebla, en concordancia con el dictamen elaborado por instancias académicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se confirmaría que el socavón fue provocado por la extracción masiva de pozos irregulares junto con la erosión del suelo y las intensas lluvias del temporal (Animal Político, 2021).
Desde un principio Pueblos Unidos manifestó que el socavón se debía a la explotación de los mantos acuíferos, y en conferencia de prensa a través del geógrafo y biólogo David Jiménez declararon que: “El socavón no es una fractura geológica, tiene que ver con el registro de más de 60 años donde se asentaron más 150 empresas e industrias que han saqueado el agua, pues hace 40 años aquí había un lago. ¿Cuántos millones de litros de agua se están llevando las industrias?, se preguntó el investigador durante la conferencia, y añadió que la explicación debe ser histórica y socioambiental” (Desinformémonos, 2021).
Funcionarios ausentes el 8 de agosto. Foto: Eliana Acosta
Entre las distintas declaraciones y la vasta información que se hizo pública y se socializó a través de diversos medios locales, nacionales e internacionales, pasados los cuatro meses del cierre de la planta de Bonafont, el 8 de agosto de 2021, día de la conmemoración del nacimiento de Emiliano Zapata, Pueblos Unidos convocó a una reunión pública y en asamblea popular para dialogar con diversas instancias: el gobierno estatal, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la empresa Bonafont. Ningún funcionario y tampoco representante de la empresa acudieron a la reunión, pero la asamblea popular tuvo lugar.
Después de leer una carta dirigida a Zapata y rememorar su legado durante la Revolución y la traición del entonces presidente Francisco I. Madero a los ideales del pueblo en su lucha por la tierra y el agua, “Zapatistas del agua” como también se nombran, dieron paso al testimonio de los representantes de cada uno de los Pueblos Unidos y dieron parte de la situación de cada una de las comunidades y de las razones por las que luchaban; la mayor parte de las participaciones dieron cuenta de la grave situación de los mantos acuíferos, de la apropiación de sus manantiales, la resequedad de sus pozos artesanales y la contaminación de su río. También daría su palabra la comunidad migrante de origen otomí en resistencia, que mantiene tomada las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas desde el 2020 en la ciudad de México y que ha acompañado a Pueblos Unidos desde el inicio del cierre de la planta, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena.
Guardianas del Río Metlapanapa en el Juicio a Bonafont en Asamblea popular. Foto: Eliana Acosta
A continuación, la asamblea inició un juicio popular en contra de Bonafont, momento en el cual, en voz de las mujeres a quienes se les conoce como las Guardianas del Río Metlapanapa, varias de ellas portando una playera negra con la imagen de Zapata y la frase “Aquí estamos. Mi general”, denunciaron en español y en náhuatl a la empresa, no sólo por el acaparamiento del líquido vital, sino también por las irregularidades con las que se la apropió y por la contaminación de su río, ya que esta empresa no sólo llegó a explotar un millón 400 mil litros de agua a diario, nacida en los volcanes y produciendo hasta 60 garrafones por minuto, sino también por descargar desechos tóxicos, entre ellos cianuro, mercurio, arsénico, plomo, cromo, niquel, cadmio (Suaste L & Suaste S., 2021). A la par de que las mujeres daban su palabra, mostraban en botellas el aspecto del agua contaminada de diversos ríos de la región, del Río Metlpanapa, del Río Prieto, del Río Atoyac, del Río Xopana, del Río Xochiac, del Río Rabanillo y del Colector de Ciudad Textil de Huejotzingo.
