Editorial 45: Ausencia Programada

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Creado: Sábado, 01 Octubre 2016 06:43

Escrito por Redacción En el Volcán

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A dos años de la tragedia de Ayotzinapa, nuestra revista dedica su número 45 a un ejercicio de memoria, pero de una memoria crítica e incómoda, aguda y rigurosa, ante esta manifestación específica del amplio proceso de ausencia programada a la cual se encuentra sujeta, en diversas modalidades, la mayor parte de la población en México. De ese proceso proviene la ocurrencia de instaurar por decreto la “superación” psicológica de todos y cada uno de los agravios que nos tocan, de distintas maneras.

En ese sentido de una memoria crítica a ejercitar, los materiales que se exponen en este número constituyen reflexiones relevantes sobre Ayotzinapa que no han perdido pertinencia, aunque se generaron antes del desarrollo más reciente de los procesos que se han seguido suscitando.  Los textos fueron compilados por nuestra compañera la arqueóloga Rosa Reyna y derivaron de la sesión organizada en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH por el Grupo de Estudios sobre Guerrero, conformado por investigadores del INAH y de otras instituciones, el 18 de febrero de 2015, bajo el título “¡Vivos los queremos! Significado y consecuencias de la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero”. A esos textos se suma un poema del profesor Guerrerense Lorenzo Esteban.  Agradecemos a todos los autores su generosa anuencia para integrarlos en este número de la revista. El número se completa con la glosa y liga de materiales audiovisuales alusivos al tema.

La ausencia tiene muchas dimensiones y canales. Sus modos son diversos y a menudo lacerantes: la distancia, el abandono, la desaparición, la partida, la privación, el vacío, forman parte de una realidad que ahora enfrentamos, pero para la cual uno(a) nunca está preparado(a).

Sin embargo, cuando esa ausencia se programa, se comete, se produce, cuando se presenta de manera deliberada, cuando se perpetra por acción u omisión del Estado, cuando se vuelca en desaparición forzada, entonces la carga de dolor e indignación se dispara, crece aún más, se intensifica.  Y al agravio de lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, se suma el agravio por el manejo que el Estado ha hecho de aquello.  Al ultraje y el menosprecio patentes en esa fecha, se ha sumado la tergiversación, la negación y la insolencia. 

El crimen organizado permea al Estado y se sabe impune. Y lo sabemos impune.

La desaparición forzada constituye una expresión brutal de la ausencia programada que preside la vida cotidiana de tantas y tantos mexicanos. Y ese dolor profundo de Ayotzinapa remite a su irrelevancia como seres humanos, a su llana inexistencia, subyace y se expresa no en los discursos por supuesto, sino en la definición programática y operativa de las políticas públicas, en las distribuciones presupuestales definidas como se reparte a mano sucia el botín luego de un robo, quitándole fondos a la salud, a la educación, a la cultura, y protegiendo al mismo tiempo los insultantes ingresos de funcionarios, jueces y legisladores sin patria ni conciencia.

Y si las buenas conciencias no se inquietan, porque al fin y al cabo “cada quien a lo suyo”, arrulladas con la rancia tonada de “que siga el mundo girando mientras lo haga en torno a mí y no me quiten mi pedazo”, en contraste, lo que aparece es la solidez e integridad de quienes buscan con denuedo a sus familiares y amigos y la convicción de quienes no quieren ni pueden ver todo esto como algo “natural”, como otro escándalo más, como otra noticia de fondo de una vida banal.

Ayotzinapa delata la naturaleza delincuencial del Estado en tanto que aparato, cuyo compromiso fundamental descansa ahora en dos ejes de acción: el uno, proteger a toda costa la acumulación de capital en su fase extendida e intensiva; el otro, facilitar ampliamente la circulación de capital transnacional. De estos ejes, se decanta el cúmulo de operaciones delictivas que ejecuta por órdenes del mismo capital al que protege, lo cual se enfrenta con la posición de clase y la ascendencia indígena que los estudiantes normalistas agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), manifiestan en sus acciones.

La indignación ha dado paso a la entereza ejemplar que demuestran las “víctimas colaterales” o indirectas: madres, padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, abuelos, tías, nietos, padrinos, amigos, amores y amistades que buscan con coraje y determinación a sus “ausentados”; ha dado paso a la exigencia incesante y organizada de justicia, a la franca denuncia de un estado de indefensión que ejemplifica la profunda crisis de humanidad como tormenta que se ha llevado en los últimos años a más de 28,400 personas y en su mayoría de edad joven (RNPED, 2007-2016).[1]

En México, el estado de indefensión al que somos sujetos se ha robustecido a fuerza de la intervención directa del gobierno. La responsabilidad que recae sobre autoridades, funcionarios y servidores públicos está a la luz de los hechos ocurridos aquella noche del 26 de septiembre de 2014: el asesinato, tortura y desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, demuestra que ante la presente crisis de humanidad, la memoria es nuestro medio de permanencia para con los ausentados.

La memoria de la ausencia confronta a la “verdad histórica” ofrecida tempranamente -fuera de todo protocolo judicial- por el entonces “cansado” Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y orquestada por quien fungió como Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, funcionario que en todo momento omitió deliberadamente información relevante para el esclarecimiento de los hechos, pero que luego fue ascendido por Enrique Peña Nieto al puesto de Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Eso, a pesar de enfrentar una demanda por obstaculizar el proceso de investigación y sembrar evidencias, lo que abrió en la PGR una investigación interna en su contra.

