049 - Mayo - Junio 2017

Editorial 49: Entre lo visible y lo invisible, el ocultamiento

La visibilidad depende de tantos factores… de la claridad del aire, de la naturaleza de quien es objeto de atención y también -y con mucho- de quien mira, de quien decide, por sí o por otros, qué y cómo mirar. Lo que vemos también depende entonces de la bruma que opaca y desdibuja, sea la externa, física, o la bruma interna, más resistente y tenaz, sea  intracraneal o intracardiaca; la visibilidad depende de las barreras interpuestas entre el objeto y quien lo percibe, o de la ausencia de las mismas; de los límites de nuestra percepción y comprensión; de la calidad de la luz y del juego de sombras que esa misma luz genera al incidir en la superficie, a menudo caprichosa, de los objetos que irradia.

La visibilidad depende del ánimo, de la intención, de la predisposición adquirida o heredada. Y como Ernesto de Martino lo expresara magistralmente, no todo lo que hoy es importante lo fue antes así, ni aquello importante entonces, lo es ahora. 

Aprendemos a no ver, a descartar, a colocar en la sombra aquello que importuna. Sin embargo, hay procesos y fenómenos tan evidentes, tan reiterados, tan contundentes y francos, que a pesar de la invisibilidad construida pueden llegar hasta la retina de los pueblos; por más heterogéneos o adormecidos que nos encontremos, hay certezas no racionalizadas que provienen de la práctica cotidiana. Así, una corriente tenaz se va conformando, alimentada por los escándalos cotidianos que caracterizan hoy la llamada “vida política” del país, una vida política entrecomillada, no sólo por la degradación inherente a la política profesional, sino porque de vida tiene muy poco.

Sin embargo, los abusos incontrovertibles se acumulan sistemáticamente y cada paso en esa dirección, cada nueva impudicia, cada nueva desvergüenza los naturaliza, los funde en una masa informe de normalidad que embota conciencias y pareceres. Y como bien sabemos, el burro se acostumbró a todo, hasta a no comer, y semejante apoteosis del acostumbramiento se tradujo en su muerte. 

La hoy tan prolífica fuente de “gobernantes” y funcionarios venales y mediocres, de sujetos que en diversos ámbitos son ajenos a la aristocracia verdadera que es la del trabajo, corruptos y cínicos, no se agotará espontáneamente. Todos ellos requieren y cultivan la inactividad, la indiferencia y el acostumbramiento de una ciudadanía que resulta funcional por virtual, no sólo porque se le niega, porque no se le mira ni percibe como ciudadanía a cabalidad, sino porque opera una autonegación construida de esa dimensión ciudadana,  haciendo de ella un fenómeno exótico e inaudito.  En tanto, la participación colectiva inherente a la comunalidad de los pueblos originarios y campesinos es colocada fuera de foco, soslayada o llanamente invisibilizada por ignorancia, discriminación, o por importunar y enfrentar a los grupos de poder económico, político y su pretendida hegemonía, aunque esa comunalidad trata de maneras de vivir, de realidades operativas y no de meras disquisiciones.

Y aquí entra la invisibilización: invisibilización como pisoteo de nuestra dimensión sublime como seres humanos e inclusive auto-invisibilización como renuncia naturalizada a nuestro propio potencial. Ahí radica un reto: visibilizarnos en esa dimensión y desde ella aclarar la mirada para que oriente y propicie hechos y acciones más eficaces.

Como parte de lo anterior, entre las condiciones de visibilidad y la mirada orientada hacia la invisibilización, el ocultamiento resulta de naturalizar la discriminación, exclusión y opresión instrumentada por aquellos con interés en someternos a su régimen. El ocultamiento se da cuando, para tener un lugar en las relaciones sociales de producción basadas en la explotación del hombre y la mujer, que degradan hoy al planeta entero, aceptamos como absoluto el orden imperante del capital. Así, ese orden social que nos cosifica al anular nuestras posibilidades de vida opera con nuestra complicidad.

En ésta erupción número cuarenta y nueve, presentamos un texto de Elizabeth Hernández y Rafael Platas relativo al patrimonio arqueológico en Colima, con algunas notas sobre la problemática de sus afectaciones previas y actuales que han sido objeto de su atención directa. Le sigue, de la pluma de Ricardo Melgar, una vívida semblanza de Fernando Martínez Heredia, de su relevante figura imbricada en la historia reciente de América Latina. A su vez, en la misma línea de las afectaciones al patrimonio arqueológico que se aborda en el primer texto, Julio Glockner presenta una reflexión que lleva por título “Dilemas del patrimonio cultural: ¿Quetzalcóatl o CocaCóatl”, a propósito del categórico descalabro patrimonial en Cholula que significó la iniciativa del “gobernador” de Puebla, apoyado sumisamente por las autoridades del INAH en dicha entidad. En otra vertiente, Gabriela González e Israel Ozuna hacen una aproximación al tema de las políticas públicas alimentarias a partir de varios ejemplos relativos a ese tema. Cierra este número la sección audiovisual del Volcán Insurgente, con un texto a cargo de José Luis Mariño y Rosa María Garza, analizando la serie documental “Human”, meritoria de atención.

Agradecemos los comentarios hechos a la revista, e invitamos a nuestros lectores a  comunicarnos su parecer respecto a la misma.

El patrimonio arqueológico en Colima. Algunas notas sobre la problemática de sus afectaciones ayer y hoy

Resumen: Esta investigación se fundamenta en una síntesis histórica del desarrollo socioeconómico en Colima y como ha impactado al patrimonio arqueológico. Esto se expone con el objetivo de discutir la problemática local sobre el registro arqueológico, que generalmente está supeditado a variables de afectación, muchas de ellas generadas desde la época prehispánica hasta la actualidad. Bajo la figura del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a través de los proyectos de investigación permanentes, se  vislumbra  el escenario sobre las condiciones actuales a las que se enfrenta la protección del patrimonio arqueológico de esta entidad.

Palabras clave: Colima, afectación, registro, patrimonio arqueológico.

 

Introducción

El paisaje arqueológico del estado de Colima se ha visto amenazado y sufrido cambios desde la época prehispánica. Esto en un inicio debido a la constante ocupación  y reocupación de los espacios, después a la implantación de cultivos exógenos, prácticas agrícolas y ganaderas, así como el uso de maquinaria y el desarrollo de proyectos de infraestructura. Estas acciones han provocado cambios contundentes en la fisiografía del territorio mesoamericano.

La problemática general de investigación que enfrenta el estudio de los pueblos prehispánicos en el estado de Colima, en cuanto a la detección y registro de sitios, parte de tres aspectos fundamentales relacionados: espacio, tiempo y dinámica poblacional. Consideramos que estos tres aspectos, analizados desde la propia práctica, nos brindarán un acercamiento más directo a dicha problemática, 

Sin duda, desde los primeros estudios hasta los proyectos de investigación permanente del INAH, se han hecho aportes sustanciales al conocimiento de la historia prehispánica de Colima. Por otro lado, la arqueología de salvamento como una actividad esencial de protección del patrimonio se enfrenta a una vorágine de cambios socioeconómicos  representada, principalmente por el desarrollo urbano que está transformando cada día más el territorio.

 

Entorno geográfico y natural de Colima

El Estado de Colima se localiza en la parte occidental de la República Mexicana, sobre la costa meridional del Océano Pacifico, entre los 18° 41’ 17’’ y los 19° 31’ 00’’ de Latitud Norte y entre los 103° 29’ 20’’ y los 104° 41’ 42’’ de Longitud Oeste. Colinda al oeste, norte y oriente con Jalisco, al sureste con Michoacán, mientras que en su flanco sur lo cubren las aguas del Océano Pacífico. Su territorio está conformada por diez municipios dando una extensión de 5,455.06km² que representan el 0.27% de la superficie nacional (INEGI, 2005). La fisiografía se encuentra dominada por las estribaciones montañosas del Eje volcánico transversal –dos de cuyos conos son los volcanes de Nieve y de Fuego de Colima- y por las de la Sierra Madre del Sur. 

De acuerdo con la Clasificación de las Provincias Fisiográficas de la República Mexicana (Figura 1) -INEGI 1981-, el estado de Colima se divide en tres regiones fisiográficas: 1) Eje Neovolcánico. Esta subprovincia abarca el Valle de Colima - en su porción sur comprende los Municipios de Cómala, Villa de Álvarez, Colima, Cuauhtémoc y la parte este del Municipio de Coquimatlán- se caracteriza por presentar condiciones topográficas con pendientes suaves y planas, conformadas por llanuras y valles con áreas de transición de pendientes moderadas que corresponden al sistema de lomeríos. 2) Sierra Madre del Sur. Esta abarca cuatro zonas, la montañosa occidental, la cuenca del Río Marabasco, el Valle de Armería y la costa. 3) Región del Salado.


Figura 1.  Características fisiográficas del Estado de Colima. Fuente INEGI, 2005.

El denominado Valle de Colima  integra los actuales ayuntamientos de Comala, Villa de Álvarez, Colima, una pequeña parte de Coquimatlán y abarca el 16% de la superficie estatal (Olay, 1994).  Esta superficie que se extiende a los pies del volcán de Fuego mantiene una pendiente pronunciada y hacia el sur poco a poco, los lomeríos van tornándose más suaves hasta formar la ladera tendida que termina en la margen izquierda del cauce del río Armería donde desembocan innumerables arroyos que lo surcan de manera descendente.

Esta región, la cuenca del río Armería, es sin duda la más claramente definida. La misma cruza parte de los terrenos que conforman los municipios de Villa de Álvarez, Colima, Coquimatlán y Armería. El inicio de esta área se ubica en las faldas suroccidentales del Volcán de Colima (el Nevado), desde donde la corriente tuvo que labrar a lo largo de los siglos, profundas cañadas entre las estribaciones occidentales del Volcán de Fuego y las orientales del Cerro Grande en su camino hacia el mar. A partir de su lento descenso hacia la costa, ya en tierras planas, el río Armería irrigó con sus aguas una buena cantidad de tierra localizada hacia ambas márgenes de su cauce. El escenario tiene, evidentemente, un potencial agrícola enorme pues al caudal que transporta el río a través de la zona se agrega el de los innumerables arroyos procedentes de la parte montañosa que rodean a la cuenca.

 

El desarrollo socioeconómico de Colima y su impacto en el patrimonio arqueológico

En términos generales, el paisaje arqueológico del estado de Colima se ha visto amenazado y ha sufrido cambios desde la época prehispánica. Como principal característica, el patrón de asentamiento de los grupos que habitaron en la región estuvo marcado a lo largo de su historia por la constante ocupación y reocupación de los mismos espacios. Al igual que otros estados del país,  a partir de la conquista, el paisaje cultural se vio afectado por cultivos exógenos, prácticas agrícolas y ganaderas intensivas y extensivas. Sin lugar a dudas, esto provocó cambios contundentes en la fisiografía del territorio mesoamericano, adecuada durante siglos a un sistema complejo de milpas, basado principalmente en la utilización de piedra y confinamiento de tierra: como por ejemplo las terrazas de cultivo, represas, diques, albarradas, muros de contención, etcétera.


Figura 2. Sistema de terraceado prehispánico registrado al norte del municipio de Villa de Álvarez (Imágenes de Maritza Cuevas, Ángeles Olay y Rafael Platas).

Como es sabido, con la llegada de los españoles la mayoría de los asentamientos prehispánicos que se encontraban habitados fueron destruidos y algunos utilizados como bancos de materiales para construir el nuevo paisaje colonial. Fue a partir de este momento histórico que el hombre con hierro en mano se apropió de grandes extensiones de tierra. La presencia de bestias de carga y ganado vacuno en el nuevo mundo significó la división de los potreros en zonas de agostadero y de cultivo, lo que produjo en escenarios geográficos como el de Colima, que la piedra fuera reutilizada en cercos de corrales, linderos y límites territoriales, práctica que se mantuvo y se acrecentó durante todo el periodo hacendario.