Pasado el juicio se anunció la creación de la Casa de los Pueblos, el Altepemelcalli en náhuatl, momento en el cual de manera simultánea, hombres y mujeres tomaron las instalaciones de la empresa, también portando la playera negra con la imagen de Zapata y con paliacates y pasamontañas, ambos emblemáticos del neozapatismo, Se fueron adentrando los asistentes de la asamblea en contingente con una manta por delante donde están nombradas las comunidades en lucha y estandartes de la Virgen de Guadalupe y la bandera de México en manos de la pareja de huehues o ancianos sabedores de la resistencia, deteniéndose por momentos con incienso, velas, flores y mazorcas, rezos, cantos y consignas al toque del tambor. Avanzado el contingente, justo en el pozo donde se extraía el líquido vital por la empresa, con pintas y en voz de su huehue, Pueblos Unidos declaró clausurada la Planta de Bonafont.
Toma de la planta de Bonafont el 8 de agosto de 2021. Foto: Eliana Acosta
Clausura de la planta de Bonafont. Foto: Eliana Acosta
El camino de la autodeterminación
La fundación del Altepemelcalli es una expresión más de la lucha por el territorio y los legados comunitarios y un paso más en el camino por la autodeterminación de los pueblos en la región de los Cholultecas y los Volcanes. Al respecto, el luchador Miguel López se preguntaba en un encuentro en el Taller por la Defensa de los Territorios en la Dirección de Etnología y Antropología Social: “¿Qué podemos hacer para seguir adelante, para seguir caminando como pueblos?… porque en verdad, no hay megaproyectos amigables al medio ambiente, definitivamente no lo hay, es más, ni gestionado por nosotros, y que seamos parte de esta inversión…. el despojo, la contaminación y los megaproyectos arrasan con todo” (2° Encuentro Nacional por la Defensa de los Territorios, 11 de diciembre de 2019).
Parte de la respuesta a esta pregunta se encuentra en la lucha que han emprendido los pueblos nahuas, no sólo en la recuperación del agua y defensa de su río, sino también ante la imposición de megaproyectos y obras de infraestructura y, más aún, frente a la política privatizadora del líquido vital y del proceso de industrialización con sus impactos devastadores en la región. Bajo esta perspectiva, el cierre y la toma de la planta de Bonafont y la fundación de la Casa de los Pueblos es muestra de los obstáculos, pero también de los alcances de un pueblo organizado y de su articulación con otras luchas, no sólo para frenar este modelo, sino también para demostrar que hay otras maneras de vivir: la de “ser pueblo”.
Para seguir caminando como pueblos, las comunidades originarias de la región han defendido la tierra y el agua como un binomio y junto con ello la forma de vida campesina; por eso se asumen también como “Zapatistas del agua” y se reconocen como continuadores del legado de Zapata y su lucha durante la Revolución. Aún es memoria viva la participación de los pueblos de la región durante el movimiento revolucionario, y por eso también cuando explican la lucha que actualmente emprenden, la asocian con la recuperación de las tierras acaparadas por las haciendas e incluso a los ancianos, a los huehues que se les reconoce por su lucha, se les llaman también “generales” como al general Emiliano Zapata y en los actos políticos portan las cananas propias de los revolucionarios a manera de rosarios de mazorcas.
Esa memoria es simiente de la articulación regional de los pueblos y su defensa del territorio, así como el zapatismo durante la Revolución, las comunidades se han agrupado al interior del estado de Puebla y más allá de las fronteras estatales y, de manera conjunta, han hecho frente a los emprendimientos que han amenazado su tierra y agua. Una de las expresiones de esta articulación es su integración como Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua (PUCPA) que, frente a las políticas del gobierno estatal orientadas a sustraer a los pueblos de la gestión comunitaria del agua, en el marco de entrega a la iniciativa privada de la administración del líquido vital durante la primera década del 2000, lograron mantener su distribución sin la fijación de una tarifa y uso de medidores e hicieron prevalecer sus propias regulaciones y comités de agua.
Al respecto, destaca la conformación del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra y el Agua contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), en el cual se agrupan comunidades del estado de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con inversión trasnacional de las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Anaga, y la italiana Bonatti, está constituido por dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto con el fin de proveer de energía a la industria del centro y norte del país en el marco del mercado global; inició su construcción a finales de la primera década del 2000 y hasta la fecha no se ha logrado concluir y poner en funcionamiento en su integridad, por la resistencia del Frente de Pueblos que ha conjuntado la movilización social con la lucha legal.