No es un hecho fortuito que a partir de la negativa que el gobierno federal diera respecto de la ampliación del término para la continuidad de los trabajos periciales por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH), la “verdad histórica” levantada sobre un proceso de investigación tergiversado a voluntad, intente ser colocada ahora como “verdad jurídica”, al promover la clausura de las líneas de investigación propuestas como parte de las recomendaciones hechas por el GIEI en su Informe Final, en el que se señala la actuación de las policías Municipal, Estatal, Federal, Federal Ministerial y el 27 Batallón del Ejército Mexicano aquella noche del 26 de septiembre de hace 2 años.[2]

Frente al actuar de las instituciones de gobierno, la movilización social se ha volcado transnacional al organizarse allende las fronteras nacionales en torno a la demanda fundamental de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y a la consigna “nos faltan 43”; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas-DH, entre muchas otras agrupaciones que acompañan y siguen de cerca el proceso, han coadyuvado a que la resistencia de los padres de “los 43” se consolide al aportar elementos fundamentales que desmienten la “verdad histórica” propuesta por la PGR.

La hoguera en el paraje (basurero) de Cocula, el depósito de restos óseos en el río San Juan, la vinculación de algunos normalistas con grupos de narcotraficantes, son argumentos que se han desvanecido, dada la inconsistencia de las pruebas elaboradas por el cuerpo de peritos oficiales y ofrecidas por las autoridades –primero ante los medios de información enajenantes y después ante los padres de los 43 jóvenes desaparecidos–; aunado a ello, en los primeros días de la búsqueda de “los 43” y con la participación de un sector de la Policía Comunitaria de Guerrero que incursionó en los municipios de Huitzuco y Tepecoacuilco –al sureste de Iguala– así como Cocula y Apipilulco   –en el noroeste de Iguala–, donde localizaron decenas de fosas clandestinas y algunas de las casas de seguridad presuntamente adjudicadas al grupo narcotraficante “Guerreros Unidos”, se colocó de nueva cuenta a México en el ámbito internacional como “cementerio de estudiantes” y como el país del juvenicidio, como sucedió en el año 2008 con el movimiento encabezado por Javier Sicilia.

Esa imagen vuelve día con día al continuar la desaparición forzada y las ejecuciones como es el caso del asesinato de cuatro jóvenes ocurrido los días 13 y 14 de septiembre pasado en Oaxaca en el que murió Agustín Pavia Pavia, activista político y locutor de la estación de radio comunitaria Tu´Un Ñuú Savi (Voz de la lluvia), así como el asesinato de cuatro jóvenes más ocurrido este 4 de octubre en la carretera Chilpancingo-Tixtla y entre los que se encontraban dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mismos que fueron despedidos por sus compañeros con honores al considerarlos víctimas de la estrategia que sigue el Estado para desarticular la lucha por la verdad y la justicia para Ayotzinapa.

Como se ha documentado ya en México, el estado de indefensión y la crisis de humanidad operan desde un patrón de corrupción e impunidad en la procuración de justicia en el contexto el capitalismo transnacional, lo cual pone en evidencia en manos de qué tipo de personas se encuentra la investigación forense en México y la administración “pública”. No perdamos de vista que en este país, entorpecer la justicia se premia con ascensos laborales al interior de las instituciones de gobierno. Por eso, la memoria de la ausencia como presencia de los desaparecidos es vital en la reconstrucción del tejido social impactado y un freno para la cultura de la violencia.

A su vez, en este marco, hay que dar cuenta de la desaparición forzada como una expresión brutal y particular de un proceso naturalizado y cotidiano de ausencia programada de nuestra población.

[1] Usted puede descargar los informes sobre desapariciones 2016 aquí:  http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php .

[2] Usted puede descargar los informes del GIEI aquí: http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei.asp. La síntesis del informe se reproduce al final de este número de En el Volcán Insurgente.

Ayotzinapa y la cotidianidad violenta

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Creado: Sábado, 01 Octubre 2016 06:43

Escrito por Francisco Javier Guerrero

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[1]

El 27 de septiembre del año pasado se me informó que un grupo de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero había sido atacado por unos policías municipales; algunos de esos estudiantes habían muerto y la mayoría se hallaba desaparecida.

Inmediatamente pensé: “Se trata de una masacre más. Y como de costumbre, no pasará nada. Quizá haya algunas protestas por los jóvenes desaparecidos, que pronto se hundiría en las arenas del olvido”. Por fortuna, me equivoqué rotundamente. Lo acontecido en Ayotzinapa el año pasado ha sido una coyuntura que marca un despertar, la creciente compulsividad en la lucha por una auténtica democracia, la necesidad apremiante y perentoria de que los mexicanos y todos los que residen en el país (o casi todos, ya que una buena parte de esta población es parte del problema y no de la solución) nos aprestamos a ser protagonistas en un combate por la seguridad, por la decencia, y, desde luego, por la democracia.

Ayotzinapa marca los límites de un apesadumbrado conformismo y una supina ignorancia. Ahora hemos arribado al bosque incendiado del hartazgo. Estamos hartos de la pobreza, de la corrupción, de la delincuencia, de la explotación, de la discriminación, del sexismo, la oligofrenia y de funcionarios públicos rufianescos.