Con la introducción del ferrocarril en 1889 las obras demandaron aperturas de brechas en diferentes partes, así como abundantes piedras para materializar las obras de infraestructura vial que requería. No obstante, cuando se gesta la Reforma Agraria en 1915 y se reparten las tierras en ejidos -en Colima a partir de 1916 (Romero, 1994) siendo gobernador el Gral. Juan José Ríos-, la división de parcelas acrecentó la utilización de piedras para dividir sus propiedades, hecho que significó que los propietarios recurrieran a los cerritos o montículos donde ya estaban concentrados los materiales para ir forjando así sus bardas. Esto trajo implícita la necesidad de quitar las piedras sueltas de los potreros para que las bestias no trabaran el arado a la hora de barbechar sus tierras, evidencias de estas acciones se encuentran en prácticamente todos los ejidos de la región, exceptuado aquellos  formados en las zonas costeras.

Esta práctica que se mantuvo durante varias décadas y que afectó sin lugar a dudas a muchos vestigios arqueológicos, principalmente de orden arquitectónico, no fue tan agresiva como la que se empezó a gestar en los años 40’s y 50’s cuando se dio la mecanización del campo en la región. El sector agropecuario, impulsado por el entonces presidente Miguel Alemán Valdez fue introduciendo una nueva herramienta de trabajo que a la fecha marcaría una trasformación en la mayor parte del patrimonio natural de México, y por ende en el estado: el tractor. El empleo de esta maquinaria provocó la necesidad de retirar más piedras de los potreros -las características geográficas de la mayor parte del territorio de Colima exigía quitar la escoria volcánica que se había depositado durante largos periodos geológicos en la región- principalmente en las tierras fértiles que se encontraban en las laderas de los cerros y en los valles, así como en las franjas costeras como en aquellas que se extendían a los pies de monte del volcán de Fuego.

Tierras fértiles cubiertas por limos y minerales venidos de las partes altas de estos promontorios volcánicos se encontraban abrigados por rocas basálticas, que para la tecnología agrícola prehispánica que hemos documentado en Colima no significaba ningún problema. De hecho el material pétreo era aprovechado para formar terrazas, manteniendo así la humedad y a su vez evitar la erosión de los suelos. Sin embargo, para el uso del tractor esto se convirtió en un gran inconveniente, al grado que a principios de la década de 1970 se estableció el programa de despiedre llevado a cabo por el gobierno estatal y federal impulsado por el entonces presidente Luis Echeverría y el gobernador Arturo Noriega Pizano. Esto con el propósito de convertir algunos ejidos y propiedades particulares de Colima en zonas aptas para implementar un desarrollo  agrícola mecanizado.

Esta acción gubernamental no sólo afectó a contextos culturales relativos a los periodos del clásico al posclásico (caracterizados por la presencia de elementos arquitectónicos), sino también a aquellos relativos a periodos tempranos. Debido a los despalmes y nivelación de terrenos efectuados por retroexcavadoras, se han develado un sinnúmero de contextos que habían permanecido cubiertos al encontrarse depositados en  promontorios  de origen geológico (Figura 3). Estos habían sido perpetuados con la finalidad de fungir como recintos mortuorios, principalmente por grupos de la conocida tradición tumbas de tiro (fases Ortices y Comala).



Figuras 3 y 4. Ejemplos de nivelación de terrenos por obras de infraestructura y de hallazgos derivados de estas obras. (Imágenes de Maritza Cuevas, Ángeles Olay y Rafael Platas).

La esteticidad de las piezas provenientes de contextos funerarios es un incentivo que ha potencializado  el saqueo a partir de su fácil identificación, gracias a las actividades relacionadas a las labores agrícolas. La práctica del saqueo se mantuvo durante varios años, significando incluso el modo de vida de algunas de las comunidades rurales del estado y generando la destrucción de muchos contextos de antes y principios de nuestra era. En décadas anteriores a 1980, esta práctica se vio acrecentada por la falta de presencia institucional, dado que la investigación en el estado dependía del Centro Regional Occidente.

Con la instauración del Centro IHAH Colima en el año de 1984 y con el apoyo de las autoridades, el saqueo poco a poco fue disminuyendo y los llamados moneros  aminoraron[1]. A partir de la década de 1980, el escenario del estado  de Colima comienza a vivir una nueva trasformación, ahora mucho más agresiva sobre su entorno geográfico y cultural. Con el impulso de obras de infraestructura urbana por parte de la Federación, a partir de la coacción de la Presidencia de la República -que en esos momentos ocupaba Miguel De La Madrid Hurtado-, se gestaron las bases de un crecimiento de la infraestructura del sector primario, que a la postre se derivó en un desarrollo urbano que a la fecha se encuentra en pleno auge.

En la década 1990 se fue desarrollando un crecimiento demográfico,  principalmente en la zona urbana de los municipios de Colima y Villa de Álvarez creciendo a un ritmo de 3.5% anual (154,347 habitantes en 1990; 187,081 habitantes en 1995). Si bien en el período siguiente (1995 a 2000) la misma zona tuvo un sensible descenso al 2.8% anual. El resultado final -210,766 habitantes- nos indica que entre 1990 y 2000 arribaron a la capital  56,419 nuevos vecinos. Esta tasa de crecimiento demográfico se mantuvo a la alza en la siguiente década con un aumento anual del 3.85% alcanzando una población para el año 2010 de casi 320 mil habitantes (CONAPO, 2000 retomado en Olay, 2006). A este crecimiento de la zona conurbada pronto se le fueron sumando los municipios de Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán. Previo a ello se sucedió la construcción de numerosos fraccionamientos, los cuales no fueron supervisados por el INAH a pesar de que algunos de ellos se edificaron en zonas marcadas por el Programa Atlas Arqueológico Nacional[2], lo que consecuentemente implicó la destrucción de contextos e inherentemente la pérdida de información.

La construcción de fraccionamientos de baja, mediana y alta densidad también trajo consigo la demanda de materiales constructivos, la obtención de piedras y tabiques fue una economía alterna que surgió y provocó que muchos potreros fueran utilizados como banco de material  y  fueran excavados de manera intensiva. Con esta actividad la destrucción de contextos y hallazgos fortuitos permitió encubrir a los saqueadores. A mediados de la década de 1990, la capital del estado cobra un nuevo impulso en el ámbito de la construcción.

El cambio radical que se ha gestado partir del crecimiento de las ciudades ha propiciado una creciente especulación inmobiliaria en amplias extensiones de tierra. La vegetación arbórea ha venido sufriendo los embates de la impronta urbana, así como quedando en el recuerdo los extensos agostaderos de ganado mayor y las parcelas sembradas con maíz. Actualmente el paisaje ofrece la visión de innumerables fraccionamientos con sus respectivas vías de comunicación que van conectando en forma de anillos periféricos los municipios de la capital.


Figura 5. Perspectiva de algunos fraccionamientos construidos en los municipios de Villa de Álvarez. (Imágenes de Maritza Cuevas, Ángeles Olay y Rafael Platas).

En la zona costera, el municipio de Manzanillo se sumó a este desarrollo de infraestructura, sin embargo con la llegada de nuevos proyectos federales durante el sexenio anterior como La Terminal Marítima de Gas Licuado en la Laguna de Cuyutlán, la Red de Gasoducto Manzanillo-Colima-Guadalajara, la apertura de centros comerciales y el auge turístico nacional e internacional, han generado que Manzanillo sea un lugar que cuente con más fuentes de trabajo. Esto ha provocado que la ciudad, donde se concentra la segunda mayor densidad de población del estado y recibe un flujo importante de inmigrantes, se vea inmersa en la necesidad de proporcionar nuevos espacios de vivienda a la creciente población.

En cuanto a los aspectos económicos relacionados al ámbito turístico, tomando en cuenta los activos que se dieron a partir de enero de 2011 a enero de 2012 -según lo reporta La Administración Portuaria Integral- se han recibido 9,419 pasajeros incluyendo 6 cruceros que dejaron una buena derrama económica, se movieron 4,074, 211 toneladas de carga general en buques, además se maniobraron más de 268,913 contenedores. En el ramo de la minería fueron 796,741 toneladas las que circularon por el puerto, mientras que productos agrícolas fueron 191,173 (SCT, 2016) toneladas. Este balance nos permite entender la razón por la cual el municipio se ha convertido paulatinamente en un atractivo punto de referencia para inversionistas nacionales y extranjeros.

Este crecimiento mercantil ha traído consigo la necesidad de una ampliación y restructuración del puerto. Estos cambios se han manifestado en la infraestructura de la ciudad, la creación de obras viales (como puentes y viaductos), aperturas de calles, introducción de servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado que mantienen actualmente a Manzanillo dentro de un escenario en pleno auge constructivo.

Como consecuencia de esta impronta económica, al igual que en la zona metropolitana de la capital, las instancias de gobierno –estatales y municipales- en conjunción con la iniciativa privada se encuentran en pleno desarrollo de obras, lo que ha provocado una drástica transformación al entorno, causando daños a los ecosistemas y por ende a los vestigios arqueológicos[3].  El ritmo de crecimiento de la ciudad de Manzanillo y sus comunidades aledañas requiere atención especial por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, mayor presencia para supervisar constantemente la zona. Ante este panorama y por la falta de espacio, las empresas han optado por comprar las parcelas y predios cercanos al puerto para establecer sus oficinas, bodegas y patios de contenedores, nivelando y rellenado los terrenos sin ningún tipo de regulaciones.

A través de esta síntesis que muestra un recuento sobre algunas de las trasformaciones en el estado, se presenta la idea de cómo el patrimonio arqueológico ha sufrido los embates del desarrollo socioeconómico, acrecentado a partir de la década de 1980 hasta la fecha. La histórica y veloz transformación de los entornos, requiere  diseñar propuestas técnicas, metodológicas y legales para lograr la protección y salvaguarda de los vestigios arqueológicos que aún no son registrados, los cuales enfrentan en el ámbito de la investigación de campo, una problemática que se debe considerar para lograr estos objetivos.

 

Problemática del registro arqueológico

La problemática general de investigación que enfrenta el registro y estudio de los pueblos prehispánicos en el estado de Colima, en cuanto a la detección y registro de sitios, parte de tres aspectos fundamentales relacionados al espacio, al tiempo y a la dinámica poblacional.

El  primero de ellos comprende las particularidades topográficas que muestra la región y la forma en qué los grupos humanos se apropiaron del medio para dejar impresa su huella. Pero aún no conocemos a cabalidad el patrón de asentamiento prehispánico que nos permita definir cuál es el área de distribución de los sitios a partir de elementos geográficos del entorno, dado que los grupos que habitaron la región  se apropiaron de prácticamente todos los escenarios. En las evidencias que se tienen desde las fases Capacha y Ortices, pasando por la Comala, Colima, Armería y Chanal se pueden detectar vestigios de estos grupos tanto en la zona costera (Olay et al.,2008), como en aquellas enclavadas a los 1500 msnm sobre las laderas del volcán de Fuego, algunas otras emplazadas en pronunciados montículos tepetatosos de origen natural o depositadas bajo pequeños promontorios artificiales, así como en sedimentos que presentan las llanuras tanto costeras como del valle.

El segundo de estos aspectos tiene que ver con la reocupación a lo largo del tiempo de estos mismos escenarios. El reconocimiento y apropiación de los mejores espacios para obtener recursos y alcanzar su desarrollo en una porción territorial tan particular como es nuestra área de estudio, llevó al hombre mesoamericano en Colima a asentarse sobre los mismos sitios que fueron ocupados por sus primeros pobladores. Es así como en muchos de los casos, los materiales de las fases siguientes encuentran, a partir de la fase Ortices, una ocurrencia contextual; es decir, sucesivamente los de Ortices-Comala, Comala-Colima, Colima-Armería y Armería-Chanal­ se hallan comúnmente empalmados y/o combinados en los mismos contextos. Esta circunstancia implica que en recorrido de superficie sólo se permitan observar los elementos culturales de las últimas fases, principalmente aquellos de orden arquitectónico.

El tercero comprende la definición precisa de cada sitio tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, las características culturales de los vestigios dejados en la región, a lo largo de los siglos han quedado documentadas a través de las referencias proporcionadas por excavaciones bajo las figuras de salvamentos y rescates. Esto ha dejado entrever una problemática sobre el delineamiento de las dinámicas culturales a partir de la división del espacio en unidades mínimas de análisis, en este caso los predios. Esto ha complicado definir donde comienza y termina un sitio, así como cuáles son los elementos culturales que deberíamos considerar para determinar su delimitación y jerarquización. En este sentido, la arqueología institucional –como ya lo mencionaba Ángeles Olay (2004:269)- realizada en el Occidente de México se sigue definido hasta nuestros días, por no dirigirse hacia “la resolución de hipótesis y problemas concretos y delimitados sino, básicamente a constituirse en una arqueología de salvamento”. Esto debido a la necesidad de protección de los contextos ante la vorágine de cambios y el desarrollo urbano que está transformando cada día más el entorno.

