¡ALTO A LA VIOLENCIA DE ESTADO Y DEL CRIMEN ORGANIZADO!
¡ALTO A LA COMPLICIDAD CON EL CRIMEN ORGANIZADO!
¡BASTA DE CORRUPCIÓN!
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Estudiosos del pasado y presente de México, vemos con profunda indignación cómo en la actual etapa “democrática” se repiten las ominosas acciones que en los años sesenta y setenta del siglo pasado caracterizaron la política de los gobiernos federal y algunos estatales contra luchadores sociales, trabajadores, periodistas, estudiantes y el pueblo en general; orientación que desde entonces criminalizó la protesta social. También permanecen el encubrimiento y la impunidad ante las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos selectivos o masivos perpetrados o tolerados desde los poderes públicos contra la población civil. Hoy observamos, con mucha preocupación, un ensañamiento contra los jóvenes; son ellos las primeras víctimas de esta política de Estado.
Las muertes de 22 personas en Tlatlaya -Estado de México- por elementos del Ejército Mexicano cuando las víctimas ya se habían rendido, así como los asesinatos de 6 personas en Iguala, Guerrero, cometidos por policías municipales y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, son las atrocidades más recientes; crímenes de lesa humanidad que ya no responden a los colores de un solo partido político y que los conocemos gracias a medios de comunicación independientes y a las redes sociales que tienden a equilibrar la información y permiten trascender nacional e internacionalmente.
Pero el panorama no está completo si se excluye la cada vez mayor corrupción que permite el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, delitos en los que participan funcionarios y representantes de diverso signo partidario. Aunado a esto, hoy en día se devela un nuevo factor: el crimen organizado, que utiliza el terror para someter psicológica y físicamente a la población y que para su existencia y sobrevivencia requiere la complicidad de individuos o de grupos de poder ubicados en altas esferas de los ámbitos federal, estatal y municipal. Decenas de miles de desaparecidos, miles de asesinatos, extorsiones incuantificables y demás crímenes sin castigo contra la sociedad, sólo son explicables mediante la reproducción ilimitada del trinomio: enriquecimiento ilícito-corrupción-impunidad.
Esta violencia contra la población es inaceptable. No se debe permitir que continúe. Sólo el pueblo organizado puede obligar al Estado a cumplir con una de sus funciones primordiales: proteger a la sociedad. Se hace indispensable conformar la organización social que permita combatir la corrupción y la impunidad que son los factores que sustentan tanto la violencia como el enriquecimiento ilícito. Es por eso que proponemos la creación de un Frente Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad que sea independiente del Estado y de los partidos políticos, se sustente sobre principios democráticos, tenga carácter nacional y esté anclado sólidamente en escuelas, centros de trabajo, asociaciones campesinas, de trabajadores, profesionales, estudiantiles, vecinales y demás organizaciones sociales que surjan con este fin o ya estén luchando por sus propias demandas.
En este momento, la unificación y la organización deben ser en torno de los estudiantes de Ayotzinapa; jóvenes, pobres, indígenas y opositores al neoliberalismo que son las actuales víctimas de la violencia de Estado. Los científicos sociales abajo firmantes, como parte del pueblo mexicano, nos unimos a las cuantiosas voces nacionales e internacionales que exigen:
¡PRESENTACIÓN INMEDIATA Y CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA!
¡INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE TANTO DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE LOS ESTUDIANTES COMO DE LOS ASESINATOS DE TLATLAYA E IGUALA. CASTIGO A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES!
31 de octubre de 2014.