Pero, ¿A qué se debía mi escepticismo? Tenía una razón de ser: En todo el siglo XX y lo que va del XXI ha habido una multitud de Ayotzinapas, y no poca gente recuerda varios de ellos: Tlatelolco, Acteal, El Charco, Aguas Blancas. Sin embargo, muchos de los grupos poderosos que se han beneficiado con estas oleadas sangrientas han logrado que muchas de ellas sean borradas de la memoria histórica y debilitadas en la memoria colectiva. Hace algunos años dos importantes pensadores, Carlos Monsiváis y Manuel Aguilar Mora, escribieron un sagaz artículo en la revista Siempre! titulado La matanza olvidada. Carlos y Manuel se referían a una brutal ofensiva de las “fuerzas del orden” en contra de una muchedumbre compuesta fundamentalmente de campesinos que protestaban contra un fraude electoral cometido en perjuicio del candidato presidencial Miguel Henríquez Guzmán en el año 1952 (al parecer, dado el control oficial de los procesos electorales, el candidato favorecido por el aparato gubernamental, Adolfo Ruiz Cortines, efectivamente resultó vencedor, pero las prácticas fraudulentas en el proceso se caracterizaron por su abundancia). Muchos henriquistas fueron asesinados y otros sufrieron prisión.

La elite proempresarial que tomó el poder en 1917 dejó ver su atroz rostro de Mr. Hyde al tratar de eliminar a la oposición: El Carrancismo se distinguió por la victimización excesiva de campesinos zapatistas y por los incendios de los pueblos de los labriegos (el infame asesinato de Emiliano Zapata, ese heroico redentor suriano, fue la expresión simbólica de todo un genocidio en contra de hombres y mujeres que luchaban por su emancipación).

Quien abate al carrancismo, Álvaro Obregón, declaró: “En este país, sí Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín”. Y poseído de una furia cainita, encontró  Abeles por todos lados y los mandaba exterminar. Su antiguo compinche, Plutarco Elías Calles, aficionado también a los festivales abundantes de balas, no desaprovechó ocasión para deshacerse de sus adversarios, incluso los de tipo más inocuo. El afamado investigador Manuel Gamio, considerado por muchas personas como el “Padre de la Antropología Mexicana”, caracterizaba así al régimen callista:

“… la charca del cieno donde todavía flotan la sangre de tantos crímenes (sic, el verbo debería ser en singular, FJG), la vergüenza de vicios degradantes y el oprobio de mil latrocinios que caracterizaron el período callista”. (Vázquez León, 2014: 160).

¿Fue una sorpresa que la “charca del cieno” casi desapareciera en el periodo de 1934 a 1940, cuando disminuyeron drásticamente los asesinatos políticos, no se enclaustró a presos políticos, retornaron al país muchos exiliados (aunque se desterró al sátrapa Calles y a varios de sus adláteres) y cesó la persecución religiosa (aunque no faltan los tergiversadores de la historia que proclaman la existencia de una “segunda persecución” en esa época)?

El retroceso de la violencia en esa era se atribuye a una especie de “Mesías”, el General Lázaro Cárdenas. Conocí a este divisionario en los últimos años de su fructífera vida, y no tengo duda de su amor por el pueblo. Pero las conquistas sociales que se dieron en su periodo presidencial no son primordialmente la obra de un  hombre providencial, sino resultado de múltiples luchas llevadas a cabo por sectores populares, sobre todo a partir de los años treinta, luchas que se expresaron en defensa de la propiedad social y comunal, toma de tierras, combates contra el latifundismo, huelgas, fundación de organizaciones populares independientes del Estado (que en gran parte se nulificaron en el propio periodo cardenista), repunte de los grupos de izquierda (lo que deviene en su contrario al final del cardenismo, etc.).

Pero es indudable que la violencia ha sido un mal ya muy añejo en nuestro país; no me voy a referir aquí a sus protuberantes expresiones en épocas antecesoras a los dos últimos siglos; sólo atenderé a lo que pasa en estos. Por supuesto, la violencia es atribuida por racistas y antimexicanos a nuestro acervo genético, pero las causas reales residen en estructuraciones de sistemas sociales basadas en la explotación económica, la enajenación ideológica, el despotismo político y la opresión cultural.

Un ejemplo de ello (nada excepcional, por cierto) lo proporcionó la antropóloga francesa Veronique Flanet, en su libro con un título significativo: Viviré si Dios quiere, basado en una investigación en Jamiltepec, en la costa de Oaxaca, habitada por el grupo étnico mixteco, conviviendo con mestizos y afrodescendientes, Flanet describe la violencia en esa región, y muestra sus orígenes en las culturas tradicionales y su incremento por la aparición de un capitalismo tardío y subdesarrollado. La investigadora afirmaba en ese texto que hay que tomar en cuenta que en México “se mata fácilmente” (p. 125).

Flanet escribió a principios de los setentas del siglo pasado, cuando todavía no estaba en auge la delincuencia  organizada, como lo está hoy en el país y particularmente en Guerrero. (El libro fue mal recibido y se trató de prohibir su edición); Flanet afirmaba que los jóvenes huían del pueblo para escapar de la violencia (Flanet, 1977: 220).

En muchas regiones de México se presenta con poderosa presencia lo que Marx llamó Acumulación originaria de capital, que consiste en un proceso para formar capital mediante métodos y mecanismos extracapitalistas, tales como: la disociación  de los productores de sus medios de producción, el despojo de tierras de los campesinos y de los talleres a los artesanos, el ataque a las propiedades sociales y comunales, el saqueo de las arcas públicas, el caciquismo, la piratería y otros métodos semejantes, en los cuales casi siempre se da la corrupción y con ello se abren las puertas a la delincuencia; hoy, todo ello aunado a la explotación capitalista “moderna”. Guerrero es uno de los escenarios pesadillescos de ese proceso.