Hay que tener en cuenta que los suelos son poco profundos, principalmente en la parte alta del estado donde son someros y de fácil erosión, lo que deja al descubierto materiales cerámicos de diferentes temporalidades en superficie. A esto le sumamos que el desarrollo de los grupos humanos se fue dando por medio de transiciones, y no de abandonos, por lo que se entendería que cuando se dan los traslapes de una fase a otra compartirían estilos culturales en común. Pero como parte de la problemática, al momento de registrar y determinar la temporalidad de un sitio se podrían gestar confusiones respecto a los materiales expuestos en superficie. Debido a las continuas reocupaciones de los espacios por el hombre prehispánico, esto provoca que en ocasiones se muestren en superficie materiales de fases diferentes.

 

Una recapitulación de los últimos proyectos de investigación en Colima

Históricamente en el estado de Colima se ha buscado conocer su patrimonio arqueológico, los primeros esfuerzos por registrar la riqueza de los vestigios  con fines de crear un Atlas se remontan al año de 1925. Este proyecto impulsado por el Dr. Miguel Galindo identificó 18 sitios en diferentes partes del estado (Olay, 1991).  Años después la Dra. Isabel Kelly (1980) se enfocó a la elaboración de un mapa donde ubica algunos sitios, sin embargo, su plano únicamente presenta evidencias culturales concretamente de la fase Capacha. En los estudios regionales los trabajos realizados por Sauer y Brand en Sinaloa abrieron brecha respecto a las investigaciones especificas en varios valles costeros y establecer los rasgos más significativos sobre el “Complejo Aztatlán”. También, uno de los modelos interpretativos más importantes para entender la región es planteado por Carl Sauer y Ángel Palerm sobre la alta densidad demográfica alcanzada en la región -en registros coloniales-, mismas que fueron retomadas por Messmancher (Olay, 2004) para adentrarse en la problemática sobre como comunidades de escasa complejidad social lograban desarrollar sistemas agrícolas más complejos.

En el ámbito local, uno de los primeros proyectos de investigación establecidos por parte del INAH estuvo relacionado con El Chanal. Este sitio arqueológico localizado al norte de la ciudad de Colima es un área que cuenta con una poligonal de protección que abarca alrededor de 3.5has., y que fue establecida en 1982 por la Subdirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Posteriormente El Chanal es declarado como zona de monumentos arqueológicos y fue abierto al público en el año de 1997. Desde el año de 1990, la Dra. Ángeles Olay Barrientos realizó un proyecto de exploración, documentando a detalle sus características culturales, y así mismo continúo realizando la liberación y restauración de algunas estructuras.  Actualmente este sitio está a cargo del arqueólogo Saúl Alcántara Salinas.

Bajo el velo del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos se aplicó en el estado el Programa Atlas Arqueológico Nacional (PAAN) en la década de 1980. Tras una revisión bibliográfica, se llevó a cabo la fotointerpretación de toda la superficie del estado con la finalidad de hacer más rápida la localización de los sitios.  Al concluir esta etapa, arribó a Colima un grupo de arqueólogos para realizar la verificación en campo de los supuestos sitios. Durante esta labor se ubicaron espacialmente 278 asentamientos prehispánicos distribuidos en los 10 municipios. Los arqueólogos reportaron que los sitios estaban bajo un riesgo de afectación importante, por ejemplo Rosalío Serna comentó que existía un índice elevado en saqueos, representado con un 93%, por su parte las labores agropecuarias incidían sobre los vestigios en un 66%, mientras que la utilización como banco de materiales la proyecta con un 60%, y las afectaciones más bajas que percibió fueron aquellas que tenían que ver con el sector de la construcción (Serna, 1991). Paradójicamente hoy en día este es el principal factor de afectación de los sitios. 

Tras quedar inconcluso este proyecto, por la falta de recursos, el patrimonio arqueológico del estado sólo fue plasmado mediante marcas en cartas topográficas que delimitaban áreas no definidas espacial ni culturalmente. Años después aparecieron otros proyectos enfocados al registro de sitios, para ser exacto fue en 1992 cuando la Arqlga. Lorenza López Mestas llevó a cabo el Proyecto de Reconocimiento Arqueológico del Área de Colimilla-Barra de Navidad. Durante este trabajo se registraron 23 sitios, la mayoría de ellos con presencia de arquitectura, algunos ligados a actividades agrícolas, otros residenciales de carácter habitacional y algunos ceremoniales (López, 1992).

Fue el Arqueólogo Samuel Mata Diosdado quien en el año de 1997 puso a la práctica el segundo trabajo en Colima enfocado al reconocimiento de sitios después del PAAN, con su trabajo titulado Investigaciones Arqueológicas Bahía de Manzanillo recuperó información de 31 asentamientos distribuidos en la zona de esteros y manglares, planicie costera, y en las partes altas que correspondían a las laderas de los cerros que forman la bahía de Manzanillo (Mata, 1997).

Trascurrió un buen tiempo para que el Centro INAH Colima iniciara con el registro y reconocimiento de nuevos sitios. En el año de 2004 surge el proyecto arqueológico El Formativo: Una continuidad Ocupacional, a cargo de la Arqlga. Laura Almendros, quien hace una revisión de las cédulas de los sitios reportados por PAAN en busca de aquellos que presentaran evidencias tempranas. Sin embargo, la escasa información de referentes a esta  época llevó a la arqueóloga a recorrer zonas donde se tenían reportes de saqueos de sitios con probable presencia de ocupaciones preclásicas (Almendros, 2006).

Bajo una suerte muy similar, el Proyecto de Investigación Ixtlahuacán, Estado de Colima surgió con miras a buscar indicios de grupos precerámicos e indicadores de las primeras sociedades agrícolas en Colima, principalmente en el delta del rio el Salado y en las grutas y cuevas del municipio de Ixtlahuacán. Los recorridos del área, realizados por el arqueólogo Fernando González permitieron ver que algunos de los sitios identificados por el PAAN se encontraban bajo un acelerado proceso de destrucción, por lo que durante sus temporadas de campo se enfocó a efectuar el registro de los mismos de manera sistemática, además de algunos otros que no se tenían identificados por el proyecto Atlas[4].

La Propuesta metodológica para la evaluación, actualización y análisis del Atlas Arqueológico del Estado de Colima fue impulsado en 2013 a cargo del Arqlgo. Rafael Platas. La primera etapa de análisis estuvo enfocada a los municipios de Comala y Cuauhtémoc,  donde hubo que replantear las estrategias para alcanzar los objetivos originales, es decir, elaborar un planteamiento que fuera más allá de actualizar la información de los sitios identificados por el PAAN entre los años de 1986-1987 y cumplir con una de las labores sustantivas del INAH que es salvaguardia del patrimonio arqueológico para su subsecuente investigación. En la etapa inicial se logró conocer la problemática que enfrentan los sitios arqueológicos, esto con base en la verificación y documentación de las características que exhiben se logró tener una visión integral y constatada del problema que enfrenta el patrimonio cultural en estos municipios.

En la siguiente temporada el curso de la investigación se orientó a reconocimientos sistemáticos de área para hacerle frente al plan de desarrollo integral que tiene diseñado la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, el cual está encaminado a conurbar de manera ordenada y planificada las cabeceras municipales aledañas a la capital, como lo son Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Coquimatlán.  Este fenómeno se ha desarrollado con más intensidad desde el 2004 mediante la apropiación de los espacios rurales que son destinados al establecimiento de complejos habitacionales para acrecentar la zona metropolitana. Con ello, cotidianamente se van transformando los potreros ubicados hacia la parte norte del valle de Colima, los cuales por las condiciones climatológicas e ideológicas de la población tienen mayor rentabilidad económica para los inversionistas, sin embargo, es justo este escenario una de las zonas con mayor potencial arqueológico.

Hasta ahora ha quedado en claro -a través de los recorridos de área- la existencia de centros poblacionales que dieron pie a un sinnúmero de manifestaciones culturales, cuya impronta en el paisaje se observa a través del acondicionamiento de montículos naturales y restos arquitectónicos que van desde espacios modificados con fines agrícolas, funerarios, y habitacionales. Este primer acercamiento nos ha permitido ir construyendo una perspectiva sobre cómo los grupos interactuaron con el espacio y lo acondicionaron, además de que este resguarda, a partir de su propia fisiografía, las evidencias culturales a pesar de los factores de alteración que los acontecen.

El Proyecto Comala a cargo de la Dra. Ángeles Olay, tiene como objetivos no sólo la necesidad de instrumentar estrategias a corto plazo para la protección del patrimonio arqueológico, a la vez, busca encontrar respuestas a numerosas interrogantes que tienen que ver con la resolución de problemas centrales del desarrollo social de los pueblos prehispánicos de Colima y del Occidente mesoamericano. El estudio de un asentamiento como Comala es un imperativo que nace de la necesidad por esclarecer las siguientes cuestiones: 1) Hasta ahora no se ha encontrado en los contextos arqueológicos de Colima un asentamiento que pueda ser considerado como un centro rector hacia el fin del Formativo y el Clásico temprano (200-300 d.C.). 2) La creencia de que durante esta etapa en Colima sólo se habrían desarrollado sociedades agrícolas organizadas en aldeas dispersas, esto se habría basado en el hecho de que el registro arqueológico sólo habría documentado la existencia de panteones con tumbas de tiro y entierros –estas últimas, fosas excavadas en el tepetate en las cuales se depositan ofrendas del mismo estilo que en las tumbas–. 3) Todavía hace unos años se enfatizaba de manera contundente la imposibilidad de localizar contextos domésticos pertenecientes a esta etapa.

 

Consideraciones finales

En los últimos años, la falta de un seguimiento sistemático ha traído consigo serias problemáticas que derivan en la protección legal de los sitios arqueológicos  lo que ha provocado verdaderos conflictos al INAH con la iniciativa privada, e incluso con el gobierno para poder protegerlas de los embates del crecimiento urbano e industrial.

Por lo tanto, es necesario encontrar los elementos que aseguren su protección,  retomar y enriquecer el nivel de información que se tiene de cada uno de ellos. Como primer nivel de investigación se sugieren diseñar propuestas encaminadas a efectuar reconocimientos y estudios de área que permitan sistematizar la información acorde con las características de cada zona de estudio. Esto con la finalidad de crear una plataforma para la documentación del patrimonio arqueológico existente, así como implementar el registro y visita de sitios de manera sistemática para obtener información sobre sus diferentes patrones culturales -distribución espacial, patrón de asentamiento, temporalidad-, así como patrones fisiográficos -elementos topográficos y geográficos- que influyeron o condicionaron su desarrollo y que son rasgos visibles que dan cuenta de sus perfiles sociales y productivos. A través de la recopilación de estos rasgos podremos ir comprendiendo el desarrollo de los grupos humanos en la región y alcanzar la adecuada protección del patrimonio arqueológico.

Sin duda esto se torna como una ardua tarea, más aún, en los casos del Municipio de Manzanillo donde el desarrollo urbano es aún más acelerado y sumado a ello no se cuenta con un proyecto de investigación permanente específico para esa área. Es posible que ante la falta de recursos económicos y humanos por parte del INAH, el estrechamiento de las relaciones interinstitucionales tanto a nivel municipal y estatal ejerza menos presión ante la destrucción del patrimonio arqueológico, esto en virtud de la elaboración de convenios e inclusiones en los planes de desarrollo de las áreas arqueológicas que se consideren de mayor relevancia.

 

Bibliografía

Almendros  L,  Laura

Informe Técnico Parcial de la primera temporada del proyecto de investigación arqueológica: El Periodo Formativo: una continuidad ocupacional en Colima. Prospección arqueológica de la mitad oeste del valle de Colima, Centro INAH Colima, Diciembre de 2006.

CONAPO- Consejo Nacional de Población

CONAPO-INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Sistema Urbano Nacional, población y tasa de crecimiento, 1990-2000, México, 2001.

INEGI- Gobierno  del estado de Colima

Estudios Hidrológicos del Estado de Colima, México. 2005.

Kelly, Isabel

Ceramic sequence in Colima: Capacha an early phase, Tucson, Anthropological Papers of the University of Arizona Press, 1980.