Rumbo al ombligo de Don Goyo. Foto: Eliana Acosta
Una década en la cual se ha denunciado la violación a los derechos colectivos de los pueblos y las diversos daños a la salud y al medio ambiente, tiempo en el cual ha habido múltiples encarcelados y fuera asesinado en 2019 uno los defensores, el morelense Samir Flores Soberanes, a quien se le considera el primer ambientalista ultimado en el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña declarara que se debía cancelar el proyecto y ya en el gobierno ha operado para que se concluya y entre en funcionamiento.
Entre las múltiples afectaciones se encuentra precisamente el acaparamiento del agua en una región históricamente agrícola y de las principales del estado de Morelos. En específico y desde la perspectiva de las comunidades, el aprovechamiento del Río Cuautla para generar energía implica el “agua de primer uso”, la cual conciben como “un don de Dios para la vida, beber y sembrar”, misma a la cual por acción de la termoeléctrica, se le sustraen sus propiedades, despojándola de sus sustancias y esencias, dejándola “hueca” e inutilizable, provocando así un hidrocidio, transfigurando “el agua viva en agua muerta“ (González, 2018: 384-389).
Otra afectación directa para las comunidades de Puebla es el gasoducto, en el cual se tiene proyectado que los ductos crucen cerca de los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, de especial cuidado y preocupación para los pueblos dada la cercanía con un volcán en actividad. Ante la posibilidad de tener unos ductos cercanos a los núcleos de población y zonas de cultivo, además de la intranquilidad y el riesgo para su vida e integridad de su territorio, para las comunidades conlleva a su vez otro agravio: la afectación a Don Goyo, como ellos nombran y conciben al volcán Popocatépetl.
Alimentando a Don Goyo, personificado en una cruz vestida y en flor. Foto: Eliana Acosta
Bajo esta perspectiva, los impactos socioambientales de los megaproyectos y el extractivismo habrá que verlos no sólo como un despojo del territorio, sino también como un daño al cuerpo y la salud desde una perspectiva doble, tanto de las personas, pero también de las diversas comunidades y seres que lo habitan, especialmente los dueños, señores o guardianes, quienes son necesarios para la existencia e integridad de la vida y de la continuidad del cuerpo-territorio. El monte es la entidad misma: en ese sentido, cuando los nahuas, por ejemplo, hablan de sus orejas, su ombligo o su corazón, no sólo se trata de una metáfora, una semejanza afirmada o una analogía entre dos órdenes distintos de la realidad, más bien al establecer relaciones metonímicas, conciben e identifican partes constituyentes de su cuerpo.
Razón por la cual el tiempero, especialista ritual a quien se le atribuyen conocimientos sobre el tiempo y sus ciclos en las faldas del Popocatépetl o para ser más precisos, en el ombligo de Don Goyo, expresara que el gasoducto, que es parte del Proyecto Integral Morelos, está trozando sus venas. Por eso, “Don Goyo está enojado, las máquinas han lastimado sus venas de agua”, mismas que abastecen del líquido vital a los pueblos.