Rezago y modernización en Guerrero

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación, Guerrero, fue la segunda entidad federativa con la mayor proporción de población en pobreza alimentaria en 2010, o sea, con pobreza extrema (38.4 por ciento). Solo Chiapas está en peores condiciones (48.6 por ciento). Sin acceso a los servicios de salud, 46.7 por ciento de la población. El nivel promedio de escolaridad es de 7.5 años, inferior al promedio nacional (8.9 años), con un alto índice de analfabetismo, 14.5 por ciento, cuando el total nacional es de 6.1 por ciento. Y en relación a estos datos, la investigadora Ana María Aragonés escribe:

“Y sin embargo, posee enormes recursos naturales, una importantísima actividad turística y una costa que debería servir de sustento alimentario suficiente para la población con los productos pesqueros. De hecho, la propia delegación federal en Guerrero señalaba que el estado para el año 2013 tenía importantes sectores estratégicos, como la agroindustria (incluyendo la pesca), el turismo y la minería. ¿Dónde está el problema?” [2]

La misma investigadora informa que la intensidad migratoria en Guerrero pasó de un décimo lugar en el año 2000 al séptimo lugar en el año 2010 en el contexto nacional.

Me parece que Aragonés acierta cuando postula que “Los dolores de Guerrero son los del país”, y es ahí donde podemos hurgar en las raíces del problema. Si así es, hay que caracterizar al problema y esto se origina en lo que Ana María señala: Por un lado, la existencia de una zona que el geógrafo Ángel Bassols llamaría infrasubdesarrollada, y por otro, la existencia pletórica de un conjunto de bienes y riquezas naturales, epicentros destinados a ser emporios industriales, asentamientos en donde se puede desarrollar una agricultura tipo farmer, y flujos turísticos importantes. Y la puerta abierta también a la delincuencia común y la organizada con su cumulo de drogas, secuestros, extorciones, etc.  Guerrero es, un escenario privilegiado para las corporaciones transnacionales, y por el otro, para la delincuencia. Previamente, el estado ha sido un lugar donde han proliferado los caciques y caudillos regionales, los intermediarios que explotan a campesinos e indígenas, los neolatifundistas y los comisarios ejidales que en realidad no han sido más que  agentes de la dominación de los grupos hegemónicos. Todo este panorama de atraso cuasi decimonónico alterado hoy por una modernización arrolladora y salvaje.

A la violencia de arriba se ha contestado no pocas veces con la proveniente de abajo, y Guerrero ha sido un sitio plagado de vendettas, lucha contra los poderosos, agrupaciones guerrilleras. Y mucho de la violencia de algunos grupos previamente adversos a la violencia se ha dado porque las vías pacíficas y legales para la resolución de los problemas no han existido.

La noche de Ayotzinapa

No tengo aquí espacio para referirme a todas las luchas que el pueblo guerrerense ha llevado a cabo a través de la historia (por ejemplo, la gesta de los zapatistas  guerrerenses en la revolución iniciada en 1910). Debido precisamente al impulso revolucionario, en casi toda la república mexicana, de 1910 a 1940, se efectuaron grandes campañas educativas con objeto de aportar conocimientos en diversas ramas científicas a grupos otrora marginados en esos terrenos, como los campesinos e indígenas. Una expresión de ello  fue la creación de las normales rurales, centros escolares para la formación de maestros que impartían sus conocimientos a comunidades indígenas y campesinas a efecto de procurar su progreso y su modernización. Al igual que otras instituciones de la época, como los internados indígenas y las misiones culturales, se distinguieron por su carácter politizador y progresivo, lo que desde un principio les causó el rechazo de grupos conservadores y de las clases sociales “a las que había hecho justicia” la revolución, las que crecían en poderío y riqueza a medida que se desarrollaba el capitalismo en el país.

El analista Simón Vargas, refiriéndose a estas escuelas, expone lo siguiente: “Posteriormente (a las normales, FJG) se les catalogó como semillero de guerrilleros y los integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) -organización estudiantil que desde su fundación en 1935 se ha encargado de la defensa de las normales rurales, frente a las continuas amenazas de desaparición por algunos niveles de gobierno y de elites sociales- han sido víctima de persecución, sobre todo después de su activa participación en el movimiento estudiantil de 1968 (en mi opinión, en ese movimiento no hubo importante participación de contingentes normalistas rurales; lo que si se dio fueron importantes actos de solidaridad de ellos en varios puntos del país; varios de ellos fueron fuertemente reprimidos. En realidad, la ofensiva contra las normales rurales ya había cobrado relieve antes de 1968 debido a su carácter progresista).

Actualmente siguen en función 17 normales rurales – de las 29 que llegaron a ser antes del 68…” (Vargas Aguilar, 2015, pp. 3).

Las normales rurales sobrevivientes se han radicalizado, ya que su personal académico y administrativo pasó de las filas del llamado “nacionalismo revolucionario” (un progresismo no antisistémico) a diversas posiciones de izquierda (marxismo, maoísmo, guevarismo, posiciones ácratas, etc.),  lo cual les provoca mayor repudio de las clases hegemónicas.