López M. Lorenza

Proyecto de Reconocimiento Arqueológico del Área de Colimilla-Barra de Navidad, Centro INAH, Colima, mecanoescrito, 1992.

Mata D. Samuel

Proyecto  Investigaciones Arqueológica Bahía de Manzanillo, Colima,  Centro INAH, Colima, mecanoescrito, 1997.

Olay, Ma. De Los Ángeles

La conservación del patrimonio arqueológico. Algunas propuestas para el Valle de Colima, Barro Nuevo, año 2, primera época No 6, julio-septiembre 1991.

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El Colima Prehispánico. Un intento de regionalización,  Revista Barro Nuevo, No. 15, tercera época, enero / marzo de 1994, pp.18

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“Arqueología Regional” en Introducción a la Arqueología del Occidente de México. Coordinadora Beatriz Braniff Cornejo. Universidad de Colima. INAH. Colección Orígenes. Primera edición 2004. pp. 269-298.

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“El Occidente Mesoamericano. Una Historia en Construcción” en Introducción a la Arqueología del Occidente de México. Coordinadora Beatriz Braniff Cornejo. Universidad de Colima. INAH. Colección Orígenes. Primera edición 2004. pp. 54.

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Informe técnico final del Rescate arqueológico Parcela 11 2-1 P1/1 del Ejido El Diezmo, Fraccionamiento Las Pérgolas (Vistahermosa 3, municipio de Colima (Las aldeas del valle de Colima tomo V), Colima, mecanoescrito, 2006.

-------- Rafael platas, Maritza Cuevas y Jaime Aguilar

Informe Técnico Final de la Primera Etapa del Salvamento Arqueológico de la Terminal Marítima de gas de Manzanillo (TMGM). Centro INAH Colima, febrero de 2008.

Romero, José M.

“Las consecuencias de la Revolución” en Breve historia de Colima. Fondo de Cultura Económica. Fideicomiso Historia de las Américas. Colegio de México. México, 1994. pp. 188-191.

SCT- Secretaria de Comunicaciones y Transportes

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. DE C.V. Una referencia   documental consultada: 02/07/2016.

Disponible en línea: http://www.puertomanzanillo.com.mx/espi/001/inicio

Serna, Rosalío

Perspectivas de Investigación a través del Catálogo de Sitios Arqueológicos de Colima, Revista Barro Nuevo, Año 2, primera época no. 6, julio / septiembre 1991.

 

[1] Actualmente el jefe de seguridad el cual cubre todo el estado, atiende menos reportes saqueo, aunque debemos señalar que en las comunidades más alejadas de la capital, principalmente en aquellos municipios con ejidos de difícil acceso no se sabe cómo se sigue manifestando esta práctica.

[2] El Carmen sitio registrado con el 016 en la carta E13B34, y con el numero 00 las Lomas o Albarradita ubicado en la carta topográfica E13B44.

[3] Muchas de estas afectaciones se han suscitado porque desafortunadamente la presencia del Instituto ha quedado un tanto relegada, ya que hasta hace poco la Secretaría de Desarrollo Urbano de la entidad no solicitaba a los constructores la factibilidad de liberación por parte del Centro INAH, trayendo consigo que la mayoría de los predios fueran urbanizados sin ninguna supervisión arqueológica.

[4] Durante las temporadas del proyecto Ixtlahuacán González verificó los 57 sitios marcados por Atlas.

Dilemas del patrimonio cultural: ¿Quetzalcóatl o CocaCóatl?

        [1]

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Hace casi 30 años Jaime Litvak escribió un artículo sobre el patrimonio cultural y la autoridad nacional, donde decía que el legado de las culturas antiguas, que hoy llamamos arqueológico, no es, ni puede ser, la propiedad absoluta de una nación. Es propiedad de toda la humanidad, decía, puesto que representa logros de una parte de ella que no pueden separarse de otros logros en otros lugares geográficos.

De acuerdo a este presupuesto, Litvak deduce que la legislación nacional es por definición egoísta, y que este celo puede dañar la investigación y el conocimiento de las culturas del pasado que, evidentemente, no eligieron pertenecer a la configuración de las naciones modernas. A pesar de los buenos propósitos de la UNESCO, los países consideran que las zonas y objetos arqueológicos son de su propiedad, en el sentido romano que les permite usarlas y abusarlas. La mayoría de las legislaciones nacionales -concluye Litvak- son buenos ejemplos de política barata y pensamiento chauvinista, que ven en el patrimonio cultural sólo un material que prueba una teoría etnogenética conveniente, o un activo contable que puede ser agregado al movimiento financiero nacional, sin considerar que constituye un recurso no renovable, y críticamente escaso, para la investigación y el conocimiento de la humanidad como fenómeno universal.

De manera que el principal problema de la propiedad arqueológica no es la ley, sino más bien la ética -termina diciendo Jaime Litvak- y en muchos casos ni siquiera la ética, sino el sentido común. [2]    

No obstante lo certero de las observaciones de Litvak, consideradas en su dimensión humanista, debemos atenernos a las leyes nacionales cuyo celo también debe servir para proteger los distintos patrimonios, tanto del saqueo y el traslado a otras naciones, como de la indolencia y la estulticia de los gobiernos municipal, estatal y federal, que con frecuencia imaginan proyectos que responden a necesidades de promoción política sin atender de manera suficiente las tareas sustantivas que consisten en promover los avances de la investigación y difundir sus resultados, ya sea a través de revistas de divulgación, como la magnífica revista Arqueología Mexicana, de publicaciones especializadas, documentales videograbados, o de museos de sitio y visitas guiadas.     


Como debía estar la zona en Cholula: con campos de cultivo en su entorno.

Desde esta perspectiva quisiera ahora mencionar la opinión de otro distinguido arqueólogo, Eduardo Matos, cuando se refiere a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972. Después de citar los artículos 27 y 28, que establecen que son propiedad de la nación los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, así como todo lo relacionado con las culturas anteriores a la conquista española, Matos comenta que de esta manera quedaban “legalmente protegidos todos los bienes arqueológicos y se ponía fuera de la ley a quienes, por intereses ajenos a la investigación destruían contextos prehispánicos”.[3]

Este señalamiento, con el que espero todos coincidamos plenamente, es al mismo tiempo una de las más lamentables paradojas, puesto que las autoridades encargadas de observar y hacer valer esta ley, son las primeras en propiciar su violación. Matos menciona como ejemplo los abusos cometidos en las zonas arqueológicas con los espectáculos de “Luz y Sonido”, entre los que destaca el show que año con año se realiza en el Tajín.  Debo mencionar que en su edición del 2017, mediante una burda simulación de ritual prehispánico, “se pidió permiso a los dioses”… para que cantaran Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Obviamente no se trata de objetar el trabajo de estas cantantes, que tienen espacios de sobra para realizar sus espectáculos; lo que me parece un despropósito es que tengan que hacerlo precisamente en el Tajín.


Una muestra de lo que han hecho: estacionamientos, juegos infantiles, canchas deportivas...

Por supuesto que los promotores del turismo masivo defienden enfáticamente estos espectáculos, y es precisamente el maridaje entre turismo y cultura el que debe preocuparnos, porque subordina nuevamente la investigación y la difusión de los conocimientos históricos y culturales, a las banalidades y ficciones de la cultura de masas. De nuevo: no se trata de oponerse a eso que llaman entretenimiento, cada quien emplea su tiempo libre como le da la gana, pero ¿por qué tiene que hacerse precisamente en lugares que podrían aprovecharse de mejor manera para ofrecerle a ese público propuestas más inteligentes y creativas?

Esta inversión de las prioridades culturales y los valores chatarra que conllevan es la que intentamos evitar en Cholula cuando conocimos el “Proyecto de las Siete Culturas”, un proyecto que en su versión original parecía concebido por la mentalidad de una muñeca Barbie. El día que el presidente municipal de san Andrés Cholula lo presentó a los habitantes fue rechazado enfáticamente con silbidos y muestras de indignación. Luego se hicieron algunos cambios, pero sustancialmente predominaron los criterios del esparcimiento y el deporte, en una zona que pide a gritos mantenimiento a sus monumentos y el reinicio de la investigación arqueológica. Una crítica minuciosa y oportuna a este proyecto la hizo un grupo de investigadores del INAH-Puebla y fue publicado en el libro Cholula, la ciudad sagrada en la modernidad.[4] 

Quise comenzar citando a Jaime Litvak precisamente porque considero de vital importancia abrir las puertas de las historias y las culturas locales al conocimiento universal, ya sea por parte de especialistas, viajeros cultos o simples turistas. Esta sencilla clasificación de los visitantes puede servirnos para advertir distintas cualidades e intereses en el conocimiento de un sitio.

Existen entre ellos diferencias de calidad y de cantidad, diferencias que son inversamente proporcionales entre sí. No es lo mismo, por ejemplo, el interés que tuvo Mircea Eliade al visitar Teotihuacán, que el que tuvo Jim Morrison al visitar el mismo sitio, o el que puede tener un oficinista de Shanghái que viaja en grupo para distraerse un poco durante sus vacaciones. Esta diversidad de intereses requiere de distintos tipos de información.

Hay dos instituciones en México encargadas de atender el interés de los visitantes: la Secretaría de Cultura y la de Turismo. El riesgo que estamos viendo expandirse quienes nos interesamos más por la calidad que por la cantidad, es que la Secretaría de Turismo está predominando con criterios estrictamente mercantiles sobre la Secretaría de Cultura y las instituciones que hace poco se incorporaron a su formación, principalmente el INAH.

Uno de los graves problemas que enfrentamos los mexicanos es la profunda ignorancia de la realidad del país de las que nos dan muestras todos los días los miembros de la clase política. Podríamos decir que el mundo de la política en México es una subcultura de la incultura, es decir, un mundo de gente inculta que vive de espaldas a las manifestaciones tanto de lo que se ha dado en llamar la alta cultura, que comprende aquellos sectores familiarizados con las artes plásticas, el teatro, la ópera, el ballet, la poesía y la literatura, como con las manifestaciones genuinas de la cultura popular, con su música, sus danzas, su literatura, sus creaciones artísticas y la compleja ritualidad que expresa la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos.

Los políticos profesionales no comparten ni una ni la otra expresión de la cultura, y sin embargo tienen la irresponsable ligereza de tomar decisiones que estorban o cancelan la difusión de ambas modalidades culturales. ¿Por qué Gloria Trevi y no música de Carlos Chávez, Mario Lavista o Stravinski en el Tajín?... o simplemente el silencio. ¿Se imaginan la intensa experiencia que se debe vivir si las zonas arqueológicas se abrieran al público durante 3 noches de luna llena, con la indicación de que se debe permanecer en silencio? ¡Sería una experiencia estética inigualable y sin ningún costo!

En lo que respecta a la cultura popular de raíces indígenas, lo que ha logrado la clase política es construir un florido simulacro con espectáculos como la Guelaguetza, el Atlixcáyotl o cualquiera de los cientos de festivales y concursos promovidos desde las instituciones oficiales para exaltar una tradición inventada por el Estado. En cada fiesta pueblerina podemos ver desde hace muchos años una duplicidad: en torno a la iglesia las actividades que continúan una tradición genuina, organizadas por los propios pobladores a través de las mayordomías y otros sistemas de cargos; en torno al palacio municipal, una feria o festival con concursos de belleza, jaripeo, juegos mecánicos, música estruendosa y un mundo de baratijas con el que se ha sustituido la calidad estética de las antiguas artesanías.

Las primeras actividades han tenido desde siempre una finalidad vinculada al ciclo agrícola y un destinatario que es el santo patrón del pueblo y el conjunto de entidades espirituales que son invocadas para propiciar el bienestar en las comunidades; las segundas, organizadas por lo general por la autoridades municipales, estatales y los comerciantes y empresarios locales, tienen como objetivo central la venta de productos y servicios turísticos y la consabida promoción política del funcionario en turno. En esta última lógica se inserta lo que Eric Hobsbawm ha llamado la invención de la tradición. Tradiciones que parecen o reclaman ser antiguas son en realidad bastante recientes en su origen, y muchas veces inventadas, aunque por lo general intentan vincularse con un pasado histórico que les sea adecuado y pueda servirles para promover determinados intereses.