En ese marco es posible entrever que la lucha de los pueblos es por el agua y la tierra, pero también por la preservación de la vida misma y otra manera de vivir, como ellos mismos lo han hecho valer ante el gasoducto y el Proyecto Integral Morelos y lo han confirmado en defensa de su río. En 2019, la comunidad nahua de Santa María Zacatepec y sobre todo las mujeres, las Guardianas del Río Metlpanapa, con acciones directas y con su cuerpo bloquearon las obras y evitaron, aun con el permiso dado por el gobierno estatal, que el río fuera más intervenido y contaminado por la descarga de desechos tóxicos generados por el parque industrial de Huejotzingo. Al respecto, explica Norma Ramírez, una de las guardianas:
Sí, así es, tanto igual como todas las mujeres, siempre hemos visto que la vida no se negocia, o sea lo que nosotros estamos haciendo, la vida es por nuestros hijos, por los hijos de las generaciones que vienen, todos los que tienen hijos, nosotros siempre tenemos esa palabra, las señoras, nosotras como sea ya vivimos ¿no? pero los pequeñitos, todos los niños que vienen de generación en generación y eso no se pone a pensar el gobierno, nada más viene, reprime, quita, contamina y nosotras como mujeres pues es por eso que estamos en la lucha, más que nada por la salud, por la salud de nuestros hijos y también por la salud de todo el medio ambiente porque estar contaminando el río, también nos contaminan a nosotras. O sea, como hemos comentado, como hemos escuchado las enfermedades que vienen, e imagínese nosotras como mujeres, decía un señor “nosotras las mujeres necesitamos todo el tiempo el agua y estamos dando vida, a nuestros hijos hasta desde el vientre le estamos dando vida y pues la salud nosotras la estamos dando y en el momento en que vengan y nos contaminen y así porque sí que vengan y nos pongan sus metales pues qué vida vamos a darles si estamos dando vida” (16 de diciembre de 2019, Plantón del Río Metlapanapa, Zacatepec, Puebla).
La defensa del agua como fuente de vida, don ancestral y legado colectivo, desde luego se opone a los intereses de los diferentes gobiernos y empresarios que ven en el Valle de Puebla, con sus volcanes y acuífero, un corredor industrial y un polo de desarrollo en donde obtener mano de obra barata, agua y energía. Y por más que en el discurso se prepondere el “interés público”, estas obras, como lo han develado las comunidades, en los hechos sirven a los intereses particulares de las empresas y favorecen el acaparamiento del líquido vital.
Con sus acciones, las comunidades no sólo han puesto límites a un modelo de desarrollo ajeno a su concepción y forma de vida, sino también han avanzado en su camino hacia la autonomía y han generado estrategias para conseguirlo. Derivado de ello es el fortalecimiento de la comunidad y sus formas organizativas, la generación de formas de comunicación independientes y la conformación de un gobierno por usos y costumbres. En el año 2001, por iniciativa de las mujeres y como un instrumento de defensa del territorio, fundaron la Radio Comunitaria de Zacatepec, justamente en la coyuntura de la lucha contra la ampliación de la autopista. Aun cuando el gobierno municipal les ha cerrado la radio dos veces, con el reconocimiento de “pueblo originario” y el permiso de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se han mantenido por más de dos décadas, tiempo en que se ha fortalecido con la participación de mujeres, jóvenes y niños y con una programación diversa y arraigada a la comunidad. Con la lucha por el Río Metlapanapa en el plantón, recuerdan las Guardianas del río, se dio lugar a la “Primera Casa de Justicia” y con la confluencia organizativa se fundó un gobierno por usos y costumbres en Santa María Zacatepec.
Este proceso autogestivo favoreció la organización para el cierre y la toma de la planta de Bonafont en su determinación de seguir siendo pueblos y en ese marco habrá que valorar la fundación del Altepemelcalli. Así lo expresa Pueblos Unidos a seis meses de la toma de la planta: como afirmaría una de las jóvenes de la organización, el Altepemelcalli “es un proyecto encaminado a la autonomía”. “Autonomía y reconstrucción integral de los pueblos, así lo decretamos, la Casa de los Pueblos para construir vida”. Explica al respecto: “No sólo es el tema del agua, es un tema completo, la contaminación de los ríos, las afectaciones a la salud, el cambio de la alimentación; no sólo es la pérdida del agua, es el abandono de la escuela, del campo”, para lo cual se necesita, afirma la defensora, “Construir el cuidado al agua en toda la región, para lo cual requerimos comunicación y una educación no tradicional que tome en cuenta el campo. Reconstruir nuestras comunidades es el objetivo” (Taller por la Defensa de los Territorios, 22 de septiembre de 2021).