Es de destacar también el hecho de que en Guerrero se ha tratado de imponer ofensivas populares armadas para contrarrestar la violencia y opresión de los grupos poderosos en el estado. En particular, en los años sesentas y setentas se formaron asociaciones guerrilleras en las que sobresalieron caudillos como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. La respuesta del Estado fue abrumadora y terrible. En 1971 la Secretaria de la Defensa ordenó el exterminio de los “maleantes” y las “gavillas” (así se llamaba a los guerrilleros). Militares y policías recurrieron a fuertes medidas de represión, bloquearon carreteras y caminos, ejercieron un control riguroso en las poblaciones, impidieron el acceso de víveres a poblaciones sospechosas con vinculaciones con la guerrerilla, ejercieron la tortura contra los alzados en armas o a quien se suponía ligados a ellos, y una Comisión de la verdad formada en 2012 a petición de familiares de víctimas de la “Guerra Sucia” pudo comprobar la desaparición de cuando menos 512 personas en el estado entre 1969 y 1985. Pero los informantes de la Comisión se refirieron a un número mucho mayor de hombres y mujeres asesinados o desaparecidos. En particular, se efectuaron con frecuencia los llamados “vuelos de la muerte”, cuando las víctimas se arrojaban al mar, tal como sucedió bajo las dictaduras militares en América del Sur.

Margarito Monroy Candía, mecánico de aviones, participó en 15 de esos vuelos. En su testimonio ha expresado lo siguiente:

“señala (es la Comisión la que expone el testimonio, (FJG) que las personas que transportó eran de todos los lugares, también de buena situación económica, ingenieros, doctores del pueblo, licenciados de todo tipo. Cuando eran mujeres les ofrecían que si tenían sexo (con los militares) al llegar a Guerrero las dejarían en libertad y en su caso (las devolverían) a sus esposos. En algunas ocasiones aceptaron, pero nunca, que él viera las liberaron”[3]

La rebelión guerrillera fue mucho más fuerte de lo que se supone, y por ello la represión en su contra fue notoriamente poderosa y utilizando toda clase de recursos contra ella. Varios militares se unieron a la guerrilla como lo ha informado la propia Secretaria de la Defensa y además la sublevación empezó a tener un carácter multiclasista.

En el estado subsisten grupos guerrilleros que están por decirlo así en estado larvado, pero que se fortalecerán si sigue la crisis económica y social del país. Lo grave es que los añejos males del estado se han amplificado porque nunca han sido erradicados y ahora se adicionan con los nuevos males: la expropiación de bienes y recursos naturales por las compañías transnacionales, el despojo a campesinos e indígenas, el combate a la biodiversidad o su aprovechamiento mercantil y la abolición de las escasas conquistas sociales.

En este marco los estudiantes normalistas decidieron combatir esos viejos y nuevos males y lo hicieron con un activismo político radical pero de carácter pacífico.  Sin embargo, el carácter de su movimiento se ha distinguido por su independencia del Estado y su confrontación con éste, por lo cual se hacían proclives a una fuerte represión, máxime tomando en cuenta que los normalistas no son miembros de una izquierda domesticada que sirve como hoja de parra al gobierno mexicano. Siendo así las cosas, con toda seguridad los 43 normalistas desaparecidos han sido víctimas de una esclavización o, en el peor de los casos, de un homicidio colectivo.

Sin embargo, Ayotzinapa fue la gota que colmó el vaso y puso al desnudo el carácter antidemocrático y autoritario del Estado en este país.  En aquella noche del 26 de septiembre los jóvenes normalistas fueron víctimas de una emboscada en la que intervinieron tanto policías municipales como federales, y se cree que también miembros del ejército. Un suceso así demuestra lo endeble y asténico de la llamada democracia mexicana, ya que el Estado debería apoyarse en el consenso de la población y no en la fuerza de las armas.

Aquella noche fatídica ha tenido repercusión internacional y ha sido uno de los engranes de una maquinaria impugnadora que los explotados y excluidos del mundo han puesto en marcha. Protestar por Ayotzinapa ha sido protestar por todos los crímenes que asolan al planeta, vituperar a los criminales sedientos de sangre, injuriar a la maldad de los malos gobernantes a impugnar un sistema social que tiene como meta básica el lucro mercantil y no al ser humano.

No está de más recordar a Maquiavelo cuando declara en su famoso libro El Príncipe: “pero se ha de procurar por todos los medios no incurrir en el odio y el desprecio del pueblo”[4] (Maquiavelo, 2000: 19).               

Bibliografía

Vázquez León, Luis, Historia de la Etnología, Primer Círculo, México, 2014, p.160.

Flanet Veronique, Viviré si Dios quiere, Instituto Nacional Indigenista, México, 1977, p.220.

Vargas Aguilar Simón, “Escuelas Normales Rurales, agentes de cambio y desarrollo” en Patria Nueva, México, Febrero 2015, p.3.

Maquiavelo Nicolás, El Príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p.19.

[1] Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH

[2]  Ana María Aragonés, “Los dolores de Guerrero, son los del país”, La Jornada, 19 de Febrero del 2013.

[3] El País, 15 de Noviembre 2014.

[4] Se recomienda leer también El Principito, Antoine De Saint-Exupéry.