La invención de la tradición gira, al menos, en dos sentidos: por un lado la invención oficial, concebida y difundida desde las instituciones educativas y administrativas del país; por otra parte, la que podríamos llamar invención identitaria, que se origina en sectores de la clase media y popular urbana que se reivindican como herederos legítimos del pasado prehispánico, y mexica en particular, mediante una singular interpretación de la historia que deriva en la representación de rituales y danzas en espacios públicos.  

En México la invención oficial de la tradición tuvo en sus inicios un propósito legitimador de la condición criolla y mestiza, que necesitaba dotarse de un pasado indígena que la distinguiera del pasado ultramarino europeo. Se trata de una apropiación del pasado desde el Estado, es decir, de una apropiación político-ideológica, que requiere depurar ese pasado de aquellos elementos que pudieran opacar el resplandor de una imagen noble y gloriosa que el Estado quiere obsequiarse a sí mismo a nombre de la nación entera. Se trata de una apropiación porque la invención de la tradición se lleva a cabo desde fuera de las tradiciones genuinas que pretende legitimar o, como ahora se dice “dignificar”. Una apropiación políticamente interesada desde fuera de las costumbres reales que nutren esta tradición, desde fuera de las normas de vida que le dan sustento histórico y social a la tradición popular.

De esta manera, la costumbre que sustenta una tradición genuina, será transformada para convertirla en un espectáculo de consumo ideológico y mercantil, utilizable para legitimar una red de intereses y poderes tejida en torno a ella como una telaraña. Esta legitimación consiste en resaltar los vínculos del poder con la población, y exhibir mediante discursos elogiosos, desplegados en los medios masivos de comunicación, el aprecio que los gobernantes dicen tener por las costumbres de esos pueblos y comunidades. Con este propósito se ha logrado, por ejemplo, desvirtuar en buena medida la danza de los voladores, convertida en un acto de acrobacia aplaudido una y otra vez por turistas boquiabiertos que no tienen la más mínima noción de su contenido cosmogónico y ritual.


El día en que se bajó a la virgen para hacer una rogación y un recorrido por la zona arqueológica y las calles de san Pedro y san Andrés Cholula, para pedirle a la virgen que hiciera el milagro de quitarle el reblandecimiento cerebral al gobernador en turno, cosa que ni los más altos poderes celestiales pudieron lograr.

La elite gobernante, que en la vida real siente un profundo desprecio por las costumbres populares, debe mostrar una alta estima por ellas en ciertas fechas significativas, en las que se ostentará como representante legítima de esa multitud dispuesta a celebrar y a confirmar que esa elite, finalmente, comparte sus valores y sus gustos. Un acto de simulación completo, sin duda, desafortunadamente avalado, una y otra vez, por las víctimas de eso que podríamos llamar, con toda propiedad, una perfecta estafa cultural. 

Una imagen emblemática de esta simulación festiva es la fotografía del desfile alegórico, celebrado en 1910 por el gobierno porfirista para conmemorar la independencia de México. La foto muestra una representación del tlatoani Moctezuma II llevado en andas por las calles de la ciudad de México. Mientras tanto, en los veinte banquetes que ofreció Porfirio Díaz no se sirvió en las mesas una sola tortilla, lo que, sin duda, se hubiera considerado de mal gusto. Esa imagen bien puede representar el inicio de la invención de una indianidad postiza que recorrió el siglo XX y llega a nuestros días, Una indianidad a modo como espectáculo para la promoción política y turística.

Entre las consecuencias que ha tenido esta sistemática simulación a lo largo de los siglos está, por una parte, el consecuente distanciamiento de las expresiones genuinas de la cultura indígena, pero también una persistente educación sentimental que ha logrado inocular en el mexicano la idea de que debe desindianizarse culturalmente para poder progresar. El no siempre sutil racismo de los liberales del siglo XIX es un rico muestrario de esta ideología, que tuvo una de sus formas más curiosas en la teoría gastronómica del senador Francisco Bulnes, cuando planteaba con sustento supuestamente científico la inferioridad del maíz mexicano frente al trigo europeo.

La más reciente muestra de este arrogante etnocentrismo, que ha propiciado que unos mexicanos desconozcan y desprecien a otros, es la agresión a golpes que acaba de sufrir un grupo de jóvenes del barrio de san Juan Aquiahuac, en san Andrés Cholula, quienes cumpliendo con una encomienda de la mayordomía, se dirigían de la iglesia a la casa del mayordomo cuando fueron insultados y golpeados por los llamados cadeneros de los bares que han proliferado en la zona. Curiosa paradoja esta: Cholula ha sido declarada con el ridículo nombre de “Pueblo Mágico” precisamente por conservar estas tradiciones, y quienes se benefician comercialmente de este membrete son precisamente los dueños de estos antros y sus empleados. Todo esto requiere, desde luego, análisis más detallados y profundos. Aquí solo apunto algunos síntomas de la oposición entre tradición y modernidad. 

Comparto plenamente la preocupación de un buen número de antropólogos y arqueólogos que señalan con justificada indignación el abuso y la banalización que se ha hecho de los sitios arqueológicos. Pero me parece que no se trata de estar contra el turismo, que es la primera y equívoca acusación que se hace a esta postura. Se trata más bien de elevar al máximo la calidad de lo que se expone como muestra de las culturas antiguas al visitante nacional y extranjero. Y la única manera de lograrlo es fomentando la investigación y diseñando los canales más idóneos para la divulgación de sus resultados.

Desafortunadamente, en Cholula no vimos la aplicación de este criterio. Las obras que se realizaron recientemente privilegian un uso del sitio arqueológico como centro deportivo y de esparcimiento. Al desatender la investigación y hasta el mantenimiento del lugar, el INAH regional y nacional cometió un doble y gravísimo error: primero, permitir la degradación del sitio, que poco a poco fue ocupado como tiradero de chatarra automotriz, basurero, estacionamiento de combis, construcción de viviendas y campo deportivo, cuando la ley establece de manera categórica que únicamente debió tener un uso agrícola. Esta situación abrió el camino para que, de pronto, se planteara la “dignificación” del espacio. Se retiró la basura y la chatarra automotriz, se ampliaron los estacionamientos y las canchas de futbol, se colocaron juegos infantiles, explanadas, andadores, un tren turístico que impedirá la excavación de una esquina de la plataforma piramidal y un Museo de Sitio en el antiguo Hospital Psiquiátrico. Un museo que merece comentarios aparte, aquí sólo diré que con la excepción del trabajo de Gabriela Uruñuela y Patricia Plunket, se caracteriza por tener mucha tecnología y poca arqueología.

Si pensamos Cholula en términos de un paisaje arqueológico y cultural, siguiendo las reflexiones y sugerencias de Manuel Gándara y Ma. Antonieta Jiménez Izarraraz,[5] deberíamos preocuparnos por la preservación de las formas de vida campesina que aun forman parte del entorno de la zona arqueológica. Debo recordar que buena parte de las frutas y verduras que se producen y comercializan en tianguis y mercados provienen de los huertos y hortalizas conventuales, introducidos por los frailes franciscanos, dominicos y agustinos desde el siglo XVI y que hoy constituyen, con la milpa prehispánica, no sólo la base de una rica gastronomía, también el sustento de miles de familias en las que se gestan formas de organización social y religiosa vinculadas al ciclo agrícola y sincretizadas con la cosmovisión mesoamericana desde el periodo virreinal.

Es decir, si pensamos el paisaje cultural y arqueológico de ambas cholulas en un esquema de círculos concéntricos, tenemos en el centro un núcleo duro, para usar el término de Alfredo López Austin, conformado por el binomio sincrético Pirámide-Santuario de los Remedios, en torno al cual se ha desplegado durante siglos, un mundo agrícola y urbano que hasta hace algunos años conservaba cierto equilibrio y armonía que hoy está en riesgo de desaparecer si no se toman las medidas inteligentes, enérgicas y oportunas para preservarlo.

No puedo dejar de imaginar que si ampliamos esta perspectiva a nivel regional, tendremos un paisaje de gran relevancia cultural, que comprendería desde Cacaxtla y Xochitécatl en Tlaxcala, hasta Cholula y san Francisco Totimehuacán en Puebla, con la enorme riqueza de construcciones civiles y religiosas del periodo virreinal, todo ello delimitado en el horizonte por los macizos volcánicos del Popocatépetl, la Iztaccíhuatl y La Matlalcueye o Malinche.

Cuando nos preguntamos cómo valorar la herencia cultural, debemos plantearnos en primer lugar la relación entre la sociedad actual, que tiene el compromiso de reconocer y preservar ese patrimonio, y la sociedad antigua que lo produjo, como bien dice el arqueólogo australiano Iain Davidson. El puente entre lo actual y lo antiguo sólo es posible construirlo mediante la investigación arqueológica y etnohistórica y la divulgación de las narrativas que de estas investigaciones se derivan. Cualquier otro camino conduce a la falsificación y la degradación de las relaciones entre el pasado y el presente.

Me pregunto si las obras millonarias que se acaban de hacer son irreversibles. Es una lástima que ese dinero no se haya destinado a la restauración y al reinicio de la investigación, lo que requiere de una temporalidad que no es la de los políticos, cuyas necesidades, siempre bajo el apremio de su ambición personal, establecen los ritmos a los que deben actuar todos sus subordinados, entre ellos, desafortunadamente, el personal del INAH. ¿Tendrá en algún momento esta institución la suficiente autonomía y los recursos para decidir, con criterios académicos, el reinicio de las excavaciones arqueológicas? Sólo por esta vía se podrá garantizar la integridad de lo poco que queda de la zona arqueológica.  

Sin tener ninguna ilusión de que algún día pueda concretarse la propuesta que voy a hacer, creo que debemos pensar en el reducido espacio de la gran pirámide en forma integral, quiero decir, intentar salvar lo más posible el vínculo entre la arquitectura y su cada vez más pequeño entorno. Podría hacerse recuperando los espacios hoy destinados por el ayuntamiento de San Andrés a estacionamientos, y que los campos de cultivo que aún están disponibles se integren al recorrido que los visitantes hacen de la pirámide.

Supongamos que estos espacios fueran sembrados con la milpa tradicional que combina maíz-frijol-calabaza, con magueyes para extraer pulque, con amaranto y nopales. Mediante un sendero el visitante podría hacer un recorrido por el interior de la milpa, se le hablaría de la importancia de estas plantas, de sus cualidades naturales y culturales y cómo fueron deificadas en el México antiguo, de esta manera tendría un interesante sentido vivencial el antiguo culto a las deidades de la lluvia y el culto actual a la Virgen de los Remedios, que continúa vinculado, como en el México antiguo, al ciclo agrícola y al bienestar de los pueblos campesinos que la rodean.

 

Obras Consultadas:

  • Litvac, Jaime (1989) “Patrimonio cultural y autoridad nacional”, Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, núm. 11, septiembre, México.
  • Matos Eduardo (2012) “Usos y abusos de la arqueología”, Arqueología Mexicana, Edición Especial N° 46.
  • Gándara, Manuel (2008) “La interpretación del paisaje en arqueología. Nuevas oportunidades, nuevos retos”, en Patrimonio y paisajes culturales, Virginia Thiébaut, Magdalena García y Ma. Antonieta Jiménez, editoras, El Colegio de Michoacán, México.
  • Jiménez María Antonieta (2008) “Los paisajes culturales y la protección del patrimonio cultural y natural”, en Patrimonio y paisajes culturales, Virginia Thiébaut, Magdalena García y Ma. Antonieta Jiménez, editoras, El Colegio de Michoacán, México.
  • Davidson, Iain (2008) “El futuro del patrimonio histórico ¿por qué debemos ocuparnos de la herencia cultural?”, en Patrimonio y paisajes culturales, Virginia Thiébaut, Magdalena García y Ma. Antonieta Jiménez, editoras, El Colegio de Michoacán, México.
  • Ashwell, Anamaría (2015) Cholula en la modernidad, ICSyH-BUAP, México.

 

[1] Texto leído en la Mesa Redonda: Cholula Patrimonio Vivo, celebrada en el Museo Nacional de Antropología el 28 de abril de 2017.

[2] Litvak, 1989: p. 5-8.

[3] Matos, 2012, p.20.

[4] El dictamen fue publicado en el libro Cholula, la ciudad sagrada en la modernidad, de Anamaría Ashwell.

[5] Gándara, 2008; Jiménez, 2008.