El Altepemelcalli se conformó bajo los siguientes pilares: salud, educación, comunicación, arte y cultura y casa de las mujeres. En principio se concibió como un espacio para las mujeres, un lugar seguro de aprendizaje, fortalecimiento e intercambio, de impartición de talleres para el cuidado integral e impulso de actividades económicas autogestivas. Otro pilar lo constituye la salud, el cual se concibe desde una perspectiva amplia y arraigada al territorio, orientada sí a la prevención y tratamiento de enfermedades, pero también al cuidado del agua, de la alimentación y del campo. Vinculado a éste se encuentra la educación, el apoyo a las y los niños en las materias básicas, pero sobre todo con la visión de una construcción autónoma que incluya los conocimientos de las comunidades, una enseñanza enraizada al campo y a la tierra y todos esos saberes originados por los pueblos que quedan fuera en la educación oficial. Otro objetivo ha sido ampliar las formas de comunicación autónoma: con la experiencia adquirida en Radio Zacatepec se creó una televisión comunitaria, Altepemelcalli TV, la TV de los Pueblos, a través de la cual los diversos pueblos de la región puedan compartir su palabra y desde ahí fortalecer los vínculos comunitarios y con otros pueblos y colectivos del país y otras partes del mundo. El arte y cultura han sido centrales, la socialización de diversas formas de expresión, aprendizaje y fortalecimiento de lenguas originarias y transmisión de saberes de las y los abuelos.
En el proceso destaca la relevancia de las mujeres y junto con el ello el intercambio intergeneracional, sobre lo cual comparte una de las guardianas del Río Metlapanapa: “La juventud al ver lo que nosotras hacemos y ver que somos personas grandes, les impulsa como nosotros seamos las guías, y nosotras estamos contentas porque todavía hay gente del gusto por la naturaleza… todavía lo poco que tenemos lo podemos salvar, los jóvenes y los niños… esto no va acabar y va continuar y todo el tiempo será la defensa”. Por su parte, la joven, quien explica los pilares del Altepelmacalli declara: “Para nosotras las señoras, las mujeres que han luchado por muchos años para nosotros es la que motiva… ellas defendieron el río con la vida y con el cuerpo, para nosotras nos llena de energía para luchar y nos hace responsables, y las más jóvenes nos responsabiliza. Nos sentimos responsables de acompañar a las más chiquitas, a las niñas… porque no conciben que aquí hay familias, la necesidad de integrar a los pequeños en la lucha (Taller por la Defensa de los Territorios, 22 de septiembre de 2021).
Con la fundación de la Casa de los Pueblos se organizaron múltiples actividades de encuentro entre las comunidades y también con estudiantes, académicos, artistas y comunicadores independientes y se han aprovechado también los recursos de la comunicación virtual y se han establecido vínculos con organizaciones de otras partes del territorio nacional e internacional. Han sido espacios de diálogo y construcción colectiva de saberes desde diversas perspectivas y lugar de encuentro de diferentes formas de expresión cultural, orientados al conocimiento de los impactos socioambientales y de las afectaciones al territorio, pero también al fortalecimiento de la memoria y la identidad colectiva. Destaca en ello el Curso-Taller: Defensa y Cuidado de los Territorios de Vida, llevado a cabo el 7, 8 y 9 de mayo de 2021, el Encuentro Internacional de Científicos por la Vida, organizado del 30 de agosto al 4 de septiembre, el Encuentro de Educación Autónoma. “El arma de los pueblos”, realizado el 17, 18 y 19 de septiembre, y el Festival por la Vida y Nuestros Muertos, el 29, 30 y 31 de octubre.