Significado y consecuencias de los sucesos recientes en el municipio de Iguala, Guerrero

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Creado: Sábado, 01 Octubre 2016 06:43

Escrito por Rosa Ma. Reyna Robles

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PRESENTACIÓN

El estado de Guerrero, a diferencia de otras entidades del país, ha sido una de los menos investigados en sus aspectos históricos y antropológicos. Sin embargo, tomando como base  las investigaciones aisladas e inconexas que se dieron sobre todo en las últimas décadas del siglo XX sobre esos temas, en 2001 se instrumentó el programa “Antropología e Historia de Guerrero”, concebido con un enfoque integral e interinstitucional por un grupo de destacados investigadores, que a partir de entonces se llamó Grupo multidisciplinario de estudios sobre Guerrero –o  Grupo Guerrero–, encabezado por la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. El Programa ha constituido una experiencia inédita en el que se ha impulsado la discusión académica constante sobre un territorio importante para el conocimiento de la historia antigua y contemporánea de México y que ha jugado un papel trascendental en el proceso de conformación de la nación mexicana.

A partir de entonces, el Programa lleva 12 años ininterrumpidos de sesionar mensualmente en su Seminario; 10 años, también ininterrumpidos, de divulgar mensualmente estas materias para el público en general en su Cátedra, y ha realizado bienalmente seis Mesas Redondas.

Paralelamente, en las últimas décadas, Guerrero se ha visto convulsionado por eventos de inconformidad social, siempre reprimidos por diversas autoridades, mismos que desembocaron drásticamente en los violentos acontecimientos ocurridos en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de octubre de 2014.

Ante tal situación, quienes investigamos en Guerrero, pero especialmente quienes conformamos el Grupo Guerrero,  no podíamos quedarnos aislados de las múltiples voces de protesta que se levantaron en el ámbito nacional e internacional. Así, se propuso crear una sesión especial dentro del Seminario en el que se analizara antropológica e históricamente las causas que motivaron tan lamentables acontecimientos.

La sesión, llamada “¡Vivos los queremos! Significado y consecuencias de la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero”, se efectuó el día 18 de febrero de 2015. Por la mañana se presentaron cinco ponencias, de las cuales cuatro se publican aquí, más una quinta que escribió uno de los investigadores que intervino en la sesión vespertina, en la que nos acompañaron muchos de los padres y compañeros de los estudiantes desaparecidos.

Estos cuatro textos documentan con solidez los datos que propiciaron los hechos; analizan y denuncian sus orígenes, procesos y consecuencias. Para completar la publicación se reproduce un texto más, que también relata y denuncia, pero en forma de poema, lo que permite exponer más libremente los sentimientos de rabia, frustración y esperanza que se tienen ante tan doloso crimen.

En el primer texto, “Ayotzinapa y la cotidianidad violenta”, Javier Guerrero, con pluma aguda, inicia con una breve reseña histórica de la violencia, “un mal ya muy añejo en nuestro país”. En él documenta “las causas reales” que la han propiciado en la entidad suriana, causas que llevaron a Guerrero a niveles de atraso nunca erradicados y que hoy reviven en un escenario de “modernización arrolladora y salvaje”, de delincuencia y de voraces corporaciones transnacionales. También aborda a las normales rurales y los motivos por los que se les ha combatido, resaltando que el crimen de los estudiantes de Ayotzinapa marcó un despertar en el ámbito nacional e internacional, un hartazgo ante la pobreza, la corrupción, la delincuencia, la explotación, la discriminación, y los malos gobernantes, un crimen que “puso al desnudo el carácter antidemocrático y autoritario del Estado en este país”. Protestar por este crimen, termina, “es impugnar un sistema social que tiene como meta básica el lucro mercantil y no al ser humano”.

Juan Antonio Cruz Parcero, en su escrito “Reflexiones a partir de Ayotzinapa ¿y ahora qué?”, coincide en que el crimen de Iguala sacudió la conciencia colectiva en un hecho ya imposible de negar: la estrecha relación entre el crimen organizado con el Estado; pero este hecho también develó la podredumbre de un sistema que ha llegado “a niveles de intolerancia, a niveles de barbarie”, acrecentando la desconfianza en sus actores políticos, en sus legisladores y en sus instituciones. Por tanto ese Estado, con monopolio sobre el poder político, económico y la fuerza represiva, no es parte de la solución a futuro, y apuesta a que ésta deberá provenir de la sociedad misma, la única capaz de reconstruir el tejido social y de construir una democracia que aspire a servir y no a lucrar.

En el escrito conjunto de Silvia Teresa Díaz de la Cruz y Arturo Talavera González, “El basurero de Cocula, Guerrero: una reflexión” se aportan los elementos científicos de la antropología forense que desmienten la “verdad histórica” del Estado sobre lo que ocurrió en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 jóvenes normalistas, declaración que califican como “simplemente inadmisible e inverosímil”. Ya que no contaron con la información primaria necesaria para emitir una evaluación crítica más objetiva, se concretan a analizar la información difundida por los medios de comunicación, y demuestran que cada uno de los elementos divulgados se contradice con lo que debió ocurrir en el entorno inmediato y con los restos óseos presentados, máxime que la recolección de esta evidencia y su embalaje “fue completamente inadecuada, por no decir irresponsable y negligente”. Su contribución como académicos de las ciencias forenses se une a las voces indignadas que defienden a aquellos que ya no la tienen.