Fernando Martínez Heredia: Valor signo de Nuestra América

A varios de nuestros lectores les llamará la atención que recurramos al concepto de valor signo para caracterizar la vida y la obra del intelectual cubano Fernando Martínez Heredia (1939-2017), por lo que debemos aclarar su sentido. Nos permite, apreciar, un retrato generacional, una imagen de época, en la medida en que supo condensar y representar una corriente de ideas. Suscribimos la tesis de José Carlos Mariátegui que «las individualidades…, no tienen su más esencial valor en sí mismas, sino en su función de signos.» [1] De manera más puntual, la calidad de Fernando como creador y suscitador de ideas, permitió que la revista Pensamiento Crítico, enlazase a la Revolución cubana a Nuestra América y el mundo. Sus lectores fuimos beneficiarios de muchos modos de los contenidos y orientaciones de la revista. Aprendimos a debatir desde la pluralidad ideológica de las izquierdas y quizás, a darnos cuerda, en nuestros modos particulares de fecundar nuestras respectivas heterodoxias de cara a la realidad de nuestros países de la escena continental y mundial.

De sus obras evocamos algunas muy relevantes: El ejercicio de pensar (La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, 2010); Si breve...: pasajes de la vida y la Revolución( La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2010); A viva voz (La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2010); A la mitad del camino, (La Habana : Editorial De Ciencias Sociales 2015); Socialismo, liberación y democracia: en el horno de los noventa (Melbourne: Ocean Sur, 2006); Laberintos de la utopía (Buenos Aires: Ediciones De Mano en Mano, 1999); Socialismo, cultura y revolución(La Habana,: Editorial de Ciencias Sociales, 1991);Che, el socialismo y el comunismo (La Habana: Casa de las Américas, 1989).

 

Duelo y memoria: primera llamada

Estas evocaciones y reflexiones tienen que ver con la partida intelectual de Fernando, hombre de probado espíritu crítico y amplia cultura, solidario y comprometido con su pueblo y con el destino de Nuestra América. Fernando -a los afines de mi generación,- nos tocó a dos manos. Por un lado, las fibras sensibles de nuestra voluntad insumisa y justiciera, y por el otro, la fuente neuronal de nuestra heterodoxia generacional. Fernando, fue un mediador entre dos generaciones, la mía y la suya que había sido cimbrada y macerada por su lectura de Martí, del ideario del Movimiento 26 de Julio, de su quehacer comprometido, así como por sus lecturas de las obras de: Alavi, Althusser, Baran, Barka, Cabral, Carmichael, Fanon, Godelier, Gramsci, Lowy, Marcuse, Poulantzas, Sartre, Sweezy, Guevara y de muchos otros exponentes de diversas corrientes críticas del pensamiento contemporáneo. Todas estas figuras tuvieron cabida en su revista. Gracias a esa oportunidad, leímos en sus páginas por vez primera, escritos de varios de ellos. Un pensamiento crítico debía abrir juego a su real heterogeneidad y así lo hizo la revista. Así nos legó Fernando otro horizonte de ideas.

Segunda llamada: la revista abierta al mundo

A fines del año de 1967, algunos estudiantes universitarios afines en ideas, accedimos a un ejemplar de la revista Pensamiento Crítico editada y dirigida por Fernando. Ese ejemplar quedó muy manoseado ya que solíamos turnárnoslo día con día. Según un dicho popular limeño el ejemplar, es decir su zumo de ideas: «quedó como limón de emolientero». Fernando había elegido con propiedad el título de la revista, considerando que su línea editorial y sus contenidos, iban a contracorriente de las modas neoconservadoras del pensamiento que encandilaban a muchos de nuestra generación y de la precedente. Su presentación o editorial fue muy decidora:

«Nuestro punto de partida: por una parte, que las teorías surgen o se desarrollan en el análisis de las situaciones concretas; por otra, que la formación teórica es indispensable a los investigadores. De acuerdo a ello, intentaremos informar sobre las problemáticas actuales y las opiniones que sobre ellas existen, a través de artículos inéditos de cubanos y extranjeros, y de la reproducción de artículos seleccionados de las más diversas publicaciones del mundo. »[2]

En el primer número de la revista se reconoció como editor al Centro de Estudios Latinoamericanos, al cual perteneció Fernando y otros colaboradores. No se volvió a hablar en sus ulteriores ediciones y no existen referencias adicionales acerca de su existencia. Lo cierto es, que su figura mayor, fue su artífice y sostén entre el mes de febrero y el de junio de 1971. Sus 53 números constituyen una preciada colección, para los intelectuales de izquierda en Nuestra América. No siempre se publicaban notas editoriales, pero cuando lo hacían, eran de relevante importancia e impacto como sucedió con la edición de su cuarto número:

El Comandante Turcios definió la forma más alta de solidaridad con Viet Nam: la lucha antimperialista en cada uno de los países oprimidos. Y el Che Guevara, en su histórico mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental: «¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Viet Nam florecieran en la superficie del globo!». En Colombia, Venezuela, Bolivia y Guatemala también se lucha por Viet Nam. Pero aún en América, del Norte y Europa occidental las personas y organizaciones verdaderamente progresistas se distinguen por su condenación a la agresión imperialista a Viet Nam. Por eso puede coincidir el viejo filósofo Bertrand Russell con los jóvenes jefes guerrilleros al señalar la multiplicación de la rebeldía como la mejor cooperación hacia Viet Nam.[3]

Los demás números de Pensamiento Crítico siguieron llegando con tardanza y de modo discontinuo a nuestros dominios limeños. Juan Mejía Baca prestigiado librero y editor de libros, al señalar con flamígero dedo la quema de libros y revistas por órdenes del ministro Javier Alva Orlandini, aclara la dificultad de su recepción peruana. [4]Sin embargo, los números salvados de la quema, solían colmar nuestras expectativas y abrirnos el camino para nuevas lecturas y reflexiones. Número a número – los que llegaron a nuestras manos- nos daban oxígeno al reactualizar los caminos del pensamiento heterodoxo de izquierda, los cuales atendían el desbrozamiento de ideas y acontecimientos. A través de sus páginas comenzamos a mirar con otros ojos las obras de Herbert Marcuse por ejemplo. La revista subsistió hasta 1971, año en que se vino de sopetón la mordaza intelectual o la exclusión gubernamental. Conocí tardíamente a Fernando y tuve la fortuna de tratarlo en varias ocasiones, dentro y fuera de Cuba. Gozaba de buena memoria, mantenía su filo crítico, puso los puntos sobre las íes al tratar la censura que le fue impuesta y la clausura de la revista, «quinquenio gris» o década del silencio estéril. Muchos entendidos y no pocos protagonistas han sindicado con razón que fue Raúl Castro el principal instigador del silenciamiento y censura de 1971 y años venideros.

Subrayo otro hecho. Dicha revista convergió con atrevidos y originales productos cribados en los fueros de otras artes: novelas, carteles y cine. Un sello generacional vanguardista los aproximaba sin confundirlos ideológica y estéticamente.

 

Tercera llamada: el punto de quiebre

En 1971 fue un año muy gris para la vida intelectual y artística cubana. Recuerdo que Hilda y yo, residiendo en la ciudad de lima, estábamos muy atentos al desarrollo del proceso político que se le seguía al poeta Heberto Padilla y a la censura y hostigamiento de que era objeto, así como a los ecos de la denuncia y ruptura hecha pública por el escritor Mario Vargas Llosa. Hilda coadyuvó a que Luis Antonio Portuondo, llegase a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El disertante cubano minimizó el caso Padilla, llamándolo «incidente» y dio una respuesta elíptica cuando se le cuestionó el apoyo de su gobierno al régimen militar de facto, encabezado por Velasco Alvarado en el Perú. No sabíamos todavía de la censura gubernamental contra la revista Pensamiento Crítico y contra El caimán barbudo. Todo giraba en torno a Padilla. Por casualidad o fortuna, Luis Alberto Ampuero y yo, nos enteramos de la adversidad que enfrentaba Fernando Martínez Heredia y su revista, gracias al esclarecedor y pormenorizado testimonio del escritor rumano Darie Novecenu, quien se encontraba de paso por Lima, después de una estancia en La Habana. Su preocupación por el nuevo curso autoritario del régimen cubano se acrecentaba por la suerte de sus colegas y amigos. Saliéndose al final del tema nos sorprendió con la anécdota. Nos contó que el escritor Arturo Hernández, autor de la novela Sangama y presidente de la Asociación Nacional de Escritores (ANEA) lo presionaba día con día para que le consiguiese un viaje y tratamiento gratuito en la afamada clínica geriátrica de Bucarest. Darie nos dijo: «este anciano reaccionario pretende ayuda de los países que crítica y lapida políticamente. Nada tendrá de nuestra parte. » Nos despedimos a los pocos días de Darie vísperas de su viaje a Santiago de Chile. Vinieron seis años de silencios mutuos. Lo reencontramos en México un 14 de marzo de 1977 en la UNAM, iba a dar una conferencia acerca de unas cartas de Benito Juárez que encontró en el archivo estatal de Rumanía. Juárez tenía un importante corresponsal rumano. De otro lado, nos expresó su desazón sobre Rumanía. No le faltaba razón. Nos prometimos escribirnos. No lo hicimos. Poquitos años más tarde, le di a Gustavo Vargas Martínez, nuestro entrañable amigo colombiano, unos libros y una carta para Darie con motivo de su viaje a Bucarest. Gustavo lo encontró y se los entregó con dificultad. Nuestro amigo era objeto de vigilancia y marginación por parte de la policía política del dictador Nicolás Ceausescu. Lo dieron de baja del CC del PCR y lo terminaron expulsando por pedir cambios de urgencia. No volví a saber nada más de él. En cambio de Fernando, sí, de manera directa o a través de su hija y de nuestra común amiga Caridad Masson, investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural «Juan Marinello».

¿Que nos aproximó a Fernando y a mí? Por un lado mis esfuerzos sostenidos por escribir una historia política y cultural de la Comintern en Nuestra América que le parecía inquietante y sugerente, en aras de dejar atrás la «historia tradición» que siempre dice más de lo mismo acerca de la imbatible y verdadera línea «recta». Por otro lado, nuestros diferenciados pero afines modos de asumir el pensamiento crítico tejían simpatías mutuas. A propósito, dejo constancia que La Pacarina del Sur que fundé en octubre de 2009 y se sigue publicando, tiene una deuda no explícita con la revista Pensamiento Crítico de La Habana y por ende, con Fernando, aunque también le debemos mucho a la revista Amauta, la que animó José Carlos Mariátegui.

Entre el cierre de la evocación y el futuro deseable. La última vez que vi a Fernando fue a mediados de febrero de 2011. Había viajado a La Habana, me urgía una revisión oncológica antes de mi anunciada y programada operación en México. Nos vimos en su lugar de trabajo: el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello., bajo su dirección. Conversamos.  El hospital de Oncología quedaba muy cerca del Juan Marinello. Caridad nos apoyó y llevó. Previamente conversamos con Fernando. Me preguntó cómo iba mi libro acerca de Mella y Haya, lento le respondí. Muy cerca de allí se ubica el Hospital de Oncología al cual debía dirigirme, gracias al apoyo solidario de la historiadora Caridad Masson y de su amigo oncólogo. El parecer del director de dicho Hospital –una eminencia en la materia-  era que el procedimiento previsto por el médico colombiano que me iba a operar, era el indicado. Atendió mis dudas y calmó con su sapiencia, mi ansiedad. Durante esa breve estancia tuve tiempo de asistir a una de las consultas de base promovida por los Comités de Defensa de la Revolución, con la finalidad de evaluar, opinar y enviar críticas y sugerencias frente al paquete de medidas de reforma y austeridad propuestas por el régimen de Raúl Castro. Se criticó el impacto negativo que tendría el recorte asistencialista de la conocida libreta en los adultos mayores y jubilados. Igualmente, se criticó el burocratismo existente y otros lastres de gestión pública. Retorné a México con nuevas experiencias, ideas y libros, además de la satisfacción del reencuentro con varios amigos, Fernando incluido. Asumí la decisión de meterme al quirófano. En la actualidad, persistimos lidiando con los artrópodos.  Resiento que las pérdidas se me han venido de a montón.