Carteles de algunas de las actividades organizadas por Pueblos Unidos
El 7 de septiembre de 2021, Pueblos Unidos hizo la solicitud formal al gobierno municipal de expropiación de la planta de Bonafont para la Casa de los Pueblos. La respuesta del gobierno ante esa solicitud deja ver el dilema que implica para las autoridades un proyecto comunitario de esta naturaleza. Mientras que la empresa Bonafont hizo una denuncia formal por la toma de la planta ante la Fiscalía de Investigación Metropolitana en la Unidad de Investigación (Velázquez, 2021) el gobernador del estado de Puebla declaró que se debía aplicar la ley y que la organización no tenía permiso para ocupar las instalaciones (Curiel, 2001). Fue así que el Estado respondió y la Guardia Nacional recuperó el 15 de febrero de 2022 la planta para la filial de la corporación francesa Danone, haciendo valer así la propiedad privada en salvaguarda de los intereses de la empresa.
La recuperación de la planta para Bonafont y la tentativa de cancelar el proyecto del Altepemelcalli, se da en un contexto en el cual los pueblos en resistencia han evidenciado y diversos sectores han cuestionado al actual gobierno por la continuidad del extractivismo y la ejecución de megaproyectos en territorios indígenas bajo un discurso nacionalista y el despliegue de programas sociales bajo una política asistencialista. Si bien se ha procurado la rectoría del Estado, la actual administración ha perpetuado el marco legal y el sistema de concesiones propio del llamado periodo neoliberal, -el cual se ha declarado como “superado”- lo que ha favorecido hasta la fecha la apropiación, privatización y contaminación del líquido vital, sin dar muestra de un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios ni concretar una nueva ley y, menos aún, transformar la gestión y uso del agua para el bien común.
Consideración final
No se puede dejar de notar que este proceso se dio durante la pandemia y entre la crisis multidimensional que se desató. Si bien este periodo ha favorecido la acumulación del capital, la militarización y los regímenes autoritarios, y se ha intensificado, a su vez, el extractivismo y el despliegue de megaproyectos en los territorios de los pueblos originarios de América Latina (Alianza Biodiversidad, 2019), también ha propiciado la reconstrucción de las comunidades y al fortalecimiento de sus formas organizativas y sistemas normativos internos con el fin de preservar la vida conforme a lo que han llamado “La ley de los Pueblos”.
El cierre y la toma de la planta de Bonafont por Pueblos Unidos es una respuesta al grado de depredación de su territorio y, en particular, al estrés hídrico y crisis hidroecológica al que fueron sometidas las comunidades por la apropiación y degradación del líquido vital. Condición compartida por diversos pueblos, lo que ha dado lugar a la confluencia organizativa y al fortalecimiento de la lucha histórica por el agua con un alcance nacional, que tiene como antecedente el recorrido por múltiples pueblos a lo largo del territorio nacional entre los meses de marzo y abril de 2022 durante la “Caravana por el Agua y la Vida, Pueblos Unidos contra el despojo capitalista”. Éstos se reunieron meses después, el 27 y 28 de agosto en Santa María Zacatepec, Puebla para dar nacimiento a la Primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Acosta & Vera-Herrera, 2022).
Se encontraron para abordar en colectivo la espiritualidad, autodeterminación y gestión comunitaria del agua; examinar el despojo y ubicar en manos de quién está el agua en sus comunidades, regiones y en el país; debatir sobre las estrategias jurídicas para la defensa del agua y sus alcances en la defensa del territorio; intercambiar experiencias y testimonios sobre la contaminación del agua, así como las enfermedades y los impactos socioambientales; construir estrategias para hacer frente a la criminalización y contrainsurgencia contra defensores y movimientos. Los pueblos siguen caminando y se encontrarán el 18 y 19 de febrero de 2023 en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, para celebrar la segunda Asamblea Nacional y seguir tramando desde su autodeterminación y autonomía en la lucha por el agua y la vida.
Referencias biblográficas
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