Carlos San Juan Victoria, en “¿Cómo es que surgió la gran ola de Ayotzinapa?” refiere que el ambiente jubiloso por las “reformas estructurales” del Estado se vino abajo por el tsunami de manifestaciones de repudio, incredulidad y hartazgo de muy grandes y diversos sectores de la sociedad contra una élite política ausente y desinteresada de sus problemas y necesidades, aunado a múltiples y latentes casos de justicia no resueltos en todo el territorio nacional. Encuentra y analiza los escenarios que propiciaron que un “acontecimiento” local llegara a tener resonancia regional, nacional y global; distingue víctimas de victimarios; detalla las redes enlazadas de individuos, colectivos, organizaciones gremiales y de derechos humanos, en la que los padres de los jóvenes estudiantes han jugado un papel trascendental al cuestionar, uno a uno, los actos y respuestas de las autoridades, padres que se han convertido en el eje motivador y orientador de las luchas de irritación ciudadana y que, hasta la fecha, no se dejan vencer ante la adversidad. Este “cortocircuito de gran alcance” impactó la vida pública y política con tal fuerza que,  hasta la fecha, mantiene la herida abierta.

El poema de Lorenzo Esteban habla por sí solo. Este maestro guerrerense ha sufrido en carne propia los golpes de la violencia y la injusticia…y sin embargo escribe poemas. De ese tamaño es su calidad humana. Gracias a su generosidad reproducimos “La noche que enlutó las sendas”, originalmente publicado en 2014 al final de su libro “Manantial de Cocuyos”. Aunque éste difiere del resto de sus poemas en los que retrata con la palabra, al decir de su prologuista, “momentos de luz” a la manera de los pintores impresionistas, Lorenzo no quiso dejar pasar entonces la oportunidad de que se escuchara su palabra, sus sentimientos y su rabia ante el brutal crimen de los estudiantes de Ayotzinapa. Aquí le damos cabida y una nueva oportunidad de difusión.

Todos los textos, más los comentarios expresados durante la sesión del Seminario confirman lo que ya se sospechaba: que la versión oficial de la PGR era insostenible; que tras este crimen, y muchos otros, estuvieron involucradas las autoridades de los tres niveles de gobierno coludidos con el crimen organizado, y que el único propósito de las declaraciones que emitieron fue la de no perder el control económico y político. Las denuncias emprendidas desde entonces no se restringieron a los 43 estudiantes desaparecidos, sino a desenmascarar lo que desde hace muchos años está sucediendo en nuestro país, en gran parte porque lo hemos permitido con nuestra desinformación, nuestra falta de solidaridad y nuestra apatía. El tsunami no ha terminado y, voluntaria o involuntariamente, somos parte de él.

Reflexiones a partir de Ayotzinapa ¿Y ahora qué?

Detalles

Creado: Sábado, 01 Octubre 2016 06:43

Escrito por Juan Antonio Cruz Parcero

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¿Qué nos deja Ayotzinapa? Nos deja una importante verdad que se reflejó desde una de las primeras marchas en protesta del crimen contra los estudiantes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos, una poderosa idea que hoy parece obvia para muchos, pero que no lo era hasta ese momento: fue el Estado.

Esta frase dijo mucho hace seis meses y sigue diciendo mucho ahora. En su momento nos permitió ver algo que se negaba, se ocultaba, se minimizaba (con trabajos pero todavía se ocultaba y muchos no veían o no querían ver), nos permitió visualizar la estrecha relación entre el crimen organizado con el Estado. Nos permitió ya no tanto entender sino aceptar y asimilar que el Estado en todos sus órdenes estaba infiltrado y trabajaba de la mano del crimen organizado, que las fronteras entre crimen y gobiernos eran en muchos lugares imposibles de trazar. Desde luego que esta revelación no fue por completo una sorpresa, teníamos ya muchos indicios para saber más o menos que esto estaba ocurriendo y que no se trataba de casos aislados. Pero el crimen de Iguala vino a sacudir la conciencia colectiva, hasta los más escépticos y los apologetas del régimen difícilmente pudieron negar esto, no es que no lo hayan intentado pero esta vez ya no pudieron.

Ciertamente no todos los funcionarios del Estado están inmersos y coludidos con el crimen, pero sí lo están muchos funcionarios de todos los niveles de gobierno, desde el policía municipal, el síndico, el presidente municipal, un diputado local o federal, un senador, un militar de bajo rango y uno de alto rango, un juez, un gobernador... ya nada nada nos sorprenderá ahora. Nuestra sociedad aprendió a tolerar el fenómeno del crimen y ahora estamos atravesados por las redes de corrupción y de intereses que se han tejido durante décadas.

Ayotzinapa nos permitió ver y aceptar algo que ya estaba frente a nuestra nariz, y que hasta entonces muchos todavía no terminaban de aceptar: que la podredumbre del sistema había llegado a niveles intolerables, a niveles de barbarie. Quizá algo había en el inconsciente para no querer aceptar esta realidad. Porque ahora que sabemos de esta trágica situación el problema es preguntarnos ¿qué podemos hacer?

Ayotzinapa nos permitió entender que a esta pregunta ya no puede responderse con la idea de “que el Estado haga algo”, o “que los partidos políticos cambien y legislen…”. Ayotzinapa nos deja una dura lección, sí fue el Estado, pero ahora qué hacemos, qué hacemos con este maltrecho Estado. Muchos pensaban que hay que ganarle al PRI en la próximas elecciones y si es la izquierda pues qué mejor, la solución es sacar al PRI del gobierno, al PRI corrupto. Pero Ayotzinapa nos vino también a derrumbar esta creencia, quizá todavía más difícil de asimilar.