Tengo la convicción de que frente a las perdidas nada mejor que los ejercicios de memoria en los espacios públicos. Se suman los actos interiores o abiertos de reanimar nuestras colectivas esperanzas. Precisamente hoy me di ánimo y fuego, al recuperar la figura de Fernando Martínez Heredia, la cual les comparto a través de este «Umbral» en nuestro muro. Me recordó que debemos seguir de pie frente a cualesquier adversidad, incluida su pérdida. Fernando sabía de adversidades y esperanzas, se dio su tiempo para ello, otras aguas más cálidas le tocaron con el paso de los años. Fernando ha dejado frondosa obra. Sin embargo, por deseo propio me he anudado y anclado en su revista: El pensamiento crítico. Anclado y potenciado.

He puesto algo de empeño en estos días. Comienzo a dejar atrás la lentitud de mis pasos a pesar de ese ese extraño jaloneo que tiraba hacia atrás. Tengo la firme convicción de que el desprendimiento, la despedida y el renacer no son incompatibles.

Y en lo que respecta a la muerte y Fernando, suscribo la idea martiana de que: «La muerte es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida; truécase en polvo el cráneo pensador; pero viven perpetuamente y fructifican los pensamientos que en él se elaboraron.»[5]

 

Notas

[1] Mariátegui, José Carlos, 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Biblioteca Amauta, 2005 p. 291.

[2] Pensamiento Crítico (Habana) núm. 1, febrero de 1967, p. 1.

[3] Pensamiento Crítico (Habana) núm. 4, mayo de 1967, p. 1.

[4] Mejía Baca, Juan. Quema de libros, Perú '67. Lima: Mejía Baca, 1980.

[5] Martí, José, «Pilar Belaval» El Federal (México) 5 de marzo de 1876. Reproducido en Obras Completas. Nuestra América 6, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1991,  p. 430.

Políticas públicas alimentarias: perspectivas para su estudio

[1]

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito destacar dos ejes para el estudio de las políticas públicas alimentarias desde la antropología. El primero de ellos, las cocinas de la pobreza, busca enlazar la transformación de las prácticas alimentarias como consecuencia de la escasez, con las políticas públicas del Estado que, de manera encubierta, buscan homogenizar las pautas alimentarias al distribuir y volver accesibles productos alimentarios específicos distintos a los de uso cotidiano por parte de las comunidades ‘beneficiadas’. El segundo eje busca poner en la mesa de discusión los derechos culturales; es decir, la necesidad de la incorporación de la interculturalidad en las políticas públicas. En ambos casos, la política tomada como ejemplo para la propuesta es la Cruzada Nacional contra el Hambre, con algunos de sus programas de ejecución, tal como el Programa Comedores Comunitarios.

 

Introducción

En México, las políticas públicas alimentarias han pretendido transitar de programas asistenciales a programas integrales de coordinación intersectorial. El Estado posrevolucionario buscó la implementación de políticas redistributivas, que algunos identifican como Estado de bienestar, aunque éstas nunca fueron suficientes ni alcanzaron la cobertura total de la población que buscaban beneficiar (Barquera et. al, 2001). A partir de 1980, las políticas redistributivas y solidarias del bienestar, se transformaron en políticas neoliberales en material del bienestar, lo que significó, entre otros, la mercantilización de la educación y la salud, así como el retiro de la inversión pública en éstas (Arzate Salgado, Trejo Sánchez y Arriaga Álvarez, 2009).

De acuerdo con Barquera, Rivera-Donmarco y Gasca-García (2001) los programas de distribución de alimentos en México han tenido diversas modalidades, desde el sistema de subsidio a los productores (como el Programa Nacional de Alimentación [Pronal] y el Sistema Alimentario Mexicano [SAM]), hasta sistemas de subsidio a consumidores (los programas de desayunos escolares y Conasupo, por ejemplo); sin embargo, estos programas favorecieron en mayor medida a la población de zonas urbanas, mientras que beneficiaron sólo marginalmente a la población rural.

Estas experiencias permitieron al Estado mexicano observar que las políticas relacionadas con el consumo de alimentos, como el subsidio al precio de la tortilla, la distribución de leche a familias de escasos recursos y los desayunos escolares, tenían un efecto directo sobre el estado nutricional de la población y sobre sus pautas de consumo; es decir, estos programas lograron la implementación modelos alimentarios (Barquera, Rivera-Donmarco y Gasca-García, 2001). A este respecto, Juan Pío Martínez (2013) señala que, en México, las ideas sobre nutrición han servido como instrumento de control social, vinculadas al cientificismo como argumento de verdad y pretendidamente desligadas de la ideología, pues han estado orientadas al control de las formas de alimentación para hacerlas más acordes con el proyecto económico y social de las clases gobernantes. De acuerdo con él, la nutriología sirvió para establecer una relación entre nutrición, agricultura, economía y salud pública; fue la manera más sencilla de calificar de inferiores las tradiciones culinarias indígenas y, de paso, de justificar su occidentalización.

En dichos programas se ha observado un “tendencia positiva en el estado nutricional” de la población atendida (Barquera, Rivera-Donmarco y Gasca-García, 2001: 475) pero han carecido de la participación de los beneficiarios en su diseño e implementación[2]. Esto puede interpretarse como una imposición de un modelo de bienestar, salud y nutrición desde la política pública. En este sentido, es que resulta imprescindible la aproximación antropológica a la cuestión de las políticas alimentarias, donde se consideren los esquemas o lógicas culturales específicas, las nociones locales de bienestar y alimentación, así como el entrecruce con la cuestión de la identidad.

El presente trabajo tiene como propósito destacar dos ejes para el estudio de las políticas públicas alimentarias desde la antropología. El primero de ellos, las cocinas de la pobreza[3], busca enlazar la transformación de las prácticas alimentarias como consecuencia de la escasez, con las políticas públicas del Estado que, de manera encubierta, buscan homogenizar las pautas alimentarias al distribuir y volver accesibles productos alimentarios específicos distintos a los de uso cotidiano por parte de las comunidades beneficiadas. El segundo eje busca poner en la mesa de discusión los derechos culturales; es decir, la necesidad de la incorporación de la interculturalidad en las políticas públicas. En ambos casos, la política tomada como referente para la propuesta es la Cruzada Nacional contra el Hambre y algunos de sus programas de ejecución, como el Programa Comedores Comunitarios, el Programa Apoyo Alimentario y las tiendas Diconsa.

 

La Cruzada Nacional contra el Hambre y las cocinas de la pobreza

El 22 de enero de 2013, por decreto presidencial, se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), también llamado Cruzada contra el Hambre (Diario Oficial de la Federación, 2013). Éste consiste en una estrategia de inclusión y bienestar social que pretende satisfacer la obligación del Estado de garantizar el derecho universal de alimentación, mediante la participación federal, estatal, municipal y de sectores público, social y privado.

Esta política es resultado de la crisis financiera, energética y alimentaria de 2008 que, tras el aumento generalizado de los precios de los granos básicos y de la pobreza alimentaria en México, centró la atención en la seguridad alimentaria[4]. Esto llevó a la modificación de los artículos 4 y 27 constitucionales, para reconocer el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de la población, por un lado, y a la creación en 2013 de la Cruzada Nacional contra el Hambre (Urquía-Fernández, 2014).

Entre los objetivos de dicha Cruzada destacan eliminar el hambre a partir de una alimentación adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y con carencias de acceso a la alimentación, así como eliminar la desnutrición infantil aguda y aumentar la producción de alimentos (Diario Oficial de la Federación, 2013). Para la formalización y ejecución de la Cruzada, el ejecutivo designó como responsable a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quien elaboró el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 (Diario Oficial de la Federación, 2014) dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En su primera etapa, este programa fue implementado en los 400 municipios del país con mayor incidencia de pobreza extrema; es decir, aquéllos con mayor número de personas en situación de pobreza extrema y mayor cantidad de personas con carencias de acceso a la alimentación.

Uno de los primeros elementos a considerar es el análisis de los contenidos de la política pública, pues las definiciones conceptuales y las formas de medición permiten tener un panorama más amplio de los objetivos reales que pretenden alcanzar. En este caso, destacan los términos hambre, pobreza multidimensional extrema y carencias de acceso a la alimentación, que se encuentran estrechamente vinculadas. La Cruzada define el hambre como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria; es decir, al tener un ingreso menor al de la canasta básica alimentaria y tener tres carencias sociales (una de las cuales es alimentaria), mismas que se miden de acuerdo con la presencia o ausencia de rezago educativo, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. De esta manera, hambre se equipara a la condición de pobreza extrema alimentaria de CONEVAL (Figura 1).


Figura 1. Tipos de pobreza. Elaboración propia a partir del glosario de CONEVAL (http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx)

De esta manera, observamos que, pese a las altas cifras de pobreza en México, esta política sólo considera a un segmento poblacional muy pequeño dentro de lo considerado como pobreza (Figura 2).


Figura 2. Elaboración propia a partir de datos de CONEVAL sobre pobreza en el 2014.

Es importante notar que la definición de la pobreza y la tipología que se desprende de ésta se fundan en la medición de la misma, sin mayor elaboración teórica. De esto se desprende la imposibilidad de confrontar definiciones potencialmente contradictorias respecto a los conceptos utilizados, tales como pobreza, hambre, alimento y alimentación (estos últimos dos ni siquiera son definidos). Se asume entonces un único paradigma válido desde el cual son definidas, clasificadas y evaluadas las formas de vida y alimentación de aquellos considerados pobres, sin hacer referencia a la diferencia y a la desigualdad y sin buscar los orígenes de las mismas.

Así, esta política pública en materia de alimentación, al considerar contenidos y nociones locales sobre pobreza, alimentación y comida, se presenta como imposición de una visión discriminatoria de pretendida neutralidad moral y cultural, que encubre la potencial intención de asimilación cultural (Tubino, 2005); es decir, se configura como un potencial mecanismo de control del Estado que pretende homogenizar las culturas subalternas e incorporarlas al deber ser/deber comer de la cultura hegemónica.

Esto nos lleva a concebir cocinas de la pobreza como una categoría que hace referencia al conjunto de estrategias, formas de preparación, platillos e ingredientes que permiten a un grupo solventar su alimentación en momentos de escasez o precariedad. El trabajo de Patricia Aguirre (2004), en Argentina, ha revelado que la pobreza ha llevado a un cambio gradual en los patrones de consumo y alimentación: la población en situación más precaria ha implementado una serie de restricciones respecto a la dieta, cambiando productos caros (cárnicos, frutas y verduras) por productos baratos (harinas y grasas), disminuyendo la variedad de la dieta y distribuyendo los alimentos de manera diferente entre los miembros del hogar. Esto ha generado consecuencias nutricionales serias, lo que ella denomina “gordura de escasez”, misma que constituye una cara más de la malnutrición y se relaciona con enfermedades crónico degenerativas, como diabetes, hipertensión, algunos cánceres, entre otras.

De esta manera, nos preguntamos sobre el papel de los productos industrializados que son distribuidos por la Cruzada (a través de las tiendas Diconsa o los Comedores Comunitarios, por ejemplo) mismos que implicarían nuevas pautas de alimentación y la modificación de los valores culturales asociados a la comida y la comensalidad. ¿Qué cambios generales en la forma de comer están realizando las familias pobres para satisfacer su alimentación? ¿Qué cambios está promoviendo la Cruzada Nacional contra el Hambre en términos de las tradiciones culinarias de cada lugar? ¿Constituye la Cruzada una forma de imponer la modernidad a la población rural? (Figuras 3 y 4) ¿Cómo responde la gente a este proyecto transformador de sus prácticas alimentarias?


Figura 3. Encabezados de los periódicos El Universal (9 de febrero de 2013) y La Jornada (15 de abril de 2013).

Así, consideramos pertinente el desarrollo de proyectos de investigación antropológica dirigidos a conocer y explicar las transformaciones que han sufrido las prácticas alimentarias de las diversas localidades atendidas por la Cruzada y sus programas a lo largo del tiempo; es decir, establecer un panorama de la historia reciente de la alimentación en estas localidades. ¿Qué formas de preparación, ingredientes y estrategias se empleaban en los hogares hace 20 o 30 años? ¿Cómo se han transformado y qué modificaciones han traído consigo las políticas públicas alimentarias? ¿Han mejorado las condiciones de vida y alimentación de las personas desde su propia perspectiva?

 
Figura 4. Destacan la presencia de jugos y refrescos en una tienda Diconsa. Foto: Notimex. Tomada de La Razón de México (http://razon.com.mx/spip.php?article313570)

Esto permitiría determinar si los cambios que se han producido y que se implementan en situaciones de crisis o escasez, benefician o perjudican a las familias en términos de salud, satisfacción de derechos alimentarios y respeto a los derechos culturales. Es decir, permitiría evaluar en el terreno el impacto que esta política pública ha tenido en la transformación de prácticas alimentarias y salud de la población objetivo. Entender las transformaciones alimentarias promovidas por las políticas de Estado, permite evaluar las propias políticas públicas a partir de las repercusiones sociales y culturales que éstas generan en las comunidades a las que se busca beneficiar.

Para ello no sólo será necesaria una revisión y análisis de cada uno de los conceptos centrales empleados en el decreto del programa analizado, sino su confrontación con lo propuesto desde las ciencias sociales. Además, es indispensable que la evaluación de estos programas se haga desde metodologías participativas que permitan generar, de manera conjunta, proyectos alternativos y programas gubernamentales de acompañamiento que sean acordes con la realidad social concreta de los actores, no desde la política abstracta que soslaya la diversidad y complejidad cultural del país.

 

Derechos culturales y comedores comunitarios

Las políticas públicas como acciones que realiza el Estado en sus diferentes niveles para la resolución de determinados problemas, con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos, son intervenciones que no sólo se ejecutan sobre espacios sociales concretos, sino que a su vez generan una transformación en las dinámicas de los contextos intervenidos. Debido a que toda acción humana se encuentra mediada por su dimensión cultural, las políticas públicas son generadoras de modelos culturales que a su vez reproducen distintos sistemas de relaciones que no siempre corresponden con el contexto social de las comunidades a las que se pretende apoyar.

Las esferas gubernamentales en las que se toman las decisiones sobre qué políticas se desarrollarán y cuáles no, se encuentran alejadas de nuestro actuar cotidiano como investigadores. Sin embargo, las acciones que se llevan a cabo en el marco de las distintas políticas públicas son contextos que sí podemos investigar. Observar las dinámicas socioculturales que surgen en los espacios donde se ejecutan las políticas públicas alimentarias se vuelve indispensable para subrayar, desde las realidades concretas, la necesidad de incorporar la dimensión cultural dentro de las acciones que desarrolla el Estado. Tal es el caso de los comedores comunitarios, en donde se justifica la investigación antropológica como un paso necesario para la proposición de alternativas que permitan que, en el ejercicio del derecho a la alimentación, no se vulnere el derecho a la cultura propia.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se reconoce que la garantía y protección del derecho a la alimentación y del derecho de acceso a la cultura son parte de las responsabilidades que los estados miembros tienen con respecto a sus ciudadanos (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1948). En México, para otorgarle un carácter constitucional a estos derechos, se adicionaron al artículo 4° el derecho de acceso a la cultura (Diario Oficial de la Federación, 2009) y el derecho a la alimentación (Diario Oficial de la Federación, 2011).

De acuerdo con Boltvinik (2012), desde finales de la década de 1980, los programas de desarrollo social del gobierno federal, como Solidaridad, Progresa y Oportunidades, se han centrado exclusivamente en las personas en condición de pobreza. No obstante, es posterior a la reforma del 2011 cuando este tipo de programas han comenzado a vincularse en el nivel del discurso con el derecho a la alimentación y con la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la satisfacción de tal derecho.

En el año 2013 se decretó el establecimiento del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Posteriormente, este sistema se formalizó y se incorporó al Programa Nacional México Sin Hambre, el cual se propone “asegurar el acceso a alimentos suficientes y de calidad para su población objetivo” a través de diferentes estrategias, entre las que se incluye la instalación de comedores comunitarios y de escuelas con asistencia alimentaria (Diario Oficial de la Federación, 2014). Previamente, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se había iniciado desde el año 2009 el Programa Comedores Comunitarios, con el objetivo de:

“fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, participación y construcción de ciudadanía en el ejercicio del derecho a la alimentación con alternativas alimentarias, sanas, equilibradas y económicas, al alcance de cualquier habitante en el Distrito Federal” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2014: 87).

El Programa Comedores Comunitarios de la Ciudad de México surgió de manera emergente tras la crisis económica del año 2008. Sin embargo, con la implementación del Programa Nacional México Sin Hambre, se impulsaron acuerdos para incorporar a ciertas localidades de la Ciudad de México a la versión federal de los comedores comunitarios (Secretaría de Desarrollo Social, 2014).

No obstante, los comedores comunitarios del programa federal han presentado diferentes problemáticas técnicas. Dentro de estas problemáticas se encuentran la imposición de un modelo cultural alimentario que no corresponde a las tradiciones culinarias de la gente que recibe los apoyos; la poca variabilidad de los ingredientes, alimentos y nutrientes (Figuras 5 y 6); la homogeneización de las comidas y las cantidades para la población de distintos rangos de edad o condición física (Figura 7), y la preparación en espacios poco adecuados (Hernández, Ochoa y Yaschine, 2015).


Figura 5. Múltiples raciones de carbohidratos en menú de comedor comunitario de la Ciudad de México (2016). Foto: Memo Bautista. Tomada de https://munchies.vice.com/es/article/ypxb3y/asi-funcionan-los-comedores-comunitarios-en-la-ciudad-de-mexico


Figura 7. Ausencia de vegetales y uso de soya en menú de un comedor comunitario de la Ciudad de México (2016). Foto: Memo Bautista. Tomada de https://munchies.vice.com/es/article/ypxb3y/asi-funcionan-los-comedores-comunitarios-en-la-ciudad-de-mexico

Así, se puede observar que estas cuestiones técnicas se deben al descuido de la dimensión cultural de la alimentación de las diferentes comunidades y poblaciones del país. Este descuido ha significado la omisión, por parte del gobierno, de los derechos culturales de los beneficiarios en su intento de lograr el objetivo de “erradicar el hambre”, lo que a su vez implica la violación a los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1948).


Figura 6. Ausencia de vegetales y uso de soya en menú de un comedor comunitario de la Ciudad de México (2016). Foto: Memo Bautista. Tomada de https://munchies.vice.com/es/article/ypxb3y/asi-funcionan-los-comedores-comunitarios-en-la-ciudad-de-mexico

En la medida en que las prácticas alimentarias son siempre prácticas culturales que tejen y reproducen diferentes sistemas de relaciones sociales (relaciones dentro de las cuales se ejercen tanto estrategias de dominación por parte del poder hegemónico como acciones de resistencia por los grupos que se encuentran en la esfera de la marginalidad y la exclusión), se vuelve necesario investigar qué tipo de relaciones se establecen en el contexto de estas políticas desde una postura que subraye la necesidad de incorporar la dimensión cultural dentro de las acciones que ejecuta el Estado. Reconociendo que en la implementación de las políticas alimentarias se generan espacios (como los comedores comunitarios) en donde conjuntamente entran en juego diferentes lógicas culturales, las nociones de interculturalidad y de derechos culturales (Etxeberria, 2001; Tubino, 2005) pueden incorporarse al enfoque de la antropología de la alimentación. Es dentro de este enfoque en donde se reconoce que la alimentación trasciende la mera satisfacción del acto de alimentarse y reproduce relaciones sociales y sistemas culturales propios de los grupos humanos (Garza, 2011a, 2011b; Good Eshelman y Corona de la Peña, 2011).

Para comprender las dinámicas que se establecen entre los actores sociales involucrados en la ejecución de las políticas alimentarias, son necesarias preguntas  como: ¿qué modelo cultural de alimentación se instituye en la práctica de estas políticas públicas?, más allá de la población objetivo que se establece en el papel ¿quiénes son las personas que en realidad asisten a estos comedores?, ¿qué condiciones sociales caracterizan a estas personas?, ¿cuál es el margen que tienen las personas para decidir si asistir o no a estos espacios?, ¿cómo es su alimentación los días que no asisten a los comedores?

Es en este sentido en el que, en el año 2016, en la mesa de discusión Comida, modernidad e historia culinaria: enfoques para la investigación realizada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, propusimos el desarrollo de proyectos de investigación encaminados a la caracterización de las relaciones sociales que se establecen entre el sector gobierno, los voluntarios y los beneficiarios de los comedores comunitarios del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal en las demarcaciones territoriales de esta ciudad. La presencia de la antropología en la investigación de estas políticas públicas resulta indispensable para conocer la historia de vida, el sistema cultural y los hábitos alimentarios de las personas beneficiarias, además de las relaciones que se establecen entre sus sistemas culturales y el modelo cultural que de manera intencional o inconsciente se impone desde el Estado. Asimismo, para la realización de este tipo de proyectos no sólo sería indispensable el análisis de los documentos y decretos que dan origen a los programas, sino, fundamentalmente, el de las acciones efectivas que se ejecutan desde los distintos programas públicos.

Finalmente, queremos destacar que, como investigadores de disciplinas antropológicas, una de nuestras labores es observar que dentro de las políticas públicas —sean de alimentación, salud, vivienda, educación u otras — se respete el derecho a la diversidad cultural. Es en el diálogo con los grupos excluidos en donde es probable que se encuentren las respuestas a cómo desarrollar políticas adecuadas para el beneficio real de las personas. Sin embargo, también es cierto que, para lograrlo, ellos, al igual que muchos de nosotros, deben de encontrar su propia voz y reconocerse como actores sociales capaces de transformar y transformarse con el mundo.

Además, el desarrollo de proyectos paralelos (como videos, documentales, talleres, mesas de discusión) puede servir como medio para comunicar la experiencia de las personas beneficiarias y de las distintas maneras en que son afectadas por estos programas. Este tipo de herramientas permiten escuchar las voces de las personas, visibilizarlas como actores y socializar su historia, cultura y dignidad humana en espacios diversos más allá del ámbito académico. Este tipo de ejercicios, que permiten el reconocimiento, participación y empoderamiento de personas con rostro e historia, que usualmente son invisibilizadas bajo la etiqueta de “población objetivo”, constituyen un reto fundamental para la investigación antropológica. Este reto, a nuestro parecer, es parte de nuestra labor, pues tenemos pendiente la sensibilización de los múltiples actores sociales involucrados en el desarrollo e implementación de las políticas públicas en nuestro país.

 

Referencias

Aguirre, Patricia (2004). Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París. Recuperado el 10 de marzo de 2016, de http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

Arzate Salgado, Jorge, Trejo Sánchez, José Antonio y Arriaga Álvarez, Emilio (2009). Estructura institucional del bienestar en México. En J. Arzate Salgado, C. E. Massé Narváez y N. Arteaga Botello (coords.), Instituciones del bienestar y gestión de la precariedad. Una mirada interdisciplinaria (pp. 95-120). México: Universidad Autónoma del Estado de México - Miguel Ángel Porrúa.

Barquera, Simón, Rivera-Donmarco, Juan y Gasca-García, Alejandra (2001). Políticas y programas de alimentación y nutrición en México. Salud pública de Mexico, 43(5), 464-477.

Boltvinik, Julio (2012). Pobreza, desarrollo y política social en México. Textos de Julio Boltvinik. (H. Barcelata, ed.) Málaga: Universidad de Málaga.

Diario Oficial de la Federación. (30 de abril de 2009). Decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Recuperado el 10 de marzo de 2016, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089046&fecha=30/04/2009

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[1] El presente texto es producto de la conjunción de nuestras reflexiones presentadas en la mesa de discusión Comida, modernidad e historia culinaria: enfoques para la investigación, realizada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en marzo de 2016, a la que fuimos invitados gracias a la generosidad de la Dra. Rosa María Garza Marcué, a quien debemos nuestra incursión en temas de alimentación.

[2] En épocas recientes, los beneficiarios, pero sobre todo las beneficiarias, han participado en el monitoreo y evaluación de algunos de estos programas; sin embargo, esto ha detonado nuevas problemáticas al interior de las comunidades (cf. Vizcarra Bordi, 2009).

[3] El nombre cocinas de la pobreza fue propuesto por la Dra. Rosa María Garza Marcué, quien, dentro del Programa Nacional las Cocinas en México en la línea “Cocinas, identidad, patrimonio biocultural y procesos de patrimonialización”, exploró, junto con su equipo de colaboradores, la cuestión de la alimentación y la pobreza.

[4] La seguridad alimentaria se refiere a que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias para poder llevar una vida sana y activa.