Estamos comenzando a entender que nuestra democracia hace tiempo que dejó de ser un camino de transición, los actores políticos de todo signo se instalaron en un modelo donde todos terminaron imitando a su enemigo, al PRI, para ganarle con sus propias armas, en sus propios términos. Todos los partidos se han corrompido y han establecido sus propios vínculos mafiosos. Los triunfos de la alternancia pronto se convirtieron en triunfos pírricos que terminaron por enlodar la democracia. Vivimos instalados, como algunos expertos lo han sostenido, en una cacocracia, en un sistema donde nos gobiernan los peores. Elegir al menos peor, para seguir empeorando lo menos posible, es el problema que tiene que resolver un elector racional hoy día. Los partidos son franquicias que se venden a los mejores postores, a quienes tienen dinero. Y hoy por hoy en este país los grupos de poder económico son los grandes empresarios y el crimen organizado. Todos los partidos bailan al son que este tipo de intereses tocan.

José Luis Abarca el presidente municipal de Iguala y uno de los responsables de la matanza de los estudiantes logró comprar la franquicia del PRD, pero pudo haber comprado cualquier otra que le permitiera ganar. En ese nivel está nuestra democracia, en ese nivel está la izquierda. Quizá es cierto que no todos los partidos son lo mismo, pero en algunas cosas se parecen todos y ésta es una de ellas.

Pero Ayotzinapa también nos dice algo al respecto, en Guerrero nos dice: ¡que no haya elecciones!, que no queremos esta cacocracia, no la merecemos.

¿Y entonces qué? Las respuestas no son sencillas, no hay manuales que nos digan qué hacer en situaciones así. La sociedad, la gente, tiene que organizarse y buscar salidas, buscar respuestas. No hay recetas, que no se busquen y que nadie nos las quiera ofrecer porque no las hay. Pero que no haya recetas no quiere decir que no podamos decidir cómo queremos hacer esta búsqueda de soluciones. Ya no queremos que el Estado nos diga qué se debe hacer, sus recetas ya las conocemos y son muy conocidas en la historia de México. Releyendo el discurso que Luis Cabrera hiciera en 1912 ante la Cámara de Diputados sobre el problema agrario en México y parafraseando una de sus ideas diría que lo primero que se le ocurre al gobierno desde la codicia personal es tratar de hacer un negocio desde una necesidad nacional. Tanto ese gobierno como el de ahora eran incapaces de pensar algo en función del bien de la sociedad, algo que implicara para ellos algún sacrificio. Piensan las soluciones en términos de negocios. Del gobierno que hoy tenemos difícilmente veremos alguna solución que no pase por protegerse a sí mismos. Y en eso los partidos, casi todos, comparten los mismos intereses.

Lo único que se me ocurre para superar esta situación es partir de este hecho trágico de no poder contar con el Estado. Pero esto no significa que podemos renunciar a él, no hay modo. Pero si la recomposición tiene que empezar por algún lado, pienso que debe partir de la sociedad. Muchos estudios sobre la crisis en México de diversas fuentes nos advertían desde hace años de la descomposición del tejido social, la frase incluso se ha vuelto familiar. Desde los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez los diagnósticos advertían esta descomposición como una causa de fondo, luego lo volvimos a oír con Michoacán y ahora con Guerrero. En algunas ocasiones el Estado quiso hacer algo para reconstituir el tejido social, y al parecer en casi todos los casos fracasó. Quizá porque este tejido social, lo que ello signifique, no es algo que el Estado pueda por sí solo reconstituir.

Nos falta aún comprender qué es esto del tejido social y cómo recomponerlo, pero seguro que es algo que sólo podemos hacer como sociedad.  Se trata de un bien colectivo que sólo con la participación se puede generar. Como sociedad hoy sabemos que las respuestas tienen que provenir de nosotros, pero se tienen que articular y discutir, nos tenemos que organizar y tenemos que participar, detectar qué sí podemos hacer hoy, y qué podemos hacer mañana, y qué debemos hacer. Necesitamos dialogar y comunicarnos, conocernos y buscar soluciones en común. Esto es lo que creo que significa, al menos en parte, reconstituir el tejido social.

Hoy no podemos ganar como sociedad el poder del Estado, ese que no es ajeno, ese que no entiende nada de lo que pasa y si algo entiende sabe que no le interesa hacer nada que sirva realmente para cambiar las cosas en favor de la sociedad. Hoy podemos dar la espalda a sus elecciones, pero sin quedarnos ahí en una posición de apatía y desencanto, podemos construir la sociedad que queremos, dialogando, comunicando, conociendo lo que nos ocurre, lo que les ocurre a los otros, generando empatía, generando fraternidad (ese valor tan importante que iba de la mano de la libertad y la igualdad en la revolución francesa), eso que ahora llamamos solidaridad. Esto quiero pensar es reconstruir el tejido social. Y si bien eso no es suficiente, seguro que será un paso importante para que la sociedad pueda repensarse y reformar sus instituciones. La democracia que vale la pena, la que merecemos, no puede venirnos de arriba, no puede consistir en los productos de telenovela que nos venden los grupos que nos dominan, que dominan al país económica y políticamente. La democracia que vale es la que surge de abajo, la que lleva demandas desde abajo, la que aspira a servir y no la que aspira a lucrar.

[1] Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM